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“¿La Nación-Ministerio de Transporte incumplió la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 02.0019-03 de febrero de 2003, al no cancelar a favor del demandante la prima de éxito o, no se causó por no haberse cumplido la condición de disminución de las pretensiones de la demanda promovida contra Ferrovías, ni la condición de ingreso de dinero al patrimonio de la accionada?” Sí
El contratista puede exigir el pago de la comisión de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su generación, independientemente de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. En este caso, la Sala determinó que la entidad estatal incumplió al no cancelar la prima de éxito al contratista, a pesar de que se configuró la condición de éxito en uno de los procesos judiciales objeto del contrato. La falta de disponibilidad presupuestal no anula el contrato ni impide el pago de la comisión de éxito causada por el resultado obtenido en el proceso contractual, pues este requisito es de responsabilidad exclusiva de la entidad contratante y su omisión no afecta la existencia o validez del negocio jurídico, sino la regularidad de su ejecución. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la importancia de la disponibilidad presupuestal en la ejecución del contrato, pero no en su validez, permitiendo al contratista reclamar el pago de la comisión de éxito cuando se cumplan las condiciones pactadas.síntesis automática
¿El contrato de prestación de servicios de transporte suscrito entre la unión temporal demandante y el IGAC, no tenía un tope máximo de recursos disponibles, por lo que, dado que los servicios que se reclaman con la demanda contaban con el respectivo soporte presupuestal y no le fueron reconocidos a la contratista, procede la declaratoria de incumplimiento del contrato? Sí
En los contratos de prestación de servicios con entidades estatales, los servicios efectivamente prestados que cuentan con soporte presupuestal deben reconocerse y pagarse, aunque el contrato no haya fijado un tope máximo de recursos disponibles. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la existencia del soporte presupuestal para los servicios prestados impide que la entidad alegue la falta de recursos para no pagarlos. Segunda, la ausencia de un tope en el contrato no excusa el pago de los servicios que la entidad recibió y que cuentan con respaldo presupuestal. En el caso, la unión temporal prestó servicios en un periodo determinado que no le fueron reconocidos, y la providencia modifica la sentencia de primera instancia para ordenar el pago de los servicios con soporte presupuestal. Así, la falta de tope no altera la obligación de pagar. En la práctica, el contratista debe documentar el soporte presupuestal de los servicios prestados, porque esa prueba sustenta el reconocimiento de su pago.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la actualización del monto de la condena impuesta en primera instancia, por cuenta del incumplimiento del contrato de prestación de servicios de transporte por parte del Instituto Geográfico…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista no acredita el incumplimiento del contrato estatal ni el derecho a cobrar los honorarios pactados, por lo que la entidad estatal no está obligada a pagarlos. El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por su cuantía, y la demanda fue presentada oportunamente dentro del plazo de caducidad. Sin embargo, el contratista no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar el recaudo efectivo y las gestiones realizadas para cobrar la cartera corriente, condiciones pactadas para el pago de los honorarios. Además, no se acredita el perjuicio derivado de la pérdida de oportunidad por no tramitar procesos de jurisdicción coactiva, ya que no se presentaron elementos que demuestren la utilidad proyectada para el contratista. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos contractuales y la carga probatoria en controversias contractuales, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas efectivas y completas para reclamar pagos adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes a la terminación del contrato?¿Las facturas allegadas como prueba y que se pretenden cobrar acreditan la gestión realizada y el recaudo efectivo de los cuales se causaba el pago de honorarios pactado en el contrato?¿Se acreditó el perjuicio derivado de los honorarios que se debían pagar por el acompañamiento en los procesos de jurisdicción coactiva dejados de tramitar?
¿Es jurídicamente viable que una entidad estatal adelante un proceso de licitación pública sin contar previamente con certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) ni presupuesto oficial asignado?
La entidad estatal debe contar con el certificado de disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso de selección, pues el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que las entidades abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. La postura sostiene que, en la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos, el certificado debe existir antes de la expedición del acto administrativo de apertura formal del proceso, y que en la contratación directa debe expedirse antes de iniciar la negociación con el futuro contratista. La razón es que el legislador fijó expresamente el momento en que nace ese deber, en desarrollo del principio de economía. Por ello, la entidad no puede abrir una licitación pública sin contar previamente con el certificado, aun cuando el respaldo presupuestal se prometa para órdenes futuras. Como consecuencia práctica, el certificado debe expedirse antes de la apertura formal del proceso de licitación y no después.síntesis automática
También resuelve:Certificado de disponibilidad presupuestal: deber de elaboración, obligación de las entidades públicas, etapa precontractual
¿Puede una entidad estatal, cuando el proveedor seleccionado rechaza la firma del contrato, volver a publicar el contrato dentro del mismo proceso para adjudicarlo a otro proveedor, empleando el mismo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los demás documentos precontractuales expedidos para el proceso inicial?
Es importante considerar que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto– establece como obligatoria la existencia previa de apropiación presupuestal contenida en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para abrir procedimientos de selección e iniciar procesos de suscripción de contratos, en armonía con lo previsto en el numeral 6° del artículo 25 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
También resuelve:Certificado de disponibilidad presupuestal: deber elaboración, obligación de las entidades públicas, etapa precontractual
¿El secretario de obras y transporte del Departamento de Casanare desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho por la falta de gestión en la ejecución del contrato por el no pago de los valores correspondientes al reajuste de precios del contrato y el contrato adicional? Sí
El contratista no desvirtúa la presunción de culpa grave del numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, al no realizar las gestiones necesarias para la consecución de las partidas presupuestales que permitan el pago oportuno de los reajustes de precios del contrato, violando manifiestamente e inexcusablemente el artículo 71 del Decreto Orgánico del Presupuesto, los artículos 25 y 41 de la Ley 80 de 1993 y el manual de funciones del departamento, lo que implica que la entidad estatal debe garantizar la gestión contractual y adelantar las gestiones necesarias para conseguir los recursos para el pago de las obligaciones contractuales. Esta decisión modifica un precedente anterior, reforzando la importancia de la gestión contractual y la responsabilidad de los funcionarios en la administración de recursos presupuestales para cumplir con los compromisos contractuales, lo que implica un mayor control y seguimiento en la ejecución de contratos por parte de la administración pública.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver el recurso de apelación en el medio de control de repetición?¿Cuáles son los presupuestos que determinan la legitimación en la causa en el medio de control de repetición?¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición y cómo se aplican la presunción de culpa grave y presunción de dolo?
¿Se presentó un incumplimiento de contrato por parte de la entidad demandada? Sí
El contratista no puede alegar un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, ya que las normas y el contrato de alianza no establecen que las entidades estén obligadas a asumir riesgos financieros o pérdidas por la prestación del servicio de salud. Además, el contrato, regido por el derecho privado conforme a la Ley 100 de 1993, no le es aplicable la figura del desequilibrio económico ni las normas sobre liquidación del contrato, por lo que no puede restablecerse el equilibrio financiero ni efectuarse una liquidación judicial. Asimismo, la entidad demandante no puede reclamar la existencia de un estado de cosas inconstitucional a través de la acción de controversias contractuales, ya que este medio no es adecuado para tal fin y el argumento no fue presentado en la demanda original. Finalmente, las pretensiones de reparación directa por daños causados por la ejecución del contrato no son procedentes en la acción de controversias contractuales, ya que estas no se relacionan con el objeto del contrato ni con su desarrollo.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar regido el contrato por el derecho privado, es aplicable la figura del desequilibrio económico y las normas sobre la liquidación?¿El estudio y declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales se pueden reclamar a través de la acción de controversias contractuales?¿Es procedente el estudio de pretensiones de reparación directa por daños producidos por la ejecución de un contrato?
¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? No
Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ?¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato?¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?
¿Cuándo debe expedirse el certificado de disponibilidad presupuestal?
Es importante considerar el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto– trata del deber de contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) como garantía de que existen los recursos necesarios para abrir procedimientos de selección e iniciar procesos de suscripción de contratos, en armonía con el numeral 6° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. De igual manera, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el Registro Presupuestal es necesario para iniciar la ejecución del contrato, una vez se tenga definido el valor y el plazo.
También resuelve:Certificado de disponibilidad presupuestal: deber elaboración, obligación de las entidades públicas, etapa precontractualIdentificación del riesgo en la contración estatal: noción, obligación de la entidad, función
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante? Sí
Un municipio que suscribe un contrato de obra con un consorcio en nombre propio, en virtud de un convenio con una entidad nacional que solo se compromete a girar los recursos, no actúa como delegatario de esa entidad, y los derechos y obligaciones del contrato recaen en el municipio y en el consorcio. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el convenio no delegó en el municipio la función de celebrar contratos en nombre de la entidad nacional, pues la obligación de girar recursos no comporta delegación alguna. La segunda es que el texto del contrato muestra que el alcalde lo celebró en representación del municipio. La tercera es que las disponibilidades y registros presupuestales que exige la ley son obligaciones de la entidad estatal antes de ejecutar el contrato y no parámetros de validez del negocio, y que en el caso concreto el municipio no incumplió esos deberes respecto del objeto original del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio demandado incumplió constituir las disponibilidades y reservas presupuestales para atender el pago de las obras adicionales?¿Se acreditó el incumplimiento del municipio en el pago de las actas parciales de obra ?¿Las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio?
¿Es posible celebrar un contrato estatal sin la expedición previa del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)?
El certificado de disponibilidad presupuestal debe expedirse antes de iniciar el proceso de selección del contratista: en la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos, antes del acto de apertura formal, y en la contratación directa, antes de iniciar la negociación con el futuro contratista. Así lo establece el numeral sexto del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que condiciona la apertura de procesos a la existencia de partidas o disponibilidades presupuestales. Por otra parte, el Estatuto no regula expresamente las cláusulas de comisión de éxito, pero su inclusión es, en principio, posible conforme al inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre que la entidad la justifique en la planeación como necesaria y conveniente para los fines estatales. En los contratos de prestación de servicios, sin embargo, la cláusula encuentra límites: no puede pagarse con recursos que tengan una destinación específica, prohibición que se extiende a los casos en que parte de los recursos sea de libre destinación. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia estos límites para la negociación de comisiones de éxito.síntesis automática
También resuelve:Certificado de disponibilidad presupuestal: deber de elaboración, obligación de las entidades públicas, etapa precontractualCláusula de comisión de éxito: contrato estatal, Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, límites, recursos de destinación específica
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se radica antes de que este venza, y si el juez imprueba el acuerdo conciliatorio, el término se reanuda luego de la ejecutoria de la providencia que lo imprueba, conforme al literal c del artículo 3 del Decreto 1619 de 2009. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, si la conciliación se radica cuando el término aún no ha comenzado a correr o no ha vencido, la suspensión opera sobre un plazo vigente y no lo consume. Segundo, la improbación del acuerdo no extingue la suspensión, pues el término solo vuelve a correr cuando la decisión judicial que imprueba el acuerdo queda en firme. Con esta base, la providencia concluye que la demanda fue formulada dentro de la oportunidad legal. En la práctica, el demandante que haya acudido a conciliación debe calcular el término de caducidad desde la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo, y no desde la fecha en que inició el trámite conciliatorio.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta improcedente la declaración de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no se pretende la declaración de ilegalidad de los actos administrativos mediante los cuales el…¿La ausencia de disponibilidad o registro presupuestal conlleva a la nulidad del contrato estatal?¿Con las pruebas que conforman el expediente, está acreditado el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió la compañía demandante con la suscripción del contrato no. 026 de 2007?
CONTRATO ESTATAL,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,PROCESO DE CONTRATACIÓN – Financiación,Recursos de organismos multilaterales,Incorporación al presupuesto,Apropiación presupuestal,Regulación,Régimen Constitucional,Estatuto de contratación pública,Presupuesto público,Deber,Principio de legalidad,Legal – Mes: septiembre – Año: 2018…
2018_11001-03-25-000-2012-00355-00_1356-122018-09-20Sección Segunda
PROCESO DISCIPLINARIO,ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,FALTA DISCIPLINARIA – Principio de legalidad,Presunción de inocencia,Control de legalidad,Parámetros del control judicial,Integralidad,Apropiación presupuestal,Disponibilidad,Libre afectación,Inexistencia de partidas o disponibilidades presupuestales – Mes: septiembre – Año: 2018…
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También resuelve:Gestión fiscal: vaciamiento integral, Ley 1386 de 2010Cobro coactivo: ilegalidad de la delegaciónContrato de prestación de servicios: representación judicial o extrajudicial, prohibición de gestión fiscal
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO,CONCEJO MUNICIPAL,REGISTRO PRESUPUESTAL,VIGENCIAS FUTURAS,CONTRATO ESTATAL – Registro presupuestal,Artículo 44 de la Ley 80 de 1993 – Mes: mayo – Año: 2015…
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También resuelve:Empresa social del estado: régimen contractual, principiosLiquidación del contrato: acción contractual, bilateral, mutuo acuerdo, vicio del consentimientoActa de liquidacion: bilateral, salvedades, sin salvedades