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Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición?¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública?¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-29Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000233600020160183402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar solicitada reúne los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA? No
El contratista no obtiene una medida cautelar solicitada si no demuestra que resulta más gravoso para el interés público negar la medida que suspender los efectos y obligaciones de un contrato cuya existencia y validez están en disputa, y que sin la medida se causará un perjuicio irremediable. En este caso, la parte demandante no acreditó estos requisitos, por lo que la medida cautelar fue negada. Además, la Sala reitera que la suspensión de un contrato requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas, y que los actos jurídicos precontractuales y contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos salvo que la ley disponga lo contrario. Estas reglas implican que los jueces no tienen competencia para suspender unilateralmente un contrato, salvo en casos excepcionales donde no exista otra posibilidad de conjurar la situación que dé lugar a su adopción.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión provisional sólo procede contra actos administrativos, es decir, frente a declaraciones unilaterales que se expidan en ejercicio de una función administrativa para producir efectos…¿Los actos jurídicos precontractuales y los contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios son actos administrativos?¿Para suspender el contrato o sus obligaciones se requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-06-25Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020170001400LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve:¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso?¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos?¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve:¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda?¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual?¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
¿La Unión Temporal, obligada a reexportar los equipos, demostró el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación? No
El contratista no demuestra el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación cuando está obligado a reexportar los equipos importados temporalmente, lo que implica que no cumple con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en la normativa que rige la importación temporal de corto plazo. En este caso, la Unión Temporal, como contratista, no cumplió con el deber de no venir en contra de sus propios actos, ya que en el otrosí N° 1 del contrato se pactó la obligación de mantener indemne a la entidad contratante respecto de las responsabilidades derivadas de las obligaciones de reexportación. Además, la entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales y la Unión Temporal no realizó las gestiones necesarias para la reexportación de los equipos, lo que llevó a la aprehensión de los camiones compactadores de basura por parte de la DIAN. La regla reitera la importancia de cumplir con los requisitos de la reexportación y las obligaciones contractuales para evitar incumplimientos y responsabilidades adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿Durante el lapso entre la entrega y la aprehensión de los camiones la arrendadora tampoco realizó las gestiones para la reexportación de los equipos?¿La arrendataria estuvo presta a cumplir la restitución de la cosa arrendada, pero la unión temporal se rehusó a recibir los equipos?¿El representante legal de la UT se rehusó a recibir los 21 camiones conforme a lo estipulado en el contrato de arrendamiento?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-08-11Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020190062901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La finalidad de la potestad de aclarar o adicionar la sentencia es que el juzgador se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, pero no reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la providencia? Sí
El contratista no puede reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la sentencia mediante una solicitud de aclaración, ya que la finalidad de esta potestad es que el juez se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, no sobre cuestiones ya resueltas. La entidad estatal no está obligada a discutir la legalidad del acto administrativo de adjudicación si este no es el objeto del litigio, y la Sala no está compelida a pronunciarse sobre aspectos que no fueron disputados. Además, el perfeccionamiento del contrato estatal es un concepto jurídico general sometido al régimen jurídico que impone solemnidades, y no requiere aclaración si no genera dudas en su concepción. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la sentencia es inmutable y no admite modificaciones que no se ajusten a los casos excepcionales previstos en la ley, lo que implica que las partes deben respetar la decisión judicial sin intentar reformarla.síntesis automática
También resuelve:¿La discusión sobre la legalidad del acto administrativo con el que se adjudicó la licitación pública no era necesaria para dirimir el objeto de la litis?¿El perfeccionamiento del contrato estatal comporta un concepto jurídico general y se encuentra sometido al régimen jurídico que gobierna las actuaciones del sujeto contratante en punto de las…¿La intención del memorialista es reprochar la decisión de esta colegiatura de mantener el término de 10 meses para la producción de los efectos de la nulidad calificándola de indeterminada?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿Se configuró la causal de anulación prevista en el numeral 9.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 de decisión infra petita? No
El contratista no puede configurar la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por decisión infra petita, ya que el Tribunal de Arbitraje resolvió las pretensiones expresamente solicitadas en la demanda y no omitió pronunciarse sobre ellas. El laudo arbitral, basado en la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas pertinentes, resolvió adecuadamente las pretensiones de la demanda, sin variar la causa petendi ni realizar una nueva valoración de las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que el Tribunal de Arbitraje debe pronunciarse sobre lo solicitado en la demanda para evitar la configuración de la causal de anulación por decisión infra petita.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció acerca de lo expresamente solicitado en las pretensiones?¿El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC violó el derecho al debido proceso de la empresa certificadora, comoquiera que no motivó su decisión?¿El Panel Arbitral desde un primer momento estimó que a título indemnizatorio, únicamente habría lugar a reconocer el lucro cesante?
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis?¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…