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Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿Procede el recurso de súplica contra el auto que declara la falta de competencia del Consejo de Estado, para conocer de demandas de repetición en única instancia? Sí
El recurso de súplica contra el auto que declaró la falta de competencia es procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021 y su resolución corresponde a la Sala, con exclusión de la magistrada ponente de la decisión censurada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del mismo cuerpo normativo.
También resuelve:¿Las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades descentralizadas por servicios, cuya función es ejecutar políticas encaminadas a preservar el ambiente y el aprovechamiento de los recursos…¿A las Corporaciones Autónomas Regionales le son aplicables las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden nacional siempre que sean compatibles con su régimen legal propio?¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de repetición contra los representantes de las CAR?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve:¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales?¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales…¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-04-02Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia funcional para decidir este caso en única instancia? Sí
La carencia de competencia funcional del Consejo de Estado para decidir en única instancia un medio de control de repetición se configura cuando la entidad involucrada no es del orden nacional, como ocurre con las corporaciones autónomas regionales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las corporaciones autónomas regionales no son entidades del orden nacional, conforme a la Ley 99 de 1993 y a la jurisprudencia que el auto cita. Segunda, el artículo 2 del Decreto 1768 de 1994 no atribuye esa calidad, sino que remite a otra norma. Tercera, los principios de celeridad, imparcialidad y eficacia no pueden sobreponerse al juez natural ni a la doble instancia. Por ello el expediente se remite al juez competente, conservando la validez de las actuaciones previas. El auto no desconoce el precedente invocado y confirma la decisión recurrida, concediendo la súplica subsidiaria. La consecuencia práctica es que la competencia en única instancia debe verificarse antes de admitir el trámite, y que el expediente se traslada cuando no existe.síntesis automática
También resuelve:¿La norma invocada por la recurrente establece que las CAR sean entidades del orden nacional?
¿En el marco del medio de control de repetición, se probó la actuación dolosa o culposa de las demandadas? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa o gravemente culposa de las demandadas en el marco del medio de control de repetición, ya que no acredita los supuestos de hecho necesarios para que operen las presunciones legales de dolo o culpa grave, y no se demuestra específicamente la conducta dolosa o gravemente culposa de las demandadas. La entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la presunción para que ésta tenga efectos jurídicos, y en este caso no se cumplió con este requisito. La Sala reitera que la repetición contra el agente estatal requiere que se demuestre la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa, y que la entidad debe aportar pruebas idóneas y suficientes para demostrar el pago de la condena, lo cual en este caso se cumplió.síntesis automática
También resuelve:¿En los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?¿Los elementos materiales probatorios allegados constituyen pruebas idóneas y suficientes para demostrar el pago de la condena?¿La entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos?
¿Se probó la actuación dolosa de las demandadas en repetición? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa de las demandadas en repetición si las pruebas documentales presentadas solo acreditan circunstancias externas y ajenas a las accionadas, sin ofrecer grado de certeza alguno sobre la intención de apartarse del servicio público por parte de las demandadas. En este caso, la Sala concluyó que la copia del acto de remoción, la historia laboral del funcionario, los acuerdos de reestructuración y el acta de comité de conciliación no eran idóneas para demostrar el elemento subjetivo inherente al juicio de repetición, ya que no se refieren a la conducta de las accionadas. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas que directamente demuestren la intención dolosa de las demandadas para tener éxito en un juicio de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde el conocimiento de las demandas de repetición interpuestas contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿La condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo?¿Se invocó la presunción de dolo con fundamento en que el acto administrativo de remoción habría sido expedido con base en un hecho inexistente?
¿Respecto de las controversias relativas a los contratos de concesión minera opera la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
En los contratos de concesión minera no procede la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues su objeto es la exploración y explotación de un recurso natural no renovable, y en consecuencia el juez resuelve el fondo de la litis. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la competencia de la Subsección para resolver el fondo se fija por los artículos 150 del CPACA y 293 del Código de Minas. Segundo, el artículo 6 y el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, este último aplicable a la controversia según la jurisprudencia reiterada de la Corporación, excluyen la caducidad en estos casos. La providencia resuelve el fondo de la controversia y reitera la jurisprudencia citada en la nota de relatoría sobre la caducidad en contratos de concesión minera; en la práctica, la excepción de caducidad no puede sustentarse en el término bienal frente a controversias sobre concesiones mineras, por lo que el juez debe examinar el fondo de la litis.síntesis automática
También resuelve:¿El Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guarguar y Laguna Verde, cuya declaración como tal se realizó mediante el Acuerdo 022 de 2009 expedido por la CAR…¿En asuntos mineros, las normas expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión, tienen la posibilidad de modificarlo?¿En el presente caso se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda?
¿La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio? Sí
El traslado de un servidor de carrera por necesidades del servicio, que no es ostensiblemente arbitrario ni vulnera de manera manifiesta normas de derecho, no configura culpa grave del agente que lo dispuso, de modo que no procede la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las acciones constitucionales previas desestimaron las vulneraciones alegadas, al constatar que el traslado obedeció a las necesidades del servicio y que las condiciones laborales y el escalafón de la servidora no se alteraron. Segunda, aunque la reubicación no se ajustó a un criterio interpretativo de otra sección, no se advierte una violación manifiesta e inexcusable de las normas en que debía fundarse el acto. Tercera, al no existir culpa, decae el elemento subjetivo que permite la repetición contra el agente. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la discrepancia interpretativa sobre la reubicación de un servidor no basta para atribuir culpa grave al agente que la expidió.síntesis automática
También resuelve:¿Existía la posibilidad de ubicar a los empleados de la corporación en las dependencias en que fueran requeridos sus servicios?¿El empleo ocupado pertenecía a la planta de personal global por lo que la empleada podía ser ubicada en cualquiera de las oficinas de la entidad?¿El legislador previó ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero requieren de la demostración del supuesto de hecho en que se fundan?
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
¿La zona declarada mediante decreto expedido por la CAR como zona de reserva forestal se superpone con el área objeto del contrato de concesión minera para la explotación de carbón? Sí
El contratista no puede ser objeto de nulidad del contrato de concesión minera por la superposición de la zona objeto del contrato con una zona de reserva forestal declarada posteriormente por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ya que el título minero fue otorgado y perfeccionado antes de la declaración de la zona de reserva forestal, lo que confiere al contratista un derecho adquirido que no puede ser desconocido. La ley establece que las zonas de interés especial no pueden desconocer títulos mineros anteriores a su conformación, y la nulidad es una consecuencia legal que se presenta al momento de la celebración del contrato, no sobreviniente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la protección de los derechos adquiridos en contratos mineros frente a declaraciones posteriores de áreas protegidas.síntesis automática
También resuelve:¿El título minero para la explotación de carbón otorgado a la Empresa Carbonera de los Andes era un derecho adquirido antes de la declaración y delimitación del terreno que comprendía la concesión…¿Los derechos y títulos adquiridos al celebrar y perfeccionar el contrato de concesión minera pueden ser revocados con la expedición de un acuerdo posterior que afecte el área por motivos de interés…¿Procede la declaratoria de nulidad del contrato de concesión minera por objeto ilícito por superposición de áreas?
¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al pago de la condena? Sí
En el medio de control de repetición, la demanda se presenta en tiempo cuando el pago de la condena se realiza antes del vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar, pues el término de dos años empieza desde el día siguiente a ese pago. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija el término de dos años desde el pago efectivo o desde el vencimiento del plazo para pagar, según el evento que primero se configure. Segunda, cuando el pago se anticipa al vencimiento, el término corre desde la fecha efectiva del pago, y no desde el plazo que la entidad tenía para cumplir. En el caso, el pago se realizó antes del vencimiento del plazo, y la providencia concluye que la demanda fue presentada en tiempo. En la práctica, la entidad que pague la condena antes del término legal debe calcular la caducidad desde el día siguiente a ese pago y presentar la demanda dentro de los dos años.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?¿Se acreditó el primer presupuesto de prosperidad del medio de control de repetición consistente en la prueba de la existencia de la obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante?¿Se acreditó el segundo presupuesto de prosperidad del medio de control de repetición consistente en la calidad de agente estatal del demandado?
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera? Sí
La Subsección observa que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera, especialmente, si este se superpone con áreas de especial protección ambiental ubicadas en el área de su competencia territorial.
También resuelve:¿En virtud del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el Estado se encuentra facultado para excluir las actividades de exploración y explotación minera en las áreas de…¿Las disposiciones generales sobre contratos estatales son aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, su suscripción, perfeccionamiento, validez…¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con la reservas forestales de la Laguna…
¿La resolución antes de ser firmada por el demandado fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad demandante? Sí
El contratista debe considerar que la resolución antes de ser firmada por el funcionario responsable fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad estatal, lo cual implica que la expedición del acto administrativo contó con la asesoría de quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional necesaria para llevar a cabo la actuación administrativa. En el caso concreto, se evidenció que la resolución anulada fue revisada y aprobada por la oficina de contratación y la secretaría general de la entidad demandante, lo que significa que el funcionario no actuó de manera descuidada ni negligente, sino que se valió de asesoría técnica y jurídica para tomar la decisión. Además, se demostró que la entidad actuó de acuerdo con la jurisprudencia vigente en el momento de la expedición del acto, lo que desestima la presunción de culpa grave y la aplicación del medio de control de repetición. Esto implica que la entidad estatal puede continuar con la expedición de actos administrativos basándose en la asesoría técnica y jurídica adecuada, siempre y cuando se cumplan con los trámites internos y se tenga en cuenta la jurisprudencia vigente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado exdirector fue asesorado por quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional para llevar a cabo la actuación administrativa?¿Se acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente para ese momento en relación con las declaratorias de insubsistencia de los nombramientos provistos en provisionalidad?¿El criterio según el cual debían motivarse los actos administrativos que desvinculaban del servicio público a los funcionarios provisionales…
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de repetición, considerando que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública debe computarse con arreglo a la antigua codificación, dado que el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años y se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la entidad para pagarla. Esta regla se apoya en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y en la jurisprudencia de esta Sección, que computa el plazo de pago con la codificación anterior cuando el proceso que da base a la repetición se tramitó bajo el Código Contencioso Administrativo. Si la condena se profirió en ese régimen, la entidad contaba con dieciocho meses para pagarla según el artículo 177 del mismo código, y ese plazo fija el inicio del cómputo. En el caso concreto la sentencia quedó ejecutoriada en 2014, la demanda de repetición se presentó dentro del término y la caducidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la acción no caduca si se presenta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo de pago.síntesis automática
También resuelve:¿Los documentos aportados por la entidad accionante, vienen suficientes para considerar que se acreditó el pago de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de La Guajira…¿El demandado en repetición, en su condición de director general de Corpoguajira para la época de los hechos que generaron la condena a la entidad demandante…¿Resulta procedente condenar en costas a la entidad estatal demandante en el medio de control de repetición, cuando resulta vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020140013800LEY 1437 REPETICION
¿El despacho debe mantener la designación del curador ad litem porque el profesional del derecho no acreditó su condición de desplazado, ni se demostró que ejerciera funciones relacionadas con las Corporaciones Autónomas Regionales? Sí
El despacho mantiene la designación del curador ad litem cuando el profesional del derecho no acredita su condición de desplazado ni demuestra que ejercía funciones relacionadas con las Corporaciones Autónomas Regionales, ya que la falta de pruebas sobre su situación especial o su vinculación con la entidad demandante impide la excusación del nombramiento. En el caso específico, el abogado designado presentó excusas basadas en su condición de desplazado y en un contrato con la Fundación Tecnalia Colombia, pero no pudo demostrar que este contrato tuviera relación directa con las Corporaciones Autónomas Regionales, lo que llevó al despacho a mantener la designación inicial. Además, se recuerda al abogado que su nombramiento como curador ad litem es de forzosa aceptación, y que el incumplimiento de este deber puede conllevar sanciones disciplinarias, según lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera la importancia de la acreditación de las condiciones para excusarse del nombramiento y enfatiza la obligación del abogado de asumir su cargo inmediatamente.síntesis automática
También resuelve:¿El nombramiento como curador ad litem es de forzosa aceptación, so pena de las sanciones disciplinarias
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso de repetición promovido por la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga dada su connotación de entidad pública del orden nacional? Sí
La competencia para conocer en única instancia de la acción de repetición contra el exdirector general de una corporación autónoma regional de la Meseta de Bucaramanga corresponde al Consejo de Estado, por cuanto esa entidad tiene la connotación de entidad pública del orden nacional según la jurisprudencia citada, y que a los hechos posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001 se aplica esa ley. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye a la corporación las demandas de repetición contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. Segunda, la jurisprudencia citada en la nota de relatoría reconoce a esa entidad la connotación de orden nacional. Tercera, como los hechos ocurrieron en 2003, después de la vigencia de la Ley 678 de 2001, esa ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la competencia para repetir contra el representante legal de esa corporación se radica en el Consejo de Estado en única instancia, mientras el fondo se decide conforme a la Ley 678.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen de responsabilidad de los servidores públicos aplicable a este caso es el de la Ley 678 de 2001, ya que el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2003?¿La entidad demandante demostró la existencia de una condena judicial resarcitoria que haya impuesto a la misma la carga de cancelar una suma de dinero…¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el recurso de apelación?
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado?¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado?¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2026-05-28Sala Consulta y Servicio CivilANA MARÍA CHARRY GAITÁNRad. 11001030600020260012300CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado debe abstenerse de resolver ante la inexistencia de un conflicto de competencias, pues existen dos actuaciones administrativas particulares y concretas, en las que no se materializó un reclamo o rechazo de competencia en forma simultánea o sucesiva respecto de la misma actuación administrativa? Sí
El juez administrativo resuelve declarar la inexistencia de conflicto de competencias administrativas cuando concurren actuaciones disciplinarias independientes y distintas sobre un mismo contrato. La entidad competente determina que, si bien las investigaciones se originan en la ejecución del contrato núm. 792 de 2021, cada una investiga una conducta disciplinaria autónoma y distinta, sin que exista un reclamo o rechazo simultáneo o sucesivo frente a una actuación única. En consecuencia, conforme a la Ley 1437 de 2011, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2080 de 2021, la autoridad administrativa archiva el falso conflicto al constatar la plena independencia de las actuaciones disciplinarias adelantadas.síntesis automática
¿Se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al expedir el acto administrativo de insubsistencia que fue posteriormente anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando la nulidad de un acto de insubsistencia por desviación de poder se invoca para atribuir dolo al servidor en un proceso de repetición, la sentencia de nulidad no basta para tener por demostrado el dolo, pues no da por acreditados los supuestos de hecho de las presunciones que la entidad pretende estructurar. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandante no acreditó que el servidor hubiera obrado con dolo al expedir el acto. Segunda, los documentos aportados con los alegatos de conclusión no se valoraron porque se allegaron de forma extemporánea, al no cumplirse las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA. Tercera, la solicitud de oficiar a la entidad para obtener esos documentos se negó, pues el solicitante podía conseguirlos directamente o por derecho de petición. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se ordenó levantar la medida cautelar sobre las sumas depositadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La desviación de poder que dio lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, estuvo suficientemente justificada en las consideraciones de la sentencia de nulidad y…¿Se probó que el acto de insubsistencia proferido por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estuvo dirigido a dar prevalencia a intereses diferentes del buen…
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