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Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2026-10-05Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 81001333300220260011701Controversias contractuales
¿Corresponde atribuir la competencia territorial para conocer de una controversia contractual al juez administrativo del lugar de ejecución del contrato elegido a prevención por el demandante, cuando las obligaciones contractuales comprenden varios municipios y no ha operado la prórroga de la competencia? Sí
Dada la naturaleza contractual de los actos demandados, las pretensiones formuladas no pueden desligarse del Contrato de Consultoría… para ser enjuiciados ante juez diferente al que por su especialidad debería conocer de la controversia contractual, ya que dicho auto tiene una relación inescindible con el negocio jurídico que le dio origen… , por cuanto se trata de una decisión dictada con ocasión de la relación contractual.… Corresponde… establecer quien debe asumir el conocimiento de la presente controversia contractual, por razón del territorio.… Los procesos de controversias contractuales como el que se analiza, la competencia por razón del territorio está determinada por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.
¿La falta de reproche a la legalidad del acto administrativo contractual que declaró el incumplimiento contractual impide el estudio de las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede demandar la terminación unilateral del contrato y los perjuicios derivados de ella sin cuestionar la legalidad del acto administrativo que la declaró, ya que este goza de la presunción de legalidad. La parte actora no formuló reproches de legalidad contra el acto administrativo que terminó el contrato y negó las sumas en su favor, por lo que no cumplió con la carga procesal de desvirtuar dicha presunción. Además, el principio de congruencia impide que el juez estudie la legalidad de un acto administrativo respecto del cual no se formularon pretensiones ni censuras de legalidad, lo que supondría un fallo extra petita y lesionaría los derechos constitucionales del debido proceso y defensa de la parte demandada. Por tanto, la Sala confirma la improcedencia del medio de control de controversias contractuales y la condena en costas contra la parte vencida en el proceso, en conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Se configura la ineptitud sustantiva de la demanda ante la omisión de la parte demandante de solicitar en las pretensiones de la demanda la nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato? Sí
El contratista no puede formular pretensiones en una demanda de controversias contractuales sin solicitar la nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, ya que este acto es el que determina que no existen deudas entre las partes. La entidad estatal profirió el acto administrativo en cuestión en virtud de la cláusula que le permite liquidar el contrato unilateralmente si no se llega a un acuerdo sobre su contenido. Por lo tanto, la omisión de solicitar la nulidad de este acto en las pretensiones de la demanda configura la ineptitud sustantiva de la misma, lo que lleva a la improcedencia de la acción de controversias contractuales. Este fallo reitera la importancia de cumplir con los requisitos de la demanda en lo contencioso administrativo, en especial cuando se trata de actos administrativos que tienen un impacto directo en las pretensiones del demandante.síntesis automática
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de alguna de las pretensiones de la demanda, y, en particular, de la declaratoria de nulidad absoluta y la ineficacia de pleno de derecho de las renuncias contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 en las que se señalaba que el contratista renunciaba a cualquier reclamación económica o que no generaría costos para el IDU? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para declarar la nulidad absoluta o la ineficacia de pleno derecho de las renuncias económicas contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017, ya que dichas pretensiones fueron presentadas después de los dos años siguientes al perfeccionamiento de los actos contractuales y fuera de la vigencia del contrato, lo que opera la caducidad del medio de control. Además, la administración no incurrió en un acto administrativo contractual al negar la reclamación económica del contratista, pues esta comunicación no tiene la naturaleza de un acto administrativo unilateral que cree, modifique o extinga derechos u obligaciones. Asimismo, el incumplimiento contractual del IDU no fue acreditado, ya que los riesgos durante la ejecución fueron previstos y mitigados por las partes, y el principio de non adimpleti contractus impide declarar el incumplimiento del IDU cuando el contratista incumple en aspectos como el desembolso del anticipo o la facturación oportuna. Por último, no se acredita un desequilibrio económico grave del contrato, ya que los hechos y alegaciones de la demanda se basan en el incumplimiento del contratista y los riesgos imprevistos tuvieron soporte presupuestal en el contrato. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la caducidad del medio de control y la naturaleza de las comunicaciones durante la ejecución contractual, y limitan las posibilidades de declarar incumplimientos y desequilibrios económicos en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del oficio con radicado DTP 20202250740641 del 5 de octubre de 2020 por medio del cual el IDU negó la reclamación económica presentada por el contratista?¿Debe declararse el incumplimiento contractual del Instituto de Desarrollo Urbano por la exigencia de una nueva alternativa de factibilidad, las observaciones al componente de tránsito y transporte…¿Se encuentran acreditados los presupuestos para declarar el desequilibrio económico del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 y reconocer los sobrecostos reclamados por el contratista?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por falsa motivación, violación al debido proceso, falta de competencia y desproporción de la sanción, si se demuestran irregularidades en la motivación y en el análisis de las obligaciones cumplidas por la contratista. La Sala establece que la entidad debe individualizar claramente el incumplimiento y evaluar las situaciones reales antes de tomar una decisión como la terminación del contrato, y que la falta de motivación adecuada y la falsa motivación son causales de nulidad. La corporación reitera la importancia de la motivación correcta en los actos administrativos y la necesidad de evaluar adecuadamente el cumplimiento contractual antes de declarar el incumplimiento, lo que implica que las entidades deben ser más precisas en sus fundamentos y considerar las herramientas legales disponibles para la corrección de situaciones problemáticas antes de tomar medidas drásticas.síntesis automática
Proceso arbitral entre Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. 13 de marzo de 2025.2025-12-16
El contratista no puede someter a arbitraje las controversias relacionadas con la nulidad, ineficacia o inaplicabilidad de las resoluciones de inicio de explotación emitidas por la entidad estatal, ya que estos actos administrativos son considerados medidas de fiscalización y control propias de las funciones legales de la entidad, cuyo examen corresponde exclusivamente a la jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal Arbitral declaró parcialmente competente para conocer las controversias derivadas del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, reconociendo su competencia sobre los conflictos jurídicos relacionados con la interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato, en especial respecto de la delimitación de campos y la integración de áreas de explotación, por tratarse de asuntos de naturaleza jurídica susceptibles de arbitraje conforme a la Ley 1563 de 2012. Este fallo limita la competencia del tribunal a los aspectos contractuales y excluye las controversias relacionadas con las resoluciones de inicio de explotación, lo que implica que el contratista debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver estas controversias.síntesis automática
¿El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio? Sí
El contratista no puede omitir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de radicar la demanda, ya que el juez puede constatar permanentemente el incumplimiento de este presupuesto procesal y declarar la inhibición del proceso si no se ha cumplido adecuadamente, sin que pueda sanearse en etapas posteriores del trámite. Además, la medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial, por lo que debía cumplirse el requisito de procedibilidad estudiado, lo que releva al juez de poder resolver la controversia y obliga a inhibirse para analizar de fondo la litis. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, en virtud de la competencia funcional del juez de segunda instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial y, por lo tanto, se debía agotar el requisito de procedibilidad estudiado, sin que se haya procedido de esa manera?¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia?¿El medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende el retiro del ordenamiento jurídico de actos administrativos contractuales?
¿Los actos administrativos demandados mediante los que, la extinta CNTV recalculó las autoliquidaciones realizadas por la sociedad demandante durante el periodo comprendido entre enero de 1999 y septiembre de 2003, adolecen de falsa motivación por aplicar de forma retroactiva un acto administrativo que, modificaba los criterios para el pago de la compensación por servicios de televisión por suscripción? Sí
En los contratos estatales, las normas vigentes al momento de su celebración se entienden incorporadas al contrato, salvo las que se refieren al modo de reclamar en juicio los derechos o a las penas por infracción. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 fija la incorporación de las normas vigentes al momento de la celebración como criterio general. Segunda, el valor del negocio jurídico se pactó como porcentaje de los ingresos, de modo que la aplicación retroactiva de un acto posterior que altera esa base incorpora una norma no vigente al contrato. En el caso, las partes pactaron el valor del negocio como porcentaje de los ingresos mensuales, y los actos que recalcularon las autoliquidaciones de un periodo anterior aplicaron retroactivamente un acto posterior, lo que la providencia encuentra con falsa motivación. La providencia confirma la nulidad de esos actos. En la práctica, la administración no puede recalcular obligaciones pactadas con una norma posterior que no estaba incorporada al contrato al momento de su celebración.síntesis automática
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-08-16Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 52001233300020200097401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cómo se determina cuál es la normatividad aplicable al recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de medidas cautelares? Sí
Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación –29 de julio de 2021–, esto es, el C.P.A.C.A. – incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, normativa que, salvo por las prescripciones que modificaron las competencias de los juzgados, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, entró a regir el 25 de enero de 2021 – y el CGP, en los aspectos no contemplados en el primero.
También resuelve:¿Cómo se determina la competencia para resolver el recurso de apelación contra el auto que niega la solicitud de medida cautelar?¿Hasta antes de la liquidación del contrato es el término con el que cuenta la entidad para la declaratoria de incumplimiento de un contrato luego de haber terminado el plazo contractual con el fin…¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo contractual que resuelve el proceso sancionatorio…
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede impugnar la liquidación unilateral del contrato por falta de competencia si esta se expide dentro del término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales, conforme al artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal conserva la facultad para liquidar el contrato unilateralmente incluso después de vencido el plazo legal para la liquidación bilateral, siempre que actúe dentro del término de caducidad. Además, la nulidad del acto administrativo por falsa motivación no procede si el tribunal omite pronunciarse sobre reclamaciones presentadas por el contratista, siempre y cuando no se demuestre un incumplimiento contractual o desequilibrio económico del contrato. La Sala se abstiene de condenar en costas si la conducta de las partes no justifica una imposición, de acuerdo con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo el término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Vencido el plazo para la liquidación bilateral del contrato y la liquidación unilateral del contrato, la entidad conserva la competencia para liquidarlo unilateralmente dentro del plazo de caducidad…¿Está probada la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato por falsa motivación y el incumplimiento contractual o desequilibrio económico del contrato?
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
¿Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia? Sí
El juez no puede fallar sobre fundamentos distintos a los que la parte expuso en la demanda, pues la sentencia debe ser congruente con la causa petendi y con las pretensiones, según el artículo 281 del Código General del Proceso, y que los nuevos argumentos planteados en la apelación no se estudian si alteran esa causa. Una razón es que los reparos sobre violación del derecho a la igualdad y sobre las reglas de terminación de los contratos mineros no controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, que consideró vigente la zona de utilidad pública y la exigencia de autorización previa de la gestora del proyecto. Otra razón es que esos reproches cambian el fundamento de la demanda, lo que vulneraría la regla de congruencia. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación. Su consecuencia práctica es que la parte no puede sustituir en la apelación el fundamento de la demanda, pues el juez de segunda instancia no lo decide.síntesis automática
También resuelve:¿A la parte actora o al juez les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones?¿En la demanda se afirmó que la decisión adoptada por la administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero?¿El juez puede abordar materias que se señalan en la apelación que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso?
¿La pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo contractual impide el estudio de legalidad del acto administrativo demandado en medio de control de controversias contractuales por falsa motivación y, por lo tanto, también impide la procedencia de la condena, especialmente la restitución económica? Sí
El contratista no puede obtener la restitución económica cuando se declara la nulidad del acto administrativo contractual que terminó unilateralmente el contrato, incluso si este acto ha perdido su fuerza ejecutoria, ya que la pérdida de fuerza ejecutoria no impide el análisis de su legalidad. En este caso, la entidad demandante solicitó la declaratoria de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato y el correspondiente restablecimiento de sus derechos. En otro proceso, el Consejo de Estado se pronunció sobre la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que terminó unilateralmente el contrato. A pesar de que se produjo la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de liquidación unilateral, esto no impide el juicio de legalidad que se debe efectuar sobre los actos demandados, los cuales fueron falsamente motivados. Sin embargo, no procede la condena a la restitución económica en los términos en los que fue resuelta en la primera instancia, ya que el contratista no acreditó la utilidad dejada de percibir y no se puede ordenar el pago de costos que no se causaron.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas cuando el recurso prospera parcialmente?
¿Es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto administrativo contractual por violación al debido proceso, toda vez que está probado que la entidad demandada no adelantó el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, aplicable a la declaratoria de siniestro por acto administrativo? Sí
La entidad estatal que pretenda declarar el siniestro de una garantía mediante acto administrativo debe agotar el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, pues ese trámite no se limita a la imposición de multas y cláusula penal, sino que también aplica a la declaratoria de incumplimiento de la que se deriva el siniestro, y debe citarse al garante en los términos del literal a) de la norma. Tres razones sostienen esta regla. Primero, la afirmación de que no se agotó dicho procedimiento es una negación indefinida absoluta, que no requiere prueba según el artículo 167 del Código General del Proceso, de modo que corresponde a la entidad demostrar que sí lo cumplió. Segundo, esa demostración exige aportar el expediente de la actuación administrativa conforme al artículo 175 del CPACA, carga que no se satisface con copias de un trámite distinto. Tercero, la omisión de la citación vulnera el debido proceso y justifica la nulidad del acto que declara el siniestro. En la práctica, antes de declarar el siniestro la entidad debe acreditar la citación del garante y la actuación previa completa, pues de lo contrario el acto puede ser anulado.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible que una entidad contratante profiera un acto de declaratoria de siniestro incluso cuando el contrato ha sido liquidado de común acuerdo?¿Es procedente confirmar la condena impuesta en primera instancia?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad, en la medida en que no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión en un contrato de concesión de servicios públicos, en la medida en que estos no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización, y no cumplieron con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 31 del contrato, que exige que las partes intenten acordar previamente los cambios contractuales antes de que la entidad pueda expedir el acto administrativo de modificación unilateral. Esto implica que la entidad debe demostrar que hubo una convocatoria previa al contratista para discutir las modificaciones propuestas y que no se logró un acuerdo, lo cual no se evidenció en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad…
¿El medio de control de controversias contractuales se interpuso dentro de los dos años siguientes a la notificación en audiencia de los actos administrativos demandados? Sí
Para tal efecto, se verifica que no operó la caducidad del medio de control toda vez que la demanda se interpuso el 20 de septiembre de 2018 (fl. 2 c. 1), esto es, dentro de los dos (2) años siguientes al 30 de abril de 2018, fecha de la expedición y notificación en audiencia de los actos administrativos demandados.
También resuelve:¿El apelante único sólo cuestiona la nulidad de los actos administrativos demandados porque considera que sí era competente para expedirlos?¿El ente territorial perdió competencia para declarar el incumplimiento del contrato porque en forma previa a la adopción de dicha decisión…¿Procede la condena en costas contra la parte a la cual se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
Cuando la pretensión mayor de una demanda contractual supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia de primera instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad negocial de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de las sentencias de primera instancia corresponde a esta corporación según el artículo 129 del mismo código, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998; y la cuantía se determina por la pretensión dineraria mayor de la demanda. En el caso, la pretensión dineraria mayor superó ese umbral, por lo que la corporación asumió la competencia y la acción de controversias contractuales fue admitida como la vía idónea para declarar el incumplimiento y la nulidad de los actos contractuales. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la demanda define la segunda instancia en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es la idónea cuando se pretende la declaratoria del incumplimiento de un contrato estatal?¿La demanda fue presentada dentro del término para la acción de controversias contractuales?¿Existe un litisconsorcio necesario entre el contratista demandante y la aseguradora?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el demandado hizo efectiva la garantía de estabilidad de la obra objeto del contrato de obra? Sí
Cuando se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad hace efectiva la garantía de estabilidad de la obra, el término de caducidad es el de la acción de controversias contractuales, contado desde la ejecutoria de las resoluciones demandadas y no desde la liquidación del contrato. La regla se sostiene en tres razones: el acto que hace efectiva la garantía es de naturaleza contractual, pues se refiere a una consecuencia de la ejecución del negocio; la garantía decenal que impone responsabilidad al contratista durante diez años desde la entrega carecería de sentido si la caducidad se contara solo desde la liquidación; y la misma regla se extiende a la estabilidad garantizada mediante contrato de seguro. En el caso, los actos cobraron ejecutoria el día siguiente a su notificación, la demanda se presentó dentro del término y se revocó la decisión que había declarado la caducidad. El documento reitera el criterio de la justicia arbitral sobre el punto; la consecuencia práctica es que el término para demandar la efectividad de la garantía de estabilidad no vence con la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva el IDU, en atención a que profirió las resoluciones que se demandan; y el contratista lo está por activa…¿La falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, imposibilita el pronunciamiento judicial de fondo, lo que, en otras palabras…
¿Están probadas las erogaciones en que incurrió el contratista para efectos de cumplir el contrato declarado nulo? Sí
El contratista debe probar las erogaciones efectuadas para cumplir con el contrato declarado nulo, ya que la carga probatoria recae sobre él para demostrar la efectiva ejecución de sus obligaciones y las restituciones que le corresponden. La Sala confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al considerar que el artículo 38 de la Ley 142 de 1994 no contiene un supuesto de hecho para la nulidad de contratos, por lo que no puede aplicarse para modificar los efectos de la nulidad del contrato estatal. Además, la Sala sostuvo que el régimen jurídico del contrato gobierna también las reglas aplicables a la nulidad y sus consecuencias, por lo que en este caso se aplican las normas del derecho privado y no la Ley 80 de 1993. Esto implica que para reclamar restituciones o pagos por prestaciones contractuales, el contratista debe acreditar la ejecución efectiva de dichas prestaciones.síntesis automática
También resuelve:¿El artículo 38 de 142 de 1994 relacionado con que la anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos sólo producirá efectos hacia el futuro no contiene un supuesto de…¿Es apropiado que se aplicara el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 para determinar los efectos de la nulidad del contrato que dio origen al litigio?¿Las facturas solamente demuestran que el contratista facturó, pero no la prestación efectiva de los servicios?