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Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer la demanda instaurada contra los actos administrativos expedidos por la Aeronáutica Civil con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato estatal.
Sentencia — Sentencia
2026-04-27
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020170051501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer la demanda instaurada contra los actos administrativos expedidos por la Aeronáutica Civil con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato estatal? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer las demandas instauradas contra los actos administrativos expedidos por las entidades estatales con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 104 del CPACA. En este proceso, dicha jurisdicción conoció sobre la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial y definitivo de un contrato de obra, se impusieron multas, se hizo efectiva la cláusula penal y se liquidó unilateralmente el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Aerocivil impuso multas, declaró el incumplimiento contractual…
¿Concurre legitimación en la causa por activa y por pasiva entre las partes de la relación contractual de la cual surgieron los actos administrativos contractuales objeto de demanda?
¿Impone el principio de congruencia al juez contencioso administrativo, en sede de apelación, el deber de resolver únicamente los motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente y los…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Auto que decide recurso de apelación: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020230026701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La restitución del dinero que el Consorcio accionante recibió por el pago No. 1 de la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, resulta improcedente, ya que lo recibió como remuneración de unas obligaciones ejecutadas y, bajo ese entendido, no habría lugar a un detrimento patrimonial para la entidad estatal? Sí
El Consorcio demandante solicitó el decreto de dos medidas cautelares: i) ordenar al IDU suspender cualquier proceso sancionatorio que se encuentre en curso en contra del consorcio contratista, con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021, y ii) ordenar al IDU abstenerse de iniciar un proceso sancionatorio en contra del Consorcio, en el marco del Contrato de Obra No. 1766 de 2021.
También resuelve:
¿Procede la medida cautelar de suspensión de los procesos sancionatorios que estén en curso con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 o la orden de abstención dirigida al IDU para que no…
¿La suspensión del contrato materia de controversia implicaría que la obra que se debía ejecutar quedaría detenida hasta que se profiera sentencia en el presente proceso…
¿Al encontrarse acreditados los hechos que fundamentan la demanda, podría dar lugar a que prospere alguna de las pretensiones de esta?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2026-07-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 44001233300020130013501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?
¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…
¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2026-04-27
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 50001233100020051033401
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en las controversias contractuales cuya cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde a la corporación de cierre de la jurisdicción, en segunda instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del CCA atribuye a la Corporación la resolución de los recursos de apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 132, numeral 5, del CCA fija el umbral de cuantía, que en el caso se supera con la cuantía estimada en la demanda. Por ello, la competencia en razón de la cuantía determina que la alzada sea conocida por el Consejo de Estado. La providencia confirma esa competencia y resuelve el recurso en los términos de esa regla.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva corresponde a quien es parte material de la relación jurídica sustancial controvertida?
¿Puede una autoridad administrativa transferir válidamente el ejercicio de sus funciones a colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias mediante acto de delegación…
¿Puede el representante legal de una entidad estatal delegar integralmente la competencia para adelantar procesos de selección y celebrar contratos…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan
Sentencia — Sentencia
2022-05-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020160088902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?
¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
Consejo de Estado
Providencia
La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020170045901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante?
¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además…
¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo.
Sentencia Unificación — FALLO
2013-09-25
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 25000232600019970393001
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo Sí
El contratista, en calidad de consorcio o unión temporal, tiene capacidad procesal para comparecer como parte en juicios relacionados con derechos o intereses jurídicos que le conciernen, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual implica que puede actuar en el proceso judicial por conducto de su representante legal, sin necesidad de que los integrantes actúen individualmente. Esta regla se establece para modificar la jurisprudencia anterior que limitaba la capacidad procesal de estos consorcios y uniones temporales, reconociendo ahora su legitimación ad processum en controversias contractuales y procedimientos administrativos de selección contractual. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambia su posición anterior, permitiendo que los consorcios y uniones temporales puedan participar en procesos judiciales sin restricciones basadas en la falta de personalidad jurídica propia, lo que amplía sus posibilidades de defensa y acción en el marco del derecho administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado por una entidad del Estado y cuál es el régimen aplicable?
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para demandar la nulidad del acto administrativo que adjudicó el contrato de obra?
¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto administrativo de adjudicación?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección
Sentencia — Sentencia
2023-06-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020130029501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:
¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?
¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?
¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: previo al estudio del detrimento patrimonial alegado por el municipio, debió estudiarse la facultad del exsecretario de educación
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-07-08
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 66001233300020180037401
LEY 1437 REPETICION
¿Previo al estudio del detrimento patrimonial alegado por el municipio, debió estudiarse la facultad del exsecretario de educación para celebrar el contrato de vigilancia, y en consecuencia determinar su legitimación en la causa por pasiva? Sí
Previamente a manifestarse en la sentencia que no hubo un detrimento patrimonial porque el pago realizado por parte del municipio de Dosquebradas (Risaralda) a una empresa de vigilancia correspondió a unos servicios que realmente fueron prestados, debió constatarse, primero, si el demandando, el exsecretario de educación de ese ente territorial, se encontraba legitimado en la causa por pasiva, para cuyo propósito era indispensable corroborar si dicha persona contaba con la correspondiente delegación por parte del alcalde para celebrar contratos, ya fuere general o específica, si tenía la facultad para celebrar todos los contratos de vigilancia o solo algunos, aspecto que en el fallo no se determina.
También resuelve:
¿La responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin causa puede ser estudiada conforme al artículo 90 de la Constitución Política?