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AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONTRATO ESTATAL

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Consejo de Estado Providencia

No es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 50001233100020080009201 ACCION CONTRACTUAL
¿Es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental para que el gobernador pueda celebrar un contrato de transacción? No
El gobernador no requiere autorización previa de la Asamblea Departamental para celebrar un contrato de transacción, en línea con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, que establece que dicha autorización es excepcional y solo se requiere cuando el legislador lo disponga expresamente. La Sala confirma que la ausencia de una ordenanza que autorice al gobernador a celebrar la transacción no comporta la nulidad del contrato, ya que no existe una norma especial que lo exija. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda que los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos sin necesidad de una autorización particular de las asambleas departamentales, siempre y cuando no haya una disposición legal que establezca lo contrario. Esta regla reitera y confirma la interpretación del artículo 300, numeral 9, y tiene implicaciones importantes para la autonomía de los gobernadores en la celebración de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿De conformidad con la legislación, los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos, sin previa autorización de la Asamblea Departamental?
Consejo de Estado Providencia

En los correos se indica de forma general que las facturas pendientes de pago corresponden a servicios prestados en 2013

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020160159201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó el vicio del consentimiento alegado sobre el acta de liquidación bilateral del contrato? No
El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal solo puede anularse si se demuestra un vicio del consentimiento, como el dolo, y que la carga de probar ese vicio corresponde a quien lo alega, de modo que, mientras no se pruebe, el acta conserva su validez y el juez no debe analizar de fondo las demás pretensiones. Una razón es que los correos electrónicos señalaban de forma general que las facturas pendientes correspondían a servicios de 2013, sin certeza de que estuvieran incluidas en la relación de pagos del acta, y uno de ellos mencionaba servicios de 2012, fuera del plazo de ejecución. Otra razón es que no se acreditó un acuerdo entre la entidad y el apoderado con la intención de causar daño mediante la suscripción del acta, y el apoderado tenía capacidad para suscribirla. En el caso, la Sala confirmó la sentencia y, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso, no analizó de fondo las pretensiones de pago. Su consecuencia práctica es que el acta de liquidación bilateral solo se controvierte con prueba concreta del vicio y no con correos generales sobre facturas.síntesis automática
También resuelve: ¿Los correos contienen una aceptación o reconocimiento expreso de la Armada respecto de la deuda, su monto y la intención de reconocer dichas sumas de dinero a la demandante? ¿La demanda fue presentada dentro del término establecido en la ley? ¿Los negocios jurídicos suscritos por el apoderado en nombre de la demandante se entienden celebrados directamente por la sociedad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte.

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 81001233100020090003901 ACCION CONTRACTUAL
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada? ¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra? ¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 20001233900020140027102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve: ¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados? ¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS? ¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 23001233300020140010901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento? ¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión? ¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020120020901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
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