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Consejo de Estado Providencia

Se debe revocar la decisión de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020160032501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque el contratista demandante, no cumplió oportunamente con el trámite y soportes, exigidos en el procedimiento previsto para el recobro de los gastos, preestablecido contractualmente? Sí
Cuando el contratista no presenta oportunamente los soportes de un recobro dentro del procedimiento preestablecido en el contrato, pierde el derecho al reembolso, pues las partes están obligadas a cumplir los plazos y requisitos pactados. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el procedimiento contractual exige iniciar el recobro al terminar los diagnósticos o las reparaciones, sustentar los gastos con soportes ante la entidad contratante y presentar los documentos dentro del plazo máximo, so pena de rechazo. Segunda, el contratista no justificó oportunamente los gastos ante la entidad contratante, y solicitó plazos adicionales que fueron concedidos hasta una fecha determinada. Tercera, los soportes se entregaron después de esa fecha, cuando la solicitud ya era extemporánea, sin que la intervención del ente territorial a favor del contratista subsanara el incumplimiento. En consecuencia, la providencia revoca la decisión de primera instancia, porque el demandante no acreditó la entrega oportuna y completa de los soportes. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La parte demandante resultó vencida –se revocó totalmente la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, por lo tanto, asumirá las costas procesales de ambas instancias…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190046401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales? ¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños… ¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Nulidad insaneable: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 88001233300020230001102 Controversias contractuales
¿La participación y voto de la magistrada que manifestó impedimento no aceptado configura una nulidad insaneable conforme al artículo 136 del CGP? No
El contratista interpone recurso de apelación alegando una nulidad insaneable dentro del proceso judicial por la manifestación de impedimento de la magistrada ponente cuyo cónyuge habría formado parte de la interventoría del contrato objeto del litigio, situación que no configura nulidad insaneable al no subsumirse en las causales previstas de manera taxativa en el parágrafo del artículo 136 del CGP ni constituir la causal del numeral 1 del artículo 141 del CGP. Asimismo, el juez verifica el cumplimiento de los presupuestos procesales para dictar sentencia al exigir que en las controversias contractuales contra los actos administrativos de terminación del contrato se acredite el agotamiento previo del trámite de conciliación extrajudicial y la indicación de las normas violadas junto con el concepto de su violación, so pena de proferir una sentencia inhibitoria, conforme a las reglas aplicables en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.síntesis automática
También resuelve: ¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para admitir y resolver el recurso de la aseguradora coadyuvante respecto de pretensiones declarativas de nulidad de actos de terminación del contrato… ¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023 cuando faltan conciliación extrajudicial… ¿Debía el contratista acreditar el cumplimiento de las obligaciones de gestión social para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 85001233300020190004601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Sí
Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales… ¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso? ¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es válido pactar cláusulas que condicionen la remuneración del interventor al avance del contrato objeto de supervisión.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-07-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020190063001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es jurídicamente válido y eficaz que en los contratos de interventoría se pacte una cláusula que condicione total o parcialmente la remuneración del interventor al avance o cumplimiento del contrato objeto de supervisión, conforme a la interpretación mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado? Sí
El contratista celebra contratos de interventoría cuya remuneración se vincula al avance o cumplimiento del contrato principal de obra pública supervisado. La posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostiene que es válido y eficaz pactar un porcentaje del pago del contrato de interventoría sujeto al cumplimiento del contrato vigilado, reconociendo la legalidad de las cláusulas contractuales que supeditan dicho pago al desarrollo de las actividades de interventoría, a la ejecución de la obra pública en construcción y a los registros asentados en la bitácora de obra pública conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corporación.síntesis automática