Titulación de la relatoría 37.206 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / TÉRMINO PARA RECONOCER EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL / EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONFIGURACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / ACCIÓN RELATIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / AUSENCIA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN ELEVADA / RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ORDINARIO
Problema jurídico:
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l art. 25.16 de la Ley 80 de 1993 establece que “[e]n las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo”. El art. 77 de [la] Ley 80 establece la complementariedad de su régimen con las normas del procedimiento administrativo en cuanto sean compatibles con su finalidad y principios; así, dado que el EGCAP no dispone un trámite especial para invocar el silencio administrativo en sede de la contratación estatal, resulta aplicable el art 85 del CPACA en los términos descritos, atinente a la protocolización de la decisión ficta. El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes a su presentación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el silencio administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio de 2023, rad. 56854, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; y sentencia del 12 de febrero de 2014, rad. 21576, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 Y 25 NUMERAL 16
AUSENCIA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN ELEVADA / CLASES DE PETICIÓN / INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DE LA ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD ELEVADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN / CAUSACIÓN DEL GASTO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE LA PRUEBA DEL COSTO / REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO PRESUNTO POR SILENCIO ADMINISTRATIVO / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o puede el consorcio exigir la variación de lo estipulado mediante una petición y beneficiarse del silencio de la entidad, por cuanto no se trató de un escenario que exhibiera una circunstancia existente con antelación, sino que tal petición estaba acompañada de la necesidad de incorporar recursos públicos, lo que imponía [una] apropiación de orden presupuestal para, luego, extender su formalización mediante la adición del negocio jurídico o su liquidación; pero no por cuenta de un silencio protocolizado sin respaldo sustancial. La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante, porque, [ésta] fue establecida para tornar manifiestos derechos existentes, no para crearlos o configurarlos […]. De suerte que para que proceda un reconocimiento en tal sentido es necesario la prueba de su causación y que, en ese escenario, las partes convengan su pago. [N]o se configuró un acto presunto derivado del silencio de la entidad, en favor del contratista, por lo que la Sala acompaña la decisión del Tribunal en este aspecto, y descarta este argumento de la alzada.
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTO CONTRACTUAL / ASUNTOS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHOS DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / CLASES DE ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / CRUCE DE INFORMACIÓN / AUSENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO PREVIO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL / CONCEPTO FORMAL DE ACTO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además, debe ser productora de efectos jurídicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cuando una entidad pública se expresa en curso del ámbito negocial, sus manifestaciones hacen parte de aquella dinámica comunicativa, con la precisión de que constituirá acto administrativo sólo aquella cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por su [voluntad]; además, debe ser productora de efectos jurídicos, mediante el nacimiento, reconocimiento, modificación o extinción de un derecho, un deber y/o una obligación a cargo de la otra parte del negocio. [L]as entidades regidas por el EGCAP, cuando ejercen prerrogativas de poder, como son las facultades excepcionales y las potestades unilaterales que el ordenamiento les ha atribuido frente a su contratista, expiden típicos actos administrativos. [E]l consorcio pidió la declaratoria de nulidad de tres oficios, a través de los cuales el instituto se pronunció sobre las solicitudes de reconocimiento económico por aquel formuladas. [L]os documentos enunciados evidencia[n] un diálogo entre las partes, con el cual se buscaba arribar a un entendimiento conjunto sobre los aspectos tratados, sin que de manera alguna se trate de decisiones de la administración con entidad jurídica para dar por clausurado el análisis o los acercamientos entre ellas. [Son] conversaciones de los contrayentes respecto de los pretendidos mayores costos señalados por el contratista durante la ejecución contractual, a fin de alcanzar un posible arreglo. La línea que distingue los actos de comunicación contractual de los actos administrativos permite concluir que las comunicaciones sub-examine no se inscriben en el último de estos conceptos, pues no corresponden a manifestaciones unilaterales proferidas por el IDU en ejercicio de sus atribuciones de poder público; se trata únicamente de acercamientos negociales de las partes relacionadas con un aspecto en el que existió discrepancia en el curso del contrato. [T]ampoco produjeron efectos jurídicos por sí mismas al carecer de los atributos que sólo se predican de los actos administrativos, pues no crearon, reconocieron, modificaron o extinguieron un derecho a favor del contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la distinción entre actos de comunicación contractual y actos administrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2024, rad. 57513, C. P. María Adriana Marín.
ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN TOTAL DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CALIDAD DEL PRODUCTO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO PREVIO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO / RELACIÓN CONTRACTUAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio, sin que se les pueda inscribir en la categoría de actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio, pues permiten la verificación de la cantidad, calidad y condiciones de la obra ejecutada; sin que se les pueda inscribir en la categoría de actos administrativos. Esta Subsección ha reconocido a las actas de recibo el mérito probatorio que prevé el núm. 4 del art. 2060 del C.C., según el cual la admisión de la obra por el dueño de ésta, denota su aprobación en cuanto a su conformidad externa, pero no exime al constructor de los vicios originados en razón de la técnica utilizada, los defectos del terreno, o los materiales empleados. Ante la constatación de la naturaleza del acta […], [la] Sala no accederá al reclamo atinente a la declaratoria de nulidad, por falsa motivación, de la afirmación consignada por el IDU en ella, dado que tal instrumento no constituye un acto administrativo; y bajo la lógica que informa su naturaleza, no puede anularse la manifestación de una de las partes en aquel documento pues emana del iter negocial y hace parte del compendio probatorio de lo que sucedió en los capítulos de finalización de la relación jurídica, de manera que contiene y expresa lo que cada uno de los sujetos negociales manifestó en esa oportunidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el acta de recibido final de obra pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 4 de junio de 2021, rad. 48794, C. P. María Adriana Marín; y sentencia del 1 de julio de 2025, rad. 72021, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060 NUMERAL 4
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / FUENTES DE LAS OBLIGACIONES / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / INTERVENCIÓN FORZOSA / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿El contratista no demostró la fuerza o violencia que dijo fue ejercida en su contra por el IDU, como causa desencadenante de la inclusión de las cláusulas de renuncia en los acuerdos modificatorios del negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las renuncias expresas a reclamaciones derivadas de [l]os acuerdos de extensión del plazo contractual son plenamente válidas, pues derivan de la materialización de la autonomía de la voluntad, constitutiva de fuente de obligaciones (art. 1494 C.C.) que, junto [a] la capacidad de los sujetos en el tráfico negocial, revela que son ellos los llamados a definir si el curso de la ejecución contractual [impacta] o no en el componente económico del contrato. [R]iñe con el principio pacta sunt servanda –que determina que lo pactado constituye ley para las partes–, y atenta contra la buena fe de los contrayentes, que uno de éstos, luego de suscribir un pacto modificatorio, pretenda apartarse de las condiciones bajo las cuales libre y válidamente se comprometió. [N]o es conforme a derecho restar valor a los acuerdos de renuncia acordados, o aquellos que declaran la no generación de una adición de recursos por cuenta de las prórrogas, por decisión unilateral de uno de los contrayentes, [según] dispone el art.1602 C.C.; salvo que se demuestre que aquellos acuerdos adolecen de un defecto que los torna inválidos. [E]l contratista no demostró la fuerza o violencia que dijo fue ejercida en su contra por el IDU, como factor causal y desencadenante de la inclusión de las cláusulas de renuncia en los acuerdos modificatorios del negocio bilateral que se analiza. Los vicios que afectan el consentimiento, [que] impiden que éste sea libre y espontáneo, a voces del art. 1508 del C.C., son la fuerza, el error y el dolo. La primera, que es la aducida, se refiere a la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para conducirla a expresar su aquiescencia o voluntad en la celebración de un acto o negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los vicios del consentimiento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 1994, rad. 6533, C. P. Juan de Dios Montes Hernández; y sentencia del 4 de junio de 2008, rad. 16293, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, 1508 Y 1602
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / RECHAZO DE COSTOS POR FALTA DE PRUEBA / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / POTESTAD DEL ESTADO / PARTES CONTRATANTES / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / ACUERDO DE VOLUNTADES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD
Problema jurídico:
¿Ni siquiera se probó que la entidad diera inició a proceso sancionatorio alguno en desarrollo del contrato, ni lucen inconsistentes los acuerdos alcanzados junto con la asunción de los compromisos expresados?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el asunto de la referencia no obran insumos que acrediten las supuestas intimidaciones que la entidad efectuó sobre el contratista. Este último dijo que el instituto lo amenazó con iniciar procesos sancionatorios en su contra si no suscribía las ya mencionadas renuncias a los reconocimientos económicos; sin embargo, el expediente es huérfano en relación con medios de probanza que soporten esos asertos. [L]a facultad de la Administración de declarar el incumplimiento parcial o total del contrato, para imponer multas o hacer efectiva la cláusula penal, [no] constituye, [una] presión injusta sobre la otra parte, por cuanto deviene del legítimo ejercicio de una potestad que el ordenamiento le ha otorgado al contratante (entidad estatal), a fin de garantizar el cumplimiento del negocio jurídico. [N]i siquiera se probó que la entidad diera inició a proceso sancionatorio alguno en desarrollo del contrato, ni lucen inconsistentes los acuerdos alcanzados junto con la asunción de compromisos expresados en cada uno de tales instrumentos. La expresión de voluntad emitida en las mencionadas prórrogas no fue afectada por la presencia de un vicio del consentimiento, pues no se acreditó la configuración del defecto invalidante reseñado bajo el sub-lite. No es posible entender que lo manifestado no era lo querido, ni la Sala puede [dar] a tal sujeto un tratamiento que comprometa su capacidad. En esta medida, se negarán los cargos relacionados con la nulidad de las declaraciones efectuadas en las prórrogas analizadas.
DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / ACUERDO DE VOLUNTADES / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / DEBERES DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE CONSTREÑIMIENTO / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El contratista signó su anuencia indicando que la ocurrencia de eventos que impidieran la ejecución temporal del contrato, no generaban mayores costos a su favor, así que no resulta jurídicamente admisible que el consorcio pretenda apartarse de sus propias manifestaciones para desconocer los términos en que fue trabada la negociación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a suspensión del contrato es un convenio en virtud del cual las partes estipulan su parálisis transitoria debido a la ocurrencia de eventos que impiden temporalmente su ejecución. [L]as partes consignaron que las circunstancias allí descritas no generaban costos adicionales para el contrato. [E] contratista signó su anuencia indicando que tales eventos no generaban mayores costos a su favor, [así que] no resulta jurídicamente admisible [que] el consorcio pretenda apartarse de sus propias manifestaciones para desconocer los términos en que fue trabada la negociación llevada a las actas de suspensión libremente concertadas. [N]o se harán reconocimientos económicos por los tiempos de permanencia en obra en los periodos suspendidos que fueron cubiertos por tales manifestaciones, pues no se advierte alguna razón por la que la Sala debiera restar validez y eficacia a una expresión de voluntad en tal sentido. [E]l contratista, [es] el profesional en la labor contratada, por tanto, quien mejor conoce si el manejo de una contingencia contractual le afecta, [o] adopta medidas suficientes para la mitigación del daño propio y, en general, de aquel que se pueda proyectar en la economía del contrato. [A]nte la evidencia de que las partes acordaron en las prórrogas […] que no se generaban costos adicionales para la entidad, conforme a estipulaciones conscientes, voluntarias y ajenas a constreñimiento o condicionamientos, éstas son plenamente válidas y están llamadas a producir efectos. Por tanto, no hay lugar a reconocer mayores costos derivados de las prolongaciones del plazo contractual así pactadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la suspensión del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de febrero de 2024, rad. 62324, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / CLASES DE CONDUCTA ANTIJURÍDICA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / CLASES DE LICENCIA AMBIENTAL / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / ADICIÓN PRESUPUESTAL / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / CONTRATANTE CUMPLIDO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RIESGO CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Es el contratista, aquí diseñador y constructor, el responsable de que su producto fuera idóneo y cumpliera con todos los permisos legales respectivos hasta el punto de lograr su aprobación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si las causas de la prórroga y la consecuente mayor permanencia eran imputables al contratista, éste asumiría los costos generados durante dicho período, por lo que, [en] lugar de efectuarse la distribución de un riesgo propiamente dicho, [comprendió] las consecuencias de una conducta antijurídica, por deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones. [N]adie puede beneficiarse de su culpa ni pedir el reconocimiento de sobrecostos o perjuicios originados en su propio incumplimiento. [E]s el contratista, aquí “diseñador - constructor”, el responsable de que su producto fuera idóneo y cumpliera con todos los permisos legales respectivos hasta el punto de lograr su aprobación. [Q]uedando compelido a afrontar las vicisitudes relacionadas con la aprobación de sus diseños al culminar la obra, lo que resulta enteramente previsible en este tipo de encargos. [L]as partes, luego de adicionar en más de 6.000 millones de pesos el contrato, estipularon [que] “[l]as demás cláusulas del contrato, sus modificaciones y prórrogas, no modificadas continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan”. Lo anotado muestra que [l]as dos prórrogas fueron causadas por retrasos atribuibles a terceros […]. [L]as causas que motivaron esas prórrogas no fueron atribuibles al IDU. No hay evidencia de que la entidad hubiera incumplido sus obligaciones, ni que el supuesto incumplimiento hubiera originado la necesidad de ampliar el plazo. [L]as demoras en la revisión y/o aprobación de diseños por las entidades distritales constituyó un riesgo a cargo del consorcio, y esta contingencia hizo parte de las condiciones económicas pactadas inicialmente, de ahí que su materialización no puede considerarse una alteración del equilibrio financiero del contrato, a menos que se demuestre que este suceso superó las contingencias identificadas y razonablemente previsibles; situación que no se acreditó procesalmente.
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Problema jurídico:
¿El consorcio se abstuvo de observar su compromiso de obtención de aprobación del diseño de las obras que construyó, y reconoció que debía conseguir ese aval de cara a los ajustes implementados?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os cambios efectuados a los diseños no derivaron de una decisión arbitraria o discrecional de la entidad, sino en una determinación concertada con el contratista, a fin de ajustarlos para alcanzar una correcta ejecución del objeto convenido, que se acompasara al presupuesto oficial aprobado y a los objetivos físicos por desarrollar. [C]omo el sub-lite no versa sobre el cuestionamiento de las funciones a cargo de firma interventora, pero sí sobre la satisfacción de los compromisos del consorcio, éste no se podía excusar en una supuesta falencia de aquella, en tanto el producto esperado no dejaba de estar a su cargo, de modo que aun cuando se hubieren recibido y aprobado los diseños por la interventoría, “la responsabilidad de los mismos será asumida en su totalidad por el contratista”. Aunque con [el] acta el contratista alcanzaba el aval de la interventoría, lo cierto es que al ser de su entera responsabilidad la elaboración a punto de los diseños ante el IDU, le correspondía la radicación de los ajustes ante los entes competentes si advertía que los cambios realizados modificaban esas autorizaciones primigenias [y], en todo caso, era de su cargo el seguimiento sobre estos productos, hasta su aprobación. El pliego fue claro en determinar que el consorcio se comprometió al “... seguimiento de los diseños que se deberán radicar en cada una de las empresas de servicios públicos y entidades distritales si así se requiere”. Los medios probatorios muestran que el consorcio se abstuvo de observar su compromiso atinente a la obtención de la aprobación del diseño geométrico de las obras que finalmente construyó y que, incluso, reconoció que debía conseguir ese aval de cara a los ajustes implementados, sin que, en todo caso, lo obtuviera.
ACTUACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA / AUTORIZACIÓN LEGAL / AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONTRATO ESTATAL / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA / SEGURIDAD VIAL / TRÁFICO VEHICULAR / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / ACTO QUE CONCEDE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Problema jurídico:
¿El consorcio fue quien incumplió el negocio jurídico, al no obtener la totalidad de los permisos y aprobaciones requeridos por las autoridades distritales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[M]ás allá de que [el consorcio] entregó los diseños ante la entidad, ello no lo eximía de la responsabilidad que tenía respecto de ellos, [no] solo debía garantizar su coherencia de cara a las metas contratadas, sino observar la obligación de conseguir la aprobación de los mismos ante las distintas entidades competentes. [E]l contratista desconoció sus compromisos relativos a la obtención de las aprobaciones requeridas por las autoridades distritales […]. A pesar de que la Secretaría [de movilidad] le requirió para aprobar la corrección [conforme] a las especificaciones técnicas que correspondían, el contratista no logró cumplir con los requerimientos que le fueron formulados, lo que conllevó a que la SDM mantuviera su concepto sobre riesgos de alta accidentalidad en términos de seguridad vial en las zonas intervenidas. [L]a Sala encuentra razón a la negativa de la entidad en recibir la obra […]. El anexo técnico [contempla] que en la etapa de recibo final se deben entregar las aprobaciones ante las entidades distritales que tengan relación con el proyecto. [E]l consorcio fue quien incumplió el negocio jurídico, al no obtener la totalidad de los permisos y aprobaciones requeridos por las autoridades distritales. [L]a aceptación [de] la interventoría, no puede traspasar los compromisos contractuales y técnicos [bajo] responsabilidad del contratista, ni su error es fuente de derechos, como tampoco es aval de exoneración respecto del cumplimiento de las aprobaciones que conforme a las normas de construcción deben lograrse.
ACTUACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA / AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONTRATO ESTATAL / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / CLASES DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DEL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El consorcio renunció al reconocimiento de costos adicionales en las prórrogas pactadas y debía asumir los efectos económicos derivados de la prolongación del lapso, en virtud de los pactos modificatorios?
Respuesta al problema jurídico: Si
El consorcio pidió el pago del saldo del 60% estipulado para el ítem de estudios y diseños, comoquiera que éstos fueron aprobados y recibidos por la interventoría y la SDM aprobó su diseño geométrico, así como la cancelación del del 10% del saldo del valor concerniente a las obras ejecutadas, pues los trabajos fueron culminados a entera satisfacción. En punto al pago de los estudios y diseños, [se] previó que el 40% de su valor sería desembolsado una vez dichos productos obtuvieran la aprobación de la interventoría, mientras que el 60% restante sería cancelado a la entrega de la totalidad de los diseños debidamente aprobados por la autoridad o empresa de servicios públicos competente. No se accederá al pago del saldo del 60%, en tanto que no se cumplió con el supuesto [previsto], puesto que el consorcio inobservó la entrega de los diseños debidamente aprobados por todas las entidades [distritales] –el contratista no obtuvo la aprobación de los diseños geométricos por parte de la SDM–. [S]e constata que el saldo a pagar correspondería a la [suma] –producto de restar al valor final del contrato certificado por la [interventoría] la cifra pagada al consorcio […]–. Este monto corresponde al pedimento que el contratista elevó en torno al reconocimiento de la obra ejecutada y no facturada. [L]a Sala no accederá a esta súplica, comoquiera que no se concretó el escenario que le daba cabida, por cuanto el contratista se abstuvo de cumplir todas las obligaciones que estaban a su cargo. Tampoco procede el pedimento atinente a la restitución de la cifra que el consorcio pagó por concepto de [interventoría], a raíz de la extensión del plazo negocial pues, [el] consorcio renunció al reconocimiento de costos adicionales en las prórrogas […] y debía asumir los efectos económicos derivados de la prolongación del lapso, en virtud de los pactos modificatorios.
FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE MULTA Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / CLASES DE CONDUCTA ANTIJURÍDICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / REDUCCIÓN DE LA CONDENA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Comoquiera que se acreditó que el incumplimiento del contrato no fue total, se reducirá la pena en atención a la relación del objeto que sí fue efectuado por el deudor y avalado por el acreedor?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Sección ha manifestado que cuando la Administración ejerce su potestad sancionatoria en el marco de la actividad contractual –de la cual yace su competencia para la imposición de las multas y la cláusula penal pecuniaria– debe hacerlo en aplicación de los principios de legalidad y de proporcionalidad, como criterios materializadores del debido proceso del sujeto sancionado. La proporcionalidad es un mandato que implica la verificación de la conducta enjuiciada, [a] efectos de determinar si la graduación de la pena a imponer guarda coherencia con el marco que la contempla y las finalidades que persigue. [N]o se discute que el consorcio incumplió el contrato, comoquiera que se acreditó [que] el incumplimiento del objeto no fue total, razón por la cual se reducirá la pena, en atención a la relación del objeto que sí fue efectuado por el deudor y avalado por el acreedor. [L]a entidad solamente dio visto bueno a la ejecución del 90% del [contrato], en tanto que pagó dicho porcentaje, previa constatación de las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, [recibidas] a satisfacción por la interventoría y el Supervisor designado por el [IDU]. [C]omo se asignó a la parte no ejecutada una proporción del 10%, ante la negativa del IDU en cancelar dicha cifra, la sanción a imponer corresponderá a una cifra equivalente a esa inobservancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cláusula penal pecuniaria del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, rad. 17009, C. P. Enrique Gil Botero.
GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA DEL GASTO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / TASACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La efectividad de la cláusula penal a imponer se limitará a las sumas que resultaron probadas en el proceso, incluyendo los valores acreditados para la prestación de la consultoría por parte de la sociedad contratada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o se tiene certidumbre sobre los recursos utilizados para la complementación de la geometría del contrato […]. Ante la carencia de probanza de los recursos empleados frente a esta última actividad, la Sala no ordenará su reconocimiento, en aplicación de los efectos que se derivan de la desatención en el cumplimiento de la carga de la prueba. [L]a efectividad de la cláusula penal a imponer se limitará a las sumas que resultaron probadas en el proceso […]. Esta cifra incluye los [valores] acreditados para la prestación de la consultoría por parte de [la sociedad contratada] y un valor adicional, en tanto que opera como una tasación de los perjuicios ocasionados al instituto, ante la ausencia de la satisfacción de la totalidad de obligaciones a cargo del deudor. No se impone por un valor superior, en atención a la aplicación del criterio de proporcionalidad, [y] ante la ausencia de demostración de los demás perjuicios señalados por la contratante –[en] aplicación del art. 167 del CGP, [que] impone a los sujetos procesales demostrar los supuestos en que basan sus pedimentos–. [L]a liquidación judicial del contrato No. 1636 de 2013 asciende a la suma de mil ciento once millones trescientos veintidós mil novecientos sesenta pesos ($1.111’322.960), que le corresponde pagar al contratista a favor del instituto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTEGRACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GASTOS DEL PROCESO / GESTIÓN DEL PROCESO / INTERVENCIÓN DEL APODERADO
Problema jurídico:
¿Como el recurso de apelación se resolverá desfavorablemente para el consorcio, se le condenará a pagar las agencias en derecho para esta instancia en la suma de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. [E]s procedente la condena en costas, que se integran por los gastos del proceso y las agencias en derecho. El artículo 365 del CGP establece que se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (núm. 1). [E]l artículo 5º del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura establece que, en la segunda instancia de procesos declarativos, se fijarán las agencias en derecho entre 1 y 6 SMMLV. [S]e debe tener en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y demás circunstancias [que] permitan valorar la labor jurídica desarrollada. Como el recurso de apelación se resolverá desfavorablemente para el consorcio, se le condenará a pagar las agencias en derecho para esta instancia en la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Los integrantes de esta forma asociativa pagarán esta condena de conformidad con su porcentaje de participación en ésta.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1