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¿El demandado incumplió las obligaciones del convenio de asociación? Sí
El contratista incumple las obligaciones del convenio de asociación cuando no logra emplear al 60% de las personas capacitadas, no ejecuta el monto reclamado ni presenta los informes financieros requeridos, lo que lleva a la entidad estatal a solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato. La Sala revoca la sentencia de primera instancia porque no se configura la excepción de pleito pendiente, ya que la existencia de un proceso de reorganización empresarial no impide adelantar un proceso declarativo para declarar el incumplimiento del contrato. Además, la Sala establece que la cláusula penal pactada por las partes no puede ser reducida cuando las partes expresamente pactaron que esta se aplicaría incluso por incumplimientos parciales. Asimismo, la entidad contratante no hizo uso de las facultades que tienen las entidades públicas para declarar el incumplimiento, cuantificar los perjuicios, imponer multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Por último, la Sala no puede declarar la prescripción de la póliza de seguro de cumplimiento cuando la aseguradora no alegó la configuración de la prescripción en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de un proceso de reorganización empresarial impide que se adelante un proceso en el que se solicite la declaratoria de incumplimiento de un convenio, es decir, un proceso declarativo?¿Puede reducirse la cláusula penal cuando las partes pactan que esta es aplicable incluso por incumplimientos parciales de la obligación?¿La entidad contratante hizo uso de las facultades que tienen las entidades públicas para declarar el incumplimiento, cuantificar los perjuicios…
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada…¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración?¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
¿Cómo se calcula el valor a pagar por concepto de cláusula penal?
Conforme a los expuesto, la competencia atribuida a esta entidad por los artículos 3.5 y 11.8 del Decreto 4170 de 2011 se limita a la resolución de consultas sobre la aplicación de normas de alcance general en materia de contratación estatal y compras públicas. Esta competencia de interpretación de normas generales no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales. Esto en la medida en que, para resolver una consulta de carácter particular, además de conocer un sin número de detalles de la actuación administrativa, es necesario acceder al expediente y a los documentos del procedimiento contractual donde surge la inquietud.
También resuelve:Potestades excepcionales de la administración públicaProcedimiento administrativo sancionatorio: Artículo 86 Ley 1474 de 2011Procedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2024-07-15Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210021800LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de medidas cautelares y en el escrito de la demanda la parte demandante no realizó razonamiento alguno que justifique que su decreto resulta imprescindible? Sí
El contratista no obtiene el decreto de medidas cautelares cuando en la solicitud y en el escrito de la demanda no realiza razonamientos que justifiquen objetivamente la necesidad de la medida para asegurar la eficacia de la sentencia y evitar el riesgo de inejecución del fallo judicial. La parte demandante debe demostrar la existencia de amenaza o vulneración del derecho, la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida cautelar, y no puede limitarse a relacionar documentos sin un análisis detallado que evidencie la gravedad del perjuicio irremediable que podría causarse. La Sala reitera que la omisión en cumplir estos requisitos impide el estudio de ponderación y la aplicación del principio de proporcionalidad, negando así la solicitud de medidas cautelares.síntesis automática
También resuelve:¿Para acceder al decreto de medidas cautelares en los procesos promovidos en ejercicio del medio de control de repetición se requiere verificar los requisitos de procedencia?¿Se aportaron un conjunto de documentos que constituyen un principio de prueba de que la pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia?¿La parte actora deberá allegar prueba que haga al menos verosímil o presumible la responsabilidad del comportamiento del demandado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2026-02-27Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020170045901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez puede emitir una aclaración cuando la parte solo expresa inconformidades con la decisión sin señalar un punto de la sentencia que cause duda real o afecte su cumplimiento, conforme al principio de inmutabilidad? No
El juez niega la solicitud de aclaración o adición de una providencia cuando la parte interesada se limita a expresar inconformidades con la decisión adoptada sin demostrar la existencia de frases dudosas o puntos litigiosos omitidos. Conforme al principio de seguridad jurídica y de inmutabilidad consagrado en el Código General del Proceso, las sentencias son irreformables por el mismo funcionario judicial que las profiere, y los mecanismos de aclaración y adición tienen un carácter restrictivo que impide de manera absoluta reabrir el debate procesal ya decidido en el litigio.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2025-08-08Sección PrimeraNUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓNRad. 11001031500020250224400ACCIONES DE TUTELA
[Corresponde a la sala determinar si ¿en la presente acción de tutela se satisface el requisito de relevancia constitucional, que habilite su procedencia, para analizar de fondo las pretensiones de la parte actora, con ocasión de la providencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 2018- 00081-01?] No
El contratista no puede utilizar la acción de tutela para revisar una decisión judicial en un medio de control de controversias contractuales, ya que esta no cumple con el requisito de relevancia constitucional. La Sala determinó que los argumentos del contratista, que buscan la reapertura del asunto y la revisión de la valoración probatoria y normativa, no se relacionan con la protección de derechos fundamentales, sino que pretenden establecer una instancia adicional para cuestionar la decisión del tribunal. El tribunal ya consideró los principios de equidad y proporcionalidad en su decisión, y la controversia giraba en torno a aspectos legales y económicos que no implican una vulneración de derechos constitucionales. Por lo tanto, la Sala declaró la improcedencia de la acción de tutela, reafirmando que este mecanismo no puede ser utilizado como recurso adicional para revisar decisiones judiciales ya tomadas.síntesis automática
¿En este caso, el derecho de accionar en repetición se ejerció en tiempo, esto es, dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición en tiempo, cumpliendo con los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, lo que garantiza la oportunidad del medio de control y evita la caducidad de la acción. La Sala determina que la acción se ejerció dentro del plazo legal, otorgando seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones contractuales, al tiempo que se protege el interés general y se racionaliza el uso del aparato judicial. Este fallo reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, consolidando así la interpretación sobre la necesidad de cumplir con los plazos procesales para el ejercicio efectivo de este derecho.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso sub examine su cumplieron los primeros tres requisitos para la procedencia la acción de repetición, esto es, i) la obligación reparatoria a cargo del Estado…¿El daño por el cual fue condenada la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, fue causado por algunos de los demandados a título de dolo…¿El monto de la condena se cuantifica conforme el grado de participación del agente en la producción del daño, por lo que…
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato?¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad?¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista, por desconocer el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, al ser impuesta luego de que el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad; cuando se observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra y la imposición de una multa, por desconocimiento del debido proceso y falsa motivación, ya que la entidad estatal corrigió administrativamente el hecho que originó la queja y el incumplimiento del programa de inversiones y cronograma de actividades fue constante y evidente, no siendo suficiente la formulación de planes de contingencia ni las ampliaciones de plazos para cumplir con las obligaciones contractuales. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que la nulidad por falsa motivación no procede cuando la entidad corrige el error en sede administrativa y el incumplimiento del contratista persiste, lo que implica que los actos administrativos que declaran el incumplimiento y la imposición de multas mantendrán su validez en la práctica.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista…¿Resulta procedente la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012 del INVIAS que declararon el siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra pública e impusieron el pago de la pena…¿Cuenta con valor probatorio el documento allegado en mensaje de datos de formato editable, que hace referencia al pliego de condiciones del contrato de obra pública?
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿No se debió aplicar el principio de proporcionalidad porque, además de que desconfigura la finalidad de la cláusula penal, desconoce que el incumplimiento del consorcio fue total o definitivo, por lo tanto, en ese sentido, a pesar del avance de la obra, pues su no culminación se tradujo en una frustración absoluta de los intereses del ente contratante, ya que el puente no pudo ponerse en funcionamiento, ni siquiera parcialmente? No
Seguros Colpatria S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012, proferidas por el Instituto Nacional de Vías, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra 0745 de 2008 -suscrito entre esta última entidad y el Consorcio Sogamoso-, y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria.
También resuelve:¿La inaplicación de la cláusula de proporcionalidad en la garantía única, de ningún modo, impide que la cláusula penal pueda calcularse de forma proporcional al incumplimiento del contratista…¿Es válido que, ante el cumplimiento parcial de las obligaciones del contrato, el juez gradúe la cláusula penal, rebajándola proporcionalmente o reduciéndola equitativamente?¿Es procedente condenar en costas en segunda instancia, fijar agencias en derecho y confirmar la condena en costas de primera instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220004401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda? Sí
En torno al primer argumento de apelación, referente a la orden al Invías de no expedir ningún acto tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, estando la demanda encaminada a refutar las imposiciones de multa, se advierte que si bien las pretensiones del libelo no buscaron enjuiciar formalmente la legalidad de tales sanciones pecuniarias, no es menos cierto, en primer lugar, que en los fundamentos fácticos sí se cuestionó que el Invías multara por incumplimiento a Concay S.A. cuando persistían las discrepancias sobre los APU-NP, y en segundo lugar, que en todo caso la medida cautelar reprochada no guarda relación directa ni necesaria con ese punto, ni con el petitum objeto del juicio, como lo exige el artículo 230 del CPACA.… Aunque el Invías incurre en imprecisión al aducir que la demanda se interpuso “en contra de las Resoluciones No. 3888 del 3 de diciembre de 2021…
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos?¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia?¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional…
¿John Mauricio Acuña Aldana quien se desempeñó como Teniente Coronel de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, incurrió en una conducta gravemente culposa por las lesiones que le causó a Jonathan Miguel Hernández Arias al accionar un arma de fuego? Sí
El contratista no puede evadir la responsabilidad por daños causados en el ejercicio de sus funciones, incluso cuando la entidad estatal ya ha indemnizado al afectado, siempre y cuando se demuestre que su conducta fue gravemente culposa. En este caso, el Consejo de Estado confirmó que el Teniente Coronel Acuña Aldana incurrió en una conducta gravemente culposa al causar lesiones a Jonathan Miguel Hernández Arias al accionar un arma de fuego, pese a que inicialmente se había determinado que su actuar era culposo y no doloso. La entidad estatal puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable, siempre que se cumplan los requisitos legales y se demuestre la gravedad de la culpa. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la necesidad de acreditar la gravedad de la culpa para proceder con la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Existen circunstancias ajenas al demandado en la causación del daño, que conlleven a la reducción de la condena de forma proporcional?
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico? Sí
Las sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora… como el señor… al celebrar el contrato… y sus adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la contratación estatal, defraudando el patrimonio público.
También resuelve:¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez…¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas. En ese sentido, es oportuno recordar que la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural demanda al departamento de La Guajira, entidad territorial cuya naturaleza pública no admite duda alguna, así como tampoco la de su contraparte.
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento de convenio administrativo…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de…¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, por lo que, el demandante tiene que especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado? Sí
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 rige el análisis del dolo o de la culpa grave solo respecto de los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Si los hechos que originaron la condena son anteriores, continúa aplicándose la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige la valoración del agente en lugar de las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad, que constituye la regla general. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera excepcional. La tercera es la exigencia de precisar la presunción concreta que fundamenta la responsabilidad del servidor o exservidor demandado, lo que impide un análisis genérico de la conducta. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, cuando el hecho dañoso ocurre después de la vigencia de la ley, el demandante debe identificar la presunción que invoca desde la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Puede probarse el dolo o la culpa grave del funcionario público con la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado…¿El demandado en condición de patrullero de la Policía Nacional incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas con sujeción a los principios de…¿Las sentencias judiciales pueden probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-05-23Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 13001233300020210069701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo que ordena la liquidación de Electricaribe? No
La medida cautelar de suspensión provisional de un acto administrativo debe guardar relación necesaria y directa con las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 230 del CPACA, y no es procedente cuando persigue un objetivo ajeno a ellas. La regla se apoya en que la medida debe asegurar la eficacia de la sentencia respecto de lo pedido, de modo que no puede perseguir fines distintos del objeto de la controversia. Por ello, la suspensión no puede justificarse en la incorporación de derechos a una masa patrimonial que no se discute en el proceso. En el asunto, la medida suspendió el acto de liquidación de una entidad con fundamento en la necesidad de asegurar recursos para el pasivo pensional, lo que no guardaba relación directa con las pretensiones, y el Tribunal la revocó. En la práctica, la suspensión provisional de un acto de liquidación exige que la medida se vincule con lo que la demanda pide y no con fines ajenos a ella.síntesis automática
También resuelve:¿En el proceso son aplicables las normas procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012 y Ley 2080 de 2021?¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación contra el auto que decide medida cautelar y es dictado por los Tribunales Administrativos?¿El objetivo de las medidas cautelares es proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique prejuzgamiento?
¿Puede la entidad contratante iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual con fundamento en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin transgredir el derecho al debido proceso del contratista? Sí
El contratante puede iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual basándose en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin vulnerar el derecho al debido proceso del contratista, ya que la entidad contratante tiene la facultad y el deber de vigilar y controlar el contrato, incluyendo la imposición de sanciones, independientemente del medio o instrumento que origine el conocimiento del incumplimiento. Además, la citación a audiencia en un procedimiento sancionatorio puede dirigirse exclusivamente al representante legal del consorcio, sin implicar una violación al debido proceso, dado que la ley otorga al representante la capacidad para actuar en nombre del consorcio en todas las actuaciones contractuales y administrativas. Esta decisión reitera y refuerza la autonomía del contratante en el ejercicio de sus facultades contractuales y administrativas, garantizando la efectividad del contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse válida la citación a una audiencia dentro de un procedimiento sancionatorio contractual cuando se dirige exclusivamente al representante del consorcio…¿En el procedimiento administrativo sancionatorio contractual existió una violación al debido proceso?¿Vulnera la entidad contratante el derecho al debido proceso si, tras analizar un dictamen pericial y confrontarlo con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente…