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¿Puede declararse la responsabilidad de la demandada por incumplimiento contractual, al no haber liquidado unilateral ni bilateral el contrato de obra? No
La entidad estatal contratante no incurre en responsabilidad contractual por la falta de liquidación bilateral de un contrato de obra pública cuando la imposibilidad de llegar a un acuerdo surge del legítimo ejercicio de la autonomía de la voluntad. La corporación confirma la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias al advertir que la administración adoptó sus determinaciones sin vulnerar el principio de buena fe ni desatender las cargas legales. Con fundamento en el artículo 365 del Código General del Proceso, la sala se abstiene de imponer condena en costas por haber prosperado parcialmente tanto las pretensiones de la demanda como el recurso de apelación interpuesto.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal debió actualizar la suma reconocida en la liquidación judicial del contrato, correspondiente a la retención en garantía, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo?¿Resulta improcedente condenar en costas procesales, toda vez que prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda, así como el
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-10-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020220039802Controversias contractuales
¿Para tener por cumplida la carga prevista en el artículo 173 del CGP basta con comprobar que la autoridad dio respuesta formal al derecho de petición mediante el cual la parte solicitó los documentos? Sí
El contratista no cumple con la carga prevista en el artículo 173 del Código General del Proceso si la respuesta formal a su derecho de petición no permite acceder efectivamente a los documentos solicitados, ya que la regla exige que estos sean entregados o que se permita su consulta. La entidad estatal debe atender íntegramente la petición documental para que el juez se abstenga de ordenar pruebas adicionales, salvo que la parte demuestre que su solicitud no fue atendida. Además, si la respuesta oficial ya reconoce el hecho que se pretende acreditar, las pruebas documentales adicionales resultan superfluas en virtud del artículo 168 del CGP, a menos que demuestren utilidad específica para el propósito probatorio indicado. Asimismo, el agotamiento del trámite de insistencia no es un requisito para solicitar judicialmente la incorporación de documentos considerados reservados, y la administración no puede oponer la reserva a la autoridad judicial sin asegurar la conservación de los documentos. Finalmente, la prueba documental que acredita pagos o recuperaciones patrimoniales efectivas es pertinente para establecer el monto del daño subsistente, siempre y cuando se demuestre que los documentos remitidos mediante enlaces electrónicos han quedado incorporados y preservados de manera estable en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Deben rechazarse como superfluas las pruebas documentales adicionales cuando el hecho que se busca acreditar ya aparece expresamente reconocido en la respuesta oficial de la entidad entidad al…¿El agotamiento del trámite de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 constituye un requisito para solicitar judicialmente la incorporación de documentos que una autoridad se…¿Procede decretar la incorporación de los documentos que acrediten los pagos o las recuperaciones patrimoniales efectivas obtenidas por el FUTIC en los procesos de cobro coactivo…
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales, siempre que el término de caducidad se suspenda durante la conciliación prejudicial o en el trámite de ésta, lo que permite que el plazo se prolongue hasta que se agote la suspensión. En este caso, la entidad estatal no impugnó la oportunidad de la presentación de las demandas, y el tribunal de instancia reconoció que el término de caducidad se suspendió entre el 9 de enero de 2015 y el 27 de febrero del mismo año por la conciliación prejudicial, y entre el 19 de diciembre de 2014 y el 27 de febrero de 2015, lo que permitió que las demandas se presentaran dentro del plazo legal. Esta decisión modifica la interpretación anterior sobre la contabilización del término de caducidad, permitiendo una mayor flexibilidad en la aplicación del plazo para presentar el medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿Debe modificarse la liquidación judicial del contrato de consultoría declarado nulo, para reconocer al contratista valores adicionales por prestaciones ejecutadas descritas en el informe no. 8?¿Puede la entidad estatal, en la liquidación del contrato declarado nulo, excluir de la amortización del anticipo valores ya imputados y aprobados por el supervisor durante la ejecución contractual…¿Resulta improcedente la condena en costas porque el recurso de apelación prosperó parcialmente?
¿Las partes del contrato de obra suscribieron modificaciones válidas, donde incluyeron unas obras adicionales que no pueden ser desconocidas? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden suscribir modificaciones válidas al contrato de obra pública que incluyan obras adicionales no previstas, siempre y cuando estas sean consensuadas por las partes y documentadas en actas firmadas por los representantes competentes de ambas, incluso si no cumplen con todas las formalidades establecidas por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. En el presente caso, las partes suscribieron actas de modificación de cantidades y de fijación de precios no previstos que incluían obras adicionales, las cuales fueron ejecutadas y pagadas parcialmente por la entidad estatal, salvo por ciertos ítems que no fueron reconocidos. La Sala modificó la jurisprudencia anterior al establecer que, a pesar de las omisiones en el proceso de aprobación de ajustes, las modificaciones contractuales son válidas y vinculantes para ambas partes, lo que implica que las obras adicionales no pueden ser desconocidas y deben ser pagadas conforme a lo acordado en las actas.síntesis automática
También resuelve:¿Como la Unión Temporal no formuló reproche alguno frente al saldo a favor del Departamento por el anticipo no amortizado a cargo de dicha Unión, este saldo debe ser actualizado?¿Procede la condena en costas cuando el recurso de apelación prosperó de forma parcial?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala determina que el contrato No. 229 de 2015 no puede ser celebrado mediante contratación directa, ya que no se ajusta a la definición legal de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, lo que implica la procedencia de declarar su nulidad absoluta por violar el principio de selección objetiva. Además, reconoce el derecho de la demandante al pago de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, considerando que el precio del contrato era global y que se han acreditado los actos de apertura y clausura de los juegos deportivos, aunque no se completó el pago total. Esta sentencia reitera y matiza la interpretación restrictiva de los contratos de apoyo a la gestión y refuerza la necesidad de cumplir con los principios de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato No. 229 de 2015 no podía ser celebrado mediante la modalidad de selección de contratación directa por no ser un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión?¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 229 del 05 de noviembre de 2015…¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato No. 229 de 2015?
¿La apelación presentada por el demandante cuestionó de forma concreta los argumentos esgrimidos por el a quo para negar las pretensiones relacionadas con los incumplimientos relativos a la obligación de lograr que el contratista actualizara las garantías según las múltiples modificaciones que tuvo y respecto del deber de entregar el expediente contractual al Fondo después de haberse liquidado el contrato? No
El contratista no puede cuestionar de forma efectiva los argumentos del tribunal que niegan sus pretensiones de incumplimiento contractual si no presenta una carga argumentativa específica y concreta contra dichos fundamentos. La Sala determina que el recurso de apelación no discute ni cuestiona los fundamentos del fallo de primera instancia, limitándose a reproducir hechos y argumentos de la demanda sin relacionarlos directamente con los razonamientos del tribunal. Esto implica que la apelación no cumple con los requisitos para ser admitida y, por lo tanto, la Sala modifica la decisión del tribunal al negar la prosperidad del recurso de apelación, reafirmando así la necesidad de una sustentación argumentativa precisa y directa en los recursos de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de interventoría respecto de la obligación de ajustar el amparo del riesgo de calidad del servicio contratado…¿Resulta indemnizable el perjuicio alegado por el Fondo de Adaptación, consistente en la agravación del riesgo asegurado por la no actualización del amparo de calidad del servicio contratado…¿Resulta procedente la condena en costas cuando no se impugna la negativa del a quo sobre su imposición y en los eventos en que el recurso de apelación prospera de forma parcial?
¿El FORPO no está obligado a reconocer ninguna suma al contratista por el hecho de que tenía un convenio interadministrativo con el Municipio de Yumbo donde se acordó que los sobrecostos de la obra serían asumidos por el mencionado municipio? No
El contratista no puede obtener reconocimiento de sumas adicionales ni por obras adicionales ni por mayores cantidades de obra ejecutadas, ya que no acreditó los requisitos legales y contractuales necesarios para tales reconocimientos, como el acuerdo escrito entre las partes y la evidencia específica de la ejecución de dichas obras. La Sala establece que la interventoría no tiene la facultad legal para suscribir acuerdos modificatorios del contrato, y que el reconocimiento de mayores cantidades de obra requiere demostración inequívoca de la ejecución de ítems unitarios dentro del plazo del contrato y en exceso de los realmente pagados. Además, la Sala reitera que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, como entidad contratante, no puede invocar un convenio interadministrativo con un municipio para eximirse de sus responsabilidades contractuales frente al contratista, lo que implica que el contratista no puede ser despojado de sus derechos contractuales por acuerdos entre entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede reconocer las obras adicionales y las mayores cantidades de obra solicitadas por el demandante contratista?¿Procede condenar en costas en segunda instancia cuando el recurso de apelación prosperó parcialmente?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo? Sí
Cuando las partes de un convenio interadministrativo acuerdan liquidarlo de común acuerdo y no pactan la posibilidad de una liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral. Esta regla aplica el numeral iv) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que contempla esa subregla para los negocios que requieren liquidación. Su fundamento es que la liquidación unilateral solo opera si se pactó expresamente, de modo que, en silencio del convenio, el plazo de caducidad se ancla a la liquidación bilateral. En el caso concreto el convenio se firmó con un plazo de ejecución y una cláusula que remitía a la Ley 80 de 1993 para liquidar dentro de cuatro meses, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al vencimiento de ese plazo. Por ello la sala modificó la decisión de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula desde el plazo de liquidación bilateral y no desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Montería incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda…¿Es procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada?¿Resulta improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones de la demanda de reconvención? Sí
Cuando el contrato no se liquida ni de forma bilateral ni de forma unilateral, el término de dos años para demandar su controversia se cuenta una vez cumplido el plazo de dos meses para la liquidación bilateral contado desde el vencimiento del plazo convenido, al cual se suma el plazo de la liquidación unilateral. Esta regla se apoya en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que fija esa subregla para los contratos cuya liquidación no se realizó. Por ello el cómputo no inicia en la terminación del contrato, sino al agotarse los plazos de liquidación pactados o legales. En el caso concreto la cláusula del contrato permitía liquidar bilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo y la entidad tenía dos meses adicionales para liquidar unilateralmente, y como ninguna liquidación se produjo, se aplicó la subregla. La sala modificó la sentencia en cuanto a la caducidad de la reconvención. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de liquidación del contrato extiende el término de caducidad hasta el agotamiento de los plazos de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato por parte del consorcio por cuanto se demostró que el levantamiento arquitectónico del Hospital fue defectuoso?¿Procede la condena únicamente del pago de la cláusula penal porque el Ministerio no acreditó perjuicios adicionales?¿La aseguradora debe responder por el valor asegurado por garantía de cumplimiento y no por garantía de calidad?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
Las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos en controversias contractuales corresponden en segunda instancia al Consejo de Estado, conforme a los artículos 104 y 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella. Con la cesión del contrato, el cesionario asume la posición contractual del cedente, de modo que el cedente que ya no es parte ni titular de los derechos crediticios carece de legitimación en la causa para reclamar el incumplimiento o el restablecimiento del equilibrio económico. Además, la cesión transfiere al cesionario el deber de concurrir al corte de cuentas. En el caso concreto, las sociedades demandantes habían cedido el contrato a otras entidades antes de formular las pretensiones de incumplimiento y de restablecimiento, y la sentencia fue modificada en ese sentido. Como consecuencia práctica, el contratista que ceda su posición contractual debe contar con que el cesionario asumirá las pretensiones y el corte de cuentas, y no podrá reclamar por sí mismo después de la cesión.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la falta de legitimación en la causa por activa de las sociedades Médicos Asociados S.A. y Medical Pharmacy Ltda frente a las pretensiones de incumplimiento y restablecimiento del…¿La cesión del contrato, conlleva la transferencia del deber de concurrir al corte de cuentas?¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, fue presentado dentro de la oportunidad legal?
¿Se acreditó la responsabilidad patrimonial del demandado a título de dolo, debido a que la condena penal emitida en su contra sí corroboró que obró con la intención de causar la desaparición forzada y posterior muerte de la víctima en el operativo militar? Sí
La sentencia de primera instancia será confirmada en relación con la responsabilidad patrimonial de… a título de dolo, debido a que la condena penal emitida en su contra sí corrobora que obró con la intención de causar la desaparición forzada y posterior muerte de… en el operativo militar desplegado el 28 de marzo de 2007, no obstante, será modificada en relación con el monto que este debe pagar, con sustento en el mandato expreso consignado en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001 en proporción a su participación en los hechos que dieron lugar a la condena del ente estatal.
También resuelve:¿En virtud de la naturaleza del proceso, medio de control de repetición, es procedente emitir fallo de manera anticipada?¿Procede el medio de control de repetición contra el demandado que apeló la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que éste se postuló para ser aceptado en la Jurisdicción Especial Para la…¿Son presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición: La condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; el pago efectivo a la víctima del daño y…
¿La sentencia de segunda instancia debe ser aclarada y corregida por cuanto el a quo denegó la solicitud de corrección y aclaración sobre su decisión? No
El juez de segunda instancia no está obligado a aclarar o corregir una sentencia cuando el tribunal de primera instancia ya ha denegado una solicitud similar, limitándose a resolver los reparos específicos contra la decisión apelada. Sin embargo, si la sentencia de segunda instancia contiene referencias a supuestas aclaraciones denegadas por el tribunal de primera instancia, es procedente corregir dicha sentencia para precisar que tales aclaraciones fueron rechazadas. Asimismo, no es viable adicionar la sentencia de segunda instancia para revocar una condena en abstracto basada en pruebas existentes que no permiten determinar una suma líquida de dinero, mientras que sí es procedente adicionar la sentencia para referirse a los criterios de cálculo del lucro cesante futuro, dado que la sentencia original omitió establecer parámetros claros para tal cálculo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente corregir la sentencia de segunda instancia en lo relativo a las referencias que se hicieron por la supuesta aclaración a la condena en abstracto…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la condena en abstracto, por existir pruebas en el expediente para determinar una condena a pagar en una…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de referirse a los criterios para el cálculo del lucro cesante futuro?
¿Es procedente dictar sentencia complementaria porque se dejó de resolver el recurso de apelación adhesiva? Sí
El contratista puede solicitar la adición de la sentencia cuando se omite resolver el recurso de apelación adhesiva, siempre que la petición se presente dentro del término de ejecutoria. En este caso, la sentencia se notificó electrónicamente el viernes 12 de septiembre de 2025, y el escrito de adición se presentó el martes 16 de septiembre, dentro del plazo legal. La Sala constató que el recurso de apelación adhesiva no fue resuelto en la sentencia de segundo grado, por lo que procedió a dictar una sentencia complementaria. Sin embargo, la Sala negó la adición en relación con la naturaleza de los actos demandados y la caducidad del medio de control judicial, ya que estos aspectos fueron resueltos de manera expresa en la sentencia original. En otro orden de ideas, la entidad estatal y el contratista pueden pactar la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios, siempre y cuando la cláusula contractual sea inequívoca y no contradiga la naturaleza de la cláusula penal como pena. En este caso, la Sala confirmó que la cláusula penal no excluía la indemnización de perjuicios, reafirmando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios?¿Carece de sustento probatorio la condena por perjuicios reconocida al contratante por basarse en un informe técnico allegado al proceso?¿Debe aplicarse la sanción del juramento estimatorio?
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve:¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las…¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación…¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas, en razón de la cuantía de las pretensiones? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce competencia para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas en desarrollo de funciones administrativas conforme al artículo 104 del CPACA y el artículo 7 del Decreto Ley 254 de 2000. En este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia sobre la apelación dado que la pretensión de mayor valor superaba trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda el 22 de abril de 2014, modificando la providencia apelada y absteniéndose de condenar en costas por prosperar parcialmente el recurso del municipio.síntesis automática
También resuelve:¿La terminación unilateral del contrato realizada por el agente liquidador en cumplimiento de su función administrativa en los procesos de supresión y liquidación de entidades públicas…¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contar desde la notificación de la decisión que declaró improcedente el recurso de reposición contra…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la sociedad afectada con la terminación unilateral del contrato de arrendamiento del que era parte…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra una sentencia de un tribunal administrativo cuando la cuantía del proceso supera el umbral legal establecido en la Ley 1437 de 2011. En este caso, la entidad pública demandante y la entidad pública demandada, ambas integrantes de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, interpusieron un recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, cuya cuantía excedía los 500 SMLMV vigentes en la fecha de presentación de la demanda, lo que permitió al Consejo de Estado ejercer su competencia en segunda instancia. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en casos de cuantía, ampliando su alcance en la revisión de recursos de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento de convenio administrativo…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de…¿El tipo de acuerdo de voluntades pactado por las partes está edificado sobre un auténtico ánimo colaborativo, lo cual encaja perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a…
¿La aseguradora se encuentra legitimada en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista? No
El contratista no está legitimado en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista, ya que la aseguradora no es parte del contrato estatal y su interés se limita a los aspectos que impactan directamente su patrimonio. Aunque la compañía aseguradora puede discutir la legalidad de los actos administrativos que afectan la garantía del contrato, no puede reclamar las prestaciones propias del contratista ni cuestionar la liquidación unilateral del contrato que no vincula formal ni materialmente a la aseguradora. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, limitando la legitimación en la causa por activa de la aseguradora a los aspectos que directamente la afectan, lo que implica que la aseguradora no puede demandar por los derechos del contratista ni por actos que no la vinculan directamente.síntesis automática
También resuelve:¿Son válidos los actos administrativos que ordenaron hacer efectivo el amparo de cumplimiento para pagar la cláusula penal, cuando dicho amparo ya había sido afectado por su valor total…¿Es nulo el acto administrativo que declara el siniestro y ordena hacer efectiva la garantía de anticipo por apropiación indebida de recursos…¿Tiene derecho la aseguradora al reintegro de las sumas pagadas con cargo a las garantías del contrato, junto con su actualización e intereses…
¿El contrato se encuentra sometido a las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales? Sí
Los contratos que las universidades estatales celebran para el cumplimiento de sus funciones se rigen por las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales, conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992, de modo que no se someten al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. El negocio de colaboración que se celebra con una fundación, en el que las partes buscan alcanzar un fin común, corresponde a un contrato de colaboración atípico, cuyo cumplimiento se rige por lo pactado en sus cláusulas. En el caso concreto, la fundación afirmó que la universidad remitió tardíamente las actas de las reuniones de la junta y que su contenido no reflejaba lo discutido, pero no se acreditó el incumplimiento imputado en relación con la elaboración, el contenido y la entrega de esas actas. Como consecuencia práctica, el incumplimiento de un contrato de colaboración celebrado por una universidad estatal debe probarse conforme a sus cláusulas, y no conforme al Estatuto de Contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la Universidad en relación con la elaboración, contenido y entrega de las actas de las reuniones de la Junta del Convenio?¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con la inasistencia a las reuniones de la Junta del Convenio?¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con el desconocimiento de las atribuciones de la Junta del Convenio?
¿Está demostrado el incumplimiento de contrato de obra pública por parte del IDU por entrega de estudios y diseños incompletos y deficientes y, por la demora en entregar los predios necesarios para la obra requeridos para la ampliación y rehabilitación de la Autopista al Llano entre el CAI Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá – Villavicencio? Sí
La entidad estatal que entrega estudios y diseños deficientes o demora la entrega de los predios necesarios para la obra incurre en incumplimiento del contrato de obra pública, pero la declaratoria de ese incumplimiento no genera por sí sola la indemnización de perjuicios, la cual exige probar un daño económico concreto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los incumplimientos de la entidad pueden generar la necesidad de ejecutar obras no previstas en el proyecto inicial y una mayor permanencia en obra, lo que acredita el incumplimiento contractual. Segundo, para reconocer perjuicios el contratista debe demostrar que no se le pagaron las mayores cantidades de obra ejecutadas o que asumió sobrecostos por la mayor permanencia, pues esos hechos constituyen el daño indemnizable. La providencia declara el incumplimiento de la entidad y confirma la negativa de las pretensiones indemnizatorias; en la práctica, el contratista que reclame perjuicios por incumplimientos de la entidad debe acreditar el pago omitido o el sobrecosto asumido con soporte probatorio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante no demostró la ejecución de obras no reconocidas ni pagadas por el IDU, ni acreditó que hubiera asumido sobrecostos por concepto de la mayor permanencia en la obra…¿Es necesario dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral sobre los puntos sobre los cuales posteriormente se realizará alguna reclamación en sede judicial?¿Para reconocer una mayor permanencia en la obra y/o obras adicionales o no previstas, es indiferente si el precio pactado era global o por valores unitarios…
¿El contrato n.° 909 de 2011 celebrado por el Departamento tuvo naturaleza de contrato de prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría n.° 150 de 2011, conforme a lo previsto en el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, pese a incluir cláusulas excepcionales reguladas en la Ley 80 de 1993? Sí
El contratista de prestación de servicios profesionales asume actividades de apoyo a la gestión o supervisión contractual bajo las previsiones legales vigentes que regulan dicha modalidad negocial. En el caso analizado, la Sala examina el contrato n.° 909 de 2011 celebrado por el Departamento cuyo objeto principal fue realizar la supervisión al contrato de interventoría n.° 150 del 8 de febrero de 2011, destinado a la infraestructura educativa departamental, advirtiendo que a pesar de haberse pactado la caducidad y las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 17 de la Ley 80 de 1993, las cuales resultan potestativas en los contratos de prestación de servicios profesionales conforme al artículo 14 de la citada ley, la providencia revoca la decisión anterior para precisar adecuadamente la naturaleza jurídica de la vinculación contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Puede la Sala pronunciarse sobre el pago del acta parcial n.° 3, los sobrecostos por prórrogas y el reconocimiento del precio total pactado cuando el recurso de apelación no controvirtió las razones…¿La incorporación del factor multiplicador en la propuesta económica imponía al contratista la obligación de vincular al personal mediante contratos laborales?¿El contratista puede exigir el pago total del valor pactado en el contrato cuando la forma de pago se condicionó al avance de las obras…