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25000232600020100034602 de 20252025-07-17Sección TerceraRad. 25000232600020100034602
En los términos del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el régimen jurídico del contrato 200 de 2006 es el previsto en la Ley 80 de 1993, vigente al momento de su celebración. Por tanto, este será el marco normativo bajo el cual se llevará a cabo el análisis de la controversia sometida a juicio. El procedimiento sancionatorio, como se expuso en párrafos precedentes, debe garantizar un debido proceso integral, lo que implica, entre otras salvaguardas, una adecuada formación de la voluntad de la administración, mediante la comunicación formal, por parte de la entidad contratante —no de la interventoría—, en la que se le imputen cargos de incumplimiento al contratista, especificando los hechos que los originan, las sanciones que podrían imponérsele —de las tantas que puede contener el contrato—, y las pruebas que la administración posee y en las que funda los cargos formulados.
También resuelve:Marco normativo del contrato estatal: Ley 153 de 1887, Ley 80 de 1993Cláusula penal pecuniaria: acuerdo de voluntades, aplicación del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007Debido proceso: Constitución Política artículo 29, alcance, debido proceso en materia sancionatoria contractual, aplicación a las actuaciones administrativas sancionatorias de carácter contractual
¿Deben anularse las Resoluciones mediante las cuales el departamento de Antioquia dispuso cobrar, con cargo a la póliza única de cumplimiento 6974 expedida por Segurexpo S.A., el siniestro de correcta administración y buen manejo del anticipo contra Varego Ltda. en desarrollo del convenio 2007-CO20-8375, bajo la consideración de que, para la fecha en que se profirieron tales actos ese riesgo asegurado ya había desaparecido, como consecuencia de la cesión que de la posición de contratista realizó Varego Ltda. a Explanan S.A., en la cual aquella asumió la responsabilidad plena por el manejo del anticipo? ¿Transgredió el departamento de Antioquia el principio de buena fe, pues si bien al aprobar la cesión del convenio aceptó que el cedente sería el único responsable por el manejo del anticipo, lo cierto es que al expedir los actos que declararon el siniestro de correcta administración y manejo del anticipo, cobró con cargo a la póliza de cumplimiento 6974 expedida por Segurexpo S.A. los perjuicios que se generaron, lo que supuso una falta de congruencia con sus propios actos? Sí
En este punto, corresponde a la Sala determinar si el riesgo relativo al correcto manejo del anticipo que fue amparado por Segurexpo S.A., a través de la póliza de cumplimiento 697473, desapareció como consecuencia de la suscripción del contrato de cesión suscrito entre Varego Ltda. y Explanan S.A.74, en virtud del cual la primera cedió a la segunda su posición de contratista dentro del convenio 2007-CO-20-8375 suscrito con el departamento de Antioquia .
También resuelve:¿Vulneró el departamento de Antioquia el derecho al debido proceso de Segurexpo S.A. al proferir las Resoluciones con las cuales declaró el siniestro de correcta administración y manejo del anticipo…¿Es procedente la imposición de costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 68001233300020230074401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
¿En el presente asunto está demostrada la falta de competencia de la ANI, para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98? No
El contratista no demuestra la falta de competencia de la ANI para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98, ya que la entidad tenía la facultad legal para adoptar dicha decisión, y no se acredita que el proceso hubiera terminado previamente de manera anticipada. Además, las resoluciones impugnadas no incurrieron en falsa motivación, ya que las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en ellas no presentan errores evidentes ni divergencias con la realidad fáctica o jurídica. La Sala reitera que la falsa motivación es un vicio grave que puede ser declarado de oficio por el juez, pero en este caso no se configura, lo que implica que las resoluciones de la ANI mantienen su validez y efectos legales.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en concreto se acreditó que las resoluciones impugnadas (1685 del 12 de noviembre de 20195 y 20207070005965 del 15 de mayo de 20206), están incursas en falsa motivación y en consecuencia…¿En el caso concreto se configura la debida acumulación de pretensiones de reparación directa y controversias contractuales?
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
¿La imposición de multas al contratista sólo procede mientras el incumplimiento persista? Sí
El contratista no debe ser sancionado con multas una vez haya cumplido con la obligación incumplida, ya que las multas tienen una función conminatoria y no sancionatoria, según establece el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad estatal no puede imponer multas cuando el incumplimiento ya ha cesado, ya que ello violaría el debido proceso y la igualdad, pues no se respetaría la finalidad preventiva de las multas. La Sala reitera la regla de que las multas solo son procedentes mientras el incumplimiento persista, lo que implica que las entidades estatales deben abstenerse de imponer sanciones una vez el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía?¿Cómo se cuenta el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato debió liquidarse pero las partes no lo hicieron ni bilateral ni unilateralmente?¿ Procede la imposición de multas cuando la obligación por la cual se conmina al contratista ya ha sido cumplida?
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran la caducidad del contrato estatal cuando se evidencia su incumplimiento, ya que la entidad administrativa justificó adecuadamente el incumplimiento del contratista, y la Sala considera que la entidad demandante no tiene el interés directo requerido para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, dado que su interés en la nulidad del convenio es indirecto y no afecta sus derechos directos en la caducidad del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales en ausencia de cláusulas compromisoriarespetando la posibilidad de renuncia tácita a la justicia arbitral, y matiza la posición respecto a la legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de contratos estatales, estableciendo que los terceros ajenos al contrato deben demostrar un interés directo en el acto administrativo cuestionado.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Jamundí y Coopmunicipios…¿Resulta procedente la nulidad de los actos contractuales que declararon la caducidad administrativa del contrato de outsourcing…¿Se acreditó la violación al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, en la declaratoria de caducidad del contrato de outsourcing por el incumplimiento de las obligaciones del…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-01Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 25000233600020230056901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria, cuando la controversia gira en torno a la interpretación, alcance y naturaleza jurídica de dicha cláusula, siendo aspectos que constituyen el fondo del litigio y deben ser resueltos en la sentencia definitiva? No
No procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria cuando la controversia gira en torno a la interpretación, el alcance y la naturaleza jurídica de esa cláusula, pues tales aspectos constituyen el fondo del litigio y deben resolverse en la sentencia definitiva. La regla se apoya en los artículos 229, 230 y 231 del CPACA, que condicionan la medida cautelar a que proteja transitoriamente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, a que sea el único mecanismo para conjurar la situación y a que la solicitud esté debidamente fundada, con pruebas que permitan concluir la vulneración alegada. Un análisis anticipado de la validez de la cláusula implicaría prejuzgar el fondo. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la negativa de la medida cautelar se confirma cuando la discusión depende de la interpretación contractual, y la controversia debe resolverse en la sentencia.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la medida cautelar de suspensión provisional frente a un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria…¿Resulta procedente la suspensión provisional de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria, cuando la presunta vulneración del derecho al debido proceso alegada se fundamenta en…¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación…
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
Encuentra la Sala que no le asiste razón a la parte actora toda vez que, contrario a lo afirmado en el recurso, la declaratoria de incumplimiento fue realizada antes del vencimiento del plazo para liquidar el contrato, y, por ende, no fue proferida sin competencia temporal.… La Sala puntualiza que incluso en los contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, la declaratoria de incumplimiento era procedente una vez se vencieran los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, siempre que aquel trámite se surtiera antes del vencimiento del término de caducidad o antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, tal como sucedió en el presente caso, lo que descarta la falta de competencia temporal aducida.
También resuelve:¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
¿Para la época en que fue proferido el acto que declaró la caducidad del contrato, era obligatorio o existía un procedimiento previo que la entidad demandada tuviera que realizar para garantizar los derechos al debido proceso, audiencia y defensa del contratista? Sí
El contratista tiene derecho al debido proceso administrativo en el momento de la declaratoria de caducidad del contrato, lo que implica que la entidad estatal debe garantizarle la posibilidad de ser oído y ejercer su defensa, independientemente de la ausencia de un procedimiento específico en la época en que fue proferido el acto. Esto se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política y en la jurisprudencia que lo desarrolla, así como en el Decreto 01 de 1984, que establece la obligación de la administración de comunicar al contratista las actuaciones que puedan afectar sus intereses y darle la oportunidad de expresar sus opiniones. La Sala reitera que la omisión de estos procedimientos vicia de nulidad el acto administrativo que declara la caducidad del contrato, lo que puede conllevar una indemnización por pérdida de oportunidad si el contratista demuestra que estaba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el Estado y que esa posibilidad fue truncada por la declaratoria de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal…¿Es procedente reconocer a favor del contratista indemnización de perjuicios a título de pérdida de oportunidad, cuando no se acreditó que, en los años de la inhabilidad…¿Es procedente reconocer indemnización de perjuicios por el 15% del valor de las cuotas partes que le hubieran correspondido al demandante “sí el contrato se hubiera desarrollado en feliz término”?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del…¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza?¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones? Sí
El contratista no está facultado para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, ya que no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones ni justificó los incumplimientos atribuidos a factores externos o imputables a la entidad. La Sala determinó que la contratista no demostró que durante el plazo de prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron la adición de plazo, y que las causas que justificaron la prórroga no podían ser utilizadas para excusar incumplimientos posteriores. Además, no se probó que la contratista hubiera cumplido con su deber de coordinación con otros contratistas ni que las interferencias presentadas impidieran su cumplimiento. Por tanto, la Sala concluye que la Resolución 4690 no está incursa en falsa motivación y que no se vulneró el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio, ya que la entidad mantuvo claros y consistentes los hechos de incumplimiento desde el inicio del trámite. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar plenamente las circunstancias que justifican los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017?¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem?¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital? Sí
El contratista tiene competencia para interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia, para impugnar la legalidad de las resoluciones que imponen una cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual en un contrato de obra pública, dado que la controversia se enmarca en la jurisdicción contenciosa administrativa y la cuantía económica supera los 500 SMLMV al momento de presentar la demanda. La acción es procedente y oportuna, conforme a los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 80 de 1993, y las partes tienen legitimación en la causa por su participación en el contrato y como destinatarios o emisores de los actos administrativos en cuestión. La Sala modifica la jurisprudencia existente, lo que implica que en casos similares, el Consejo de Estado será competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales relacionadas con cláusulas penales pecuniarias en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e…¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de…¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra…
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales?¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños…¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo corresponde en segunda instancia al Consejo de Estado cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella, conforme al artículo 104 del CPACA y al artículo 150 del CPACA en la versión vigente al presentarse la demanda. Las partes contratantes están legitimadas, la entidad contratante por pasiva y el contratista por activa, cuando son partes del contrato de obra cuya controversia se discute. Para establecer la oportunidad de la demanda, se examina la fecha de los actos administrativos demandados y la naturaleza pública de la entidad, de modo que el término de caducidad se cuenta conforme a las reglas del medio de control. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones y ambas partes apelaron, y la sala la modificó. Como consecuencia práctica, en controversias contractuales de obra pública debe verificarse la competencia por el carácter de la entidad y la cuantía, y la legitimación de quienes firmaron el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Los extremos procesales se encuentran legitimados para ser parte del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de…¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, fue presentado dentro de la oportunidad legal?¿El aumento en las cantidades de obra y las condiciones climatológicas y de orden público desequilibraron económicamente el contrato 1589 de 2005…