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LAUDO 142957 CONCESION VIAS DEL NUS – VINUS S.A.S. VS. ANI de 20252026-07-10
Identificación del Laudo: CONCESIÓN VÍAS DEL NUS S.A.S. - VINUS S.A.S VS ANI (142957). 1 de julio de 2025. Posteriormente, mediante la Resolución No. 2018 del 3 de diciembre de 2015, la ANI adjudicó al originador el contrato de concesión bajo el esquema APP para la ejecución integral del proyecto Vías del Nus. 4. IDENTIFICACIÓN Responsable: Richard Andrés Montenegro Siefken 6. Por consiguiente, determinó que se configura la figura del hecho del príncipe, en tanto la afectación provino de decisiones generales adoptadas por el Estado en ejercicio de su poder público, las cuales impactaron negativamente las condiciones económicas del contrato. En consecuencia, el Tribunal de Arbitramento concluyó que, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecer la ecuación económica del contrato, afectada por la imposibilidad de actualizar las tarifas de peaje a partir del 16 de enero de 2023 en los términos pactados.
También resuelve:106 1. de la responsabilidad contractual del estado................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 107 1.1. la existencia de un contrato válidamente celebrado ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 108 1.2. una actuación antijuridica: el incumplimiento contractual ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 108 1.3. el daño antijurídico................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 109 1.4. la imputación: el nexo causal entre el daño y el incumplimiento ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 111 2. el incumplimiento contractual y la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato estatal: dos instituciones jurídicas diferentes111 3. el equilibrio económico del contrato estatal ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 116 4. las causales de la ruptura de la ecuación económica del contrato estatal ................................ ................................ ................................ ................................ ... 119 4.1. las actuaciones de la entidad contratante, como el ejercicio de los poderes o potestades excepcionales, que cambian las condiciones contractuales. el ius variandi ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 125 4.2. las actuaciones de la administración como estado y autoridad regulatoria. el hecho del príncipe o factum principis ................................ ............ 126 4.3. la teoría de la imprevisión ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 139 2.1. el “hecho del príncipe” fue la causa de la no entrega de la caseta de peaje niquía que luego conllevó a la ruptura del equilibrio económico: financiero del contrato de concesión ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 142 2.2. la no entrega de la estación de peaje impidió el recaudo integral de los ingresos por peajes, lo que generó la imposibilidad para el concesionario de alcanzar el vpip y ello se concretó en la ruptura del equilibrio económico del contrato ................................ ................................ ............................... 144 e. cómo debe restablecerse ahora la ecuación económico financiera del del contrato de concesión bajo el esquema app 001 de 2016 ........................................................................................................................................................................................ 150 1. el deber de restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión roto por la decisión administrativa contenida en el decreto 050 de 2023 150 2. sobre la estructura tarifaria ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 152 3. sobre el dictamen aportado por la convocante para demostrar del desequilibrio económico y su contradicción ................................ .................. 156 4. el dictamen de contradicción aportado por la ani ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 161 5. sobre la prueba decretada de oficio ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 166 tribunal arbitral de concesión vías del nus s.a.s. vs. agencia nacional de infraestructura, ani, rad. 142957Copia auténtica del laudo arbitral
LIQUIDACIÓN UNILATERAL,INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL,RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO,COMPENSACIÓN – Normatividad,Procedencia,Quien alega o pretende el incumplimiento,Nocion,Modo de extinguir las obligaciones – Mes: octubre – Año: 2013…
También resuelve:Liquidación unilateral: requisitosLiquidación del contrato estatal: normatividad, procedenciaIncumplimiento contractual: carga de la prueba, quien alega o pretende el incumplimiento
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO – Incumplimiento del contrato,Responsabilidad contractual del estado,Perspectivas,Responsabilidad patrimonial,Resarcimiento de daños,Desconocimiento de obligaciones,Incumplimiento de prestaciones – Mes: mayo – Año: 2013…
También resuelve:Incumplimiento del contrato: concepto, perspectivasIncumplimiento del contrato estatal: concepto, responsabilidad patrimonial, elementos, resarcimiento de dañosResponsabilidad contractual del es tado: desconocimiento de obligaciones, incumplimiento de prestaciones
¿La entidad demandada incumplió el contrato de prestación de servicios, cuyo objeto era la gestión para el cobro de unas acreencias, pues no realizó el pago de los honorarios a la abogada demandante, pese a estar obligada a ello, ya que los honorarios debían ser pagados por la entidad en caso de que no lo hiciera el tercero deudor? Sí
El contratista no puede exigir el pago de sus honorarios a la entidad estatal si no se cumplen las condiciones específicas acordadas en el contrato, en este caso, que el pago sea realizado por el deudor tercero o, en su defecto, que los recaudos de dinero sean procedentes de las acciones de cobro coactivo. La Sala modifica la jurisprudencia anterior al declarar la nulidad del literal que permitía la delegación de funciones administrativas propias de la entidad, lo que implica que el contrato debe interpretarse conforme a las normas de derecho público y la competencia funcional para el cobro coactivo. Esto significa que si el recaudo se realiza en otro procedimiento distinto al de cobro coactivo, no se generan las obligaciones de pago para la entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la condena en costas?
¿La demanda de reparación directa se presentó en término? Sí
La demanda de reparación directa derivada de un contrato estatal debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral, según el literal j) del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la solicitud de conciliación prejudicial. Esta regla se apoya en que la suspensión del término por la conciliación impide que el plazo siga corriendo durante la etapa previa a la demanda. Por ello, el cómputo debe descontar el periodo en que estuvo suspendido el término. En el caso concreto la liquidación bilateral se firmó en septiembre de 2016, el término estuvo suspendido entre septiembre y diciembre de 2018 por la conciliación, y la demanda se radicó en diciembre de 2018 cuando faltaban siete días para la caducidad. La sala se pronunció de fondo, porque la demanda fue presentada oportunamente, y confirmó la decisión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud de conciliación debe contabilizarse al verificar la caducidad de la demanda contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar la responsabilidad contractual a pesar que no se dejaron salvedades en el acta de liquidación?¿Es procedente la condena en costas?
(i) Determinar si el Instituto de Desarrollo Urbano incumplió el contrato de obra IDU 1765 de 2021, suscrito con el Consorcio Construcción Vial 027, al no suministrar los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones de las empresas de servicios públicos y/o terceros, y/o si no definió y armonizó los cronogramas de ejecución con la empresa de acueducto. (ii) Establecer si hay imposibilidad de continuar con el objeto contractual y en consecuencia declarar la terminación anticipada del Contrato de Obra IDU 1765 de 2021. Sí
El contratista puede declarar la terminación anticipada del contrato de obra pública cuando la entidad estatal incumpla con la entrega de los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones necesarias, y no defina y armonice los cronogramas de ejecución con las empresas de servicios públicos, lo que impide el inicio de la fase de construcción. La Sala establece que el incumplimiento de la entidad demandada en proveer los estudios y diseños aprobados, que son insumos esenciales para la ejecución de la obra, genera la imposibilidad de continuar con el objeto contractual, conllevando la terminación anticipada del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la responsabilidad contractual del Estado y la necesidad de cumplir con los estudios previos al contrato estatal, y tiene implicaciones en la liquidación judicial del contrato y la acreditación de perjuicios y sobrecostos.síntesis automática
¿Se cumplen los presupuestos de procedencia de la demanda para estudiar de fondo el caso en concreto? Sí
La Subsección resolverá el problema jurídico… , habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo dispuesto por los artículos 129 y 132.5 del Código Contencioso Administrativo (en lo sucesivo “CCA”), y al ejercicio oportuno que de la acción de controversias contractuales realizaron los accionantes, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 136.10 del CCA. De igual manera, debido a que tanto FONADE como Órbita Arquitectura e Ingeniería S.A. y C&C Arquitectura e Ingeniería S.A. (quienes conformaron la UT &C Órbita Beisbol) se encuentran legitimados en la causa por pasiva y por activa, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.
También resuelve:¿Demostró FONADE los perjuicios que afirma le fueron causados, con ocasión del incumplimiento contractual en que incurrió la UT C&C Orbita Béisbol…
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, cuando se encuentra probado que mediante un acuerdo bilateral las partes decidieron dar por terminado el contrato, no se demandó la nulidad de este acuerdo y, en todo caso, no se demostró la celebración de uno nuevo negocio jurídico? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento cuando las partes acuerdan terminarlo bilateralmente, no se demanda la nulidad de este acuerdo y no se demuestra la celebración de un nuevo contrato. La terminación del contrato por mutuo acuerdo implica la extinción de las obligaciones contractuales, por lo que no procede la responsabilidad del Estado por la ejecución de un supuesto contrato que ya fue terminado. Además, el juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo de terminación del contrato, ya que esta facultad está reservada a la parte interesada. En contratación estatal, el contrato debe perfeccionarse por escrito, por lo que la ejecución de un supuesto contrato sin formalidad escrita no genera responsabilidad del Estado. Esta decisión reitera la importancia de la terminación contractual por mutuo acuerdo y la necesidad de cumplir con los requisitos formales de perfeccionamiento en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo suscrito entre las partes al estar incurso en un supuesto error al momento de celebrarse?¿Resulta procedente la responsabilidad del Estado porque el contrato de arrendamiento continuó ejecutándose, a pesar de que las partes expresamente lo terminaron anticipadamente…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
¿La resolución expedida por el departamento, mediante la cual se adoptó el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, puede ser analizada como un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad? No
El contratista no puede demandar la nulidad de la resolución expedida por la entidad estatal que adopta el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, ya que este acto se considera un acto jurídico convencional y no un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad, en virtud de que el convenio interadministrativo no incorpora las facultades unilaterales establecidas en la Ley 80 de 1993, y las partes no pactaron expresamente que una de ellas pudiera liquidar unilateralmente el convenio. Además, el juez no puede adoptar la liquidación del convenio y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio cuando no existen pruebas suficientes que permitan determinar con certeza el costo de dichas obras ni el balance final de cuentas. Esta decisión modifica la interpretación previa de la naturaleza del acto administrativo en convenios interadministrativos, limitando las posibilidades de declarar la nulidad de resoluciones similares y restringiendo la capacidad del juez para determinar el valor de las obras ejecutadas sin pruebas concluyentes.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento estaba jurídicamente facultado para adoptar de manera unilateral la liquidación de un convenio interadministrativo?¿Puede el juez adoptar la liquidación de un convenio interadministrativo y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio…¿Es posible establecer el valor de las obras ejecutadas y el porcentaje de inversión de los recursos aportados por el departamento?
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
¿Se acreditó la demora injustificada en la firma del acta de inicio por parte del contratante? No
La Sala empieza por señalar que el contratista tramitó oportunamente la póliza una vez se perfeccionó el contrato, pero al hallar ciertos errores de fechas, la Universidad pidió su corrección en enero y febrero; así las cosas, el tiempo que transcurrió en este trámite fue producto de ajustes que el contratista efectuó el 27 de enero de 2015, periodo justificado, incluso si se considera el error en que al parecer incurrió la Universidad el 3 de febrero al pedir otra corrección, de manera que, al menos por ese lapso, no hay reproches relevantes que endilgar a la contratante bajo la tesis de que se presentó una demora de tres meses en la firma del acta de inicio.
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento de obligaciones por parte del contratante durante la ejecución del contrato de procesamiento bibliográfico?¿El dictamen pericial debe exponer la metodología usada y tener coherencia con el objeto de su decreto para que proceda su valoración?¿Es improcedente la tacha de testigos por quien solicitó la prueba?
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para responder por obligaciones contractuales derivadas de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista, pese a que su participación se circunscribió al ejercicio de funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías? No
La entidad nacional que ejerce funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías no está legitimada en la causa por pasiva para responder por las obligaciones de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 1602 del Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y solo obliga a quienes forman parte de él, de acuerdo con el efecto relativo de los contratos previsto en los artículos 1506 y 1507 del mismo código; el contrato fue suscrito solo entre la entidad territorial y el contratista, sin que la entidad nacional asumiera obligaciones derivadas del negocio; y el artículo 21 del Decreto 416 de 2007, vigente al momento de la suscripción, asigna a esa entidad funciones de control y vigilancia que no la convierten en parte contractual. Por ello, la responsabilidad contractual debe dirigirse a quienes celebraron el negocio. La providencia se modifica en lo relativo a esa entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Debe la Sala limitar su análisis a los aspectos cuestionados por la parte demandante en el recurso de apelación y, para resolver el litigio…¿Puede considerarse válidamente liquidado de manera bilateral un contrato estatal cuando el documento de liquidación fue suscrito únicamente por el contratista y la interventoría…¿Incurre en ineptitud sustantiva la demanda cuando el demandante omite solicitar la nulidad de los actos administrativos de terminación y liquidación unilateral del contrato…
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-11Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020220035501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Basta con manifestar la existencia de un vínculo legal o contractual para admitir el llamamiento en garantía en los procesos contencioso administrativos, conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011? Sí
El llamamiento en garantía en los procesos contencioso administrativos basta con manifestar la existencia de un vínculo legal o contractual para darle trámite, previa acreditación de la relación en la etapa de resolución, conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011. Esta regla reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que el llamamiento en garantía permite a quien tenga derecho legal o contractual exigir a un tercero la indemnización del perjuicio sufrido o el reembolso del pago que hará como resultado de la sentencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la norma. La regla implica que la admisión del llamamiento no requiere pruebas concluyentes de la relación jurídica en la etapa inicial, pero sí su acreditación en la resolución del juez, lo que facilita el acceso a la justicia en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Para que la subrogación proceda en materia de seguros debe: (i) existir un contrato de seguro; (ii) que se presente el siniestro amparado por la póliza vigente…¿Puede una aseguradora ejercer el derecho de subrogación o llamar en garantía a los miembros de un consorcio asegurado, cuando aún no ha efectuado el pago de la indemnización derivada de la póliza de…¿Procede condenar en costas, por la segunda instancia del recurso de apelación contra el auto del 28 de agosto de 2024, a la aseguradora demandada…
25000233600020150237601 de 20262026-08-10Sección TerceraRad. 25000233600020150237601
El contratista debe interpretar las cláusulas del contrato estatal en consonancia con la intención común de las partes y el principio de buena fe contractual, conforme a lo establecido en el Código Civil. Esta interpretación implica considerar la relación sistemática entre las estipulaciones del contrato, es decir, interpretar cada cláusula en el contexto del contrato en su totalidad, y no de manera aislada. Además, el intérprete puede recurrir a otras cláusulas de contratos entre las mismas partes y sobre la misma materia, así como a la práctica efectiva de las partes en la ejecución del contrato para esclarecer el sentido de las estipulaciones controvertidas. La regla de la especificidad o especialidad, por su parte, limita la interpretación a la materia sobre la que se ha contratado, evitando la amplificación del alcance de los derechos y obligaciones más allá del objeto convenido. Esta decisión reitera y matiza precedentes, proporcionando una guía más precisa para la interpretación de contratos estatales en casos de ambigüedad o duda.síntesis automática
También resuelve:Interpretación del contrato: principios, intención de las partes, buena fe contractual, Código CivilReglas de interpretación del contrato: Código Civil artículo 1622, interpretación de las cláusulas del contrato, reglas, interpretación contextualInterpretación contextual: relación sistemática entre las estipulaciones del contrato
¿Debe el juez abordar aquel petitum que no fue objeto de discrepancia expresa por el contratista en el acto de liquidación bilateral del contrato? No
El contratista no puede controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos aspectos del contrato que no fueron objeto de discrepancia expresa en el acta de liquidación bilateral, en virtud del principio de buena fe y la prohibición de venir en contra de los propios actos, lo que implica que las salvedades en la liquidación deben ser claras y concretas para permitir el examen judicial posterior. Esta exigencia, inicialmente aplicable a la liquidación bilateral, se ha extendido a otras actuaciones contractuales como modificaciones y adiciones, y no puede instrumentalizarse como un obstáculo al derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala reitera esta posición, matizando que la administración no puede revocar unilateralmente acuerdos bilaterales previamente establecidos, y que el contratista debe dejar constancia expresa de sus inconformidades durante la ejecución del contrato para evitar sorpresas y defraudar la confianza de la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación del contratista fue violatoria de la buena fe contractual y con ella sorprendió y defraudó a la entidad contratante…¿Resulta procedente el reconocimiento de los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor permanencia en obra, resultado de la conducta de la entidad contratante?
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer del proceso por responsabilidad por incumplimiento que, como deudor de una obligación contractual cedida, le correspondía al IDU, que es un establecimiento público y de las pretensiones subsidiarias de responsabilidad extracontractual, por las omisiones que la firma actora imputa al IDU? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales cuando es cesionario de un crédito derivado de un contrato estatal, ya que la cesión de derechos crediticios no altera la posición de las partes en el contrato original, según establece el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal, en este caso el IDU, no es responsable por el daño que sufre el cesionario del crédito, ya que la cesión no implica la sustitución del contratista original en la relación contractual. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa para ejercer acciones derivadas de contratos estatales, y limita la capacidad de los cesionarios de créditos contractuales para demandar al Estado por incumplimiento del contrato original.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso, deben negarse las pretensiones subsidiarias referentes al daño extracontractual alegado, en razón a que la fuente del daño radicó en la desestimación que hizo el IDU en sede…