Titulación de la relatoría 25.266 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CARRETERA / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER EJECUTORIO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE REQUISITOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE PERJUICIOS / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el Contrato […] fue pactada la facultad de imponer y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por lo que a este negocio jurídico se aplica retrospectivamente el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con el cual las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable. [L]as Resoluciones [cuestionadas] constituyen actos administrativos en firme, que [forman] parte del ordenamiento jurídico y se encuentran amparados por la presunción de legalidad, por lo que deben ser acatados […], dado que su nulidad no ha sido declarada y las pretensiones contra la Resolución […] fueron presentadas en este contencioso después de que concluyera el término de caducidad, en la inepta demanda de reconvención planteada por los integrantes del Consorcio […], por no haber pretendido la nulidad de la Resolución […], con la que fue confirmada aquella resolución, y sin agotar además el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial. Así las cosas, […] el cargo alegado no tiene la vocación de prosperar. [L]a Sala confirmará la sentencia [proferida] por el Tribunal Administrativa de Arauca, que liquidó el contrato […] y condenó a pagar al Consorcio […] y a sus integrantes [a pagarle], al Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, la suma de $1.962.231.224.50, en el plazo y forma indicados [en] el fallo de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cobro de la cláusula penal pecuniaria del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de agosto de 2020, rad. 45183, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y sentencia del 24 de marzo de 2023, rad. 41336, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE INVÍAS / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82 del CCA, vigente a la fecha de radicación de la demanda y, por lo mismo, aplicable al presente proceso, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno a la liquidación del Contrato […], que fue suscrito por el INVIAS, el cual es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. [E]sta Sala del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida [por] el Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 y el numeral 5 del artículo 132 del CCA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón a que la cuantía de la demanda excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición del libelo introductorio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, 129 Y 132 NUMERAL 5
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ARGUMENTO ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]esulta procedente [la acción de controversias contractuales] para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. [P]uede cualquiera de las partes solicitar, [que] se hagan declaraciones y condenas, como la liquidación judicial del contrato. [E]l literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, preveía que, en caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, “el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial”, de lo cual se desprende que al vencimiento del término para liquidar bilateral y unilateralmente el contrato, [se] podía acudir ante el juez del contrato para solicitar el cruce final de cuentas por la vía judicial. [S]e estima que la acción contractual ejercida por el Invias es adecuada, por cuanto en la demanda se solicita la liquidación judicial del contrato, demanda [presentada], después de vencido el término para liquidar bilateral y unilateralmente el Contrato […], de ahí que la entidad demandante estuviera facultada para acudir ante esta jurisdicción y solicitar vía judicial.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D
PARTES CONTRATANTES / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / RELACIÓN CONTRACTUAL / AGENTE FIDUCIARIO / FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIO DE LA EMPRESA / CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / SOCIEDAD LIQUIDADA / PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA DE LA ENTIDAD FINANCIERA / FALTA DE CAPACIDAD PARA SER PARTE
Problema jurídico:
¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l INVIAS y los miembros del Consorcio [contratista] poseen el interés jurídico que se debate en el presente caso y se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, ya que son las partes de la relación contractual que suscitó la controversia […]. [S]e advierte que a Fiduagraria S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes y contingencias [de la] aseguradora que fungió como garante del cumplimiento del Contrato […], está llamada a comparecer al proceso, con el fin de proteger y defender los bienes que conforman el patrimonio autónomo de remanentes cuya administración le fue transferida a título de fiducia. [D]e acuerdo con la jurisprudencia constitucional […], los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada, cuando así lo dispongan las normas que regulen la liquidación de la entidad y la liquidación y administración de remanentes. Con relación a la Compañía de Seguros […], cabe señalar que, con ocasión de su liquidación, aquella perdió la capacidad para ser parte dentro de la presente controversia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el derecho de representación en la sucesión, cita: Corte Constitucional, sentencia C-377 del 27 de abril de 2004, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / GARANTÍA PARA DEMANDAR / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CLASES DE PRESUPUESTO PROCESAL / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA / ADMISIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se entiende la caducidad como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad, [es] un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, [pues] mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; [se] entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para [requerir] algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. [E]ste presupuesto procesal, [se] interrumpe con la presentación de la demanda, salvo que, como lo prevé el artículo 143 del CCA, aquella sea inadmitida porque carezca de los requisitos y formalidades establecidos, y el demandante no los corrija dentro del término perentorio fijado. [E]n materia contencioso administrativa, la caducidad se interrumpe únicamente con la presentación de la demanda que cumpla con los requisitos y formalidades, los cuales, en el presente caso, se cumplieron a cabalidad, por lo que la demanda fue admitida sin reparo alguno.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el término de caducidad del medio de control, cita: Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 2 de marzo de 2001, rad. 10909, C. P. Delio Gómez Leyva; Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, rad. 26799, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y sentencia del 21 de noviembre de 2022, rad. 60629, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 143
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUPERIOR JERÁRQUICO JURISDICCIONAL / REVISIÓN DE LA SENTENCIA / REVOCATORIA DE LA PROVIDENCIA / REFORMA DE LA SENTENCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DISPOSITIVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DERECHO A LA IMPUGNACIÓN / ARGUMENTO DE LA SENTENCIA / DESACUERDO DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, para que el ad quem revoque o reforme la determinación cuestionada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e conformidad con [el] artículo 350 del CPC, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, para que el ad quem revoque o reforme la determinación cuestionada. [S]egún [el] artículo 357 del CPC, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable para reformar puntos íntimamente relacionados con ella. [E]l mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la impugnación, [está] llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. [L]a Sala Plena de esta Sección reiteró que mediante el recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión judicial, de ahí que sea obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez de primera instancia con sus propias consideraciones, con el propósito de solicitarle al superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, rad. 21060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 350 Y 357
PRUEBA TESTIMONIAL / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / APRECIACIÓN DEL TESTIGO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO
Problema jurídico:
¿Los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala le dará credibilidad al dicho de la testigo […] y procederá a su valoración, dado que conoció de primera mano las circunstancias que rodearon la ejecución del contrato, aunado a que lo afirmado en su declaración se acompasa con las restantes pruebas del plenario, particularmente con las documentales. [C]omoquiera que el testimonio de […] proviene de una persona que tuvo un vínculo laboral con la parte demandada, a juicio de la Sala sus declaraciones resultan sospechosas, por lo cual serán valoradas con la especial severidad que se requiere. [C]onforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el testimonio sospechoso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / SOCIEDAD DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SANCIÓN CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS POR NO EJECUTARSE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El supervisor del contrato expresó que el contratista no había probado la existencia de un desequilibrio económico del contrato ni la ocurrencia de circunstancias de hecho fortuito o fuerza mayor?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a interventoría del Contrato […] se pronunció sobre el recurso interpuesto por el [asegurador], en el que reiteró que el Consorcio […] había incumplido el negocio jurídico, por lo que solicitó [fuera] sancionado, presentándose al acaecimiento del plazo de ejecución un cumplimiento del 65,76%, con un atraso correlativo del 33,34%, sin que, [fueran] corregidos los defectos en las obras ordenados por la interventoría. [S]e presentó una “terminación intempestiva de actividades por finalización del plazo contractual”, por lo que la ratificación de la sanción contractual sería una “decisión exclusiva de la Dirección [y] la Consultoría de Apoyo”. [E]l ingeniero supervisor del Contrato […] suscribió [oficio], en el que expresó que el contratista no había probado la existencia de un desequilibrio económico del contrato ni la ocurrencia de circunstancias de hecho fortuito o fuerza mayor. Pero, añadió, de acuerdo con un acta de obra suscrita por el contratista y la interventoría, que se habían ejecutado obras […], que representaban el 69,4% del total, por lo cual el porcentaje de las obras no ejecutadas equivalía al 30,60%, debiendo consecuentemente revisarse el monto de la pena pecuniaria impuesta.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CONSTITUCIÓN DE LA PÓLIZA DE SERIEDAD / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER EJECUTORIO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO
Problema jurídico:
¿El legislador determinó que es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de asegurar el cumplimiento total y oportuno del objeto contratado y de proteger el patrimonio público, el legislador determinó que es deber de los contratistas, [constituir] a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento [con] el fin de trasladar a un tercero la obligación de concurrir al pago de la respectiva indemnización de perjuicios, en caso de que se produzca el incumplimiento de las prestaciones a cargo de aquellos. [E]l numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento de la celebración del contrato cuya liquidación se pretende en la presente litis, [establece] el principio de economía. La norma referida fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Al amparo de estas normas y a diferencia de los particulares y/o beneficiarios del seguro, surge para la Administración la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro por medio de un acto administrativo debidamente motivado, con carácter ejecutivo y ejecutorio, que [no] tiene naturaleza sancionatoria de tal suerte que puede ser impugnado en sede administrativa o demandado judicialmente por el contratista o la aseguradora. [D]icha facultad igualmente conlleva la prerrogativa de cuantificar el perjuicio cuando haya lugar, con el fin de determinar el monto que deberá pagar la compañía de seguros y/o el contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las garantías de cumplimiento del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, rad. 14667, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; y sentencia del 28 de noviembre de 2019, rad. 36600, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19
GARANTÍAS CONTRACTUALES / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / DAÑO PATRIMONIAL / DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO / QUANTUM INDEMNIZATORIO / VALOR ASEGURADO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER EJECUTORIO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La configuración del siniestro cubierto con el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y su cobro al Consorcio, fueron declarados y ordenados mediante una resolución?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as garantías de cumplimiento con naturaleza indemnizatoria que se expiden a favor de las entidades contratistas comportan las siguientes características: (i) son una especie de seguro de daños; (ii) dada su naturaleza indemnizatoria no basta la ocurrencia del siniestro sino que es indispensable que se haya causado un daño al patrimonio del acreedor; (iii) el monto a indemnizar [no] corresponde al valor asegurado, sino al del perjuicio [al] patrimonio del acreedor; y (iv) la suma a indemnizar no puede ser mayor al valor asegurado en la póliza. [S]e demostró que la configuración del siniestro cubierto con el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo […], y su cobro al Consorcio […], fueron declarados y ordenados mediante la Resolución […] confirmada. La ocurrencia de este siniestro y su cuantía fueron así declarados mediante acto administrativo con carácter ejecutivo y ejecutorio, el cual forma parte del ordenamiento jurídico y se encuentra amparado por la presunción de legalidad, por lo que debe ser acatado por la Administración, los destinatarios del acto y esta judicatura, puesto que su nulidad no ha sido declarada. [E]n el procedimiento adelantado para la adopción de dicho acto administrativo fueron evaluadas las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, así como el cumplimiento del Contrato […] por parte del Consorcio […] y el incumplimiento del INVIAS, que los miembros de dicho consorcio han argüido a lo largo de este proceso, para oponerse al cobro del anticipo no amortizado en la liquidación del referido contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la declaración de existencia del siniestro, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, rad. 14667, C. P. Myriam Guerrero De Escobar.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / FALTA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO
Problema jurídico:
¿El consorcio debía amortizar el anticipo a medida que fuera ejecutando las obras con la suscripción de las actas, y la entrega de facturas y conciliaciones bancarias?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l INVIAS desestimó [l]os argumentos, previo concepto de la interventoría, al confirmar íntegramente [el acto], por medio de la Resolución […], considerando fundamentalmente que, al no haber sido facturadas oportunamente las obras referidas en las actas 7 y 7A, que no suscribió el contratista, estas no fueron tenidas en cuenta para cuantificar la amortización del anticipo, sin que la obligación de formalizar las actas pueda ser desconocida por el contratista. [E]l con[sorcio] debía amortizar el anticipo a medida que fuera ejecutando las obras con la suscripción de las actas, y la entrega de “facturas y conciliaciones bancarias, comprobantes de egreso contable y tributariamente soportados, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido”. [E]n el acta de entrega y recibo definitivo fueron relacionadas obras ejecutadas que no fueron recibidas, porque no cumplían con los requerimientos técnicos. [A]l sustentarse en un acto administrativo en firme el cobro del anticipo no amortizado, no cabe excluir esta suma de la liquidación del Contrato […], pues para tal efecto es menester desvirtuar la presunción de legalidad del acto que declaró la ocurrencia del siniestro, lo que no ocurre en el presente caso.