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Consejo de Estado
Providencia
El hecho de incurrir en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 88001233300020200010001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve:
¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato…
¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina?
¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El incumplimiento contractual surge del desconocimiento del débito prestacional, diferenciándose del rompimiento del equilibrio económico.
Sentencia — Sentencia
2026-07-15
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 08001233300020210014901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:
¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?
¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?
¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El contrato celebrado es un parámetro indispensable para estimar las prestaciones mutuas ejecutadas que deben devolverse luego de adoptada judicialmente la nulidad del negocio.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-04-26
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 44001233100020000054002
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante
Sentencia — Sentencia
2024-10-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 88001233300020180001101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:
¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?
¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…
¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La compraventa de bien ajeno es un acto que genera efectos en el derecho colombiano
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130132201
ACCION CONTRACTUAL
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?
¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?
¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad
Sentencia — Sentencia
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 15001233300020170007602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?
¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?
¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En él únicamente se hizo una relación de los supuestos gastos en que incurrió el IDRIPON bajo diferentes conceptos
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020150181201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Probó la entidad demandante el pago de las sumas de dinero que dice haber cancelado para el sostenimiento del inmueble El Triunfo entre los años 2009 y 2015? No
El recurrente pretende que se le reconozca la devolución de las sumas de dinero pagadas para el sostenimiento del inmueble “El Triunfo”, entre los años 2009 y 2015… . Como argumentos de su solicitud, la parte actora aseguró que dicho monto está plenamente acreditado con el “Informe de registros contables del predio Suba” suscrito por la responsable del área de contabilidad del IDRIPON. En efecto, la parte actora allegó con la demanda el documento referido, en el que se estableció que el total de gastos registrados… .
También resuelve:
¿Es procedente la condena en costas en primera instancia, en el medio de control de controversias contractuales instaurado por una entidad pública con ocasión y por causa de los vicios redhibitorios…
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en asuntos con vocación de doble instancia?
¿El término de caducidad bienal del medio de control de controversias contractuales, incoado por el IDRRIPON, empezó a correr desde la fecha en que ocurrieron los motivos de hecho que le sirvieron…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 18001234000020190006702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:
¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?
¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?
¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-03-24
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100020000341401
ACCION CONTRACTUAL
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve:
¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?
¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?
¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque o modifique en algún aspecto puntual.
Sentencia — Sentencia
2025-09-26
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 76001233300020230085601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental?
¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante?
¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.
Sentencia — Sentencia
2026-05-28
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 13001233300020170082001
Controversias contractuales
¿Los acuerdos modificatorios son expresión de la autonomía de la voluntad, corresponde al juez examinar su contenido para establecer si las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que luego se reclama? Sí
Los acuerdos modificatorios suscritos durante la ejecución del contrato son expresión de la autonomía de la voluntad, por lo que corresponde al juez examinar su contenido y contexto para establecer si las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que luego se reclama. La regla se sostiene en tres razones: el juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito de procedencia o prosperidad de la reclamación posterior; solo cuando el examen no revela una voluntad negocial de regular la diferencia procede el estudio de fondo; y el principio de buena fe objetiva no habilita al juez para crear requisitos adicionales de reserva. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera. En consecuencia, la reclamación económica debe analizarse a partir de lo que las partes efectivamente pactaron en los acuerdos modificatorios, y no a partir de la falta de reservas en ellos. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:
¿Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a todo lo que corresponde a su naturaleza.
¿Si la prórroga es para permitir al contratista remediar atrasos que le son atribuibles, la buena fe le impone revelar al momento de solicitarla o convenirla…
¿El acuerdo modificatorio se limitó a formalizar la prórroga, el incremento del anticipo y la incorporación de ajustes eléctricos, sin resolver la controversia patrimonial hoy planteada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2025-09-26
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 15001233300020200230601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve:
¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos?
¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad?
¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300020240013101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:
¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas…
¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande…
¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ?
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 73001233300020150016601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve:
¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama?
¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito?
¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020170045901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante?
¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además…
¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El juez debe realizar un análisis de fondo y valorar los dictámenes periciales que acreditan sobrecostos en la ejecución contractual.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2026-07-15
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 08001233300020210014901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Entre los argumentos frente a los cuales la Sala debía realizar un pronunciamiento, está el relativo a que el dictamen pericial aportado acreditaba los sobrecostos en que habría incurrido el Consorcio? Sí
El juez contencioso administrativo tiene el deber insoslayable de realizar un análisis de fondo y dar respuesta motivada a los argumentos de la demanda y la apelación, valorando integralmente los dictámenes periciales aportados para demostrar sobrecostos. En esta aclaración de voto se comparte la decisión de confirmar la sentencia principal, pero se disiente de la metodología empleada al no otorgar un estudio ponderado al dictamen pericial del Consorcio que pretendía acreditar sobrecostos patrimoniales. Se recalca que las actuaciones de la entidad demandada no correspondían a verdaderos actos administrativos amparados por presunción de legalidad indiscutible, por lo que la Sala estaba obligada a examinar rigurosamente la carga probatoria sobre el incumplimiento contractual y las reclamaciones financieras ventiladas en el proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿El argumento consistente en que las suspensiones y prórrogas del contrato son imputables al Departamento, podía conducir a un escenario de responsabilidad contractual por incumplimiento…