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INEXISTENCIA DEL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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Consejo de Estado Providencia

Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 52001233300020180003401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, ya que la parte demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por perjuicios adicionales derivados de una mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue previamente regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, especialmente si la entidad demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia. La Sala establece que las prórrogas y adiciones celebradas entre las partes, que regularon los efectos económicos de la mayor permanencia en obra, deben ser respetadas, evitando así desconocer los negocios jurídicos celebrados para superar dificultades durante la ejecución del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la irrevocabilidad de la sentencia cuando hay apelante único, lo que implica que los valores reconocidos en primera instancia por estos conceptos deben mantenerse.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera la Superintendencia los derechos contractuales de la Unión Temporal al negarse al pago de las facturas por obras ejecutadas, con base en la expiración de la vigencia presupuestal… ¿Resulta procedente modificar la liquidación judicial del contrato reconociendo un saldo a favor de la Unión Temporal por concepto de obras ejecutadas no pagadas… ¿Impide la prosperidad parcial de los recursos de apelación en segunda instancia la imposición de condena en costas, conforme al artículo 188 del CPACA y al numeral 1 del artículo 365 del CGP?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Está probado el incumplimiento del contratista de los requisitos pactados para recibir el pago por la obra ejecutada

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 63001233300020170013601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está probado el incumplimiento del contratista de los requisitos pactados para recibir el pago por la obra ejecutada? Sí
El contratista no tiene derecho a recibir el pago por la obra ejecutada si no demuestra el cumplimiento de los requisitos pactados, como el pago de salarios y cotizaciones a seguridad social, y la aprobación del interventor. La Sala establece que el incumplimiento de estos requisitos impide la exigibilidad del pago, independientemente de la denominación legal que se le dé a la excepción. Además, la falta de pruebas que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y la entrega de informes técnicos por parte del contratista impide la liquidación judicial del contrato y la deducción de las deudas pendientes. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los términos del contrato para hacer exigible el pago y subraya la necesidad de aportar pruebas suficientes para demostrar el cumplimiento de las condiciones pactadas.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la liquidación del contrato y deducir las deudas que tiene el consorcio con sus empleados y las cotizaciones a seguridad social que quedaron pendientes pago? ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas y la fijación de agencias en derecho?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 08001233300020130004402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve: ¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores? ¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento? ¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte.

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 81001233100020090003901 ACCION CONTRACTUAL
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada? ¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra? ¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La intervención del Juez en la liquidación de un contrato que no está sometido a la Ley 80 de 1993 solo es procedente si el negocio tiene una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 54001233300020170073001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La intervención del Juez en la liquidación de un contrato que no está sometido a la Ley 80 de 1993 solo es procedente si el negocio tiene una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales? Sí
El juez puede intervenir en la liquidación de un contrato estatal no sometido a la Ley 80 de 1993 solo si el contrato incluye una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo establece la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencias recientes. Esta intervención judicial se justifica por la necesidad de resolver litigios relacionados con contratos estatales y por la ausencia de un marco normativo que delimite la liquidación en ausencia de una cláusula contractual. En el caso específico, la controversia entre ECOPETROL y AISLATERM sobre reclamaciones económicas y compensaciones adicionales, junto con la existencia de una cláusula de liquidación en el contrato, permiten la intervención del juez para esclarecer el estado de cumplimiento y determinar los efectos económicos del contrato, matizando la posición anterior sobre la obligación de liquidar contratos estatales no sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez intervenir en la liquidación de un contrato estatal cuando no se realizó de común acuerdo ni fue practicada oportunamente por la entidad contratante… ¿Puede el juez reconocer la compensación legal en ausencia de certeza, liquidez y exigibilidad del crédito alegado por el demandado? ¿Puede el juez declarar probada la excepción de compensación si no existe certeza sobre la obligación indemnizatoria alegada por el demandado?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170100701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato? ¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente? ¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El cargo analizado resulta infundado y así también será declarado.

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 11001032600020240005600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Existe un problema de congruencia entre lo pedido, los hechos en que se fundó el litigio, y lo resuelto en el laudo, en la medida que no se dejaron de resolver los temas objeto de la controversia? No
El contratista no puede impugnar el laudo arbitral por falta de congruencia entre lo pedido, los hechos del litigio y la decisión, ya que el tribunal resolvió todos los temas objeto de controversia, evitando convertir el recurso extraordinario en una segunda instancia no prevista en el proceso arbitral. La cláusula compromisoria del contrato estatal otorga competencia al árbitro para conocer de incumplimientos en pagos y reconocimiento de intereses moratorios, independientemente de la ausencia de salvedades en el acta de liquidación bilateral. Además, la causal séptima de anulación no se configura si el laudo se basa en el acervo probatorio recopilado, pues la decisión no proviene de la conciencia del árbitro sino de elementos externos al proceso. Estas reglas reafirman la taxatividad de las causales de nulidad del laudo y la obligatoriedad de la cláusula compromisoria en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿En la cláusula se precisó que el arbitraje se extendía al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato? ¿La causal séptima de anulación se configura si el laudo arbitral se emite con prescindencia absoluta del acervo probatorio recaudado? ¿No se decidió más allá de lo pedido, y por el contrario se falló conforme a lo pretendido al haberse hallado incumplimiento en el plazo del segundo pago fundado en la obligación pactada en la…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020180069302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve: ¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito? ¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley? ¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No le asistió razón a la parte apelante en que la Universidad incumplió el contrato

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 41001233300020120018402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles? ¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial? ¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-10-10 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 13001233100019971238901 ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se determina la normatividad procesal aplicable al proceso? Sí
El contratista debe determinar la normatividad procesal aplicable al proceso de controversias contractuales según la fecha en que se interpuso la demanda, en este caso, la Sala estima que la demanda interpuesta el 24 de julio de 1997 debe regirse por el Código Contencioso Administrativo de 1984, dado que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia posteriormente. Además, la entidad estatal es competente para conocer del recurso de apelación cuando el monto de las pretensiones indemnizatorias supera la cuantía establecida en el Código Contencioso Administrativo. En cuanto al cómputo del término de caducidad, la Sala establece que este debe iniciarse desde la fecha en que debió efectuarse la liquidación del contrato, que en este caso se prolongó hasta el 11 de mayo de 1995, y que la liquidación debió realizarse dentro de los plazos establecidos por la jurisprudencia, reiterando la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda, ya finalizado el término de ejecución del contrato… ¿En los contratos que se rigen por el Decreto ley 222 de 1986, La existencia de los contratos no sujetos a la formalidad de escritura pública…
Consejo de Estado Providencia

¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ?

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020150016601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve: ¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama? ¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito? ¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100019970125702 ACCION CONTRACTUAL
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve: ¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado… ¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso… ¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La decisión no estará justificada si no se deriva lógicamente de las premisas expresadas en el razonamiento

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160036301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, y conforme al contenido de los reproches del recurrente? Sí
El juez de segunda instancia debe complementar la sentencia del inferior cuando la parte perjudicada por la omisión de pronunciamiento haya apelado, pero su estudio queda limitado a los reproches del recurrente, conforme a los artículos 287 y 328 del Código General del Proceso. Esta regla se apoya en que la sentencia debe ser congruente con los hechos, las pretensiones y las razones de defensa, según el artículo 281 del mismo código, de modo que las pretensiones omitidas hacen parte del debate. Además, el deber de motivación exige que cada decisión se derive lógicamente de sus premisas fácticas y jurídicas, y la omisión de un punto apelado impide ese control. En el caso, el apelante alegó que el tribunal dejó de resolver la mayoría de las pretensiones, pero la Sala excluyó del análisis las pretensiones sobre incumplimientos que el tribunal sí halló probados, así como las de pago de obras ejecutadas que no fueron objeto de reproche. La providencia modifica la sentencia apelada en lo necesario. Su consecuencia práctica es que la parte debe precisar sus reproches sobre cada pretensión omitida, porque el juez de segunda instancia no decide lo que no fue apelado.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda por costos administrativos por improductividad… ¿Debe condenarse a Bogotá D.C. - Secretaría de Educación Distrital al pago de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden a las facturas de venta nº. 17 y 19… ¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista los intereses moratorios solicitados en la demanda, por los días de retardo en el pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7 y 11-17, 19?
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