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DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL

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Consejo de Estado Providencia

No procede la aclaración de una sentencia cuando la petición del solicitante se dirige a cuestionar el análisis jurídico y fáctico realizado por el juez.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160173703 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la aclaración de una sentencia cuando la petición del solicitante se dirige a cuestionar el análisis jurídico y fáctico realizado por el juez? No
El contratista no puede solicitar la aclaración de una sentencia cuando su petición se dirige a cuestionar el análisis jurídico y fáctico realizado por el juez, ya que el artículo 285 del Código General del Proceso establece que la aclaración solo procede cuando la sentencia contiene frases o conceptos que generen dudas y estén relacionados con la parte resolutiva. En este caso, la parte demandante reconoce que el juez decidió el punto en cuestión y simplemente discrepa del razonamiento utilizado, lo que no constituye un punto oscuro. Además, la adición de la sentencia no procede si el juez ya resolvió de manera expresa un punto de la litis, como lo establece el artículo 287 del Código General del Proceso, y la solicitud del demandante es un cuestionamiento de fondo sobre el contenido de la decisión. Esto implica que las solicitudes de aclaración y adición de sentencias no son procedentes cuando buscan revisar el juicio emitido por el juez sobre el fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la adición de una sentencia si el juez resolvió de manera expresa un punto de la litis y la solicitud del demandante constituye un cuestionamiento de fondo sobre el contenido de la decisión?
NO ADICIONA
Consejo de Estado Providencia

Lo acreditado es la materialización de un riesgo asumido por el contratista demandante

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170122501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las horas adicionales en que incurrió el consultor para ejecutar su objeto debían ser asumidas por la entidad contratante? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento y pago de horas adicionales por la entidad contratante, ya que no se demostró un desequilibrio financiero del contrato ni la ocurrencia de un riesgo imprevisto, dado que las horas adicionales correspondieron a un riesgo previsible asumido por el contratista en su matriz de riesgos. Además, el contratista no demostró haber desplegado mecanismos para mitigar el impacto del riesgo ni que las horas adicionales tuvieran origen en actividades no previstas en la etapa precontractual. La Sala también rechazó los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa, considerando que no se incluyó en la demanda una pretensión tendiente a declarar la configuración de esa figura y que su estudio resultaría inconsecuente para acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, la Sala confirma la decisión de primera instancia, rechazando la pretensión del contratista y condenándolo en costas.síntesis automática
También resuelve: ¿Son procedentes los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa? ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante y su litisconsorte, por ser las vencidas en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La resolución demandada se analizará como un acto jurídico convencional

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020210106601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución expedida por el departamento, mediante la cual se adoptó el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, puede ser analizada como un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad? No
El contratista no puede demandar la nulidad de la resolución expedida por la entidad estatal que adopta el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, ya que este acto se considera un acto jurídico convencional y no un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad, en virtud de que el convenio interadministrativo no incorpora las facultades unilaterales establecidas en la Ley 80 de 1993, y las partes no pactaron expresamente que una de ellas pudiera liquidar unilateralmente el convenio. Además, el juez no puede adoptar la liquidación del convenio y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio cuando no existen pruebas suficientes que permitan determinar con certeza el costo de dichas obras ni el balance final de cuentas. Esta decisión modifica la interpretación previa de la naturaleza del acto administrativo en convenios interadministrativos, limitando las posibilidades de declarar la nulidad de resoluciones similares y restringiendo la capacidad del juez para determinar el valor de las obras ejecutadas sin pruebas concluyentes.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento estaba jurídicamente facultado para adoptar de manera unilateral la liquidación de un convenio interadministrativo? ¿Puede el juez adoptar la liquidación de un convenio interadministrativo y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio… ¿Es posible establecer el valor de las obras ejecutadas y el porcentaje de inversión de los recursos aportados por el departamento?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La prueba pericial contable debe guardar vínculo directo con las situaciones fácticas invocadas para cumplir con el requisito de pertinencia.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-06-19 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020230029301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar? ¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz? ¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala modificará parcialmente la decisión proferida el 24 de enero de 2022

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233300020190087901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se modificará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó la demanda? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que se calcula a partir de la fecha de entrega de la obra o de la suscripción del acta de entrega, según lo estipulado en el contrato y la ley. En este caso, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda por considerar que la presentación fue extemporánea para todos los tramos de la obra, pero la Sala modificó parcialmente dicha decisión al determinar que la demanda fue oportuna para 14 tramos de la vía sustitutiva, cuyo término de caducidad corrió entre el 24 de junio de 2018 y el 24 de junio de 2020, mientras que para los 4 tramos restantes la caducidad debía contarse a partir de la suscripción del Acta de entrega, es decir, entre el 1 de mayo de 2015 y 1 de mayo de 2017, por lo que la demanda no fue oportuna. Esta decisión implica que el cómputo del término de caducidad debe hacerse de manera distinta según las circunstancias específicas del contrato y la obra en cuestión.síntesis automática
También resuelve: ¿Subsistieron obligaciones exigibles con posterioridad a la entrega material de la obra? ¿INVIAS tuvo conocimiento de los problemas presentados en los túneles previo a la fecha alegada en el recurso de apelación? ¿El contratista sigue siendo responsable por los defectos que puedan manifestarse durante el período de garantía o por los vicios ocultos?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 20001233300020150014401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sola permanencia en obra es causa suficiente por sí misma, para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio? No
El contratista no puede acreditar una afectación a la ecuación financiera del contrato basándose únicamente en la mayor permanencia en obra, sino que debe demostrar que la prolongación se debió a un riesgo no imputable a él, que sufrió perjuicios económicos adicionales y que estos perjuicios fueron lo suficientemente graves como para afectar el equilibrio financiero del contrato. La Sala reitera que la modificación contractual no puede considerarse como una renuncia expresa a reclamar por sobrecostos, y que la afectación debe ser tal que lleve al contratista a un punto de pérdida, lo cual no se cumplió en este caso. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas más sólidas para acreditar un desequilibrio financiero adverso y que la mera permanencia en obra no es suficiente para justificar un reclamo de reequilibrio económico.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base la valoración probatoria del dictamen contable efectuada por el a… ¿Se trasgredió el debido proceso del contratista en el marco del procedimiento administrativo que culminó con las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013? ¿El apelante logró demostrar la falsa motivación en las Resoluciones DO-DA1294 y DODA1295 de 2013?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 15001233300020150073101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve: ¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda? ¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual? ¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Ante la falta de prueba de las inversiones efectuadas y su amortización, no resulta procedente acceder a lo pretendido.

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 08001233100220110114301 ACCION CONTRACTUAL
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve: ¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión? ¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral? ¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160067201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas… ¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles? ¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
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Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200034201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio? ¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos? ¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
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Consejo de Estado Providencia

El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200039601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional? ¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito? ¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
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Consejo de Estado Providencia

¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato?

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020200372701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve: ¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica… ¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica? ¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
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Consejo de Estado Providencia

Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente

Sentencia — Sentencia 2026-02-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 76001233300020230020301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente, mediante suspensiones, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos no generarían pagos adicionales al precio pactado? Sí
El juez niega el reconocimiento judicial de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra pública cuando las partes contratantes acuerdan expresamente, mediante actas de suspensión, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos modificatorios no generarán pagos adicionales al precio inicialmente pactado. En este proceso de controversias contractuales, la decisión se fundamenta en los principios constitucionales de pacta sunt servanda y previsibilidad, así como en la rigurosa distribución del riesgo contractual establecida en la matriz negocial, distribuyendo las agencias en derecho entre los integrantes del consorcio según su exacto porcentaje de participación.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos estatales sometidos a un régimen especial distinto del general, el contratista posee un derecho implícito a la preservación del equilibrio económico del contrato… ¿Debe imponerse condena en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, fijando las agencias en derecho conforme a criterios objetivos y distribuyéndolas entre…
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Consejo de Estado Providencia

Recurso de anulación: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020220001600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012… ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012… ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Licencia ambiental: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020020179402 ACCION CONTRACTUAL
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur? No
El contratista no está obligado a obtener la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación para la construcción del horno crematorio, ya que esta no era un requisito legal previo según el pliego de condiciones y el Decreto 1753 de 1994. Sin embargo, una vez que el contratista asume la construcción del horno crematorio en su oferta, la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental recae sobre él, conforme a la cláusula del contrato y las reglas de buena fe y equidad natural del derecho privado. Esto implica que el concesionario debe asumir los costos y riesgos asociados a la obtención de la licencia ambiental, en línea con la naturaleza del contrato de concesión y su marco normativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato? ¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado? ¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen su deber legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190063001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Sí
El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve: ¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría? ¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio? ¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 13001233300020130032801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de seguro de cumplimiento es accesorio al contrato estatal que ampara? No
El contrato de seguro de cumplimiento es un negocio principal, autónomo e independiente del contrato estatal que ampara, de modo que la obligación de la aseguradora es propia y no se suspende de forma automática con la suspensión de la exigibilidad del contrato amparado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aseguradora asume una obligación propia de cubrir los perjuicios por incumplimiento del contratista, a cambio de una prima, y su obligación surge cuando se materializa el riesgo. Segunda, el contrato de seguro es una tipología especial de negocio, con estructura y funcionamiento distintivos, que responde a la especialidad de la empresa aseguradora. Tercera, no existe una comunicabilidad automática de la suspensión del contrato amparado a la póliza, de modo que la aseguradora no puede fincar en ella la suspensión de sus obligaciones. La providencia confirma la negativa de las pretensiones de la aseguradora. La consecuencia práctica es que la suspensión de la ejecución del contrato amparado no suspende por sí sola la obligación de la aseguradora, que es propia de su negocio.síntesis automática
También resuelve: ¿La suspensión de la ejecución del contrato de obra produce como efecto directo y automático la suspensión de las obligaciones del contrato de seguro durante dicho interregno? ¿Ante la suspensión del término del negocio jurídico, el interés asegurable y el riesgo de su afectación permanecen patentes mientras el vínculo subsista y existan saldos del anticipo sin disponer en… ¿El alcance de la póliza de cumplimiento en la contratación estatal debe ser mayor al que tiene en un negocio jurídico privado en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado?
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Consejo de Estado Providencia

¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ?

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020150016601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve: ¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama? ¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito? ¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Estaban facultadas las administradoras cooperativas

Sentencia — Sentencia 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 76001233100020090103701 ACCION CONTRACTUAL
¿Estaban facultadas las administradoras cooperativas para celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001? Sí
El contratista puede celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001, ya que las administradoras cooperativas se consideraban entidades estatales independientemente del porcentaje de participación pública y del régimen jurídico, conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Este precedente modifica la interpretación previa que limitaba la celebración de estos convenios a entidades con participación pública mayoritaria, lo que implica que las administradoras cooperativas estaban habilitadas para celebrar contratos y convenios interadministrativos en los términos del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituyen los convenios interadministrativos una figura distinta de los contratos estatales por no tener finalidad remuneratoria y fundarse en el principio de colaboración entre entidades públicas? ¿Debe calificarse como contrato interadministrativo un negocio jurídico entre entidades públicas que contiene obligaciones recíprocas con carácter conmutativo y ánimo remuneratorio? ¿Se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación el contrato interadministrativo celebrado entre un municipio y otra entidad, a efectos de su liquidación y del cómputo de la caducidad?
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