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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General

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Fecha
2025-07-14
Radicado
85001233300020190004601
Número interno
68719
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Demandado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., UNIÓN TEMPORAL INTERVÍAS LA YE SABANALARGA 2014

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General

Lo que dijo la Sala

El artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dictaminó que se denominarían entidades estatales, entre otros, a los departamentos. A su vez, el artículo 13 de ese estatuto precisó que los contratos estatales suscritos por aquellos se regirían por esa normativa y, en lo no regulado, por disposiciones civiles y mercantiles vigentes. Como se observa, el querer del legislador fue que los negocios jurídicos suscritos por los departamentos se rigieran por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, y se consideraran contratos estatales, de ahí que la Sala estudiará el presente asunto bajo ese derrotero.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 13 y 2

También resuelve

  • ¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales…
  • ¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso?
  • ¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE CONSULTORÍA CELEBRACIÓN DE CONTRATO REGULACIÓN NORMATIVA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ENTIDAD ESTATAL DEPARTAMENTO INAPLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL INAPLICACIÓN DE LA NORMA CÓDIGO DE COMERCIO HECHOS DE LA DEMANDA PRETENSIONES DE LA DEMANDA FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA ALTERACIÓN DEL FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA DERECHO AL DEBIDO PROCESO IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA TESTIMONIAL TESTIMONIO DECLARACIÓN DEL TESTIGO TACHA DE TESTIGO DEPARTAMENTO DE CASANARE INTERÉS DEL TESTIGO INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO VÍNCULO LABORAL UNIÓN TEMPORAL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO PRUEBA PERICIAL PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRÁCTICA DE PRUEBA PERICIAL REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL PROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA OBLIGACIÓN DE MEDIO SUPERVISOR DEL CONTRATO FACULTADES DEL INTERVENTOR OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARTES DEL CONTRATO ACUERDO DE VOLUNTADES REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTO INFORME TÉCNICO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INTERVENTOR SEGUIMIENTO AMBIENTAL SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PROYECTO LICENCIA AMBIENTAL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORPORINOQUÍA EXPLOTACIÓN DE CANTERA EXPLOTACIÓN DEL MATERIAL DE ARRASTRE INFORME DEL INTERVENTOR DECLARACIÓN DE TESTIMONIO VALORACIÓN DEL TESTIMONIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES LABORALES AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL TRABAJADOR PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL COMPROBANTE DE PAGO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REQUERIMIENTO ESPECIAL ETAPA DE INDAGACIÓN CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PRUEBA DOCUMENTAL BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO NÓMINA APORTE PARAFISCAL FOTOGRAFÍA PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA ANTICIPO DEL CONTRATO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GESTIÓN AMBIENTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PERMISO AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO FALTA DE PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TERMINACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL ERROR ARITMÉTICO PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA CORRECCIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO CORRECCIÓN POR ERROR POR CAMBIO, OMISIÓN O ALTERACIÓN DE PALABRAS EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL PROCEDENCIA DE LA CORRECCIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 45.204 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / REGULACIÓN NORMATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ENTIDAD ESTATAL / DEPARTAMENTO / INAPLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / CÓDIGO DE COMERCIO Problema jurídico: ¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dictaminó que se denominarían entidades estatales, entre otros, a los departamentos. A su vez, el artículo 13 de ese estatuto precisó que los contratos estatales suscritos por aquellos se regirían por esa normativa y, en lo no regulado, por disposiciones civiles y mercantiles vigentes. Como se observa, el querer del legislador fue que los negocios jurídicos suscritos por los departamentos se rigieran por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, y se consideraran contratos estatales, de ahí que la Sala estudiará el presente asunto bajo ese derrotero. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / HECHOS DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DEL FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales, pese a que dicho planteamiento modifica la causa petendi de la demanda? Respuesta al problema jurídico: No El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida. Así, la Subsección advierte que el análisis del presente caso se circunscribirá exclusivamente a los reparos concretos que formuló el departamento en contra de la sentencia cuestionada. Así las cosas, tras examinar los argumentos planteados en el recurso de apelación, se observa que el Departamento alegó que las modificaciones al contrato de obra adolecían de nulidad, porque fueron aprobadas por la supervisión del contrato y por la interventoría, sin tener en cuenta que para tal efecto se requería de la autorización del OCAD. Sobre este particular, la Sala debe precisar que por la vía del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia no es posible modificar la causa petendi, ni tampoco adicionar la demanda ni su sustento, dado que se estaría sorprendiendo a la contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse; en caso de permitir tales actuaciones, se desconocería el principio de congruencia y debido proceso. Así las cosas, como el referido argumento varía la causa petendi, en el entendido que guarda relación con la nulidad del contrato y ello no fue expuesto en el escrito inicial, sino que se incluyó por primera vez en la alzada, la Sala no lo tendrá en cuenta al delimitar el objeto de la apelación. NOTA DE RELATORÍA: Frente a la modificación o variación de la causa petendi, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 13 de agosto de 2021, exp. 65589, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y el 30 de julio de 2021, exp. 50.728, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO / TACHA DE TESTIGO / DEPARTAMENTO DE CASANARE / INTERÉS DEL TESTIGO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / VÍNCULO LABORAL / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO Problema jurídico: ¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n relación con la declaración rendida por (…) [el representante suplente de la unión temporal], cabe destacar que, en el trámite de primera instancia el Departamento de Casanare tachó al testigo, con fundamento en que aquel tenía un interés directo en las resultas del proceso, pues la decisión que se adoptara al interior de la presente controversia podría influir en el proceso de controversias contractuales promovido por el departamento de Casanare contra la UT (…), de la que el aludido testigo es representante suplente. En ese proceso se discute el presunto incumplimiento del contrato de obra No. 1966 de 2014 por parte de la mencionada unión temporal, quien fungió como contratista en ese negocio jurídico. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal a quo precisó que ese solo motivo no hacía que la tacha prosperara; sin embargo, advirtió que dicha declaración se analizaría con mayor rigurosidad y, además, se contrastaría con los demás medios de prueba que obraran en el expediente. En el recurso de apelación, el departamento insistió en que dicho testimonio no debía tenerse en cuenta, bajo los mismos argumentos expuestos en el trámite de primera instancia. Al efecto, la Sala considera que el hecho de que el testigo sea el representante suplente de la UT (…) y que exista una controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la que se discute el presunto incumplimiento del contrato de obra por parte de dicha unión temporal, no es motivo suficiente para restarle valor probatorio a su declaración, pues no se advierte que se pueda ver afectada su imparcialidad en el proceso de la referencia. No obstante, su declaración -tal y como lo sostuvo el juzgador de primera instancia- será examinada con mayor detenimiento y confrontada con los demás elementos probatorios que obren en el expediente, en los términos del artículo 211 del CGP. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA PERICIAL / PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRÁCTICA DE PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / PROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL Problema jurídico: ¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso? Respuesta al problema jurídico: No [E]l dictamen allegado por la UT (…) fue objetado por el departamento de Casanare, debido a que, aunque el perito (…) manifestó que había visitado la obra para rendir su dictamen, no existía prueba que acreditara esa situación. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal a quo negó la objeción formulada al dictamen. De conformidad con lo establecido en el artículo 232 del CGP, el juez debe apreciar el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta para tal efecto su solidez, claridad, exhaustividad y calidad. Además, debe observar que se encuentre debidamente fundamentado y que el perito sea competente para rendir el dictamen, es decir, que sea un experto en la materia científica, técnica o artística analizada. A partir de lo anterior, la Sala considera que las pruebas periciales obrantes en el expediente carecen de mérito probatorio, toda vez que, como quedó visto, versaron sobre puntos de derecho, de ahí que no resulten admisibles en los términos del inciso 3º del artículo 226 del CGP. En efecto, si bien los dictámenes periciales se ocuparon de atender los puntos fijados por el Tribunal a quo, lo cierto es que los interrogantes allí formulados, en contraste con las respuestas plasmadas en las experticias, conciernen a puntos de derecho respecto de los cuales los peritos no debieron efectuar pronunciamiento alguno, tales como el porcentaje del cumplimiento del contrato, las obligaciones incumplidas por la UT (…) durante la ejecución del contrato, las situaciones imputables al Departamento que hubiesen impedido la correcta ejecución del contrato por parte de la Unión Temporal demandada; estos aspectos conciernen a labor propia del juez al resolver la controversia sometida a su juicio. Aunado a lo anterior, cabe agregar que el dictamen pericial (…) no fue acompañado por los soportes de estudio y experiencia del perito, de ahí que no satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 226 del CGP. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226 DEL CG INCISO 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBLIGACIÓN DE MEDIO / SUPERVISOR DEL CONTRATO / FACULTADES DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Puede el interventor, en el marco de un contrato estatal de interventoría, modificar los términos del contrato objeto de su supervisión, a pesar de no ser parte de dicho negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: No [E]n los términos del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato estatal de interventoría es una especie del contrato de consultoría, en virtud del cual se supervisa la debida ejecución de otro negocio u otra actividad que se espera concluya debidamente, lo que representa un servicio prestado por una persona de calidades especiales, para que, entre otros, un proyecto se lleve a cabo de conformidad con lo estipulado en el contrato. Como se observa, es un elemento de la esencia del contrato que se vigile un objeto negocial o una actividad específica para que llegue a buen término, obligación que, si bien es de medio, pues la labor del supervisor se restringe a verificar el cumplimiento del objeto negocial, sin que ello necesariamente asegure el resultado esperado, no se limita a observar, sino que, según lo que se pacte, debe llevar a advertir cualquier circunstancia que se lleve a cabo por fuera del iter negocial y, además, efectuar actividades que pueden incluir aprobar informes y documentos necesarios para la consecución de la actividad respectiva. En esa línea, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que las obligaciones de interventoría se sujetan a verificar y controlar la ejecución del contrato objeto de supervisión, “pero no le compete introducir modificación alguna de los términos del negocio jurídico sobre el cual recae su función”, por tratarse de un asunto exclusivo de las partes del acuerdo de voluntades. De este modo, el contrato de interventoría es autónomo e independiente del contrato sobre el cual se ejerce su vigilancia, de allí que el interventor no pueda, en principio, modificar el acuerdo de voluntades supervisado, pues ni siquiera es parte de aquel negocio jurídico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza del contrato estatal de interventoría, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 28 de febrero de 2013, exp. 24266, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre las obligaciones de interventoría respecto de la ejecución del contrato objeto de supervisión, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 28 de febrero de 2013, exp. 25199, C.P. Danilo Rojas Betancourth y el 2 de marzo de 2022, exp. 64165, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre la imposibilidad de que el interventor, en el marco de un contrato estatal de interventoría, modificar los términos del contrato supervisado, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 1º de junio de 2020, exp. 47101, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 2 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN / DOCUMENTO / INFORME TÉCNICO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Constituye incumplimiento del contrato de interventoría la supuesta entrega tardía, incompleta o inconsistente de la información técnica solicitada, aun cuando el Departamento de Casanare no precisó la oportunidad de los requerimientos realizados, no sustentó las deficiencias alegadas; y, el acervo probatorio demuestra que dicha información fue entregada con sus respectivos soportes? Respuesta al problema jurídico: No En lo que respecta al cargo de incumplimiento (i), el Departamento alegó en su recurso de apelación que la interventoría no entregó oportunamente la información requerida por la administración departamental y, cuando lo hizo, no contaba con todos los soportes y/o presentaba inconsistencias “atinente a balances y alcances del proyecto, informes técnicos de construcción y ubicación de cunetas, informes técnicos de calidad del asfalto, informe técnicos del control de calidad realizado a la instalación del asfalto, entre otros, que fueron presentados sin ser soportados por la interventoría”. Sobre este particular, cabe señalar que la parte demandante, más allá de la afirmación general sobre la cual soporta su cargo, en la que, por demás, relaciona una serie de documentos e informes, no menciona o explica con precisión cuándo fue que elevó los requerimientos aludidos y por qué considera que la información no se allegó de forma oportuna, aunado al hecho de que tampoco argumenta en qué residen las presuntas inconsistencias plasmadas en los informes o cuáles fueron los soportes faltantes. Por el contrario, las pruebas allegadas al expediente dan cuenta de que el 21 de abril de 2016 la UT (…) allegó una serie de documentación que fue solicitada por la gobernación del Casanare, con los respectivos soportes técnicos, a saber: (i) un informe de balance de obra con la descripción general de las actividades ejecutadas; (ii) alcance de la meta física; (iii) resumen del acta de balance general del contrato de obra; (iv) reprogramación de obra y flujo de inversión en la reprogramación de obra; (v) resumen de justificación del cambio de sección de la vía109 y mejoramiento de la estructura de la vía por parte del contratista del contrato de obra y la interventoría; (vi) resumen de diseños de hidráulica y geotecnia; (vii) copia de los oficios ya entregados a la supervisión (informe de inversión del anticipo de obra, los informes mensuales de interventoría pendientes, y los requerimientos ambientales); (viii) registro fotográfico de las actividades ejecutadas; (ix) copia de las carteras topográficas; y (x) justificación del cambio de fuentes materiales y sus respectivos anexos (laboratorios, copia de licencia de permiso temporal del material e informe técnico medidas correctivas explotación temporal de la cantera). A juicio de la Sala, estas pruebas por sí solas dan cuenta de que la interventoría atendió el requerimiento elevado por la administración departamental, aunado a lo cual de su examen no se desprende a simple vista ninguna inconsistencia o faltante, de ahí que el cargo invocado por el Departamento no esté llamado a prosperar. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / SEGUIMIENTO AMBIENTAL / SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PROYECTO / LICENCIA AMBIENTAL / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / CORPORINOQUÍA / EXPLOTACIÓN DE CANTERA / EXPLOTACIÓN DEL MATERIAL DE ARRASTRE / INFORME DEL INTERVENTOR / DEPARTAMENTO DE CASANARE / TESTIMONIO / DECLARACIÓN DE TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Constituye incumplimiento del contrato de interventoría la supuesta omisión en el seguimiento ambiental del proyecto, cuando el interventor atendió los requerimientos relacionados con la vigencia de las licencias ambientales; emitió los informes correspondientes; y, las pruebas demuestran que el cambio del sitio de extracción no respondió a una falla en la gestión de la interventoría, sino a decisiones técnicas que beneficiaban el proyecto? Respuesta al problema jurídico: No En lo que respecta al cargo de incumplimiento (ii), el Departamento alegó en su recurso de apelación que la interventoría “no realizó el seguimiento ambiental requerido para la ejecución del proyecto, lo que generó que las licencias de las canteras provisionales del proyecto se vencieran dentro de la ejecución y fuera necesario cambiar de sitios de extracción que generaron atrasos y costos en el proyecto”. Al respecto, vale la pena empezar por destacar que, según lo pactado en el contrato, la interventoría tenía a su cargo la obligación de “[v]erificar que existan los permisos autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual”. En el proceso quedó acreditado que mediante Resolución No. 500.41-15.1015 del 13 de julio de 2015, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - Corporinoquia le otorgó licencia ambiental a la UT (…) para la explotación y beneficio de materiales de arrastre de la quebrada “La Piñalera”. Esa licencia ambiental se otorgó hasta el 4 de abril de 2016, según da cuenta el artículo segundo de la aludida resolución. El 18 de marzo de 2016, la gobernación de Casanare requirió a la interventoría para que allegara un concepto a efectos de establecer si “se continúa o no la explotación de materiales pétreos provenientes de la Cantera La Piñalera.”, frente a lo cual el 21 de abril de 2016 la interventoría remitió un informe al Departamento (…) Aunado a lo anterior, se tiene que (…) [el testigo] precisó que el cambio del sitio de extracción de materiales se efectuó para reducir los costos y/o por la reducción del kilometraje. Esa declaración concuerda con el [otro] testigo (…) quien aseguró que el cambió de sitio de extracción de material se modificó, dado que el nuevo sitio se encontraba a una menor distancia y, por tanto, beneficiaba al proyecto. A partir de lo anterior, para la Sala resulta claro que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la interventoría cumplió con la obligación a su cargo en torno al seguimiento ambiental del proyecto, al punto que atendió un requerimiento elevado por el Departamento en el que explicó con detalle los avances en la materia. Además, de la prueba examinada se logra extraer que la no renovación de la licencia ambiental en el sitio de extracción de la quebrada “La Piñalera” no derivó de una omisión en la ejecución del contrato por parte de la interventoría, sino que obedeció a circunstancias ocurridas durante la ejecución del contrato de obra, frente a las cuales, por demás, la interventoría plasmó su concepto, de ahí que, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, se advierte que aquella si realizó el seguimiento ambiental. En consecuencia, el cargo no prospera. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / UNIÓN TEMPORAL / SEGURIDAD SOCIAL / INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES LABORALES / INFORME DEL INTERVENTOR / AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL TRABAJADOR / PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / COMPROBANTE DE PAGO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Constituye incumplimiento del contrato de interventoría la supuesta aprobación de actas parciales de pago sin verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y aportes parafiscales, cuando en el expediente obran informes con los respectivos comprobantes y certificados de dichos pagos? Respuesta al problema jurídico: No En lo que respecta al cargo de incumplimiento (iii) -parcial-, el Departamento alegó, entre otros, que “[l]a interventoría no realizó seguimiento administrativo, financiero y contable, pues aprobó y autorizó el pago de cinco (5) actas parciales sin la debida verificación de pagos de seguridad social y parafiscales de acuerdo con la propuesta del contratista de obra. Sobre este particular, cabe destacar que la interventoría estaba obligada a “[v]elar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios”. Según quedó acreditado en el proceso, en cada uno de los informes de interventoría se anexaron los comprobantes de pago de seguridad social y en el informe final de interventoría obran los certificados de pagos de seguridad social y aportes parafiscales que se efectuaron durante toda la ejecución del contrato, lo cual contradice el dicho de la parte recurrente. Por tanto, el cargo no está llamado a prosperar. FUENTE FORMAL: LEY 789 DE 2002, LEY 797 DE 2003 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / REQUERIMIENTO ESPECIAL / ETAPA DE INDAGACIÓN / CONTRATISTA / CONTRATO DE OBRA / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / INFORME DEL INTERVENTOR / INFORME TÉCNICO / PRUEBA DOCUMENTAL / BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Constituye incumplimiento del contrato de interventoría la supuesta falta de seguimiento y control técnico oportuno por parte de personal idóneo, así como la supuesta omisión en requerir de forma adecuada al contratista para corregir deficiencias en la obra, cuando en el expediente obran pruebas que acreditan que la interventoría ejerció acompañamiento técnico permanente; formuló requerimientos al contratista; y, supervisó la calidad de la ejecución contractual? Respuesta al problema jurídico: No En lo que respecta al cargo de incumplimiento (v), el Departamento alegó en su recurso de apelación que “la interventoría no hizo el seguimiento y control técnico oportuno con el personal idóneo y adicionalmente no requirió al contratista adecuadamente para realizar las correcciones técnicas en la obra, lo que generó mala calidad de esta”. Sobre este particular, la Sala observa que si bien el recurrente adujo que ese motivo constitutivo de incumplimiento se acreditó con los requerimientos realizados por la Contraloría, particularmente el Oficio No. 2021EE0106421, cuyo asunto es “comunicación - AUTO No 1353 de 30 de junio de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE INDAGACION PRELIMINAR No IP801112-2020- 36789”, lo cierto es que ese oficio simplemente da cuenta que se ordenó la apertura de indagación preliminar, sin que del mismo se pueda entrever de manera irrestricta que se cometió irregularidad alguna por parte de la interventoría y mucho menos que se incumplió el contrato por dicha circunstancia. A juicio de la Sala, el oficio en cita -y las demás comunicaciones emitidas por la Contraloría General de la República- no tienen la virtualidad de acreditar la ausencia de acompañamiento técnico en la obra por parte de la interventoría, ni mucho menos que la obra, por cuenta de la falta de dicho acompañamiento, se encuentre en mal estado. Por el contrario, en el expediente obran pruebas documentales que dan cuenta del acompañamiento técnico efectuado por la interventoría a la obra. Al efecto, reposa la bitácora de obra en la que constan más de 400 anotaciones que dan cuenta del registro detallado y cronológico de todas las actividades, eventos y novedades que se presentaron durante la ejecución del proyecto, y en cada anotación aparece una firma en representación del contratista y otra de la interventoría. De igual manera, obran las actas de comité de obra en las que se registraron las discusiones, acuerdos, compromisos y decisiones técnicas que se tomaron al interior del proyecto, las cuales, por demás, fueron suscritas por personal adscrito a la interventoría. También se encuentran en el expediente varios requerimientos efectuados por la interventoría al contratista de obra, encaminados a que se cumplieran las condiciones técnicas del proyecto, lo cual concuerda con la declaración rendida por (…) [el testigo], cuando aseguró que la interventoría sí conminó a la contratista del contrato de obra en varias oportunidades para que cumpliera con las condiciones técnicas exigidas en el proyecto, con el fin de garantizar la buena calidad de la obra. También está acreditado que el 15 de mayo de 2017, la UT (…) allegó un informe técnico de los arreglos ejecutados por parte de la firma contratista, el cual da cuenta de las reparaciones efectuadas por el contratista de obra en relación con algunos tramos de la vía que estaban afectados. Bajo el anterior contexto, a juicio de la Sala, en el presente caso no se encuentra probado, como lo pretende hacer valer la parte recurrente, que la interventoría hubiera estado ausente en el acompañamiento técnico de la obra, ni mucho menos que, como consecuencia de dicha circunstancia, la vía se encuentre en mal estado. Lo anterior, si se tiene en cuenta que existen varios elementos de prueba que, analizados en conjunta, permiten colegir sin lugar a duda que la interventoría vigiló en debida forma el contrato de obra y que cumplió con su obligación de controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de aquella. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / INFORME DEL INTERVENTOR / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO / NÓMINA / PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / APORTE PARAFISCAL / FOTOGRAFÍA / PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA / ANTICIPO DEL CONTRATO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / CONTRATISTA / SEGUIMIENTO AMBIENTAL / GESTIÓN AMBIENTAL / PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / PERMISO AMBIENTAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Constituye incumplimiento del contrato de interventoría la supuesta omisión en la entrega del informe final con los requisitos técnicos, ambientales, administrativos, legales, financieros y contables, cuando en el expediente consta que dicho informe fue presentado con información detallada sobre el seguimiento integral al contrato, incluido el componente ambiental, el cual fue aportado mediante un documento complementario que subsana lo no incorporado en el informe principal? Respuesta al problema jurídico: No En lo que respecta al cargo de incumplimiento (vi), el Departamento alegó en su recurso de apelación que “la interventoría no entrego el informe final con los requisitos técnicos, ambientales, administrativos, legales, financieros y contables”. Sobre este particular, la Sala observa que el informe final de interventoría que por demás fue presentado al Departamento, contiene información detallada sobre las actuaciones desplegadas por esta durante la ejecución del contrato, relacionadas con el objeto contractual, esto es, el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico del proyecto objeto del contrato No. 1966 de 1990. En efecto, en cuanto al seguimiento jurídico en el informe se detallaron y aportaron el control de las pólizas, las prórrogas del contrato, las actas expedidas en el marco del contrato (de inicio, recibo parcial, suspensión, reinicio, y terminación), y se precisó que no se realizaron adiciones al valor del contrato, que no se interpusieron sanciones y que tampoco se emprendieron acciones legales derivadas del acuerdo de voluntades. Por su parte, en lo que respecta al seguimiento administrativo se puntualizó en el control de personal profesional que estuvo al tanto durante la ejecución del contrato, las nóminas firmadas y aprobadas, los certificados de pagos de seguridad social y los aportes parafiscales, el control de la maquinaria y la correspondencia enviada y recibida. Por su parte, frente al seguimiento técnico se abordaron todas las actividades efectuadas al interior de la obra junto con su respectivo registro fotográfico. En este punto, el informe se dividió en los capítulos de alcantarillas, box coulvert, estructura de pavimento, obras de protección y drenaje, señalización, obras adicionales e ítems no previstos. A partir de lo anterior, se detallaron cada una de las actividades desplegadas y se relacionaron las cantidades de obra ejecutadas, se aportó información sobre el avance de la obra, se incluyeron varios gráficos en relación con la obra “programada vs ejecutada” y se adjuntaron numerosos soportes técnicos. En cuanto al seguimiento financiero y contable, se puso de presente información presupuestal relevante, el balance financiero consolidado del proyecto -incluyendo la relación de pagos del contrato de obra y de consultoría-, el seguimiento del plan de inversión del anticipo, la amortización del anticipo, la información de recibo de caja oficial de pago de impuestos, contribuciones y derechos. Del mismo modo, se aportó el certificado de disponibilidad presupuestal, los impuestos de tesorería departamental y un informe aparte relacionado con el buen manejo del anticipo. Si bien en el informe final de interventoría no se presentó información sobre seguimiento ambiental, cabe señalar que frente a este particular la interventoría presentó un informe consolidado aparte, en el que se precisaron todas las actividades de gestión ambiental y el control efectuado a las labores del contratista en la implementación de las medidas de manejo ambiental y las obligaciones de los permisos ambientales. También se adjuntó el acta de socialización con la comunidad, el registro de asistencias a capacitaciones, planillas de entrega de dotación y elementos de protección personal. A partir de lo anterior, el cargo alegado no está llamado a prosperar, toda vez que las pruebas obrantes en el expediente no dan cuenta de lo afirmado en la demanda, esto es, que el informe final no cumpliera con los requisitos técnicos. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / INFORME DEL INTERVENTOR / SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS / INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Constituye incumplimiento del contrato de interventoría la entrega extemporánea de los informes semanales y mensuales de avance del proyecto? Respuesta al problema jurídico: Si El Departamento alegó en su recurso de apelación, que la interventoría “no entregó oportunamente los informes semanales y mensuales” -cargo de incumplimiento (iv)- “ni el informe del buen manejo e inversión del anticipo, ni el acta de liquidación del anticipo” -cargo de incumplimiento (iii) parcial-. (…) se tiene que la UT (…) tenía que entregar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, los informes técnicos mensuales de interventoría a la Dirección Técnica de Construcciones de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, y/o al supervisor designado. Dichos informes debían contener, entre otras cosas, los datos y la información en torno al avance y ejecución del proyecto, así como los informes semanales de actividades. Además de lo anterior, en punto del anticipo, se acordó que la interventoría debía presentar cada mes un informe acerca del estado de la ejecución del anticipo. (…) en el presente caso se observa que los informes mensuales No. i, iv, vii, x, xi, xvii, xviii, xix y xx (…) fueron allegados por la interventoría de forma extemporánea, pues, en efecto, además de que en los mismos reposa información atinente a periodos preliminares al mes en el que fueron suscritos, igualmente datan de fechas posteriores al 10 de cada mes, lo que permite colegir que fueron presentados después del término que se estableció en el contrato, esto es, de los 10 primeros días hábiles de cada mes, como en efecto correspondía en virtud de lo acordado entre las partes. Así mismo, en el expediente obran 40 informes semanales de actividades que fueron entregados junto con los informes mensuales. Como los informes semanales debían presentarse junto con los mensuales, aquellos que estaban incluidos en los informes mensuales entregados de forma inoportuna, también se consideran presentados de manera extemporánea. En ese sentido, la Sala concluye que en el presente caso la interventoría cumplió de forma tardía la obligación en torno a la presentación de informes mensuales y semanales, pues a pesar de haber presentado informes, lo cierto es que, en los términos acordados, lo hizo después del plazo establecido para tal efecto, es decir, de forma inoportuna, lo que constituye un incumplimiento a su cargo. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / INFORME DEL INTERVENTOR / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CONTRATISTA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Configura incumplimiento del contrato de interventoría la supuesta entrega extemporánea del informe de buen manejo del anticipo y del acta de liquidación, cuando en el expediente no existen pruebas suficientes que acrediten la periodicidad, oportunidad o cumplimiento de dicha obligación? Respuesta al problema jurídico: No [C]on relación a la presentación inoportuna del informe de buen manejo y anticipo y del acta de liquidación del anticipo, cabe señalar que las partes únicamente convinieron que la interventoría debía presentar cada mes informes en donde relacionara el estado de ejecución del anticipo. A pesar de lo anterior, constatado el expediente no se advierte que al mismo fueran allegadas pruebas que den cuenta de la presentación de dichos informes, sin lo cual no es posible determinar, en los términos señalados en la demanda, si la obligación a cargo de la interventoría se cumplió de forma inoportuna. En efecto, no existen pruebas que permitan corroborar la periodicidad con la que fueron allegados los informes o el momento de su presentación, elementos sin los cuales no es posible establecer si en efecto el contratista allegó cada mes el respectivo informe. La única prueba que obra en el plenario sobre este particular resulta ser el informe del 24 de noviembre de 2016, esta prueba por sí sola no permite constatar el dicho de la demanda, pues a partir de la misma no se logra extraer información relacionada con los informes mensuales. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / INFORME DEL INTERVENTOR / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Procede la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en un contrato estatal de interventoría, cuando la conducta atribuida al contratista corresponde al cumplimiento fuera del plazo pactado y dicha cláusula fue estipulada solo para casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales? Respuesta al problema jurídico: No El Departamento considera que el incumplimiento de la interventoría habilita hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. (…) [en la cláusula vigésima del contrato de consultoría No. 1990 de 2014, se] previó la efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista, y no desde la perspectiva o el escenario de una ejecución tardía -como ocurrió en el presente caso-. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que “[e]l incumplimiento –desde la perspectiva del ordenamiento jurídico vernáculo– constituye hecho jurídico que conlleva la desatención total, parcial o tardía de las obligaciones y, por ende de las prestaciones, que se desprenden de un negocio jurídico; por consiguiente, el mismo puede dar lugar a una de las formas de terminación anormal de los contratos, esto es, la resolución del mismo, fenómeno que se presenta cuando el negocio jurídico es privado de su eficacia, se itera, en virtud del desconocimiento culposo total, parcial o moroso de las obligaciones a cargo de una de las partes de aquél”. Como es bien sabido, los contratos se celebran para ser cumplidos al tenor de lo estipulado. Como consecuencia del carácter vinculante del negocio jurídico, las partes se encuentran obligadas a ejecutar sus prestaciones en forma íntegra, efectiva y oportuna. Si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía. El cumplimiento tardío de la obligación implica que el deudor satisfizo la prestación debida, pero por fuera del plazo pactado. En cambio, el incumplimiento total o parcial de las obligaciones involucra que el deudor se abstuvo de cumplir con el objeto o que no logró satisfacer la obligación, ya sea en cantidad, calidad o contenido, aunque lo haga dentro o fuera del plazo. Bajo el anterior contexto, la Sala considera que el cumplimiento tardío de las obligaciones de entrega de informes a cargo de la UT (…) no configura un incumplimiento contractual que permita hacer efectiva la cláusula penal establecida en el contrato, pues su efectividad quedó sujeta únicamente al incumplimiento parcial o total de las obligaciones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 22 de mayo de 2013, exp. 22090, C.P. Enrique Gil Botero. Sobre el carácter vinculante de los contratos, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, profrida el 24 de enero de 2024, exp. 61269, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre los eventos en los que se puede hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento del contrato, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 11 de diciembre de 2024, exp. 61604, C.P. Nicolás Yepes Corrales. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / ERROR ARITMÉTICO / PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / CORRECCIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO / CORRECCIÓN POR ERROR POR CAMBIO, OMISIÓN O ALTERACIÓN DE PALABRAS EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL / PROCEDENCIA DE LA CORRECCIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO / ACUERDO DE VOLUNTADES / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente modificar la sentencia de primera instancia para corregir los errores formales contenidos en la parte resolutiva, relacionados con el número y la fecha de terminación del contrato objeto de liquidación judicial, aun cuando en el recurso de apelación no se cuestionaron los valores reconocidos en dicha liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si En su recurso de apelación, el departamento advirtió que el Tribunal a quo liquidó un contrato distinto al del objeto del litigio, pues en la parte resolutiva del fallo se resolvió liquidar judicialmente el contrato No. 1966 de 2014 -que corresponde al de obra- y no el contrato No. 1990 de 2014 -que corresponde al de consultoría-. Al efecto, la Sala observa que, en la sentencia de primera instancia, si bien el Tribunal a quo señaló que el contrato a liquidar era el de consultoría y, además, trajo al caso la información relacionada con este contrato, a efectos de numerar el acuerdo de voluntades a liquidar hizo alusión al contrato de obra, esto es, al contrato No. 1966 de 2014, por lo que habrá de modificarse formalmente la sentencia a efectos de señalar que el contrato a liquidar corresponde al No. 1990 de 2014. De igual manera, se modificará lo atinente a la fecha de terminación del contrato, pues en la parte resolutiva del fallo de primera instancia se indicó que esta ocurrió el 23 de septiembre de 2016, cuando en realidad las pruebas enseñan que la misma tuvo lugar el 26 de septiembre de esa misma anualidad, según el acta de terminación del contrato. Finalmente, cabe destacar que, a pesar de que el Tribunal indicó que el valor a liquidar a favor de la parte demandada surgía de lo expuesto por los peritos en su experticia, también lo es que dicha diferencia encontró sustento en la información contenida en el acta de recibo parcial y en el proyecto de acta de liquidación del contrato. Al margen de lo anterior, la Sala no entrará a pronunciarse respecto de las sumas reconocidas en la liquidación judicial efectuada en la sentencia apelada, pues frente a las mismas el Departamento en su recurso de apelación no formuló reparo de fondo alguno. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar que la UT (…) incumplió el contrato, particularmente en cuanto a entregar de forma tardía los informes mensuales y semanales de interventoría. Igualmente, corregirá de forma lo atinente al número del contrato a liquidar -contrato No. 1990 de 2014-, así como su fecha de terminación. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, aun cuando el recurso de apelación que formuló prosperó de manera parcial? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (…) Bajo este entendido, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, pues el recurso de apelación promovido por la parte demandante prosperó de forma parcial, al punto que habrá lugar a modificar la sentencia apelada para declarar que la parte demandada cumplió tardíamente la obligación en torno a presentar los informes mensuales y semanales. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201900046011100103