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SUPERVISOR DEL CONTRATO

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Consejo de Estado Providencia

Debe rechazarse la práctica de la prueba testimonial cuando la parte que la solicita no enuncia concretamente los hechos objeto de prueba.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020230027901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse la práctica de la prueba testimonial cuando la parte que la solicita no enuncia concretamente los hechos objeto de prueba? Sí
El contratista no puede obtener la práctica de la prueba testimonial si no enuncia con claridad los hechos específicos que pretende probar, ya que esta exigencia es necesaria para garantizar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba. Además, si la información que se busca obtener mediante el testimonio ya está disponible en el expediente a través de documentos presentados por las partes, la prueba resulta inútil y no debe ser admitida. La Sala confirmó que la falta de concreción en la petición de prueba testimonial y la existencia previa de la información en el expediente justifican la improcedencia del decreto de prueba, lo que implica que las partes deben presentar solicitudes de prueba bien fundamentadas y dirigidas a obtener información no ya disponible.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe rechazarse la práctica de un testimonio solicitado como prueba cuando la información que se pretende obtener ya obra en el expediente mediante documentos allegados por las partes?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las pruebas enunciadas se encuentran direccionadas a respaldar la defensa del llamamiento en garantía

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-01-16 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020210026601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hay lugar a decretar el dictamen pericial y los testimonios solicitados por el llamado en garantía? Sí
El llamado en garantía tiene derecho a solicitar y obtener pruebas pertinentes para su defensa, incluyendo dictámenes periciales y testimonios, siempre y cuando estas pruebas estén relacionadas con la ejecución del contrato y no solo con la demanda principal, lo que garantiza el debido proceso y la efectiva defensa del llamado. La Sala revoca la decisión que denegó estas pruebas, ordenando al a quo que determine el cuestionario para el perito y fije la fecha para los testimonios, en cumplimiento de los artículos 219 y 212 del Código General del Proceso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra los autos dictados en primera instancia por tribunales administrativos, conforme a los artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra los autos dictados en primera instancia por tribunales administrativos?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 reafirmó dicha competencia y la extendió inclusive a la posibilidad de tasar los perjuicios

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020190309001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia de la administración para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías del contrato, está sujeta al plazo de ejecución del mismo, por lo que, los actos administrativos demandados que contienen dichas decisiones se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia temporal? No
El contratista no puede impugnar los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal declara el incumplimiento del contrato y hace efectivas la garantía única y la cláusula penal pecuniaria por falta de competencia temporal o falsa motivación, ya que la ley no limita el ejercicio de dicha competencia a la vigencia del contrato y las pruebas demuestran que el contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales. La Sala reitera que la entidad estatal puede declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectivas las garantías del mismo incluso después de vencido el plazo del contrato, siempre y cuando su finalidad sea obtener el pago de la garantía y la cláusula penal. Además, la Sala confirma que la entidad estatal puede desestimar la falsa motivación del acto administrativo si las pruebas aportadas demuestran el incumplimiento del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos administrativos mediante los cuales Indeportes Antioquia declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva la garantía única y la cláusula penal pecuniaria… ¿Hay lugar a reducir proporcionalmente el valor de la cláusula penal pecuniaria, debido a que, según la demandante, el incumplimiento del contrato no fue total? ¿Procede la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación en el medio de control de controversias contractuales, esto es…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se debe indicar que la cláusula penal está regulada en el artículo 1592 del Código Civil

Sentencia — Sentencia 2025-03-21 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 54001233300020180008401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública? ¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna? ¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva de éstos

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020170021401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al suscribir las partes un acta de liquidación bilateral sin incluir salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos, quedan jurídicamente vinculadas por el carácter declarativo y liberatorio del finiquito, de modo qué se presume la inexistencia de inconformidades y se limita la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma? Sí
El contratista y la entidad estatal quedan jurídicamente vinculados por el carácter declarativo y liberatorio del acta de liquidación bilateral, presumiéndose la inexistencia de inconformidades y limitándose la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma, siempre que no se incluyan salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos. La liquidación del contrato no solo implica un cruce de cuentas, sino un ejercicio de verificación técnica, económica y administrativa que establece un balance económico y jurídico del pacto concluido, con efectos vinculantes y liberatorios cuando las partes logran un acuerdo. Dado que el acta de liquidación es un negocio jurídico, las salvedades deben quedar expresas y concretas en el documento para revelar aspectos no objeto de acuerdo, y su ausencia implica el acatamiento al contenido y efectos del finiquito suscrito. Esta exigencia de orden material se alza frente a sucesos posteriores desconocidos por las partes al celebrar el acta, permitiendo reclamaciones jurisdiccionales únicamente por eventos posteriores e inicialmente desconocidos.síntesis automática
También resuelve: ¿Al no existir una salvedad expresa, concreta y relacionada con hechos conocidos al momento de suscribir el acta de liquidación… ¿Procede el estudio de las reclamaciones traídas al proceso, por tratarse de situaciones sorpresivas que exceptuaban a la USPEC de consignar las salvedades correspondientes en el acta de liquidación… ¿Debe imponerse la condena en costas a la parte demandante, bajo el régimen objetivo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No es posible tener por acreditado el cabal cumplimiento de las obligaciones que adquirió el consorcio

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 44001234000020140000101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra? ¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa? ¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Constituye incumplimiento contractual y vulneración al principio de buena fe que el contratista reporte precios superiores a los efectivamente pagados a las aerolíneas en desarrollo de una orden de compra celebrada en el marco de un acuerdo marco de precios.

Sentencia — Sentencia 2025-12-02 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020200031101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Constituye incumplimiento contractual y vulneración al principio de buena fe que el contratista reporte precios superiores a los efectivamente pagados a las aerolíneas en desarrollo de una orden de compra celebrada en el marco de un acuerdo marco de precios? Sí
El contratista incumple el contrato y viola el principio de buena fe al reportar precios superiores a los efectivamente pagados a las aerolíneas en desarrollo de una orden de compra dentro de un acuerdo marco de precios, ya que dicha práctica altera el precio que la entidad compradora debía pagar por cada tiquete aéreo, según establece la cláusula 8 del acuerdo marco. La entidad pública puede prescindir de una verificación adicional con el contratista cuando cuenta con pruebas documentales emitidas por terceros que respaldan los valores cobrados, lo que permite valorar el informe final de supervisión sin necesidad de nuevas verificaciones. En casos donde se acredita la existencia de perjuicios pero no se puede cuantificar su monto con certeza, el juez puede condenar en abstracto al contratista para lograr la reparación integral del daño sufrido por la entidad estatal. Colombia Compra Eficiente no está facultada para declarar el incumplimiento de una orden de compra derivada de un acuerdo marco de precios, limitándose su competencia al acuerdo marco en sí. Se condena en costas en ambas instancias a la parte demandada conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede una entidad pública, al valorar un informe de supervisión contractual, prescindir de una verificación adicional con el contratista cuando cuenta con pruebas documentales emitidas por terceros… ¿Puede el juez condenar en abstracto al contratista cuando se ha acreditado la existencia de perjuicios, pero no es posible cuantificar su monto con certeza en la etapa de decisión? ¿Está Colombia Compra Eficiente facultada para declarar el incumplimiento de una orden de compra derivada de un acuerdo marco de precios?
REVOCA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

El certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor constituye un reconocimiento formal de la entidad sobre la adecuada ejecución contractual, que impide posteriormente desconocer el derecho del contratista al pago íntegro de los servicios verificados.

Sentencia — Sentencia 2026-05-15 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLON Rad. 25000233600020190021500 ACCION CONTRACTUAL
¿Incumplió la Unidad Nacional de Protección las obligaciones de pago derivadas de los contratos de prestación de servicios 629 y 630 de 2015, suscritos con la Unión Temporal Seguridad Total, como consecuencia: (i) de la aplicación de glosas o descuentos de facturación mediante notas crédito durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016, que no fueron reconocidas en las actas de liquidación bilateral y que habrían generado saldos pendientes de pago por concepto de servicios de esquemas fijos y personal de relevos por valor de $408.723.642,oo en el contrato 629 de 2015 y $444.186.526,oo en el contrato 630 de 2015; (ii) de la negativa al reconocimiento y pago de la incidencia salarial de los viáticos generada por desplazamientos superiores a tres días en el mismo mes calendario, por valor de $(...); y (iii) de un error de cálculo en la liquidación de los intereses de cesantías que habría generado una diferencia a cargo de la entidad por valor de (...)? Sí
El contratista no incumple cuando la entidad estatal aplica glosas o descuentos de facturación mediante notas crédito durante la ejecución del contrato, si estos descuentos no están fundamentados en observaciones técnicas y contractualmente sustentadas sobre la calidad o existencia de los servicios prestados, sino que obedecen a causas ajenas al contratista, como deficiencias administrativas internas de la entidad. En este caso, la Unidad Nacional de Protección aplicó descuentos sin fundamento técnico ni contractual, trasladando al contratista las consecuencias de su propia desorganización administrativa, pese a que los supervisores certificaron que el servicio se prestó a entera satisfacción. Además, la entidad incumplió al negarse a reconocer y pagar la incidencia salarial de los viáticos por desplazamientos superiores a tres días en el mismo mes calendario, según criterio laboral establecido. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el incumplimiento del contrato estatal por la administración, estableciendo que los descuentos deben estar justificados técnicamente y no pueden ser consecuencia de la mala gestión interna de la entidad.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Se debe precisar que el ordenamiento jurídico da especial importancia al derecho de probar, pues señala que las partes pueden “presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra”, se impone la carga “onus probandi” de acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-06-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200029601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad? ¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio? ¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020170020701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago? ¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el… ¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No puede un juez de segunda instancia pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020200002601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede un juez de segunda instancia pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia, ya que la carga argumentativa del recurso de apelación requiere que el recurrente no se limite a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, sino que debe presentar una fundamentación específica que permita al tribunal del segundo grado delimitar su competencia. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia al constatar que el apelante no cumplió con esta carga argumentativa, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar el fondo del asunto. Esta decisión reitera la importancia de la carga argumentativa en el recurso de apelación y limita la competencia del juez de segunda instancia cuando no se cumplen con los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Es válida la liquidación unilateral de un convenio interadministrativo si se realiza dentro del término de dos años posterior a la expiración del plazo contractual? ¿Puede considerarse debidamente motivada una resolución de liquidación unilateral sustentada en el informe de supervisión, sin que medie pronunciamiento previo de la Contraloría General? ¿Procede la condena en costas contra el recurrente al no haber prosperado la apelación?
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Liquidación del contrato estatal

68001233300020170021401 de 2025 2026-03-03 Rad. 68001233300020170021401
El contratista no puede acudir a la jurisdicción para revisar reclamaciones no incluidas como salvedades en el acta de liquidación bilateral del contrato estatal, ya que dicha acta tiene efectos vinculantes y liberatorios para las partes. Sin embargo, se configura una excepción a este deber de consignar salvedades cuando las reclamaciones se basan en hechos nuevos o desconocidos por las partes al momento de suscribir el acta, lo que permite el examen judicial de dichas pretensiones. En este caso, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, negando las pretensiones del contratista por no haber incluido las salvedades correspondientes en el acta de liquidación, lo que impide el estudio de las reclamaciones en sede judicial.síntesis automática
También resuelve: Liquidación del contrato estatal: naturaleza, contenido, liquidación convencional, liquidación unilateral Liquidación bilateral del contrato estatal: inclusión de salvedades, presupuesto material, no requisito de procedibilidad para la jurisdicción, características de las salvedades Responsabilidad de los servidores y contratistas: responsabilidad de los contratistas, responsabilidad civil y penalmente, Ley 80 de 1993 artículos 52 y 53
Consejo de Estado Providencia

Recusación: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020210012601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación formulada contra una funcionaria constituye un vicio de forma que invalida los actos administrativos expedidos? No
El contratista no puede invalidar los actos administrativos basándose en la omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación, ya que la entidad estatal detalló las razones por las cuales se adoptó la decisión y no se extralimitó u omitió sus funciones, además de que la recusación fue resuelta posteriormente. La entidad administrativa no está obligada a tramitar reiterativamente recusaciones con fundamentos sustancialmente similares, según el artículo 19 del CPACA, lo que no vulnera el procedimiento administrativo. Asimismo, la elaboración de un informe de presunto incumplimiento por parte de un contratista, dirigido al supervisor del contrato, no vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales o altere el sentido de la decisión. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo que no toda irregularidad en el trámite administrativo configura una causal de nulidad, sino que debe ser jurídicamente relevante y afectar derechos fundamentales o el sentido de la decisión.síntesis automática
También resuelve: ¿La reiteración sustancial de los fundamentos de una recusación exime a la entidad administrativa de tramitarla conforme al artículo 12 del CPACA? ¿Vulnera el procedimiento administrativo la autoridad que se remite a respuestas anteriores cuando enfrenta recusaciones reiterativas ya resueltas? ¿Vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio el hecho de que el informe de presunto incumplimiento haya sido elaborado por un contratista y no directamente por el supervisor del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020190050102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve: ¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad? ¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato? ¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020240033001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el seguro de cumplimiento como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento del siniestro? Sí
El contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato estatal, y en caso de incumplimiento, la entidad estatal como beneficiaria del seguro de cumplimiento tiene la obligación de reconocer el siniestro y notificarlo al asegurador dentro del término legal. Según el artículo 1081 del Código de Comercio, la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinariamente en dos años desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del siniestro. La entidad estatal, al tener la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del contrato, debe actuar con diligencia y notificar cualquier incumplimiento en tiempo y forma. Si la entidad estatal conoce del siniestro pero no lo notifica oportunamente, la prescripción puede ocurrir antes de que el asegurador pueda actuar, lo que implica que la entidad estatal debe ser diligente en su vigilancia y control del contrato para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve: ¿La prescripción del contrato de seguro no solo se cuenta desde que el interesado conoce el siniestro sino también desde cuando debió haberlo conocido? ¿El término de los dos años que prevé la norma ya había fenecido para el momento en que se emitió la resolución que declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento y, por ende… ¿No se discute la responsabilidad del contratista frente a la aseguradora derivado del contrato sino la extinción del derecho del asegurado a cobrarle a la compañía de seguros?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090087102 ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve: ¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados? ¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado? ¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020190053302 LEY 1437 REPETICION
¿La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan dicho tratamiento preferente? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación a los procesos de repetición basándose en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan este tratamiento preferente, lo que permite descongestionar los despachos judiciales y acelerar la resolución de casos relevantes. La Sala confirma que la demandante acredita los presupuestos de la acción de repetición, incluyendo la existencia de una condena judicial, el pago efectivo y la calidad de agentes estatales de los demandados, además de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos, lo que implica que la entidad estatal puede derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales involucrados en la inejecución del contrato. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la procedencia del medio de control de repetición y la valoración de la conducta del agente del Estado, facilitando su aplicación en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante acredita los tres primeros presupuestos de la acción de repetición para derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales vinculados al contrato cuya inejecución… ¿El régimen legal aplicable en este caso corresponde a la Ley 678 de 2001, aunque la demanda no indicó alguna de sus presunciones y solo atribuyó culpa grave a los accionados? ¿Resulta demostrada la culpa grave del [gerente uno], en su calidad de gerente del Hospital El Tunal Nivel III ESE entre 2005 y 2008…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave inherente al medio de control de repetición resulta aplicable a contratistas

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020180001002 LEY 1437 REPETICION
¿El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave inherente al medio de control de repetición resulta aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores, siempre que el hecho en virtud del cual se llame a responder, y que constituya un incumplimiento del contrato, haya acaecido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001? Sí
El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave propio del medio de control de repetición se aplica a contratistas, interventores, consultores y asesores cuando el hecho que da lugar a la responsabilidad, y que constituye incumplimiento del contrato, ocurrió después de la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, según el artículo 38 numeral 2 de la Ley 153 de 1887. Si los hechos son anteriores, la repetición resulta improcedente y el asunto se tramita por controversias contractuales, bajo los artículos 4 numeral 7 y 52 de la Ley 80 de 1993 y el Código Civil. Una razón es que el criterio temporal define el régimen aplicable al hecho generador de la responsabilidad. Otra razón es que en el caso el agente fue llamado a responder por el incumplimiento de un contrato de interventoría suscrito en diciembre de 2002, cuyos hechos fueron posteriores a la vigencia de esa ley. La Subsección confirmó la decisión y declaró aplicable la Ley 678. La providencia reitera el criterio de la Subsección, citado en notas de relatoría; su consecuencia práctica es que la fecha de los hechos incumplidos, y no la del contrato, determina si la repetición es procedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 resultan aplicables al proceso, toda vez que los hechos ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho mandato? ¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los 18 meses siguientes al pago de la condena? ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
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Consejo de Estado Providencia

No se acreditó la demora injustificada en la firma del acta de inicio por parte del contratante

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170146201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó la demora injustificada en la firma del acta de inicio por parte del contratante? No
La Sala empieza por señalar que el contratista tramitó oportunamente la póliza una vez se perfeccionó el contrato, pero al hallar ciertos errores de fechas, la Universidad pidió su corrección en enero y febrero; así las cosas, el tiempo que transcurrió en este trámite fue producto de ajustes que el contratista efectuó el 27 de enero de 2015, periodo justificado, incluso si se considera el error en que al parecer incurrió la Universidad el 3 de febrero al pedir otra corrección, de manera que, al menos por ese lapso, no hay reproches relevantes que endilgar a la contratante bajo la tesis de que se presentó una demora de tres meses en la firma del acta de inicio.
También resuelve: ¿Se acreditó el incumplimiento de obligaciones por parte del contratante durante la ejecución del contrato de procesamiento bibliográfico? ¿El dictamen pericial debe exponer la metodología usada y tener coherencia con el objeto de su decreto para que proceda su valoración? ¿Es improcedente la tacha de testigos por quien solicitó la prueba?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El IDU incumplió el pago de unas facturas

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150263002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel? ¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato? ¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
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