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LICENCIA AMBIENTAL

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Consejo de Estado Providencia

Debe declararse no probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por la activa” propuesta

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 73001233100020080010701 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse no probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por la activa” propuesta por Ecocucuana S.A. y el Municipio de Roncesvalles? Sí
La legitimación en la causa por activa se acredita cuando la entidad sin ánimo de lucro demandante tiene un interés directo en la nulidad del negocio, como ocurre cuando es accionista de una de las sociedades que celebraron el acuerdo, de modo que su condición de accionista basta para legitimarla frente a la declaratoria de nulidad absoluta del acuerdo de cooperación. La regla se sostiene en tres razones: el interés directo se radica en la entidad por su participación accionaria en la sociedad contratante, sin que el tribunal pueda exigir un interés adicional; la nulidad absoluta del negocio puede ser pedida por quien acredite ese interés, y la legitimación no depende de la calidad de parte formal en el acuerdo; y la excepción de falta de legitimación por activa debe declararse no probada cuando el interés directo está demostrado. Por ello, la sentencia que negó la legitimación se revoca. La decisión sobre la excepción relativa a la legalidad del acuerdo se resuelve en el mismo sentido, con fundamento en la prueba de la accionaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede declarar probadas las excepciones denominadas “legalidad del acuerdo de cooperación celebrado entre el Municipio de Roncesvalles (Tolima)…
REVOCA
Colombia Compra Eficiente Laudo

Asociación público privada: el contrato de concesión celebrado entre la ANI y el concesionario Ruta del Cacao distribuyó los riesgos entre las partes

TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. VS ANI CCB de 2025 2025-12-16
El concesionario no está obligado a asumir el riesgo de actividades de mantenimiento y operación en una vía nueva que se encuentre en mal estado, ya que estos riesgos no fueron contemplados en el contrato y no corresponden a las prestaciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El Tribunal de Arbitramento sostuvo que la distribución de riesgos entre las partes debe ser clara y equitativa, y en este caso, la ANI asumió los riesgos extraordinarios o no previsibles, mientras que el concesionario se hizo cargo de los riesgos previsibles propios de la ejecución. La decisión reitera la importancia de la distribución equitativa de riesgos en contratos de concesión bajo esquemas de Asociación Público Privada, lo que implica que las partes deben negociar y definir con precisión los riesgos que asumen para evitar controversias futuras.síntesis automática
También resuelve: Tabla de contenido primera parte.- antecedentes del proceso y desarrollo del trámite Sexto: desestimar, por las razones expuestas en la parte motiva, la excepción 3.1.6. denominada “la ani se encuentra facultada para exigir a la convocante, el cumplimiento de indicadores del apéndice técnico 4 en los subsectores 1.2 y 1.3 de la unidad funcional 1 y para realizar deducciones por incumplimiento de los indicadores previstos en el apéndice técnico 4” Décimo: acceder a la pretensión 1.4, en consecuencia declarar que los tramos de la vía correspondiente a los subsectores 1.2 y 1.3 de la unidad funcional 1, identificados en la parte motiva, se encontraban en condiciones técnicas deficientes por razones ajenas y no imputables al concesionario ruta del cacao s. a. s., por las cuales no debe responder
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 52001233300020220032601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido en primera instancia que negó medida cautelar? Sí
Corresponde al Consejo de Estado resolver en segunda instancia la apelación contra el auto que un tribunal administrativo dicta en primera instancia y que niega una medida cautelar, cuando el proceso tiene vocación de doble instancia. Esta competencia se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye a la corporación los recursos contra los autos de los tribunales susceptibles de apelación, en concordancia con el artículo 125 del mismo código. Por ello el factor que determina la competencia es la naturaleza de la providencia y la doble instancia del proceso, y no el contenido de la medida solicitada. En el caso concreto la sala se declaró competente para resolver la apelación contra el auto que negó la medida cautelar en un proceso contractual, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa de una medida cautelar en un proceso de doble instancia se tramita ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Las medidas cautelares de suspensión en materia contractual están limitadas a los actos administrativos que se expidan o a procedimientos que se adelanten antes o durante su ejecución? ¿No procede el decreto de la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del contrato por cuanto no se ha ejecutado dicho contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La nulidad es una consecuencia legal que, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020130125801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa? Sí
El contratista no puede fundamentar la nulidad de un contrato de concesión minera en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, ya que estos principios no constituyen disposiciones legales que prohíban la celebración de contratos en determinados casos, sino que buscan orientar las políticas ambientales basadas en investigaciones científicas. La nulidad del contrato estatal se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, y no es viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez del negocio jurídico. Esto implica que los jueces no pueden ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear nuevas causales que no hayan sido previstas por el legislador.síntesis automática
También resuelve: ¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito? ¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio… ¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993?
Consejo de Estado Providencia

El hecho de incurrir en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 88001233300020200010001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve: ¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato… ¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina? ¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El plazo inicial de ejecución del contrato 37 de 2011 fue de 9 meses

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170142802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve: ¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso… ¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato… ¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contratos de concesión: el contratista debe soportar el efecto, sin que sea procedente reclamar a la entidad el pago de sumas adicionales

25000233600020020179402 de 2025 2025-07-07 Rad. 25000233600020020179402
De este modo, los riesgos asignados forman parte de la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar (Ley 80 de 1993, art. 27). Considerado el riesgo asignado como componente integral de las condiciones económicas pactadas inicialmente, su concreción no altera el equilibrio financiero del contrato, pues se entiende que su ocurrencia y efectos ya estaban incorporados en la ecuación que determinó dicho equilibrio. Conforme al artículo 2º del Decreto 1753 de 1994, la licencia ambiental se entendía como la autorización previa otorgada mediante acto administrativo a una persona para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que, conforme a la ley y los reglamentos, pudiera causar deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.
También resuelve: Contratos de concesión: Ley 80 de 1993, entidades estatales, concesionario Decreto 367 de 1995: concesión, autonomía financiera, administrativa y técnica Equilibrio económico del contrato: riesgos, restablecimiento del equilibrio económico, situaciones extraordinarias
Consejo de Estado Providencia

Se negará la solicitud de vinculación como coadyuvantes

Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre coadyuvancia 2023-03-09 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020090001901 ACCION CONTRACTUAL
¿En el marco de la acción de controversias contractuales sobre un contrato de concesión minera, procede la vinculación como coadyuvantes de los solicitantes? No
Quien pretende intervenir como coadyuvante debe probar que tiene una relación sustancial con una de las partes y que podría verse afectado si esa parte resulta vencida; sin esa demostración, la vinculación se niega. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil permite la coadyuvancia a quien tenga relación sustancial con una parte, pero el coadyuvante no obra autónomamente y solo apoya la posición de la parte a la que adhiere. Segunda, en el caso los solicitantes no apoyaron la posición de ninguna de las partes, no acreditaron relación sustancial con ellas ni un trámite ante la autoridad minera que dependiera del resultado del proceso. Tercera, la nulidad del contrato de concesión minera no incidía en la licencia ambiental que los solicitantes tramitaban ni en la delimitación del área de reserva, por lo que no se verían afectados. Por ello se negó la vinculación. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Podrá intervenir como coadyuvante quien tenga una relación sustancial con alguna de las partes? ¿Quien pretenda ser vinculado como coadyuvante podría verse afectado si alguna de las partes pierde?
NIEGA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) CLARA CECILIA SUAREZ VARGAS Rad. 25000233600020190020200 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse la nulidad del Auto número GSC-ZC No. 001730 de 29 de diciembre de 2017 por medio del cual la ANM ordenó la suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del Contrato de Aporte; y de la Resolución número GSC-000923 de 20 de abril de 2017, que lo confirmó, por haber sido proferidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o con violación del debido proceso? ¿La ANM incumplió el Contrato de Aporte, con ocasión de la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del contrato aludido, adoptada mediante los actos administrativos demandados? No
El contratista no puede declarar nula la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero emitida por la ANM, ni la resolución que la confirma, ya que dichas decisiones se fundamentan en la protección del interés general y en el principio de precaución en materia ambiental, que prevalecen sobre los derechos adquiridos del contratista. La suspensión se basa en la superposición del área del título minero con una zona de reserva ecológica y en la falta de licencia ambiental, lo que no constituye un incumplimiento por parte de la ANM del contrato de concesión minera, sino el ejercicio de una facultad constitucional que se ajusta a los principios de buena fe y confianza legítima. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la prevalencia del interés general en asuntos mineros y ambientales, lo que implica que las autoridades pueden modificar las condiciones contractuales en función de la protección del medio ambiente, incluso durante la vigencia del contrato.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Licencia ambiental: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020020179402 ACCION CONTRACTUAL
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur? No
El contratista no está obligado a obtener la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación para la construcción del horno crematorio, ya que esta no era un requisito legal previo según el pliego de condiciones y el Decreto 1753 de 1994. Sin embargo, una vez que el contratista asume la construcción del horno crematorio en su oferta, la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental recae sobre él, conforme a la cláusula del contrato y las reglas de buena fe y equidad natural del derecho privado. Esto implica que el concesionario debe asumir los costos y riesgos asociados a la obtención de la licencia ambiental, en línea con la naturaleza del contrato de concesión y su marco normativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato? ¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado? ¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El valor incluido en la liquidación unilateral de ninguna manera corresponde a la imposición de una multa contractual

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 15001233100020070020601 ACCION CONTRACTUAL
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales? ¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato? ¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-05-11 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020020205501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó el incumplimiento del contratista? ¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato? ¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020080031401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes? ¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto? ¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 25000233600020130178801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve: ¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero? ¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad? ¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-06-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190069701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los asuntos derivados de contratos de concesión minera cuando el acto proferido en su ejecución emana de una agencia estatal de naturaleza especial, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa agencia tiene carácter público y en que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 asigna el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos a la jurisdicción. Con base en ello, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia del tribunal, conforme al artículo 150 del CPACA. En el caso, la resolución de la agencia minera se dictó en la ejecución de un contrato de concesión, y la sentencia de primera instancia se confirma. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las resoluciones de la agencia minera dictadas en la ejecución de un contrato de concesión son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa, y su apelación corresponde a esta Corporación.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión? ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión… ¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las partes otorgaron competencia a los árbitros para conocer los conflictos surgidos con causa o motivo del contrato

Sentencia — Sentencia 2023-05-12 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 11001032600020220017400 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Tribunal Arbitral tenía jurisdicción y competencia para decidir el conflicto? Sí
La causal de anulación de un laudo por falta de jurisdicción o de competencia del tribunal arbitral exige que el recurrente haya hecho valer esos motivos mediante el recurso de reposición contra el auto en que el tribunal asumió competencia. La regla se apoya en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y en su requisito de procedibilidad, que condiciona la invocación de la causal a ese recurso previo. Además, la falta de competencia solo se configura cuando el laudo decide materias que no están comprendidas en el pacto arbitral o controversias no transigibles. En el asunto, el recurrente sostuvo que el tribunal decidió sobre hechos posteriores a la terminación del contrato, sobre la titularidad de una licencia ajena al objeto del contrato y sobre puntos transados, y la Sala negó la anulación. En la práctica, la objeción a la competencia del tribunal arbitral debe formularse oportunamente en el trámite arbitral para ser admisible en el recurso de anulación.síntesis automática
También resuelve: ¿La causal del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral prevista en el numeral 6 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede ser alegada por la parte que no la hizo valer… ¿El Tribunal Arbitral falló en conciencia? ¿Contiene el laudo arbitral errores aritméticos?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley

Sentencia — Sentencia 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020120006801 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley? Sí
El término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales depende de si el contrato debe liquidarse y de cómo se liquida. Según el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el conteo inicia desde la firma del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que aprueba la liquidación unilateral o, si ninguna se realizó, desde el vencimiento del plazo para liquidar. Los plazos supletorios de la Ley 80 de 1993 son de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral. Si la liquidación bilateral se firma dentro de los dos años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo inicia desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso concreto la acción se ejerció dentro del término bienal y la decisión de primera instancia fue revocada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula sobre los plazos de liquidación y no sobre la fecha de terminación de la obra.síntesis automática
También resuelve: ¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato? ¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia… ¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
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Consejo de Estado Providencia

¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 85001233300020190004601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Sí
Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales… ¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso? ¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…
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Aclaración de voto: las pretensiones debieron ser abordadas bajo la óptica del incumplimiento de los deberes precontractuales de la Administración

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170142802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pretensiones debieron ser abordadas bajo la óptica del incumplimiento de los deberes precontractuales de la Administración por inobservancia del principio de planeación, y no por desequilibrio económico del contrato? Sí
El Despacho considera que las alegaciones de la parte demandante se fundaron en los supuestos incumplimientos del deber de planeación de la entidad contratante, especialmente, en relación con el contenido del pliego de condiciones en cuanto a lo dispuesto en el trámite de las licencias ambientales por no advertir la necesidad solicitar permisos ante diferentes entidades, la modificación del área a intervenir planteada desde el pliego de condiciones y que sirvió de fundamento para la presentación de la oferta y la demora en la entrega del anticipo pactado, por razones no atribuibles al contratista. En ese sentido, las alegaciones del demandante no se basaron en circunstancias sobrevinientes, extraordinarias e irresistibles, constitutivas de las causas que dan lugar a analizar el asunto desde la óptica del desequilibrio económico y financiero del contrato.
También resuelve: ¿Es deber del juez estudiar las pretensiones de la demanda y los argumentos de apelación en los casos en que la parte demandante alegue indistintamente la ocurrencia del desequilibrio y del…