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GESTIÓN AMBIENTAL

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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150247701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve: ¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión? ¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que… ¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave.

Sentencia — Sentencia 2026-02-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020210049001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave? Sí
El contratista o la parte interviniente en un contrato bilateral opone legítimamente la excepción de contrato no cumplido cuando acredita fehacientemente un incumplimiento actual, relevante e imputable de su contraparte que afecta de manera directa la exigibilidad de las obligaciones propias, siempre que quien la alega no se encuentre en una situación de incumplimiento grave. Este mecanismo de defensa, fundamentado en el artículo 1609 del Código Civil y en el principio de buena fe, busca restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas sin constituir una suspensión indefinida o arbitraria del acuerdo de voluntades.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las… ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras… ¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 85001233300020190004601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Sí
Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales… ¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso? ¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000232600020110049101 ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso… ¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio? ¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La prosperidad de las pretensiones en controversias contractuales exige la aportación íntegra de la prueba documental que disciplina la relación jurídica patrimonial.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160173703 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿No se aportaron el pliego de condiciones con sus anexos técnicos ni la matriz de riesgos del contrato? Sí
Las partes en el litigio contractual deben aportar la integridad de los documentos que integran la relación jurídica para permitir la correcta valoración judicial de las obligaciones y los riesgos pactados. En la aclaración de voto se advierte expresamente que no se aportaron el pliego de condiciones con sus anexos técnicos ni la matriz de riesgos del contrato de obra pública celebrado por entidad distrital, configurándose así una incorporación incompleta de la prueba documental que impedía determinar la distribución de los riesgos y verificar el cumplimiento de la carga probatoria en cabeza del accionante.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: pueden las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entes de naturaleza intermedia en la estructura del Estado

Salvamento voto — Salvamento de voto 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020130016500 LEY 1437 REPETICION
¿Pueden las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entes de naturaleza intermedia en la estructura del Estado, diferentes de las entidades de orden nacional o territorial? Sí
Me he apartado de la decisión mayoritaria de la Sala, bajo una línea de pensamiento concreta conforme a la cual la naturaleza especial o sui géneris de las Corporaciones Autónomas Regionales en la estructura del Estado, impide catalogarlas como organismos de orden nacional. Sostengo que el carácter regional de estos entes corporativos, que es respaldado con la atribución de una jurisdicción circunscrita a un ámbito territorial específico, debe conducir al reconocimiento de un verdadero nivel intermedio incorporado al diseño organizacional del Estado, por lo que me aparto de las tesis que aun exploran la naturaleza de aquellos entes dentro de un catálogo limitado que únicamente oscila entre entidades de orden nacional y territorial, cuando no se corresponden con ninguna de ellas.
También resuelve: ¿Deben las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entidades con jurisdicción funcional propia y naturaleza diferenciada? ¿El hecho de que las Corporaciones Autónomas Regionales sean creadas mediante ley de la República permite concluir que tienen competencia de orden nacional para efectos de determinar la competencia…