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¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que aprobó la liquidación unilateral del convenio? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de dos años se cuenta desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral del contrato, conforme al cuarto supuesto del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la conciliación extrajudicial. La regla se sostiene en tres razones: la norma señala como punto de partida la liquidación unilateral cuando las partes no logran la liquidación de mutuo acuerdo; la liquidación unilateral del convenio se produjo en un momento que, sumado a la suspensión por la conciliación extrajudicial, permite presentar la demanda dentro del término legal; y el cómputo debe efectuarse desde la fecha de ejecutoria del acto que aprueba la liquidación, y no desde la fecha de la terminación del convenio. Por ello, la demanda presentada dentro de ese plazo es oportuna. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom corresponde a un contrato estatal, y no a uno de los convenios de asociación que celebran las entidades…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del convenio No. 23 de 2011 por haberse celebrado contra expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección objetiva consagrada en el…¿Hay lugar a ordenar restituciones mutuas cuando no está acreditada la existencia de prestaciones ejecutadas pendientes de pago hasta el momento de la declaratoria?
¿El acto que rechazó la propuesta presentada por los demandantes, incurrió en alguno de los cargos de nulidad propuestos en la demanda? No
El integrante de un consorcio que participe en más de una oferta por grupo causa el rechazo de todas las ofertas en que intervenga, cuando así lo prevé expresamente el pliego de condiciones, y esa participación comprende la intervención por sí mismo o por interpuesta persona. La regla se apoya en que el pliego estableció de forma expresa y puntual esa prohibición, de modo que los proponentes conocían la consecuencia del rechazo al presentarse al proceso. Además, las pruebas demostraron que dos integrantes del consorcio intervinieron de forma concurrente en más de una propuesta para el mismo grupo, lo que obligaba al rechazo. En el asunto, el acto que rechazó la propuesta de los demandantes no incurrió en los cargos de nulidad formulados, y la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En la práctica, la participación concurrente en varias propuestas de un mismo grupo puede determinar el rechazo de todas ellas cuando el pliego lo prevé.síntesis automática
También resuelve:¿En el recurso de apelación se puede adicionar o modificar la demanda?¿La participación por interpuesta persona en más de una oferta se configura con la presencia del socio y de la compañía en el mismo grupo de la licitación pública?¿La inhabilidad requiere el control efectivo de la interpuesta persona?
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿Debe declararse el incumplimiento contractual de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) de las obligaciones pactadas en las cláusulas primera, segunda del otrosí No. 1 y sexta del convenio interadministrativo No. 1292 de 2012? Sí
El contratista incumple sus obligaciones contractuales cuando no ejecuta la totalidad de las obras comprometidas, lo que lleva a la liquidación del convenio interadministrativo, considerando el valor de los segmentos viales ejecutados, el monto pendiente de pago a las interventorías, los recursos reintegrados por la entidad y el valor de los materiales en stock, que no pueden ser descontados del monto a reintegrar a las accionantes, ya que la entidad debía ejecutar la totalidad de las obras contratadas. La regla reitera la jurisprudencia que establece que la liquidación del contrato estatal debe ajustarse a la buena fe contractual y a los requisitos establecidos en la normativa vigente, lo que implica que la entidad estatal debe asumir el costo de los materiales no utilizados y no se reconocen perjuicios adicionales a menos que sean debidamente probados en el proceso.síntesis automática
INHABILIDAD DE CONCEJAL,CELEBRACIÓN DE CONTRATO,INHABILIDAD DE CONCEJAL,INHABILIDADES,CELEBRACIÓN DE CONTRATO,CONTRATACION ESTATAL,INTERVENCIÓN – Inhabilidades,Contratación estatal,Intervención,Contrato estatal,Póliza de seriedad,Suscripción,Definiciòn – Mes: julio – Año: 2013…
También resuelve:Inhabilidad de concejal: intervención, contrato estatal, póliza de seriedad, suscripciónContratacion estatal: intervención, definiciónConsejo de estado
CELEBRACIÓN DE CONTRATO ESTATAL,HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR,ALCALDE,INHABILIDAD,CELEBRACIÓN DE CONTRATO ESTATAL,HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR,NATURALEZA JURÍDICA – Alcalde,Inhabilidad,Elección,Año anterior,Configuración,Naturaleza jurídica – Mes: mayo – Año: 2013…
También resuelve:Inhabilidad: elección, celebración contrato, año anterior, configuraciónConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
CELEBRACIÓN DE CONTRATO ESTATAL,INTERVENCIÓN EN CONTRATO ESTATAL,INHABILIDAD,ALCALDE,CELEBRACIÓN DE CONTRATO ESTATAL,INTERVENCIÓN EN CONTRATO ESTATAL,CELEBRACIÓN,CONTRATO DE SUMINISTRO,RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Inhabilidad,Alcalde,Celebración,Régimen de inhabilidades,Celebración de contratos,Entidades públicas,Posterioridad,Elección,Intervención,Causales,No intervención – Mes: febrero – Año: 2013…
También resuelve:Inhabilidades: intervención, celebración de contratos, entidades públicas, posterioridadInhabilidad: intervencion, celebración de contratos, causales, no intervenciónRegimen de inabilidades: concepto, finalidad
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-04-21Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 20001233300020240023401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado para dirimir los conflictos negativos de competencia suscitados entre los Tribunales Administrativos de distintos distritos judiciales? Sí
El operador judicial resuelve el conflicto negativo de competencia suscitado entre los tribunales administrativos de distintos distritos judiciales respecto del conocimiento de un proceso relativo a un contrato de concesión minera. De conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde a esta Corporación dirimir tales colisiones competenciales. Asimismo, conforme al numeral 3 del artículo 125 del CPACA, el magistrado ponente dicta las providencias interlocutorias y de sustanciación necesarias en el curso de la actuación procesal. Tras analizar la normativa aplicable, el despacho determina que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 se encuentra vigente al no haber sido derogado expresamente por la Ley 2080 de 2021, por lo cual se declara competente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dado que el contrato estatal objeto de controversia fue celebrado en la ciudad de Bogotá.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal Administrativo del Cesar el encargado de tramitar el medio de control de controversias contractuales, bajo la regla establecida en el numeral 4 del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011…
¿El término para presentar la demanda de reconvención transcurre de forma independiente al del libelo del accionante principal y no se beneficia de la suspensión que haya efectuado este último en el trámite conciliatorio? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del trámite conciliatorio del demandante principal para presentar la demanda de reconvención, ya que este plazo es independiente y autónomo, conforme a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que la demanda de reconvención debe cumplir con todos los requisitos exigibles a este acto procesal, incluyendo la formulación dentro del término de caducidad de la acción, sin que la conciliación prejudicial sea un requisito para su presentación. Esta regla implica que el cómputo del plazo para la demanda de reconvención no se ve afectado por la suspensión del término de la demanda principal, lo que garantiza la independencia del procedimiento de la reconvención respecto al principal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato interadministrativo en contraste con el convenio, se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades suscrito entre entidades públicas en el que persiguen intereses contrapuestos y existe…¿Se presentó de forma oportuna la demanda de reconvención de controversias contractuales formulada por la Universidad Surcolombiana…¿Incurrió el Tribunal en un vicio de incongruencia, al haber declarado el incumplimiento parcial por parte de la Universidad, pese a que ello no fue solicitado en la demanda del municipio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2023-06-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 15001233300020210047301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para determinar cuál es el juez contencioso administrativo competente para conocer de las controversias contractuales en asuntos mineros, deben aplicarse las reglas especiales de distribución de competencia del Código de Minas? Sí
El artículo 156 del CPACA -sin la modificación de la Ley 2080 de 2021- señala que la competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato y, en el evento en que comprendiera varios departamentos, el tribunal competente será elegido, a prevención, por el accionante. Por lo tanto, se podría concluir que, en atención al medio de control ejercido por la parte actora y en tanto el contrato de concesión fue suscrito con el objeto de adelantar la exploración y explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, en el departamento de Boyacá, la competencia para conocer de las pretensiones de la demanda radicaría en cabeza del Tribunal Administrativo de esta jurisdicción.
También resuelve:¿La competencia para conocer del presente medio de control de controversias contractuales cuyas pretensiones son la nulidad del contrato de concesión minera…
¿Es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental para que el gobernador pueda celebrar un contrato de transacción? No
El gobernador no requiere autorización previa de la Asamblea Departamental para celebrar un contrato de transacción, en línea con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, que establece que dicha autorización es excepcional y solo se requiere cuando el legislador lo disponga expresamente. La Sala confirma que la ausencia de una ordenanza que autorice al gobernador a celebrar la transacción no comporta la nulidad del contrato, ya que no existe una norma especial que lo exija. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda que los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos sin necesidad de una autorización particular de las asambleas departamentales, siempre y cuando no haya una disposición legal que establezca lo contrario. Esta regla reitera y confirma la interpretación del artículo 300, numeral 9, y tiene implicaciones importantes para la autonomía de los gobernadores en la celebración de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con la legislación, los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos, sin previa autorización de la Asamblea Departamental?
¿Resulta procedente atribuir responsabilidad a Ecopetrol, por expedir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del negocio jurídico, cuando en el contrato no se estipuló que esa empresa estaba obligada a emitir un máximo o mínimo de órdenes de trabajo y menos por el valor estimado del contrato, dado que el mismo era indeterminado? No
El contratista no puede atribuir responsabilidad a Ecopetrol por emitir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del contrato, ya que el contrato no establecía obligaciones específicas para Ecopetrol en cuanto a la cantidad de órdenes de trabajo ni un valor mínimo para cada una, y el contrato era de valor indeterminado. Además, el contrato contemplaba cláusulas que regulaban situaciones en las que no se emitieran órdenes de trabajo, lo que evidencia que el contratista aceptó la posibilidad de que Ecopetrol no emitiera órdenes de trabajo. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia que niega las pretensiones del contratista, reafirmando que no se configura un incumplimiento contractual por parte de Ecopetrol ni se viola el principio de planeación.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe atribuir responsabilidad a Ecopetrol por exigirle al contratista mantener el stock de maquinaria y personal durante toda la ejecución del contrato?¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable, el recurso de aplicación que impetró?
¿Dado que las partes acordaron que la CAR haría unos desembolsos a la Lotería de Cundinamarca por la impresión y distribución de unos billetes de lotería que habían sido impresos y distribuidos incluso antes de la suscripción del negocio jurídico, se configura la causal de nulidad absoluta de causa ilícita? Sí
El contratista no puede reclamar el incumplimiento del convenio interadministrativo para obtener recursos públicos por actividades ya realizadas, ya que la celebración del negocio jurídico debe ajustarse a la legalidad y moralidad administrativa, y no puede financiar hechos cumplidos. La Sala declaró la nulidad absoluta del contrato estatal respecto de los billetes de lotería impresos y distribuidos antes de su celebración, por configurarse causa ilícita en virtud del artículo 1524 del Código Civil, que prohíbe financiar actividades ya ejecutadas. Además, la entidad estatal no acreditó el incumplimiento del contrato por parte de la Lotería de Cundinamarca, ya que la carga de la prueba recae sobre quien alega el incumplimiento, y no se demostró que la demandada no cumpliera con sus obligaciones. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los principios de legalidad y moralidad en la contratación estatal y la necesidad de acreditar el incumplimiento contractual para reclamar responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto de los billetes de lotería que se imprimieron y distribuyeron en el marco de ejecución del negocio jurídico, se cumplen los requisitos para declarar el incumplimiento de la demandada?
¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad parcial por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con parte de la reserva forestal Protectora de Bosque Oriental de Bogotá, declarada y delimitada por el INDERENA con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que superpone con parte de una reserva forestal protectora, declarada y delimitada por el INDERENA o su equivalente, con anterioridad a la firma del contrato, ya que esto vicia el contrato por objeto ilícito. La nulidad del contrato es parcial y solo afecta al área que no podía ser objeto de concesión, en aplicación del principio de conservación del contrato. La Sala modifica la sentencia apelada, confirmando que la superposición acreditada no es total, por lo que la nulidad solo se aplica a las zonas concedidas que se traslapan con la reserva forestal, reafirmando la necesidad de cumplir con el procedimiento legal para la autorización de actividades mineras en áreas restringidas.síntesis automática
¿El a quo se pronunció sobre aspectos no comprendidos en la demanda —fallo extra petita— vulnerando el principio de congruencia? Sí
El principio de congruencia, establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y aplicable en el derecho contencioso administrativo por remisión, requiere que la sentencia se ajuste a los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, evitando pronunciarse sobre aspectos no debatidos, salvo en casos específicos permitidos por la ley. En el presente caso, el Tribunal vulneró este principio al conceder una pretensión basada en un hecho futuro e incierto que no se concretó, lo que resulta en una decisión extra petita. Esta regla reitera la importancia de limitar el pronunciamiento judicial a lo planteado por las partes, protegiendo así el derecho al debido proceso y la imparcialidad del juez.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala determina que el contrato No. 229 de 2015 no puede ser celebrado mediante contratación directa, ya que no se ajusta a la definición legal de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, lo que implica la procedencia de declarar su nulidad absoluta por violar el principio de selección objetiva. Además, reconoce el derecho de la demandante al pago de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, considerando que el precio del contrato era global y que se han acreditado los actos de apertura y clausura de los juegos deportivos, aunque no se completó el pago total. Esta sentencia reitera y matiza la interpretación restrictiva de los contratos de apoyo a la gestión y refuerza la necesidad de cumplir con los principios de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato No. 229 de 2015 no podía ser celebrado mediante la modalidad de selección de contratación directa por no ser un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión?¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 229 del 05 de noviembre de 2015…¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato No. 229 de 2015?
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato?¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional?¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?