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¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
¿La competencia de la administración para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías del contrato, está sujeta al plazo de ejecución del mismo, por lo que, los actos administrativos demandados que contienen dichas decisiones se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia temporal? No
El contratista no puede impugnar los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal declara el incumplimiento del contrato y hace efectivas la garantía única y la cláusula penal pecuniaria por falta de competencia temporal o falsa motivación, ya que la ley no limita el ejercicio de dicha competencia a la vigencia del contrato y las pruebas demuestran que el contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales. La Sala reitera que la entidad estatal puede declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectivas las garantías del mismo incluso después de vencido el plazo del contrato, siempre y cuando su finalidad sea obtener el pago de la garantía y la cláusula penal. Además, la Sala confirma que la entidad estatal puede desestimar la falsa motivación del acto administrativo si las pruebas aportadas demuestran el incumplimiento del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos mediante los cuales Indeportes Antioquia declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva la garantía única y la cláusula penal pecuniaria…¿Hay lugar a reducir proporcionalmente el valor de la cláusula penal pecuniaria, debido a que, según la demandante, el incumplimiento del contrato no fue total?¿Procede la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación en el medio de control de controversias contractuales, esto es…
¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal del contrato 479 celebrado entre las partes demandante y demandada y se confirmó tal decisión por estar incurso en las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede declarar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento y hacen efectiva la cláusula penal en un contrato interadministrativo, ya que la entidad estatal tiene competencia funcional para adelantar el proceso de incumplimiento y declarar el incumplimiento contractual conforme a la ley, sin violar el debido proceso ni presentar falsa motivación, siempre y cuando se acredite debidamente la falta de cumplimiento del contrato y se respeten los derechos del contratista en todo el proceso. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la competencia de las entidades estatales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en contratos interadministrativos, lo que implica que los contratistas deben cumplir con sus obligaciones contractuales y no pueden alegar nulidad sin evidencia clara de violación al debido proceso o falsa motivación del acto administrativo.síntesis automática
¿es nulo el acto administrativo en comento por haber sido expedido de forma irregular, por no tener motivación suficiente; con infracción de las normas en que debía fundarse y/o mediante falsa motivación? Sí
El acto administrativo es parcialmente nulo por haberse expedido con falsa motivación y falta de motivación, ya que no se tuvieron en cuenta los soportes documentales que justificaban la prestación de servicios médicos no POS y no se hicieron explícitas las razones para negar el recobro de servicios que presentaban alertas de seguridad y fueron prescritos por médicos tratantes. La nulidad afecta específicamente la ratificación de las glosas 3406 y 3423, impuestas a los recobros de los medicamentos Sandoglobulina 6 g y Vastarel ® MR. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la nulidad por falsa motivación y falta de motivación, lo que implica que los actos administrativos deben ser claros y fundamentados en los hechos y normas pertinentes para evitar nulidades que puedan afectar el derecho a la salud y la adecuada prestación de servicios médicos.síntesis automática
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones? Sí
El contratista no está facultado para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, ya que no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones ni justificó los incumplimientos atribuidos a factores externos o imputables a la entidad. La Sala determinó que la contratista no demostró que durante el plazo de prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron la adición de plazo, y que las causas que justificaron la prórroga no podían ser utilizadas para excusar incumplimientos posteriores. Además, no se probó que la contratista hubiera cumplido con su deber de coordinación con otros contratistas ni que las interferencias presentadas impidieran su cumplimiento. Por tanto, la Sala concluye que la Resolución 4690 no está incursa en falsa motivación y que no se vulneró el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio, ya que la entidad mantuvo claros y consistentes los hechos de incumplimiento desde el inicio del trámite. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar plenamente las circunstancias que justifican los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017?¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem?¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
¿Es posible otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético por el demandante, considerando que, pese a que la entidad demandada refutó de manera general su contenido, para atacar a través de la figura del desconocimiento la presunción de autenticidad que opera sobre el documento, no bastaba con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación? Sí
El contratista puede otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético, incluso cuando la entidad demandada refuta de manera general su contenido, siempre y cuando esta última exprese los motivos que la llevan a desconocer el documento, en lugar de hacerlo de manera general e injustificada. La presunción de autenticidad que opera sobre el documento no se desvirtúa simplemente por la falta de una certificación o constancia de autenticidad, y la entidad demandada debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 272 del Código General del Proceso para desconocer un documento. Esta regla reitera la importancia de la buena fe en la valoración de la prueba documental y matiza la interpretación de la figura del desconocimiento en el contexto de la prueba en medio magnético, lo que implica que las entidades estatales deben justificar adecuadamente cualquier refutación de la autenticidad de los documentos presentados en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La base de datos aportada en medio magnético por el demandante, acredita que la liquidación unilateral del contrato de aseguramiento realizada por el Municipio es nula por falsa motivación…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, para decidir la segunda instancia? Sí
El contratista no puede modificar los fundamentos de la demanda a través del recurso de apelación al incorporar nuevos argumentos no planteados en la demanda inicial, ya que esto vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso. La entidad estatal debe cumplir con los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial para que la Subsección decida la segunda instancia. La Sala confirma que el Tribunal a quo no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa de la aseguradora al no pronunciarse sobre los alegatos de conclusión, ya que los cargos de la demanda fueron considerados y resueltos en la sentencia de primera instancia. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la importancia de mantener la congruencia en los recursos de apelación y la necesidad de cumplir con los requisitos procesales para la admisión de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Se modificó el fundamento de la demanda a través del recurso de apelación con la inclusión de nuevos argumentos no planteados en la demanda?¿El Tribunal a quo omitió pronunciarse sobre los alegatos de conclusión de primera instancia de la aseguradora y, como consecuencia, vulneró su debido proceso y derecho de defensa?¿De acuerdo con la naturaleza de la entidad contratante, las características y especificaciones del negocio jurídico objeto de estudio…
¿Debe revocarse la decisión de primera instancia consistente en acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda porque los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico, con plena observancia del debido proceso y debidamente motivados, por lo que no había lugar a declarar su nulidad y a condenar a la demandada al pago de suma de dinero alguno? No
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos de liquidación del contrato estatal por falsa motivación cuando la entidad realiza descuentos superiores a los que corresponden, ya que estos deben estar debidamente fundamentados y acordes con la realidad probatoria. La Sala establece que la falsa motivación se configura cuando los argumentos expuestos en el acto administrativo no reflejan la situación real de los hechos o no justifican adecuadamente la decisión adoptada. En este caso, la entidad demandada efectuó descuentos injustificados al interpretar erróneamente los plazos de entrega acordados y los términos de penalización por retraso, lo que implica que debe modificarse el valor a restituir conforme al análisis probatorio realizado. Esta sentencia reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la falsa motivación en la liquidación unilateral de contratos estatales, subrayando la importancia de una motivación objetiva y veraz en los actos administrativos.síntesis automática
¿Se acreditó la falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato interadministrativo? No
La falsa motivación de un acto de liquidación unilateral no se configura cuando los motivos del acto tienen soporte en la ejecución parcial del contrato, pues la ley no fija una fórmula única para liquidar los contratos estatales. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la entidad puede efectuar el balance económico de lo ejecutado y definir la situación de los cocontratantes con el método que mejor convenga al negocio, como lo hizo al asignar un porcentaje a lo ejecutado y ordenar el pago de ese importe. La segunda es que la entidad no acreditó que fueran falsos los motivos del acto, porque el consorcio ejecutó las etapas primera y segunda sin incumplimientos señalados, y el incumplimiento se ubicó en la tercera etapa por falta de aseguramiento total de la calidad de la información, lo que no hacía inútil todo lo ejecutado. En el caso concreto el consorcio ejecutó el 81,88% del valor pactado, y el cruce de cuentas partió de ese punto. Por esa razón tampoco se acreditó el desconocimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la desatención del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 porque la DNE no realizó un efectivo cruce de cuentas ya que en ningún momento efectuó ajustes, revisiones o reconocimientos…
¿Se acreditó que las resoluciones acusadas fueron emitidas con violación de los dispuesto en los artículos 87, 88 y 91 del CPACA, artículo 230 de la Constitución Política y artículo 8 de la Ley 153 de 1887? No
El apelante no puede proponer en el recurso de apelación nuevas pretensiones o causas que varíen la causa petendi de la demanda, porque ello vulnera el debido proceso, la defensa y la contradicción de la parte demandada. La regla se apoya en tres razones. Primera, el reparo que el apelante formuló no fue expuesto en las pretensiones, los hechos ni el concepto de violación de la demanda, por lo que la Sala no lo aborda. Segunda, la falta de aplicación del procedimiento del artículo 141 del CPACA tampoco se alegó en la demanda, así que no puede estudiarse en la apelación. Tercera, la Sala se limita a decidir los puntos de la apelación que fueron objeto de la demanda y frente a los cuales la entidad pudo defenderse. En el caso, las resoluciones de la autoridad minera no se demostró que contrariaran las normas invocadas, por lo que se confirma la sentencia apelada y se condena en costas a la parte vencida. El documento reitera la línea sobre la variación de la causa petendi en la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿El apelante puede proponer nuevas pretensiones de la demanda en el recurso de apelación?¿En el presente caso, procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por falsa motivación, violación al debido proceso, falta de competencia y desproporción de la sanción, si se demuestran irregularidades en la motivación y en el análisis de las obligaciones cumplidas por la contratista. La Sala establece que la entidad debe individualizar claramente el incumplimiento y evaluar las situaciones reales antes de tomar una decisión como la terminación del contrato, y que la falta de motivación adecuada y la falsa motivación son causales de nulidad. La corporación reitera la importancia de la motivación correcta en los actos administrativos y la necesidad de evaluar adecuadamente el cumplimiento contractual antes de declarar el incumplimiento, lo que implica que las entidades deben ser más precisas en sus fundamentos y considerar las herramientas legales disponibles para la corrección de situaciones problemáticas antes de tomar medidas drásticas.síntesis automática
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer pretensión de nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea para declarar la nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de dichas pretensiones en virtud del fuero de atracción, pero el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años desde el perfeccionamiento del contrato de seguro, sin posibilidad de extenderse durante toda la vigencia del contrato principal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior al establecer que la caducidad opera frente a las pretensiones de nulidad relativa, independientemente del estado del contrato principal, lo que implica que las acciones presentadas después del término bienal son extintivas. Además, las compañías que participan en un contrato de coaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario para las pretensiones relacionadas con la declaración del siniestro y la efectividad de la póliza, pero no necesariamente deben intervenir todas las aseguradoras para fallar de fondo. Por último, la Sala considera que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro puede ser suspendida por circunstancias excepcionales, como la emergencia sanitaria declarada en 2020, lo que impide declarar la prescripción extintiva de la acción en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones dirigidas a declarar la nulidad relativa del contrato de seguro?¿Las compañías que profieren el cuaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario de cara a la pretensión de nulidad de los actos que declaren el siniestro y ordenen hacer efectiva la póliza?¿Debió el a quo declarar la prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguro?
¿Se acreditó que existe nulidad de un contrato por violación al derecho de audiencia, debido a que el ordenador del gasto no estuvo presente en toda la audiencia de adjudicación; y por violación a las normas en que debía fundarse y por falsa motivación? No
En los procesos de nulidad contractual, la ausencia del ordenador del gasto durante toda la audiencia de adjudicación de una licitación pública no vicia el acto de adjudicación, porque no existe una norma que lo obligue a estar presente en todo su desarrollo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ausencia de una norma que imponga la presencia permanente impide declarar la nulidad por violación del derecho de audiencia. Segunda, los cargos de nulidad por violación de las normas en que debía fundarse el acto y por falsa motivación deben probarse, y en el caso no lo fueron. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones porque los cargos de nulidad contra el acto de adjudicación no quedaron probados. En la práctica, quien impugne una adjudicación por la ausencia de un servidor en la audiencia debe identificar la norma que exigía su presencia y acreditar el perjuicio que le causó la ausencia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso dentro del término estipulado por la ley?¿Procede la condena en costas al resolverse de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante?
¿Puede un juez de segunda instancia pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia, ya que la carga argumentativa del recurso de apelación requiere que el recurrente no se limite a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, sino que debe presentar una fundamentación específica que permita al tribunal del segundo grado delimitar su competencia. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia al constatar que el apelante no cumplió con esta carga argumentativa, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar el fondo del asunto. Esta decisión reitera la importancia de la carga argumentativa en el recurso de apelación y limita la competencia del juez de segunda instancia cuando no se cumplen con los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Es válida la liquidación unilateral de un convenio interadministrativo si se realiza dentro del término de dos años posterior a la expiración del plazo contractual?¿Puede considerarse debidamente motivada una resolución de liquidación unilateral sustentada en el informe de supervisión, sin que medie pronunciamiento previo de la Contraloría General?¿Procede la condena en costas contra el recurrente al no haber prosperado la apelación?
¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento? Sí
El contratista no puede reducir la pena pecuniaria impuesta por incumplimiento de entrega de documentos si esta se basa en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante, ya que la proporcionalidad de la sanción se mantiene siempre que se ajuste al daño efectivamente causado, como lo establece el Contrato 194 de 2005 y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la jurisprudencia que permite a la entidad estatal liquidar el monto de la cláusula penal pecuniaria en función del daño real, sin necesidad de que este sea inferior al estipulado contractualmente, lo que implica que la proporcionalidad de la pena pecuniaria se mantiene siempre que se ajuste a la cuantificación razonada del perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley?¿Tienen valor probatorio las copias simples?¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal?
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede impugnar la liquidación unilateral del contrato por falta de competencia si esta se expide dentro del término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales, conforme al artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal conserva la facultad para liquidar el contrato unilateralmente incluso después de vencido el plazo legal para la liquidación bilateral, siempre que actúe dentro del término de caducidad. Además, la nulidad del acto administrativo por falsa motivación no procede si el tribunal omite pronunciarse sobre reclamaciones presentadas por el contratista, siempre y cuando no se demuestre un incumplimiento contractual o desequilibrio económico del contrato. La Sala se abstiene de condenar en costas si la conducta de las partes no justifica una imposición, de acuerdo con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo el término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Vencido el plazo para la liquidación bilateral del contrato y la liquidación unilateral del contrato, la entidad conserva la competencia para liquidarlo unilateralmente dentro del plazo de caducidad…¿Está probada la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato por falsa motivación y el incumplimiento contractual o desequilibrio económico del contrato?
¿La ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga del contrato son suficientes para abstenerse la Sala del estudio de fondo de la reclamación fundada en la ruptura del equilibrio económico del contrato? No
El contratista no puede abstenerse de estudiar el fondo de la reclamación por la ruptura del equilibrio económico del contrato solo por la ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga, ya que no se demostró que el desabastecimiento de materiales excediera el riesgo asumido contractualmente. Además, la entidad estatal no incurrió en nulidad al imponer una multa después del vencimiento del plazo contractual, siempre y cuando la multa tenga un fin conminatorio y las obligaciones pendientes puedan ser cumplidas dentro del plazo del contrato. Sin embargo, si la multa se impone después de que el contrato haya terminado, carece de competencia temporal y es nula. Asimismo, la liquidación unilateral del contrato no es nula por realizarse fuera del término legal si el contratista no acuerda la liquidación bilateral y el plazo de cuatro meses para la liquidación unilateral no se ha cumplido. Por último, la liquidación unilateral no viola el debido proceso si no afecta derechos fundamentales más allá del monto de la multa, que pierde fuerza ejecutoria si la multa es nula por falta de competencia temporal.síntesis automática
También resuelve:¿Existe nulidad del acto de imposición de multa por haberse emitido una vez vencido el plazo dispuesto para tal fin?¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haberse realizado por fuera de los términos establecidos en la ley?¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por violación del derecho al debido proceso?
¿La pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo contractual impide el estudio de legalidad del acto administrativo demandado en medio de control de controversias contractuales por falsa motivación y, por lo tanto, también impide la procedencia de la condena, especialmente la restitución económica? Sí
El contratista no puede obtener la restitución económica cuando se declara la nulidad del acto administrativo contractual que terminó unilateralmente el contrato, incluso si este acto ha perdido su fuerza ejecutoria, ya que la pérdida de fuerza ejecutoria no impide el análisis de su legalidad. En este caso, la entidad demandante solicitó la declaratoria de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato y el correspondiente restablecimiento de sus derechos. En otro proceso, el Consejo de Estado se pronunció sobre la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que terminó unilateralmente el contrato. A pesar de que se produjo la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de liquidación unilateral, esto no impide el juicio de legalidad que se debe efectuar sobre los actos demandados, los cuales fueron falsamente motivados. Sin embargo, no procede la condena a la restitución económica en los términos en los que fue resuelta en la primera instancia, ya que el contratista no acreditó la utilidad dejada de percibir y no se puede ordenar el pago de costos que no se causaron.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas cuando el recurso prospera parcialmente?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 “se adjudica el proceso de licitación pública No. MHCP-LP-01-2018, cuyo objeto es “contratar las actividades asociadas al ciclo de vida de los sistemas de información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el modelo de fábrica de software”, por falsa motivación y violatorio de las normas constitucionales y legales vigentes del régimen contractual? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 por falsa motivación, ya que la administración cumplió con motivar adecuadamente sus decisiones conforme al pliego de condiciones, garantizando así el principio de legalidad contractual. La Sala establece que la falsa motivación como causal de nulidad debe desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, lo cual no se evidenció en este caso, ya que la certificación de experiencia y el puntaje otorgado al recurso humano se ajustaron a lo requerido en el pliego. Además, la Sala reitera que el pliego de condiciones debe ser taxativo y no admite interpretaciones que no hayan sido previamente aclaradas por los oferentes, lo que implica que la entidad no incurrió en falsa motivación al aplicar rigurosamente los criterios establecidos.síntesis automática
¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron proferidas con falsa motivación por el hecho de desconocer la normatividad que rige la materia? No
El acto que niega la solicitud de contrato de estabilidad jurídica no adolece de falsa motivación cuando la solicitud no tiene como propósito principal el desarrollo de proyectos de crecimiento económico y el proyecto ya estaba en ejecución sin requerir esa estabilidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, el literal e) del artículo 3 del Decreto 2950 de 2005 exige que la estabilidad sea indispensable para el desarrollo del proyecto, de modo que el Comité debe verificar esa finalidad. Segunda, en el caso el proyecto había iniciado su ejecución en 2008, antes de la petición presentada el 23 de octubre de 2009, y no requería la estabilidad jurídica para desarrollarse. Tercera, la empresa solicitante no aportó prueba que desvirtuara las conclusiones de índole financiera del Comité. En consecuencia, no se declaró probada la falsa motivación de la decisión que negó la solicitud. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso en aplicación de un criterio objetivo?
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