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DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD

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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 05001233300020200014902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objetivo del llamamiento en garantía es que el llamado repare el perjuicio que la parte llamante pudiera eventualmente sufrir o que reembolse el pago que ella tuviera que hacer? Sí
El llamante en garantía debe demostrar que existe una relación contractual o legal con el llamado y que este último debe reparar el perjuicio que la parte llamante pudiera sufrir o reembolsar el pago que ella tuviera que hacer, cumpliendo así con los requisitos de sustentación suficiente y fundamentación jurídica y factual del llamamiento. La corporación reitera que el arbitraje es un mecanismo voluntario basado en la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que el pacto arbitral debe ser el resultado de una libre discusión sin imposiciones, y los árbitros solo pueden resolver los puntos estipulados en el acuerdo arbitral. En el caso del fideicomiso, la vinculación del llamado debe estar claramente especificada en los acuerdos contractuales, y si la intención de las partes era tramitar litigios ante un tribunal arbitral, debieron establecerlo expresamente en el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El pacto arbitral debe ser el resultado de la libre discusión de las partes, sin que una de ellas pueda imponerle condiciones a la otra? ¿En los acuerdos que fueron suscritos por la aportante en especie no se indicó que los conflictos gestados entre dicha sociedad y los demás integrantes del fideicomiso marco se ventilarían ante los… ¿Si la intención de las partes era tramitar ante un panel arbitral los litigios que emanaran de esa relación jurídica, debieron establecerlo expresamente?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Está demostrado que el Hospital no respetó las condiciones establecidas para celebrar el contrato

Sentencia — Sentencia 2023-04-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020160186101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La propuesta de la demandante fue indebidamente rechazada y el Contrato debió adjudicársele a ella? Sí
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. En este caso está demostrado que el Hospital no respetó las condiciones establecidas para celebrar el contrato porque (i) la oferta presentada por Tienken fue indebidamente rechazada en tanto sí estaba autorizada para ofrecer los productos de Piemca y sí cumplía los requisitos técnicos exigidos en los términos de referencia; y (ii) Tienken tenía derecho a la adjudicación del Contrato porque, conforme con lo previsto en los términos de referencia, presentó el ofrecimiento económico más beneficioso para la entidad. No obstante lo anterior, no está demostrado el perjuicio material reclamado, esto es, la utilidad que habría obtenido en caso de que el contrato le hubiera sido adjudicado.
También resuelve: ¿Por tratarse de un proceso de selección de una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública… ¿El medio de control de reparación directa fue interpuesto dentro del término establecido en la ley? ¿El incumplimiento de la obligación por parte de la entidad estatal, al abrir la convocatoria pública y no respetar las condiciones obligatorias y vinculantes establecidas en los términos de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 18001234000020190006702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve: ¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.? ¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga? ¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El cargo de la apelación resulta infundado

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 50001233100020070115101 ACCION CONTRACTUAL
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia? ¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones? ¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 44001234000020170021801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su contestación? Sí
El juez de segunda instancia está atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo ventilado en la demanda y su contestación, conforme al principio de congruencia, y no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto de apelación, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. La Sala reitera que la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 104 del CPACA y en la vocación de doble instancia del proceso, y que la adecuación del medio de control y la procedencia de las pretensiones deben ser analizadas en función de las circunstancias ventiladas en el recurso de apelación, lo que implica que el juez no puede excederse en su análisis. Esto limita la capacidad del juez para revisar aspectos no ventilados en el recurso de apelación y reafirma la importancia de la congruencia en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿La sentencia deberá establecer si el tribunal de primera instancia adecuó inapropiadamente las pretensiones en el medio de control de reparación directa? ¿Los medios de control se eligen en virtud de las pretensiones que se presenten en sede judicial? ¿Ante un escenario de enriquecimiento y empobrecimiento patrimonial sin causa, el camino procesal idóneo es la reparación directa?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se configuró la causal de anulación de 2012 de decisión infra petita

Sentencia — Sentencia 2022-11-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020220011800 RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal de anulación prevista en el numeral 9.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 de decisión infra petita? No
El contratista no puede configurar la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por decisión infra petita, ya que el Tribunal de Arbitraje resolvió las pretensiones expresamente solicitadas en la demanda y no omitió pronunciarse sobre ellas. El laudo arbitral, basado en la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas pertinentes, resolvió adecuadamente las pretensiones de la demanda, sin variar la causa petendi ni realizar una nueva valoración de las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que el Tribunal de Arbitraje debe pronunciarse sobre lo solicitado en la demanda para evitar la configuración de la causal de anulación por decisión infra petita.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció acerca de lo expresamente solicitado en las pretensiones? ¿El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC violó el derecho al debido proceso de la empresa certificadora, comoquiera que no motivó su decisión? ¿El Panel Arbitral desde un primer momento estimó que a título indemnizatorio, únicamente habría lugar a reconocer el lucro cesante?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El juez contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 08001233300020160018601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, establecimiento público del orden nacional. Asimismo, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, dada la vocación de doble instancia y al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de compraventa celebrado entre los apelantes y el ICBF se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública… ¿En consideración a que el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato de ejecución instantánea, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual se inicia desde el momento en… ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes del contrato de compraventa que dio lugar a la controversia?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 44001234000020130013401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva? ¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos? ¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En cambio, cuando los acuerdos guarden silencio sobre el asunto reclamado, sin que de sus cláusulas se deduzca intención alguna de abandonar esa diferencia, el camino para el estudio de fondo permanece expedito, y el contratista conserva su derecho a hacer valer sus reclamaciones en la liquidación del contrato y, si es del caso, en sede judicial.

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180121302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales? No
La ausencia de salvedades o de reclamaciones expresas del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal no constituye un impedimento procesal ni sustancial que haga improcedentes de manera automática las reclamaciones judiciales posteriores. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al suscribir modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, conforme a la unificación de la Sala Plena de 27 de julio de 2023, que superó el precedente que exigía la reserva expresa; el principio de buena fe no habilita al juez para crear requisitos de procedencia no previstos en la ley; y el juez debe examinar el contenido y el contexto de los acuerdos para determinar si regularon la diferencia económica reclamada. Por ello, la declaración de extemporaneidad con base en la ausencia de glosas constituye un error de juicio. La providencia de primera instancia se confirma en la parte que resolvió el fondo.síntesis automática
También resuelve: ¿La suscripción de adiciones en valor y prórrogas en tiempo que guardan silencio sobre compensaciones económicas o que no contienen cláusulas de finiquito expreso… ¿Para la procedencia del reconocimiento de perjuicios se debe examinar la acreditación de cada rubro reclamado a la luz del material probatorio aportado por quien lo reclama? ¿Se acreditaron los perjuicios derivados de la ejecución de mayores cantidades y actividades diferenciales al objeto inicialmente pactado en el contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El negocio jurídico se encuentra vigente a la presentación de la demanda cuando los aportes pactados no han sido satisfechos en su totalidad.

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020150145802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve: ¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes? ¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud? ¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 15001233300020200230601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve: ¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos? ¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad? ¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020120020901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado Providencia

A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal.

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000232600020090093302 ACCION CONTRACTUAL
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito… ¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente? ¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Jardín Botánico se defendió de esta imputación de incumplimiento al contestar la demanda

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210026801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Desconoció el Tribunal el principio de justicia rogada al reconocer la responsabilidad contractual del Jardín Botánico, pese a que el demandante no solicitó expresamente la declaración de incumplimiento? No
La demanda que reclama la responsabilidad contractual por el incumplimiento de una obligación dineraria no requiere pedir expresamente la declaración de incumplimiento para que el juez la reconozca, pues no desconoce el principio de justicia rogada. La regla se sostiene en tres razones: la demanda reclamó la responsabilidad del contratante por no cumplir la obligación a su cargo y, en consecuencia, invocó las normas del derecho común sobre responsabilidad del deudor, como los artículos 1602 y 1613 del Código Civil; el demandado se defendió de esa imputación al contestar la demanda, de modo que el debate sobre el incumplimiento estuvo presente en el proceso; y la excepción previa de ineptitud sustantiva fue resuelta por el tribunal sin que la parte cuestionara ese enfoque. Así, el juez puede declarar la responsabilidad a partir de los hechos y del fundamento jurídico de la demanda. La providencia se modifica en lo relativo a la liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda fue presentada oportunamente? ¿La forma de pago pactada con base en el avance de la obra modifica la modalidad de remuneración previamente convenida como un precio fijo en un contrato de interventoría? ¿El reducido avance de la obra exonera a la entidad estatal de pagar la remuneración pactada al interventor cuando este cumplió las obligaciones propias del contrato de interventoría?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020020068401 ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales? Sí
El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente… ¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro… ¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020120028501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes del Convenio regido por el derecho privado, pactaron la facultad de que una de ellas pudiera declarar el incumplimiento de la otra e imponer la cláusula penal pecuniaria? No
El contratista no puede declarar unilateralmente el incumplimiento de la otra parte y aplicar la cláusula penal pecuniaria en un convenio regido por el derecho privado, ya que dicha facultad no fue pactada en el acuerdo de voluntades, lo que implica una extralimitación de funciones y actuación sin competencia. La Sala concluye que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tenía facultad para emitir actos administrativos en el marco del convenio especial de cooperación técnico-científico, y que cualquier intento de declarar el incumplimiento de la otra parte sería ilegal por violar la inmunidad de jurisdicción. Esto lleva a declarar el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio al exceder las facultades conferidas en el mismo, lo que implica que las partes deben actuar conforme a las cláusulas pactadas y no pueden imponer sanciones fuera de ellas.síntesis automática
También resuelve: ¿El programa Agro Ingreso Seguro estuvo integrado por dos componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la competitividad para preparar el sector agropecuario ante su proceso de… ¿El convenio especial tenía la naturaleza de un negocio jurídico conmutativo? ¿El convenio especial de cooperación se configuró en un negocio jurídico que el juez por la vía de interpretación podía readecuar para efectos de desentrañar la voluntad de las partes?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento.

Sentencia — Sentencia 2026-04-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 54001233100020070017601 ACCION CONTRACTUAL
¿El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento? Sí
El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de una relación causal directa entre los supuestos incumplimientos de la entidad estatal y los del contratista, sumado a la falta de prueba fehaciente sobre la imposibilidad de cumplimiento. La corporación judicial examinó los presupuestos de la excepción de contrato no cumplido, las reglas del pliego de condiciones, la bilateralidad negocial y la responsabilidad contractual del Estado, determinando que no se acreditó la afectación alegada ni la temeridad o mala fe procesal que justifique una condena en costas.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando surge mayor onerosidad y el contratista cumple íntegramente sus obligaciones? ¿Procede el reconocimiento de indemnización por pérdida de oportunidad cuando no existe prueba de una posibilidad real de contratación ni de la cuantía del perjuicio? ¿Niega la Sala adición de la sentencia cuando no existe pretensión en la demanda ni prueba de pago sobre la suma reclamada?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El fenómeno de la caducidad y su eventual configuración corresponde a un presupuesto del derecho de acción

Sentencia — Sentencia 2022-12-12 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130206401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo? Sí
La caducidad de la acción es una figura de orden público que limita el tiempo en que se puede acceder a la jurisdicción, y constituye un presupuesto del derecho de acción que es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, por lo que el juez debe verificarla al dictar sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la caducidad evita que las situaciones jurídicas controvertidas permanezcan indefinidas en el tiempo. Segunda, en los contratos la caducidad se computa desde la terminación del contrato si no requiere liquidación, o desde la suscripción de la liquidación si la requiere, y desde el vencimiento del plazo para liquidar, según el caso. Tercera, la Ley 446 de 1998 positivizó este criterio y fijó un término de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. En consecuencia, el juez debe examinar la caducidad como elemento esencial antes de decidir el fondo. El documento reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza de la caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal? ¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? ¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000232600020110049101 ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso… ¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio? ¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
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