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¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de prestación de servicios No. 000995 del 2019, con reconocimiento del saldo a favor del contratista, Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda., por la suma de $502.614.130,oo, a cargo del Departamento de Amazonas? No
El contratista no puede liquidar judicialmente el contrato de prestación de servicios por falta de evidencia que demuestre el cumplimiento de los servicios de vigilancia en las fechas y sedes especificadas, ya que la cláusula del contrato establece que el supervisor designado debe emitir una certificación y cada sede debe expedir una acta de satisfacción del servicio, documentos que no fueron presentados en el expediente. Además, la aportación de las contribuciones al Sistema de Seguridad Social no es suficiente para acreditar el cumplimiento del contrato, ya que estas son obligaciones legales independientes del mismo. La entidad estatal solicitó la liquidación en cero del contrato, por lo que no se reconoce ningún valor a favor del contratista. Esta sentencia reitera la importancia de cumplir con los requisitos establecidos en el contrato para la liquidación judicial y rechaza la pretensión de liquidación por falta de evidencia del cumplimiento del contrato.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-07-09Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 68001233300020250039101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales una vez vencidos los plazos de liquidación contractual? Sí
El demandante acude nuevamente ante la jurisdicción contencioso administrativa tras haberse emitido una sentencia inhibitoria anterior en el litigio contractual. Una sentencia inhibitoria no hace tránsito a cosa juzgada, lo que, en principio, permite que el demandante acuda nuevamente ante la jurisdicción, pero ello no significa que la nueva demanda quede exenta del cumplimiento de los presupuestos procesales exigidos por el ordenamiento jurídico para su procedencia. En particular, el medio de control debe ejercerse dentro del plazo legalmente previsto, pues el fenómeno de la caducidad se configura de manera objetiva e inexorable, con independencia de las vicisitudes procesales que hayan ocurrido en procesos anteriores, constituyendo una institución jurídica de orden público que opera ipso iure para evitar la indefinición de las controversias.síntesis automática
También resuelve:¿Procede un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de liquidación judicial del contrato orientadas al reconocimiento económico de los valores del acta de obra No. 15…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-11-25Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180111402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de aclaración presentada por la parte demandada cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 285 del CGP para que el juez pueda aclarar, corregir o adicionar la sentencia, considerando que la decisión ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva? No
El juez no puede aclarar, corregir o adicionar una sentencia cuando ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso. En este caso, la sentencia ya incluyó el rubro solicitado por la parte demandada en la parte motiva, por lo que la solicitud de aclaración no cumple con los presupuestos establecidos para tal procedimiento. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la aclaración solo es procedente en casos de errores u omisiones en la sentencia o cuando existen conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva. Esta decisión limita la posibilidad de que las partes soliciten aclaraciones innecesarias o que no cumplan con los requisitos legales establecidos.síntesis automática
¿Se presentó incumplimiento en la ejecución del Convenio 1102 de 2017 suscrito entre Ministerio del Deporte y el Municipio de Vergara Cundinamarca? Sí
… el contrato estatal presupone un acuerdo de voluntades, es de contenido económico, de carácter solemne, a título oneroso y con dos elementos fundamentes: el carácter recíproco de sus prestaciones, al igual que el conmutativo en la relación.
25000233600020210026901 de 20252025-07-30Rad. 25000233600020210026901
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato estatal si no existe un conflicto entre las partes, ya que la liquidación unilateral es una prerrogativa legal de la administración y no un acuerdo convencional, por lo que el juez debe verificar la existencia de un conflicto real antes de resolver el litigio. Además, la pretensión de liquidación judicial debe estar acompañada de razones de hecho que clarifiquen el litigio y las consecuencias jurídicas buscadas. En este caso, la Sala revocó la sentencia del tribunal de primera instancia, negando las pretensiones del consorcio y condenándolo en costas, debido a la falta de congruencia en la decisión del tribunal y la ausencia de un conflicto real entre las partes. Esta decisión reitera la importancia de la verificación del conflicto y la congruencia en la resolución de controversias contractuales estatales.síntesis automática
También resuelve:Estatuto general de contratación de la administración pública: contrato estatal, artículo 13 de la ley 80 de 1993, derecho común, acuerdos entre las partesLiquidación judicial del contrato estatal: improcedencia de la liquidación judicial del contrato –pretensiones de la demanda, medio de control de controversias contractuales, objeto del litigio, pretensión litigiosaPretensiones de la demanda: formulación de las pretensiones de la demanda, fundamentos de hecho, litigio, objeto del litigio
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, dado que la cuantía del asunto y su naturaleza le confieren competencia a la corporación para resolver el recurso de apelación. Además, el medio de control de controversias contractuales fue interpuesto oportunamente, considerando la suspensión de términos por la conciliación prejudicial y la pandemia del COVID-19, lo que implica que no ha operado la caducidad del mismo. Sin embargo, la liquidación judicial del contrato estatal no resulta viable debido a la insuficiencia probatoria, ya que el expediente no acredita el alcance real de la ejecución ni los soportes aportados fueron glosados en actos administrativos cuya legalidad no fue cuestionada, lo que implica la improcedencia de reconocer saldos al contratista en sede judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al 15 de junio de 2018…¿La liquidación del contrato tenía por finalidad establecer el estado económico final de las partes, determinar las acreencias y los saldos pendientes derivados de su ejecución y finiquitar el…¿Puede el juez liquidar judicialmente un contrato estatal y reconocer saldos al contratista cuando el expediente no acredita el alcance real de la ejecución y los soportes aportados fueron glosados…
¿Hay lugar a declarar el incumplimiento contractual de la Consorcio Interventoría Hospital Meissen respecto del Contrato 0176 de 2006 que tuvo por objeto “la Interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción, ampliación, intervención del espacio público y suministro de equipos para Hospital de Meissen II Nivel ESE”? No
No procede declarar el incumplimiento del interventor cuando este ejecutó las obligaciones de interventoría técnica, administrativa y financiera y la parte demandante no acreditó la atribución de la obligación incumplida ni existió requerimiento durante la ejecución. La regla se sostiene en tres razones: los informes, las actas de comité de obra y los requerimientos al contratista de obra demuestran que las obligaciones de control fueron cumplidas y comunicadas a la entidad contratante; la alegación de dolo y concertación entre el interventor y el contratista carece de prueba y se reduce a afirmaciones sin sustento; y sin incumplimiento declarado no existe solidaridad entre los integrantes del consorcio, sobre todo cuando la demandante renunció a demandar a las personas naturales. Por ello, las pretensiones de declaratoria de incumplimiento, de solidaridad y de ocurrencia de siniestros carecen de fundamento. La negativa de las pretensiones se fundamenta en la prueba del cumplimiento de la interventoría.síntesis automática
(i) Determinar si el Instituto de Desarrollo Urbano incumplió el contrato de obra IDU 1765 de 2021, suscrito con el Consorcio Construcción Vial 027, al no suministrar los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones de las empresas de servicios públicos y/o terceros, y/o si no definió y armonizó los cronogramas de ejecución con la empresa de acueducto. (ii) Establecer si hay imposibilidad de continuar con el objeto contractual y en consecuencia declarar la terminación anticipada del Contrato de Obra IDU 1765 de 2021. Sí
El contratista puede declarar la terminación anticipada del contrato de obra pública cuando la entidad estatal incumpla con la entrega de los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones necesarias, y no defina y armonice los cronogramas de ejecución con las empresas de servicios públicos, lo que impide el inicio de la fase de construcción. La Sala establece que el incumplimiento de la entidad demandada en proveer los estudios y diseños aprobados, que son insumos esenciales para la ejecución de la obra, genera la imposibilidad de continuar con el objeto contractual, conllevando la terminación anticipada del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la responsabilidad contractual del Estado y la necesidad de cumplir con los estudios previos al contrato estatal, y tiene implicaciones en la liquidación judicial del contrato y la acreditación de perjuicios y sobrecostos.síntesis automática
¿Está probado el incumplimiento del contratista de los requisitos pactados para recibir el pago por la obra ejecutada? Sí
El contratista no tiene derecho a recibir el pago por la obra ejecutada si no demuestra el cumplimiento de los requisitos pactados, como el pago de salarios y cotizaciones a seguridad social, y la aprobación del interventor. La Sala establece que el incumplimiento de estos requisitos impide la exigibilidad del pago, independientemente de la denominación legal que se le dé a la excepción. Además, la falta de pruebas que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y la entrega de informes técnicos por parte del contratista impide la liquidación judicial del contrato y la deducción de las deudas pendientes. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los términos del contrato para hacer exigible el pago y subraya la necesidad de aportar pruebas suficientes para demostrar el cumplimiento de las condiciones pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la liquidación del contrato y deducir las deudas que tiene el consorcio con sus empleados y las cotizaciones a seguridad social que quedaron pendientes pago?¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas y la fijación de agencias en derecho?
¿Se configuró la causal de nulidad absoluta del contrato por prohibición legal? No
Los contratos que trasladan a particulares la administración, fiscalización o cobro de impuestos territoriales están viciados de nulidad, pues esas facultades no pueden trasladarse válidamente, pero no todo contrato con un particular que se relacione con tributos configura esa causal. La regla se apoya en la jurisprudencia según la cual la asignación de funciones administrativas a particulares no puede vaciar la competencia propia de las entidades del Estado, y en que la prohibición legal posterior no se aplica de forma automática a negocios anteriores. Por ello, la nulidad exige que el objeto del contrato implique efectivamente la delegación de esas facultades. En el asunto, la Sala revocó parcialmente la sentencia al concluir que no se configuraba una causal de nulidad absoluta del contrato, porque el objeto no trasladaba la gestión tributaria. En la práctica, la nulidad por delegación tributaria depende del contenido real del objeto contractual y no de su mera relación con los tributos.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los elementos para liquidar el contrato y reconocer saldos en favor del contratista?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales dentro del término legal, en la medida en que el plazo general del contrato se cumple y las partes convenzan la liquidación bilateral dentro del plazo establecido, y la entidad estatal no es exigible agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, conforme al inciso segundo del artículo 613 del Código General del Proceso. En este caso específico, la demanda fue presentada el 6 de junio de 2023, después de la liquidación del contrato y dentro del plazo legal, lo que permitió que la Sala confirmara la oportunidad del medio de control. Sin embargo, la Sala encuentra que no se ha probado el incumplimiento del contratista, ya que no se presentó la documentación necesaria para establecer las obligaciones efectivamente acreditadas y el cumplimiento de las mismas. Por tanto, la cláusula penal pecuniaria no resulta procedente por falta de acreditación del incumplimiento del contratista, y no procede la actualización monetaria del saldo a favor de la entidad estatal correspondiente a los recursos no comprometidos en la ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra probado el incumplimiento de la sociedad Perazza S.A.S. respecto de las obligaciones asumidas en el Contrato No. FNTC-005-2021?¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato y amparada por la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.?¿Resulta procedente actualizar monetariamente el saldo a favor de Fontur correspondiente a los recursos no comprometidos en la ejecución del Contrato No. FNTC-005-2021?
¿Cuáles son los parámetros para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? Sí
La Subsección Competencia para la Resolución del Recurso de Apeal establece que el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en controversias contractuales, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el proceso en primera instancia en razón de la cuantía, según el numeral 5 del artículo 152 del mismo código.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda el acto administrativo contractual que impone una multa?¿Al imponer la multa el acreedor puede continuar exigiendo la obligación principal, sin que el cumplimiento del contratista, generado como consecuencia de la conminación…¿Cuando vence el plazo de ejecución del contrato y el acto administrativo que impone la multa que no ha quedado en firme, pierde el carácter conminatorio la multa?
¿El consorcio demandado le causó perjuicios por incumplimiento de las obligaciones a su cargo a la entidad demandante, porque no alcanzó las metas de siembra, mantenimiento y reposición en la totalidad de las plantaciones acordadas, además, no amortizó el anticipo a la entidad demandante? Sí
El contratista es responsable por los perjuicios causados a la entidad estatal debido a su incumplimiento en la ejecución del contrato, ya que no alcanzó las metas de siembra, mantenimiento y reposición de plantaciones acordadas, además de no amortizar el anticipo recibido. A pesar de la demora inicial en la entrega de plántulas por parte de un proveedor, el contratista omitió realizar las actividades esenciales para cumplir con sus obligaciones, como la preparación de terrenos, capacitación de beneficiarios y entrega de insumos, lo que impidió alcanzar las metas establecidas. La entidad estatal no puede ser responsabilizada por la falta de diligencia del contratista, lo cual se ajusta al principio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans". Además, la entidad no está obligada a incluir en la liquidación judicial del contrato el valor de las hectáreas resembradas por el contratista, ya que superaron el límite contractualmente previsto sin autorización. Finalmente, la condena impuesta al contratista debe ser indexada para su actualización, lo que implica ajustar el valor de la condena según los índices de precios al consumidor vigentes en las fechas relevantes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe incluirse en la liquidación judicial del contrato el valor de las hectáreas resembradas por el contratista, cuando superó por mucho el límite contractualmente previsto para esta prestación?¿Debe indexarse la condena impuesta al contratista en el fallo impugnado?¿Debe condenarse en costas a la parte demandada en la segunda instancia debido a que se confirmó en totalidad la sentencia de primera instancia?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que el término para iniciar el cómputo de caducidad era a partir del vencimiento del plazo que tenían las partes para realizar la liquidación del convenio, pues ninguna de ellas estaba habilitada legalmente para imponer a la otra el balance final del contrato y tampoco se pactó convencionalmente esa facultad? Sí
La parte demandante y el juez contencioso administrativo computan el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en convenios interadministrativos conforme al artículo 164 numeral 2 literal j del CPACA a partir del día siguiente al vencimiento del plazo pactado para la liquidación bilateral, cuando ninguna de las partes contaba con facultad legal o convencional para imponer unilateralmente el balance final del contrato, imponiéndose además la condena en costas procesales en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso dentro del proceso judicial correspondiente adelantado de manera formal y debida por la respectiva autoridad judicial competente en segunda instancia procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado ha realizado un cómputo diferencial del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, distinto al dispuesto por el artículo 164, numeral 2…¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Se configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no incurre en caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando presenta la demanda dentro del plazo ampliado por la liquidación del contrato y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19, lo que garantiza la oportunidad del proceso. La entidad estatal incumple el contrato de cuentas en participación al impedir el acceso al predio, cosechar y vender el fruto sin ceder el pago al gestor, y dificultar la determinación de las utilidades del cultivo, lo que justifica la liquidación judicial y el reconocimiento de derechos económicos al gestor. La Sala reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y matiza la responsabilidad del socio no gestor en contratos de cuentas en participación, estableciendo que el incumplimiento puede dar lugar a la liquidación judicial y la condena en abstracto para determinar las utilidades del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió el partícipe no gestor el contrato de cuentas en participación y en consecuencia, procede la liquidación judicial y el reconocimiento de derechos económicos al gestor?¿Es procede el reconocimiento de la cláusula penal?
Sentencia — Sentencia primera instancia2026-03-19JUZGADO ADMINISTRATIVOALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLORad. 63001233300020250007500Acción Contractual
Deberá determinar la Sala si el Municipio de Armenia incumplió el Convenio Interadministrativo 2023-0003 al no realizar los desembolsos 5 y 6 correspondientes a los productos entregados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, o si, por el contrario, dicha entidad estatal actuó legítimamente al abstenerse de pagar en razón del incumplimiento previo, grave y sustancial de la demandante. De igual manera, habrá de tenerse como problema jurídico el determinar si es posible realizar la liquidación judicial del contrato y cuáles serán sus términos; además se determine lo correspondiente al pago número 7. Sí
El contratista no puede exigir el pago de los desembolsos 5 y 6 del Convenio Interadministrativo 2023-0003, ya que la entidad estatal actuó legítimamente al abstenerse de pagar debido al incumplimiento previo, grave y sustancial del contratista. La Sala determina que el séptimo desembolso, según el modificatorio 3, quedó sujeto a la liquidación judicial del contrato, por lo que únicamente se reconoce su valor en la sentencia. No se acepta la pretensión del contratista por la suma de $754.521.654, ya que no se presentó prueba idónea que acredite que dicha cantidad representa perjuicios derivados del incumplimiento contractual. Esta decisión reitera la importancia de la prueba idónea en la determinación de perjuicios y reafirma que la liquidación judicial del contrato puede condicionar el reconocimiento de pagos pendientes.síntesis automática
¿El incumplimiento contractual declarado en el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el IDU está relacionado con las pretensiones de la demanda? Sí
El incumplimiento declarado en un procedimiento administrativo sancionatorio contractual está relacionado con las pretensiones de la demanda cuando el acto que lo declara se funda en la persistencia de deficiencias que impiden el recibo a satisfacción de la obra y en la omisión del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones de ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el procedimiento administrativo se originó en que, vencido el plazo de ejecución, no fue posible el recibo a satisfacción de las obras por infiltraciones y humedades; las consideraciones del acto sobre los descargos del contratista corroboran la persistencia de esas deficiencias y la exigencia de personal técnico adecuado; y la responsabilidad del contratista por la ejecución defectuosa se mantiene aunque la entidad haya tramitado el procedimiento. Por ello, la declaración de incumplimiento del acto administrativo es pertinente para resolver las declaraciones solicitadas en la demanda. La providencia se confirma en este punto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede declararse el incumplimiento contractual del contratista aun cuando se niegue la indemnización de perjuicios por falta de prueba de los daños alegados por la entidad contratante?¿La liquidación judicial realizada en primera instancia se ajusta a la realidad del contrato y la ejecución del mismo?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio con estado — Auto que niega las excepciones2026-06-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)JOSE ELVER MUÑOZ BARRERARad. 25000233600020250014800ACCION CONTRACTUAL
¿Es Procedente declarar probadas las excepciones previas de caducidad del medio de control de controversias contractuales, falta de integración del litisconsorcio necesario por ausencia de la CAR y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando se demanda el restablecimiento del equilibrio económico, el incumplimiento y la liquidación judicial de un contrato estatal de obra, cuyos derechos económicos fueron cedidos con posterioridad al trámite conciliatorio? No
En los contratos de obra estatales sometidos a la Ley 80 de 1993, la caducidad de las pretensiones de incumplimiento y de desequilibrio económico no se cuenta desde la ocurrencia de los hechos durante la ejecución, sino desde el vencimiento de los plazos de liquidación cuando el contrato es de tracto sucesivo y requiere liquidación. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 impone la liquidación de los contratos de tracto sucesivo; el plazo de liquidación se pactó en el contrato a partir del acta de recibo a satisfacción del supervisor, que en el caso de la obra fue el momento de finalización; y las múltiples suspensiones, prórrogas, modificaciones y adiciones hacen que la fecha de terminación del contrato no coincida con la fecha de inicio inicialmente prevista. Por ello, la excepción de caducidad propuesta con fundamento en hechos ocurridos durante la ejecución no prospera, pues el término debe contarse desde la terminación y la liquidación del contrato. La regla opera igualmente para la cesión de derechos económicos ocurrida después del trámite conciliatorio.síntesis automática
¿Se encuentra configurada alguna causal que imponga decretar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, considerando que no existe expresa prohibición legal para suscribir este tipo de negocios en forma directa, y que la presunta violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos? No
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo ni su liquidación judicial por falta de pruebas específicas y porque no existe una prohibición legal expresa para suscribir este tipo de negocios en forma directa; además, la violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos. La entidad estatal no acreditó las sumas de dinero que considera adeuda la contratista, por lo que la liquidación judicial no prospera. Esta decisión reitera que no cualquier transgresión del ordenamiento jurídico constituye causal de nulidad de los actos contractuales y que la validez de los contratos no puede estar determinada por el alcance que, a posteriori, otorgue el juez a los principios de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la liquidación judicial del convenio interadministrativo, para el reconocimiento de las sumas de dinero a favor de la entidad contratante y correlativamente a cargo de FONADE…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?