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Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 05001233300020200014902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objetivo del llamamiento en garantía es que el llamado repare el perjuicio que la parte llamante pudiera eventualmente sufrir o que reembolse el pago que ella tuviera que hacer? Sí
El llamante en garantía debe demostrar que existe una relación contractual o legal con el llamado y que este último debe reparar el perjuicio que la parte llamante pudiera sufrir o reembolsar el pago que ella tuviera que hacer, cumpliendo así con los requisitos de sustentación suficiente y fundamentación jurídica y factual del llamamiento. La corporación reitera que el arbitraje es un mecanismo voluntario basado en la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que el pacto arbitral debe ser el resultado de una libre discusión sin imposiciones, y los árbitros solo pueden resolver los puntos estipulados en el acuerdo arbitral. En el caso del fideicomiso, la vinculación del llamado debe estar claramente especificada en los acuerdos contractuales, y si la intención de las partes era tramitar litigios ante un tribunal arbitral, debieron establecerlo expresamente en el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El pacto arbitral debe ser el resultado de la libre discusión de las partes, sin que una de ellas pueda imponerle condiciones a la otra?
¿En los acuerdos que fueron suscritos por la aportante en especie no se indicó que los conflictos gestados entre dicha sociedad y los demás integrantes del fideicomiso marco se ventilarían ante los…
¿Si la intención de las partes era tramitar ante un panel arbitral los litigios que emanaran de esa relación jurídica, debieron establecerlo expresamente?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría
Sentencia — Sentencia
2026-08-24
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 41001233300020150011001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, con fundamento en la naturaleza del contrato, las necesidades públicas por satisfacer y los costos que la ejecución contractual demanda? Sí
Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, atendiendo a la naturaleza del contrato, a las necesidades públicas por satisfacer y a los costos que demanda su ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ubica la interventoría dentro de la categoría de consultoría y la hace obligatoria en los contratos de obra pública, debiendo contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista; entre el contrato de obra y el de interventoría existe una coligación contractual, de modo que la existencia del primero es necesaria para la del segundo; y las obligaciones del contrato de obra constituyen el objeto abstracto del contrato de interventoría, por lo que su remuneración debe responder a esa relación de dependencia unilateral. Por ello, la entidad no puede desligar la forma de pago de la ejecución de la obra que supervisa. La providencia se modifica en el aspecto relativo a la remuneración.síntesis automática
También resuelve:
¿Conduce la interpretación sistemática del contrato y de su ejecución a concluir que el valor pactado operaba como monto máximo y que la remuneración dependía de los recursos efectivamente utilizados?
¿Incumplió el consorcio interventor sus obligaciones contractuales al omitir la entrega completa y oportuna de la documentación técnica exigida y desatender los requerimientos formulados por la…
¿Constituye la entrega incompleta del informe final de interventoría un incumplimiento contractual que impide exigir el pago de las actas pendientes?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El término para interponer la acción de repetición es de dos años
Sentencia — Sentencia
2023-08-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 81001233100020080010702
ACCION DE REPETICION
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve:
¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001?
¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo?
¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La supervisión es una modalidad de seguimiento que se aplica cuando no se requieren conocimientos especializados; en cambio, la interventoría es el mecanismo al que se apela cuando el seguimiento del contrato sí requiere de un conocimiento especializado y específico.
Sentencia — Sentencia
2024-10-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 54001233300020170075702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contratista demandado -Aecom- tenía la obligación de verificar la calidad de los diseños de las obras de acceso al casco urbano de Gramalote? No
El contratista no tiene la obligación de verificar la calidad de los diseños de las obras de acceso al casco urbano de Gramalote, ya que dicha responsabilidad no surge del contrato de gerencia del proyecto ni del nexo entre este y los contratos de interventoría de diseños y consultoría para la elaboración de diseños. La Sala establece que cada contrato tiene su objeto específico y que el principio de relatividad de los contratos implica que cada contratista es responsable ante la entidad estatal de las obligaciones derivadas de su propio contrato, sin asumir responsabilidades por las actuaciones de otros contratistas. Además, los estudios previos del contrato de gerencia integral del proyecto no establecen la obligación de revisar la calidad de los diseños ni de examinar los criterios técnicos utilizados por el interventor. Esta decisión reitera la importancia de definir claramente las responsabilidades en los contratos de obra y matiza la interpretación de la obligación de resultado en contratos de gerencia de proyecto.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe condenarse en costas a la parte demandante Fondo de Adaptación, puesto que, el recurso de apelación le fue desfavorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría.
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233300020180015602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe?
¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor?
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-05-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020180098401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales, entendiendo que el cómputo del término de caducidad empezó a contarse, en este caso, a partir del vencimiento del plazo previsto en la ley para la liquidación del contrato? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales puede empezar a contarse desde el vencimiento del plazo legal para liquidar el contrato cuando este no se liquida. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la caducidad opera por el solo transcurso del tiempo, es perentoria, preclusiva y de orden público, por lo que el juez debe declararla aun de oficio. La segunda es que, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación bilateral se efectúa en cuatro meses si el pliego o el contrato no fijan otro plazo, y la unilateral en dos meses, término este último tomado del artículo 61 de la Ley 80 de 1993. En el caso concreto, el auto responde afirmativamente la pregunta sobre la configuración de la caducidad, aunque el texto disponible no permite verificar el razonamiento aplicado a los hechos del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿De conformidad con la normatividad vigente, procede la condena en costas a la parte que se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación que formuló?
Consejo de Estado
Providencia
Se confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020170147301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?
¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?
¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la entidad territorial
Sentencia — Sentencia
2025-05-19
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 17001233300020230004301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , cumple con todos los presupuestos procesales? Sí
El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas cumple con todos los presupuestos procesales, incluyendo la jurisdicción, competencia, ejercicio oportuno de la acción y legitimación en la causa, lo que permite a la Sala resolver el recurso presentado por la entidad territorial, el consorcio demandado y la aseguradora llamada en garantía. Además, la Sala confirma que la interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, y que la sentencia de primera instancia no vulneró el principio de congruencia al no analizar obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda, lo que implica que la entidad estatal debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones del interventor en relación con el seguimiento y control de los contratos de obra.síntesis automática
También resuelve:
¿La interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante?
¿Con la sentencia de primera instancia se vulneró el principio de congruencia, al referirse a obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda?
¿Las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No se probaron las mayores cantidades de obra
Sentencia — Sentencia
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130068501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probaron las mayores cantidades de obra? No
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?
¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?
¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?
Sentencia — Sentencia
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233300020210035901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:
¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?
¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?
¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020200039601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?
¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?
¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2025-09-26
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 15001233300020200230601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve:
¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos?
¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad?
¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato
Sentencia — Sentencia
2024-09-13
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 25000233600020170082501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen? Sí
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal debido a la falta de designación de un interventor o un gerente del proyecto, cuando el contrato no establece claramente la obligación de nombrar a estos roles y las actividades asignadas a estos puestos pueden ser realizadas internamente por la entidad. La Sala precisa que la interventoría es obligatoria solo para contratos de obra derivados de licitaciones públicas, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que para otros contratos, la vigilancia puede ser efectuada por la misma entidad mediante supervisores, siempre y cuando no se requiera conocimiento especializado. En este caso, las funciones del interventor se limitaban a emitir directrices generales y verificar la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados del contratista, tareas que la entidad pudo realizar sin necesidad de contratar a un tercero especializado. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del concepto de interventoría, subrayando que la designación de un interventor no es siempre obligatoria y que la entidad puede asumir directamente las funciones de vigilancia, lo que implica que los contratistas deben revisar cuidadosamente los términos del contrato antes de alegar incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿La Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato 299 de 2012 debido a la falta de designación de un gerente de proyecto y de un interventor del proyecto…
¿En la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, y en la que la que la confirmó, actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa, se vulneró el debido proceso del sancionado…
¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado por el demandante para demostrar las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.
Sentencia — Sentencia
2023-06-02
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020140033201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración? No
La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran?
¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor?
¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El IDU incumplió el pago de unas facturas
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150263002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?
¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?
¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 85001233300020190004601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Sí
Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales…
¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso?
¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Es válido pactar cláusulas que condicionen la remuneración del interventor al avance del contrato objeto de supervisión.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-07-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020190063001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es jurídicamente válido y eficaz que en los contratos de interventoría se pacte una cláusula que condicione total o parcialmente la remuneración del interventor al avance o cumplimiento del contrato objeto de supervisión, conforme a la interpretación mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado? Sí
El contratista celebra contratos de interventoría cuya remuneración se vincula al avance o cumplimiento del contrato principal de obra pública supervisado. La posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostiene que es válido y eficaz pactar un porcentaje del pago del contrato de interventoría sujeto al cumplimiento del contrato vigilado, reconociendo la legalidad de las cláusulas contractuales que supeditan dicho pago al desarrollo de las actividades de interventoría, a la ejecución de la obra pública en construcción y a los registros asentados en la bitácora de obra pública conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corporación.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado debe unificar su jurisprudencia sobre la validez de condicionar pagos en contratos de interventoría.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-03-26
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 76001233300020160105601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En aras de garantizar la seguridad jurídica y la coherencia jurisprudencial, la Sección Tercera del Consejo de Estado debería unificar su posición respecto a la validez y eficacia de las cláusulas en contratos de interventoría que condicionan el pago —total o parcial— al avance o cumplimiento del contrato objeto de vigilancia, especialmente ante la divergencia interpretativa existente entre sus Subsecciones y la ausencia de precedente sobre la sujeción del 100% del pago a dicha condición? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado debe garantizar la seguridad jurídica y la coherencia jurisprudencial unificando su postura respecto a la validez y eficacia de las cláusulas en contratos de interventoría que condicionan el pago total o parcial al avance del contrato vigilado. En esta aclaración de voto, el magistrado aclara su posición compartiendo los fundamentos de la decisión adoptada pero advirtiendo la existencia de divergencias interpretativas entre las subsecciones de la corporación y la necesidad de proporcionar certeza y previsibilidad a los operadores jurídicos y entidades estatales frente a la sujeción de los honorarios a las vicisitudes del contrato principal.síntesis automática