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REQUISITOS DE LA ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL

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Consejo de Estado Concepto

No es válido que los montos de dinero que deban pagarse al contratista del contrato 043 de 2013, se aseguren mediante movimientos presupuestales sin acudir a la adición del contrato.

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-08-10 Sala Consulta y Servicio Civil OSCAR DARIO AMAYA NAVAS Rad. 11001030600020180003400 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Para efectos de darle continuidad inmediata a la ejecución del citado Contrato de Consultoría 043 de 2013 y asegurar así la indispensable Auditoría a las Reclamaciones y Recobros que permanentemente formulan las IPS y las EPS por la prestación de sus servicios de salud, amén de las específicas particularidades de dicho Contrato, resulta válido que los montos de dinero que deban pagarse al Contratista se aseguren mediante los movimientos presupuestales que deba realizar ADRES, sin que para ello deba acudir a la figura de la ‘adición del valor del contrato’? No
No es válido que los montos de dinero que deban pagarse al contratista del contrato 043 de 2013, se aseguren mediante movimientos presupuestales sin acudir a la adición del contrato. En este contrato es irrelevante la forma en que fue pactado su valor (indeterminado pero determinable), pues la administración concretó el objeto contractual al fijar el plazo de ejecución sujeto a dos límites, el que ocurra primero: (i) un límite presupuestal, en donde el plazo va hasta el agotamiento de la disponibilidad presupuestal que ampara el valor del contrato, y (ii) un límite temporal (48 meses y 15 días contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio) en donde el plazo vence el 31 de diciembre de 2017.
También resuelve: ¿En el caso concreto del Contrato de Consultoría 043 de 2013, tiene aplicación el límite cuantitativo que para la ‘adición del valor de los contratos’…
Consejo de Estado Providencia

Competencia: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-07-15 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 05001233300020140138902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuáles son los factores que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia respecto de asuntos relativos a controversias contractuales? Sí
La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de una controversia contractual depende de dos factores que concurren en el caso: que sea parte una entidad pública, conforme al inciso segundo del artículo 104 del CPACA, y que el proceso tenga vocación de doble instancia por razón de la cuantía, según el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. La regla se apoya en dos razones. La primera es que la entidad territorial demandada participó en el contrato del otrosí, lo que activa la jurisdicción contencioso administrativa. La segunda es que la pretensión mayor excedía los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. Como obiter dictum, la providencia advierte que la caducidad de la pretensión de nulidad de una resolución, declarada en la audiencia inicial y no apelada, quedó como cosa juzgada, de modo que la primera instancia no podía volver sobre ese punto. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Está facultado el juez de segunda instancia para pronunciarse sobre pretensiones decididas en curso de la audiencia inicial por vía de excepción pero decididas en la sentencia de primera instancia? ¿Quiénes se encuentran legitimados en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal? ¿Cuál es la oportunidad para formular pretensiones alusivas a la nulidad absoluta de la modificación contractual por vía de las controversias contractuales?
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 15001233300020130038301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso? ¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo? ¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El IDU incumplió el pago de unas facturas

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150263002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel? ¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato? ¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La prueba del enervante de la responsabilidad le corresponde a quien la alega.

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150041601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al declarar el incumplimiento parcial del contrato, la Aerocivil actuó con desviación de poder, e incurrió en violación del principio de buena fe y la obligación de cooperación estipulada en el contrato, por no acceder a las solicitudes de prórroga necesarias para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, al considerar que no era viable exceder la vigencia fiscal para la cual estaba presupuestado el pago de ese negocio jurídico? No
Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si la Aerocivil actuó con desviación de poder, vulneró el principio de buena fe y faltó a la obligación de cooperación estipulada en el contrato, al declarar el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, a través de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, sin haber accedido a las prórrogas requeridas y necesarias para que el contratista hubiera podido cumplir con el objeto contractual, bajo el argumento de que no era posible exceder la vigencia fiscal para la cual había sido presupuestado el pago del negocio jurídico.… En relación con el vicio de desviación de poder,… el demandante se limitó a argumentar que los actos demandados habrían sido expedidos con desviación de poder, o con ausencia o falsa motivación, porque el ente contratante no habría informado el inicio de dos procedimientos sancionatorios…
También resuelve: ¿Las Resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, con las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, impuso pena pecuniaria… ¿En el procedimiento sancionatorio iniciado por la Aerocivil fue vulnerado el debido proceso por no garantizarse el derecho de contradicción y defensa del contratista… ¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: las formalidades de la adición no deben ser absolutamente estrictas

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-09-11 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020150021101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ejecución de mayores cantidades de obra está exenta de la necesidad de suscribir una modificación al contrato o de contar con la autorización expresa de la entidad contratante? No
En mi criterio, es esencial que cuando las mayores cantidades de obra se traduzcan en un mayor costo, las partes suscriban un otrosí, orientado a aumentar el valor del contrato que inicialmente se pactó en una cantidad determinada, dado que solo de esa manera se podrá expedir el registro presupuestal, que condiciona el inicio de la ejecución de los contratos y que garantiza el pago de las prestaciones. Las formalidades de la adición no deben ser absolutamente estrictas, por cuanto es posible que -de manera excepcional- baste con una autorización, pero la misma debe ser escrita y debe ser proferida por un funcionario con competencia, esto es, el ordenador del gasto o su delegado.
También resuelve: ¿La ejecución de mayores cantidades de obra pública tienen un impacto en el gasto de recursos públicos, que de no ser autorizado por la entidad estatal puede llevar a prácticas de corrupción?
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 50001233100020070005701 ACCION CONTRACTUAL
¿El fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor? Sí
Me inclino a considerar que, dado que es un asunto de responsabilidad en sede del contrato, lo procedente es que la indemnización cobije a plenitud los perjuicios probados, de manera que no bastará, para que sea integral, que cubra el valor de las obras, sino que deberá reconocer en favor del contratista la utilidad que debió obtener con su ejecución, en la medida que supondría una posible adición al acuerdo de voluntades. Como se aprecia… , lo cierto es que el fallo no profundizó ni analizó estos aspectos, pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor. En esos términos dejo sentado mi voto disidente.
También resuelve: ¿Corresponde al juez establecer unos criterios orientadores que permitan definir los eventos en los que esas obras adicionales serán pagadas al contratista? ¿Puede suceder que el contratista ejecute una serie de obras no previstas que beneficien a la entidad pública? ¿Se debía analizar la forma de pago y los requisitos para el reconocimiento de las mayores cantidades de obra que fueron ejecutadas?