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clave: "consejo_estado:providencia:85001233300020190004601-68719-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-07-14"
radicado: "85001233300020190004601"
numero: "68719"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: el contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-07-14
- **Radicado:** 85001233300020190004601
- **Número interno:** 68719
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** DEPARTAMENTO DE CASANARE
- **Demandado:** SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., UNIÓN TEMPORAL INTERVÍAS LA YE SABANALARGA 2014
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020190004601-68719-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/85001233300020190004601/8B2C311EFC0A8CC8D8D7EB12A8C2137AD109DD881B69282D63D35CA034F41932/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201900046011100103

## Problema jurídico

¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales…
- ¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso?
- ¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, arts. 13 y 2

## Extracto

El artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dictaminó que se denominarían entidades estatales, entre otros, a los departamentos. A su vez, el artículo 13 de ese estatuto precisó que los contratos estatales suscritos por aquellos se regirían por esa normativa y, en lo no regulado, por disposiciones civiles y mercantiles vigentes. Como se observa, el querer del legislador fue que los negocios jurídicos suscritos por los departamentos se rigieran por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, y se consideraran contratos estatales, de ahí que la Sala estudiará el presente asunto bajo ese derrotero.

## Síntesis temática

Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO, CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE CONSULTORÍA, CELEBRACIÓN DE CONTRATO, REGULACIÓN NORMATIVA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ENTIDAD ESTATAL, DEPARTAMENTO, INAPLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, INAPLICACIÓN DE LA NORMA, CÓDIGO DE COMERCIO, HECHOS DE LA DEMANDA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA, ALTERACIÓN DEL FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA, RECURSO DE APELACIÓN, NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MEDIOS DE PRUEBA, PRUEBA TESTIMONIAL, TESTIMONIO, DECLARACIÓN DEL TESTIGO, TACHA DE TESTIGO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, INTERÉS DEL TESTIGO, INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO, VÍNCULO LABORAL, UNIÓN TEMPORAL, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL, VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO, PRUEBA PERICIAL, PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRÁCTICA DE PRUEBA PERICIAL, REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL, DICTAMEN PERICIAL, CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL, REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, PROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, OBLIGACIÓN DE MEDIO, SUPERVISOR DEL CONTRATO, FACULTADES DEL INTERVENTOR, OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARTES DEL CONTRATO, ACUERDO DE VOLUNTADES, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTO, INFORME TÉCNICO, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INTERVENTOR, SEGUIMIENTO AMBIENTAL, SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PROYECTO, LICENCIA AMBIENTAL, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, CORPORINOQUÍA, EXPLOTACIÓN DE CANTERA, EXPLOTACIÓN DEL MATERIAL DE ARRASTRE, INFORME DEL INTERVENTOR, DECLARACIÓN DE TESTIMONIO, VALORACIÓN DEL TESTIMONIO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES LABORALES, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL TRABAJADOR, PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DEL APORTE PARAFISCAL, COMPROBANTE DE PAGO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REQUERIMIENTO ESPECIAL, ETAPA DE INDAGACIÓN, CONTRATISTA, CONTRATO DE OBRA, CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, PRUEBA DOCUMENTAL, BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DEL CONTRATO, NÓMINA, APORTE PARAFISCAL, FOTOGRAFÍA, PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA, ANTICIPO DEL CONTRATO, AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, GESTIÓN AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PERMISO AMBIENTAL, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA, ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, FALTA DE PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, ERROR ARITMÉTICO, PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA, CORRECCIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO, CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO, CORRECCIÓN POR ERROR POR CAMBIO, OMISIÓN O ALTERACIÓN DE PALABRAS EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL, PROCEDENCIA DE LA CORRECCIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN, MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / REGULACIÓN NORMATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ENTIDAD ESTATAL / DEPARTAMENTO / INAPLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / CÓDIGO DE COMERCIO
Problema jurídico:
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dictaminó que se denominarían entidades estatales, entre otros, a los departamentos. A su vez, el artículo 13 de ese estatuto precisó que los contratos estatales suscritos por aquellos se regirían por esa normativa y, en lo no regulado, por disposiciones civiles y mercantiles vigentes. Como se observa, el querer del legislador fue que los negocios jurídicos suscritos por los departamentos se rigieran por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, y se consideraran contratos estatales, de ahí que la Sala estudiará el presente asunto bajo ese derrotero.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / HECHOS DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DEL FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales, pese a que dicho planteamiento modifica la causa petendi de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida. Así, la Subsección advierte que el análisis del presente caso se circunscribirá exclusivamente a los reparos concretos que formuló el departamento en contra de la sentencia cuestionada. Así las cosas, tras examinar los argumentos planteados en el recurso de apelación, se observa que el Departamento alegó que las modificaciones al contrato de obra adolecían de nulidad, porque fueron aprobadas por la supervisión del contrato y por la interventoría, sin tener en cuenta que para tal efecto se requería de la autorización del OCAD. Sobre este particular, la Sala debe precisar que por la vía del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia no es posible modificar la causa petendi, ni tampoco adicionar la demanda ni su sustento, dado que se estaría sorprendiendo a la contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse; en caso de permitir tales actuaciones, se desconocería el principio de congruencia y debido proceso. Así las cosas, como el referido argumento varía la causa petendi, en el entendido que guarda relación con la nulidad del contrato y ello no fue expuesto en el escrito inicial, sino que se incluyó por primera vez en la alzada, la Sala no lo tendrá en cuenta al delimitar el objeto de la apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Frente a la modificación o variación de la causa petendi, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 13 de agosto de 2021, exp. 65589, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y el 30 de julio de 2021, exp. 50.728, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO / TACHA DE TESTIGO / DEPARTAMENTO DE CASANARE / INTERÉS DEL TESTIGO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / VÍNCULO LABORAL / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO
Problema jurídico:
¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n relación con la declaración rendida por (…) [el representante suplente de la unión temporal], cabe destacar que, en el trámite de primera instancia el Departamento de Casanare tachó al testigo, con fundamento en que aquel tenía un interés directo en las resultas del proceso, pues la decisión que se adoptara al interior de la presente controversia podría influir en el proceso de controversias contractuales promovido por el departamento de Casanare contra la UT (…), de la que el aludido testigo es representante suplente. En ese proceso se discute el presunto incumplimiento del contrato de obra No. 1966 de 2014 por parte de la mencionada unión temporal, quien fungió como contratista en ese negocio jurídico. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal a quo precisó que ese solo motivo no hacía que la tacha prosperara; sin embargo, advirtió que dicha declaración se analizaría con mayor rigurosidad y, además, se contrastaría con los demás medios de prueba que obraran en el expediente. En el recurso de apelación, el departamento insistió en que dicho testimonio no debía tenerse en cuenta, bajo los mismos argumentos expuestos en el trámite de primera instancia. Al efecto, la Sala considera que el hecho de que el testigo sea el representante suplente de la UT (…) y que exista una controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la que se discute el presunto incumplimiento del contrato de obra por parte de dicha unión temporal, no es motivo suficiente para restarle valor probatorio a su declaración, pues no se advierte que se pueda ver afectada su imparcialidad en el proceso de la referencia. No obstante, su declaración -tal y como lo sostuvo el juzgador de primera instancia- será examinada con mayor detenimiento y confrontada con los demás elementos probatorios que obren en el expediente, en los términos del artículo 211 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA PERICIAL / PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRÁCTICA DE PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / PROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l dictamen allegado por la UT (…) fue objetado por el departamento de Casanare, debido a que, aunque el perito (…) manifestó que había visitado la obra para rendir su dictamen, no existía prueba que acreditara esa situación. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal a quo negó la objeción formulada al dictamen. De conformidad con lo establecido en el artículo 232 del CGP, el juez debe apreciar el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta para tal efecto su solidez, claridad, exhaustividad y calidad. Además, debe observar que se encuentre debidamente fundamentado y que el perito sea competente para rendir el dictamen, es decir, que sea un experto en la materia científica, técnica o artística analizada. A partir de lo anterior, la Sala considera que las pruebas periciales obrantes en el expediente carecen de mérito probatorio, toda vez que, como quedó visto, versaron sobre puntos de derecho, de ahí que no resulten admisibles en los términos del inciso 3º del artículo 226 del CGP. En efecto, si bien los dictámenes periciales se ocuparon de atender los puntos fijados por el Tribunal a quo, lo cierto es que los interrogantes allí formulados, en contraste con las respuestas plasmadas en las experticias, conciernen a puntos de derecho respecto de los cuales los peritos no debieron efectuar pronunciamiento alguno, tales como el porcentaje del cumplimiento del contrato, las obligaciones incumplidas por la UT (…) durante la ejecución del contrato, las situaciones imputables al Departamento que hubiesen impedido la correcta ejecución del contrato por parte de la Unión Temporal demandada; estos aspectos conciernen a labor propia del juez al resolver la controversia sometida a su juicio. Aunado a lo anterior, cabe agregar que el dictamen pericial (…) no fue acompañado por los soportes de estudio y experiencia del perito, de ahí que no satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 226 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226 DEL CG INCISO 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBLIGACIÓN DE MEDIO / SUPERVISOR DEL CONTRATO / FACULTADES DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Puede el interventor, en el marco de un contrato estatal de interventoría, modificar los términos del contrato objeto de su supervisión, a pesar de no ser parte de dicho negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n los términos del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato estatal de interventoría es una especie del contrato de consultoría, en virtud del cual se supervisa la debida ejecución de otro negocio u otra actividad que se espera concluya debidamente, lo que representa un servicio prestado por una persona de calidades especiales, para que, entre otros, un proyecto se lleve a cabo de conformidad con lo estipulado en el contrato. Como se observa, es un elemento de la esencia del contrato que se vigile un objeto negocial o una actividad específica para que llegue a buen término, obligación que, si bien es de medio, pues la labor del supervisor se restringe a verificar el cumplimiento del objeto negocial, sin que ello necesariamente asegure el resultado esperado, no se limita a observar, sino que, según lo que se pacte, debe llevar a advertir cualquier circunstancia que se lleve a cabo por fuera del iter negocial y, además, efectuar actividades que pueden incluir aprobar informes y documentos necesarios para la consecución de la actividad respectiva. En esa línea, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que las obligaciones de interventoría se sujetan a verificar y controlar la ejecución del contrato objeto de supervisión, “pero no le compete introducir modificación alguna de los términos del negocio jurídico sobre el cual recae su función”, por tratarse de un asunto exclusivo de las partes del acuerdo de voluntades. De este modo, el contrato de interventoría es autónomo e independiente del contrato sobre el cual se ejerce su vigilancia, de allí que el interventor no pueda, en principio, modificar el acuerdo de voluntades supervisado, pues ni siquiera es parte de aquel negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza del contrato estatal de interventoría, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 28 de febrero de 2013, exp. 24266, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre las obligaciones de interventoría respecto de la ejecución del contrato objeto de supervisión, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 28 de febrero de 2013, exp. 25199, C.P. Danilo Rojas Betancourth y el 2 de marzo de 2022, exp. 64165, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre la imposibilidad de que el interventor, en el marco de un contrato estatal de interventoría, modificar los términos del contrato supervisado, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 1º de junio de 2020, exp. 47101, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 2
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN / DOCUMENTO / INFORME TÉCNICO / C

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

uye hecho jurídico que conlleva la desatención total, parcial o tardía de las obligaciones y, por ende de las prestaciones, que se desprenden de un negocio jurídico; por consiguiente, el mismo puede dar lugar a una de las formas de terminación anormal de los contratos, esto es, la resolución del mismo, fenómeno que se presenta cuando el negocio jurídico es privado de su eficacia, se itera, en virtud del desconocimiento culposo total, parcial o moroso de las obligaciones a cargo de una de las partes de aquél”. Como es bien sabido, los contratos se celebran para ser cumplidos al tenor de lo estipulado. Como consecuencia del carácter vinculante del negocio jurídico, las partes se encuentran obligadas a ejecutar sus prestaciones en forma íntegra, efectiva y oportuna. Si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía. El cumplimiento tardío de la obligación implica que el deudor satisfizo la prestación debida, pero por fuera del plazo pactado. En cambio, el incumplimiento total o parcial de las obligaciones involucra que el deudor se abstuvo de cumplir con el objeto o que no logró satisfacer la obligación, ya sea en cantidad, calidad o contenido, aunque lo haga dentro o fuera del plazo. Bajo el anterior contexto, la Sala considera que el cumplimiento tardío de las obligaciones de entrega de informes a cargo de la UT (…) no configura un incumplimiento contractual que permita hacer efectiva la cláusula penal establecida en el contrato, pues su efectividad quedó sujeta únicamente al incumplimiento parcial o total de las obligaciones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 22 de mayo de 2013, exp. 22090, C.P. Enrique Gil Botero. Sobre el carácter vinculante de los contratos, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, profrida el 24 de enero de 2024, exp. 61269, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre los eventos en los que se puede hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento del contrato, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 11 de diciembre de 2024, exp. 61604, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / ERROR ARITMÉTICO / PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / CORRECCIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO / CORRECCIÓN POR ERROR POR CAMBIO, OMISIÓN O ALTERACIÓN DE PALABRAS EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL / PROCEDENCIA DE LA CORRECCIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO / ACUERDO DE VOLUNTADES / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente modificar la sentencia de primera instancia para corregir los errores formales contenidos en la parte resolutiva, relacionados con el número y la fecha de terminación del contrato objeto de liquidación judicial, aun cuando en el recurso de apelación no se cuestionaron los valores reconocidos en dicha liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En su recurso de apelación, el departamento advirtió que el Tribunal a quo liquidó un contrato distinto al del objeto del litigio, pues en la parte resolutiva del fallo se resolvió liquidar judicialmente el contrato No. 1966 de 2014 -que corresponde al de obra- y no el contrato No. 1990 de 2014 -que corresponde al de consultoría-. Al efecto, la Sala observa que, en la sentencia de primera instancia, si bien el Tribunal a quo señaló que el contrato a liquidar era el de consultoría y, además, trajo al caso la información relacionada con este contrato, a efectos de numerar el acuerdo de voluntades a liquidar hizo alusión al contrato de obra, esto es, al contrato No. 1966 de 2014, por lo que habrá de modificarse formalmente la sentencia a efectos de señalar que el contrato a liquidar corresponde al No. 1990 de 2014. De igual manera, se modificará lo atinente a la fecha de terminación del contrato, pues en la parte resolutiva del fallo de primera instancia se indicó que esta ocurrió el 23 de septiembre de 2016, cuando en realidad las pruebas enseñan que la misma tuvo lugar el 26 de septiembre de esa misma anualidad, según el acta de terminación del contrato. Finalmente, cabe destacar que, a pesar de que el Tribunal indicó que el valor a liquidar a favor de la parte demandada surgía de lo expuesto por los peritos en su experticia, también lo es que dicha diferencia encontró sustento en la información contenida en el acta de recibo parcial y en el proyecto de acta de liquidación del contrato. Al margen de lo anterior, la Sala no entrará a pronunciarse respecto de las sumas reconocidas en la liquidación judicial efectuada en la sentencia apelada, pues frente a las mismas el Departamento en su recurso de apelación no formuló reparo de fondo alguno. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar que la UT (…) incumplió el contrato, particularmente en cuanto a entregar de forma tardía los informes mensuales y semanales de interventoría. Igualmente, corregirá de forma lo atinente al número del contrato a liquidar -contrato No. 1990 de 2014-, así como su fecha de terminación.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, aun cuando el recurso de apelación que formuló prosperó de manera parcial?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (…) Bajo este entendido, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, pues el recurso de apelación promovido por la parte demandante prosperó de forma parcial, al punto que habrá lugar a modificar la sentencia apelada para declarar que la parte demandada cumplió tardíamente la obligación en torno a presentar los informes mensuales y semanales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-07-14. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 85001233300020190004601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020190004601-68719-sentencia).
