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¿Puede el contratista solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato si en las actas de suspensión, prórroga y adición expresamente renunció, libre y autónomamente, a presentar reclamación judicial o extrajudicial por cuenta de tales hechos? No
La renuncia que el contratista formula de manera libre y autónoma, en actas de suspensión, prórroga o adición, a presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por los hechos que las originan es eficaz, y le impide después pretender el restablecimiento del equilibrio económico por esos mismos hechos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la renuncia es un acuerdo libre y espontáneo de voluntades sobre derechos de libre disposición, sin prueba de presión ni condicionamiento. Segunda, todas las modificaciones del contrato tuvieron origen en la petición expresa del contratista, lo que confirma la voluntad consciente con la que renunció. Tercera, el comportamiento de las partes durante la ejecución va contra el principio de buena fe y de respeto del acto propio si el contratista luego reclama. En consecuencia, la sentencia de primera instancia se confirma. Por tanto, la petición de reconocer perjuicios por los hechos de las suspensiones y prórrogas no puede prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿En el marco de un contrato estatal, la renuncia a posteriores reclamos judiciales o extrajudiciales es ineficaz a pesar de haberse realizado libre de apremio?¿Puede el contratita efectuar una reclamación judicial, cuando en forma previa, autónoma, libre de apremio y explícita manifestó no reclamar posteriormente, ni extrajudicial ni judicialmente?¿Procede la condena en costas cuando se ventila un interés público
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,CONSEJO DE ESTADO,PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO,RELACIÓN CONTRACTUAL,PRINCIPIOS PRO ACTIONE Y PRO HOMINE,CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,RÉGIMEN JURÍDICO – Declaratoria del contrato realidad,CPACA y CGP,Cómputo del término de caducidad,Medio de control,Existencia,Contratos de prestación de servicios,No es procedente,Término Legal,Caducidad de la acción,Caducidad,Competencia,Fenóm – Mes: septiembre – Año: 2017…
También resuelve:Controversias contractuales: declaratoria de existencia, contrato de prestación de servicios, cómputo, término de caducidadRégimen jurídico aplicable: cpaca y cgpConsejo de estado: competencia
52001233300020170045103 de 20252025-08-11Sección TerceraRad. 52001233300020170045103
El contratista no puede invocar el desequilibrio económico y financiero del contrato en contrataciones estatales regidas por el derecho privado, ya que este régimen se aplica exclusivamente a contratos sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública, y no a aquellos que, como el contrato No. 058 de 2013, están exceptuados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. En su lugar, el derecho privado, específicamente el artículo 868 del Código de Comercio, permite la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias que alteren la prestación futura en grado tal que resulte excesivamente onerosa. La Sala reitera que en contratos estatales bajo régimen de derecho privado también existe el deber de planeación, que se materializa en un compromiso compartido entre la entidad y el contratista y que puede dar lugar a un incumplimiento negocial si no se cumple. Además, la corporación unifica su criterio para señalar que la ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante, siempre según la intención de las partes y el alcance de los pactos. Esta regla tiene implicaciones prácticas en la interpretación y ejecución de contratos estatales bajo régimen privado, al permitir una mayor flexibilidad en la revisión contractual y en la interpretación de los acuerdos modificatorios.síntesis automática
También resuelve:Régimen aplicable a los contratos excluidos del egcap: contratación regida por el derecho privado, revisión contractual en el derecho privado, Artículo 96 de la Ley 489 de 1998, intervención judicial en contratos privadosIncumplimiento contractual: obligaciones contractuales, Artículo 1613 del Código Civil, responsabilidad civil contractualDeber de planeación en la contratación estatal: contratación estatal bajo régimen de derecho privado, incumplimiento negocial por falla en la planeación, finalidad del contrato estatal
2016_68001-23-31-000-2009-00691-01_1579-15_1579-152016-09-15Sección Segunda
En el presente asunto se trata de determinar si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento del contrato realidad, durante los periodos en los cuales se vinculó con la E.S.E. Francisco de Paula Santander a través de contratos de prestación de servicios y órdenes de trabajo en calidad de médico ginecólogo.
También resuelve:Nulidad y restablecimiento del derecho: contrato realidad, reconocimiento, pago de prestaciones socialesContrato de prestación de servicios: noción, Corte Constitucional, forma de desvirtuarloContrato realidad: existencia, elementos
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-16Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020210026601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hay lugar a decretar el dictamen pericial y los testimonios solicitados por el llamado en garantía? Sí
El llamado en garantía tiene derecho a solicitar y obtener pruebas pertinentes para su defensa, incluyendo dictámenes periciales y testimonios, siempre y cuando estas pruebas estén relacionadas con la ejecución del contrato y no solo con la demanda principal, lo que garantiza el debido proceso y la efectiva defensa del llamado. La Sala revoca la decisión que denegó estas pruebas, ordenando al a quo que determine el cuestionario para el perito y fije la fecha para los testimonios, en cumplimiento de los artículos 219 y 212 del Código General del Proceso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra los autos dictados en primera instancia por tribunales administrativos, conforme a los artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra los autos dictados en primera instancia por tribunales administrativos?
05001-23-31-000-2005-06806-01_1785-132014-05-12Sección Segunda
RELACIÓN CONTRACTUAL,CONTRATO REALIDAD,RELACIÓN LABORAL – Celebración,Entidades del sector público,Exequibilidad,Que no esconda relación laboral,Contratista,Contratante,Existencia relación coordinada,Desarrollo de actividades,Funciones,Condiciones,Subordinación,Dependencia,Existe – Mes: mayo – Año: 2014…
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2023-09-12Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190021101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La peticionaria tiene interés directo en el proceso porque Carbhid S.A.S. fue subcontratada por el titular minero para explotar en calidad de operadora el título? Sí
Quien pretende intervenir como coadyuvante debe acreditar únicamente un interés directo en el proceso, porque la coadyuvancia solo apoya las peticiones de una de las partes y no formula pretensiones propias, conforme al artículo 224 del CPACA. En el caso analizado, la sociedad que fue subcontratada por el titular de un título minero para operarlo tenía un vínculo directo con el objeto del litigio, pues la ejecución de ese contrato se frustró cuando la autoridad minera ordenó suspender cualquier actividad en el título y prescribió el cierre y abandono del área por superposición con zona de páramo. Por ello el Consejo de Estado revocó el auto del tribunal que había negado la solicitud de coadyuvancia. La providencia aclara que la relación contractual entre la interviniente y el concesionario es ajena a la autoridad minera, pero se relaciona en forma directa con el objeto del proceso. La consecuencia práctica es que la relación subcontractual puede bastar para acreditar el interés directo cuando la decisión administrativa impugnada afecta su ejecución. La providencia reitera que la coadyuvancia no exige la misma relación sustancial que las partes principales.síntesis automática
También resuelve:¿La coadyuvancia de la pretensión de una de las partes solo comporta la participación en el proceso para apoyar las peticiones formuladas por dicha parte?
¿Cuáles son los efectos jurídicos que genera el fallecimiento del representante legal de una persona jurídica contratista durante la ejecución de un contrato estatal y qué figuras del ordenamiento jurídico resultan aplicables para garantizar la continuidad contractual?
La relación contractual se configura entre la entidad estatal y el contratista como sujeto jurídico, y no con su representante legal, pues la capacidad para contratar se predica de la persona jurídica misma, conforme al artículo 6 de la Ley 80 de 1993. El representante legal actúa como órgano de la sociedad y sus actos se reputan actos de esta. Según el artículo 98 del Código de Comercio, las sociedades son personas jurídicas distintas de sus socios y actúan por medio de sus representantes legales. Por ello, el fallecimiento del representante legal no extingue ni altera la existencia jurídica del contratista, no genera la disolución automática de la persona jurídica, y esta conserva su capacidad para seguir cumpliendo sus obligaciones contractuales. El concepto lo sustenta en los principios de continuidad y autonomía patrimonial de la sociedad. Así, el elemento relevante para la validez y continuidad del vínculo es la existencia y vigencia de la representación, en tanto expresión de la capacidad jurídica del contratista.síntesis automática
También resuelve:Configuración de relación contractual: entre entidad contratante y contratistaSociedades: definición, actuación por medio de representantes legalesFallecimiento de representante legal: no extingue existencia o validez del contrato, no se configura causal de disolución
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-11Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020160019203LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El CPACA únicamente desarrolló en el artículo 224 la intervención de coadyuvantes, litisconsortes facultativos e intervenciones ad excludendum? Sí
El CPACA únicamente desarrolla en su artículo 224 la intervención de coadyuvantes, litisconsortes facultativos e intervenciones ad excludendum, lo que significa que no aborda el litisconsorcio cuasinecesario, para el cual debe aplicarse el artículo 62 del Código General del Proceso. La Sala determina que la aseguradora no puede ser vinculada como litisconsorte cuasinecesario ni como tercero, dado que no se discute el incumplimiento del contrato ni la ocurrencia de un siniestro que la afecte, y que la solicitud de su intervención llegó después del plazo establecido por el CPACA. Esta decisión reitera la interpretación restrictiva del artículo 224 del CPACA y limita la posibilidad de vincular a terceros en casos similares, afectando la estrategia procesal de aseguradores en controversias contractuales estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Los efectos jurídicos de la sentencia no se extenderían a la aseguradora, en la medida en que en el presente asunto no se discute el incumplimiento del contrato ni la ocurrencia de un siniestro que…¿La vinculación de la aseguradora no se puede hacer tampoco como tercero, dado que la solicitud se debía realizar desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profería el auto que fija…
68001233300020150119301 de 20252025-07-14Rad. 68001233300020150119301
De acuerdo con lo anterior, los elementos de la oferta se categorizan entre: (i) los que no son necesarios para la comparación y que pueden ser subsanados hasta la adjudicación y (ii) aquellos que se requieren para la evaluación de los ofrecimientos y que otorgan puntaje para determinar el orden de elegibilidad de los proponentes, los cuales no se pueden subsanar. Se ha señalado que una previsión en ese sentido comporta un desarrollo del principio de buena fe que impone a los interesados en contratar con el Estado actuar con rectitud, lealtad y honestidad durante todas las etapas contractuales. Puntualmente, las disposiciones de la Ley 80 de 1993 invocadas por el actor, contenidas en sus artículos 24 (principio de transparencia), 26 (responsabilidad), al igual que el parámetro contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva, en el que se insistió en el recurso de apelación), en los términos antes referidos.
También resuelve:Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración públicaPrincipio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponenteAplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020230067201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente al haberse interpuesto oportunamente, contra el auto que negó la intervención de terceros? Sí
Es procedente el recurso de apelación contra el auto que niega la intervención de terceros, siempre que se interponga dentro del término legal. La regla se apoya en el numeral 6 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, que expresamente hace apelable esa providencia, y en el término de interposición contado desde la notificación por estado. Por esa vía, la negativa de intervención puede ser revisada por el superior. En el caso, la aseguradora que pidió intervenir en el proceso apeló oportunamente el auto que negó su intervención. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el auto fue notificado y el recurso se interpuso dentro del término, de modo que el Consejo de Estado lo estudió y revocó la decisión. Como consecuencia práctica, el tercero al que se le niega la intervención cuenta con el recurso de apelación para controvertir esa negativa, siempre que actúe oportunamente.síntesis automática
También resuelve:¿Una aseguradora puede llamar en garantía a un tercero responsable del siniestro, aun cuando no haya efectuado el pago de la indemnización?¿Puede una aseguradora efectuar un llamamiento en garantía al tomador de la póliza, en un proceso contencioso administrativo?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 25000233600020240005501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega llamamiento en garantía? Sí
El contratista no puede interponer un recurso de apelación contra el auto que niega el llamamiento en garantía si no existe un vínculo contractual o legal directo entre el llamante y el llamado en garantía, a pesar de que los contratos puedan estar coligados o conexos; la Sala confirma que el llamamiento en garantía es improcedente cuando no se acredita tal relación jurídica, y que la mera referencia a la actuación del llamado en garantía en el marco del proceso constructivo no es suficiente para establecer un vínculo que habilite la procedencia del llamamiento. Además, la Sala determina que no procede la condena en costas por falta de configuración de una relación jurídico-procesal entre las partes, según lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el llamamiento en garantía cuando, aun pudiendo existir una eventual coligación contractual entre varios negocios jurídicos…¿Es improcedente la condena en costas por cuanto no se configuró una relación jurídico-procesal entre Contein S.A.S. y el Consorcio Interventores Bogotá?
¿Existió desequilibrio económico del contrato causado por las ampliaciones de plazo, modificaciones de mutuo acuerdo, en las cuales el contratista no dejó objeción, salvedad, reclamación o constancia alguna? No
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato causado por ampliaciones de plazo y modificaciones de mutuo acuerdo, cuando no ha dejado constancia alguna de objeción, salvedad, reclamación o costo adicional, ya que estas modificaciones son pactos que contienen su propio balance económico y no pueden ser consideradas imprevistas ni generar una ruptura del equilibrio económico inicial. La Sala reitera la jurisprudencia que sostiene que del principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios se deriva que las pretensiones de la demanda solo prosperan cuando el demandante ha dejado constancias o salvedades en las modificaciones contractuales. Esto implica que si las partes acordaron una prórroga sin modificar la cláusula de valor, esta se hará en esas condiciones, sin implicar un costo extra para la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en eventos en los cuales el recurso de apelación no prospera?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-12-09Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 76001233300420170053301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El presente asunto se tramita ante la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual le resulta aplicable la normatividad aplicable que gobierna este tipo de actuaciones contenidas en el CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo aplica el marco normativo del CPACA en los asuntos tramitados ante su jurisdicción. En este proceso, ante la solicitud probatoria del extremo pasivo fundamentada en el Código General del Proceso, se concluye que el decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. Al no configurarse tales supuestos ni acreditarse la relación contractual o los presupuestos fácticos de las pretensiones con los documentos aportados, se niega la solicitud de pruebas.síntesis automática
También resuelve:¿De la revisión efectuada a los documentos allegados por el apoderado de la entidad demandada, se advierte que estos no constituyen medios de convicción idóneos para acreditar los hechos que sirven…¿Los documentos aportados contienen información carente de valor probatorio para los supuestos fácticos discutidos al interior del plenario?
¿Existe ruptura del equilibrio económico del contrato por los mayores costos causados por la modificación del método constructivo y el lucro cesante derivado de la imposibilidad de transportar la maquinaria luego de la terminación del contrato ? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por lucro cesante derivado de la imposibilidad de transportar maquinaria luego de la terminación del contrato, ya que no incluyó esta reclamación en la acta de liquidación del contrato, lo que violaría el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Además, la Sala establece que la modificación del método constructivo fue una decisión voluntaria del contratista, por lo que no se puede aplicar la teoría de la imprevisión, ya que los hechos que causaron el desequilibrio económico del contrato deben ser exógenos a las partes. La falta de modificación del contrato no enerva la acción judicial, sino que implica la falta de prosperidad de la pretensión de desequilibrio económico. Esta sentencia reitera la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos en la liquidación del contrato y la necesidad de acreditar la ocurrencia de un evento imprevisible para aplicar la teoría de la imprevisión.síntesis automática
¿Se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva al no existir una relación contractual entre la demandante y la demandada? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por pasiva para demandar al Ministerio cuando no existe relación contractual directa entre ellos, ya que el Convenio de Cooperación no integra el Contrato de manera absoluta, manteniendo su autonomía y individualidad, según establece el principio de relatividad de los contratos. La Sala confirmará la sentencia y declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva, reiterando la jurisprudencia sobre la necesidad de una relación contractual directa para ejercer acciones judiciales. Además, la Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el CPACA, considerando la suspensión del término por el agotamiento del requisito de procedibilidad. Finalmente, la Sala condenará al contratista en costas, de acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, y establecerá la liquidación de la condena en costas de acuerdo con el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual?¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación?¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020170179801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Procurador explicó en qué consistía el interés que le asiste en las resultas del proceso y razonó sobre cómo las circunstancias que expuso podían afectar la imparcialidad y la objetividad que deben guiar su actuación como agente del Ministerio Público? No
El Procurador debe explicar en qué consiste el interés directo o indirecto que le asiste en las resultas del proceso y razonar sobre cómo las circunstancias que expuso pueden afectar la imparcialidad y la objetividad que deben guiar su actuación como agente del Ministerio Público. En este caso, el Procurador Delegado no detalló cómo las circunstancias que mencionó, como haber sido asesor y apoderado de la sociedad demandante en el pasado y la relación contractual de su sobrina con dicha compañía, daban lugar a un interés directo o indirecto en el proceso ni cómo podían comprometer su criterio jurídico en consideración a la imparcialidad, independencia y transparencia. Por lo tanto, la Sala declaró infundado el impedimento, reiterando la necesidad de que el Procurador detalle claramente la relación entre el interés y el objeto del litigio, así como el beneficio o perjuicio que podría derivarse para él o sus parientes.síntesis automática
También resuelve:¿Las causales de impedimento son de carácter excepcional, por lo que su formulación es taxativa y, en consecuencia, deben ser interpretadas de manera restrictiva?