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¿Puede el contratista solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato si en las actas de suspensión, prórroga y adición expresamente renunció, libre y autónomamente, a presentar reclamación judicial o extrajudicial por cuenta de tales hechos? No
La renuncia que el contratista formula de manera libre y autónoma, en actas de suspensión, prórroga o adición, a presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por los hechos que las originan es eficaz, y le impide después pretender el restablecimiento del equilibrio económico por esos mismos hechos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la renuncia es un acuerdo libre y espontáneo de voluntades sobre derechos de libre disposición, sin prueba de presión ni condicionamiento. Segunda, todas las modificaciones del contrato tuvieron origen en la petición expresa del contratista, lo que confirma la voluntad consciente con la que renunció. Tercera, el comportamiento de las partes durante la ejecución va contra el principio de buena fe y de respeto del acto propio si el contratista luego reclama. En consecuencia, la sentencia de primera instancia se confirma. Por tanto, la petición de reconocer perjuicios por los hechos de las suspensiones y prórrogas no puede prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿En el marco de un contrato estatal, la renuncia a posteriores reclamos judiciales o extrajudiciales es ineficaz a pesar de haberse realizado libre de apremio?¿Puede el contratita efectuar una reclamación judicial, cuando en forma previa, autónoma, libre de apremio y explícita manifestó no reclamar posteriormente, ni extrajudicial ni judicialmente?¿Procede la condena en costas cuando se ventila un interés público
¿Procede la declaración de excesiva onerosidad sobrevenida cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o terminación judicial? No
La excesiva onerosidad sobrevenida no procede cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o de terminación judicial, pues la figura exige que la alteración de las condiciones afecte prestaciones pendientes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 868 del Código de Comercio consagra la figura, que la doctrina y la jurisprudencia también denominan teoría de la imprevisión, sin que deba confundirse con otras instituciones; el régimen de derecho privado del contrato, conforme a los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, excluye las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico; y la pretensión debe interpretarse dentro del marco de la excesiva onerosidad, para verificar si se configura. Por ello, cuando las prestaciones ya fueron ejecutadas, no existe objeto sobre el cual predicar el ajuste judicial de la prestación. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a esta pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿Cumple el Consorcio la carga argumentativa y probatoria necesaria para controvertir la decisión de primera instancia?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia cuando el recurso de apelación de la parte demandante recibe una decisión desfavorable?
¿Acreditó la parte demandante la diferencia entre lo contratado y lo efectivamente ejecutado con ocasión del cumplimiento del contrato de obra bajo examen, cuando no aportó el acta de recibo final? No
Cuando el contratista pretende el reconocimiento de sobrecostos por mayor permanencia en la obra y el desequilibrio económico del contrato, debe demostrar la diferencia entre lo contratado y lo efectivamente ejecutado, lo que exige aportar el acta de recibo final de obra y una verificación completa de la cantidad ejecutada. La regla se sostiene en tres razones: la mayor permanencia se configura cuando hechos no imputables al contratista aumentan sus costos iniciales, situación que debe probar el actor, pues el solo aumento del plazo no basta; la ausencia del acta de recibo final impide verificar la obra efectivamente ejecutada y su valor; y el informe pericial que concluye que el aumento del costo del asfalto no incidió en el costo del producto final no sustenta la alteración del equilibrio. En el caso, la parte actora no logró acreditar la diferencia entre lo contratado y lo ejecutado, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe acompañarse del acta de recibo final y de una comparación completa de cantidades y costos.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el demandante contratista, los hechos no imputables a el, por los que se originó la mayor permanencia en la obra…
¿Debe el juez diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico e interpretar la demanda para establecer la institución aplicable cuando la parte no la precisó o la calificó de forma confusa o errada? Sí
El juez debe diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico y, cuando la parte demandante no precisó cuál de las dos figuras invoca, o lo hizo de forma confusa o errada, debe interpretar la demanda para establecer la institución jurídica aplicable. La regla se sostiene en tres razones: la parte demandante es la principal llamada a precisar si pretende la declaratoria de incumplimiento o la del desequilibrio económico; el principio iura novit curia permite al juez calificar jurídicamente los hechos aunque la parte los haya encuadrado de forma errada; y el derecho de acceso a la administración de justicia exige que la pretensión sea examinada conforme a la figura que corresponde a los hechos narrados. Por ello, la interpretación de la demanda no puede limitarse a la calificación que haga la parte. Así, el juez determina si lo alegado debe estudiarse como incumplimiento o como desequilibrio, y resuelve sobre esa base. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden analizarse y eventualmente acogerse pretensiones contractuales formuladas con posterioridad a la liquidación bilateral del contrato cuando la parte interesada dejó en el acta de liquidación…¿Puede atribuirse a la entidad contratante la obligación de aprobar directamente las actas de pago cuando el interventor no lo hace…¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios cuando la entidad contratante efectuó los pagos dentro del plazo de sesenta días establecido contractualmente…
¿Ante la renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente consignada en las actas de suspensión del contrato por razón de los problemas de orden público, es procedente el reconocimiento de desequilibrio económico en favor del contratista por cuenta de los mayores valores, mayor dedicación del personal, ajustes de precios unitarios y uso de botaderos? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de desequilibrio económico en favor del contratista por mayores valores, mayor dedicación del personal, ajustes de precios unitarios y uso de botaderos cuando en las actas de suspensión del contrato por razones de orden público se consigna una renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente. La Sala encuentra que la renuncia expresa en las actas no fue producto de presión o constreñimiento por parte de la entidad contratante, por lo que no se vicia el consentimiento de las partes. Además, no se acredita que la entidad contratante desconociera la fórmula contractual de ajuste de precios, por lo que no es procedente reconocer los valores reclamados por ajuste de precios. Asimismo, no es legal ni contractualmente procedente reconocer un valor al contratista por concepto de mayor uso de botaderos, ya que los costos asociados a dicha actividad fueron reconocidos mediante los precios unitarios correspondientes al ítem de excavaciones. En consecuencia, la Sala revoca la sentencia de primera instancia en cuanto reconoce el desequilibrio económico por las suspensiones por orden público y ajuste de precios, y niega las pretensiones del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la liquidación del contrato estatal en favor de la entidad demandada, ante la falta de acreditación de la inversión de la totalidad del dinero entregado como anticipo?
¿Cuándo en el contrato no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra por parte de la entidad estatal, en este caso INVIAS, puede considerarse como incumplimiento de la entidad que lo hiciera en marzo, lo que evito que el contratista adelantara la obra en la época seca del año y fuera afectado por el fenómeno de la niña, lo cual conllevo a mayores costos? No
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal cuando no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra, ya que la falta de esta no implica que la entidad haya incumplido su obligación contractual, especialmente si no se demuestran mayores costos o afectaciones por fenómenos climáticos. Además, la entidad no está obligada a suscribir una prórroga del contrato basándose únicamente en el visto bueno de la interventoría, ya que la entidad puede evaluar la viabilidad de la prórroga considerando los incumplimientos del contratista. Asimismo, el valor del anticipo no amortizado debe ser devuelto a la entidad contratante, no como indemnización por incumplimiento, sino como consecuencia de la falta de amortización pactada en el contrato. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la interpretación de plazos y prórrogas en contratos estatales, y establecen claramente que la devolución del anticipo no es una indemnización por incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de un visto bueno de la interventoría implica el deber de la entidad de suscribir una prórroga de un contrato de obra?¿El valor del anticipo que fue dejado de amortizar por el contratista debe ser restituido a la entidad contratante y no corresponde a una indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual ?¿El uso de las potestades excepcionales, que le permiten a la entidad ejercerlas sin acudir al juez del contrato no es obligatorio…
¿Se acreditó que los diseños fueron adecuadamente elaborados y el IDU permitió injustificadamente que fueran modificados por el constructor de la obra? Sí
Cuando la entidad permite injustificadamente que el constructor modifique los diseños que fueron adecuadamente elaborados, no puede imputar al diseñador ni al interventor los defectos derivados de esa modificación, y que la acción de controversias contractuales contra la liquidación bilateral debe presentarse dentro de los dos años siguientes a ella, según el literal c del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Una razón es que en el expediente quedó acreditado que los diseños se elaboraron de manera adecuada y que la entidad permitió su modificación por parte del constructor sin justificación. Otra razón es que las demandas se presentaron dentro de los dos años siguientes a la liquidación de los contratos de diseño e interventoría, y los actos de efectividad de la póliza, por lo que la caducidad no operó. En el caso, la Sala confirmó la condena a favor de los contratistas de diseño e interventoría y modificó la sentencia en lo relativo a las demás pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que modifica o autoriza cambios en los diseños asume la responsabilidad por sus efectos, y no puede trasladarla al diseñador.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro del término establecido por la ley?¿Los consorcios diseñador e interventor cumplieron con las obligaciones a su cargo?¿Se acreditó que existieran mayores costos asociados a una mayor permanencia en el contrato?
¿Con ocasión de la ejecución del contrato, se acreditó que EPM incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no haber reconocido y pagado la totalidad de las obras y servicios efectivamente ejecutados, lo cual condujo a unos mayores costos y debió asumir la contratista? No
Los reconocimientos por mayor obra aparentemente ejecutada por la contratista se basan en los anexos documentales aportados por la parte actora, que corresponden a cuadros elaborados por ella misma que condensan los valores definidos en el acápite correspondiente a la cuantía de la demanda y que en modo alguno cuentan con verificación de ejecución real, aceptación de tales cantidades y valores por parte de la interventoría y verificación de ausencia de pago, documentos estos que a pesar de no ser objetados o controvertidos por la entidad demandada, no proporcionan elementos de juicio para apreciar lo realmente ejecutado.… En ese sentido, extraña la Sala en la verificación de tales items, cantidades y valores, el procedimiento de reconocimiento por parte de la entidad y su correspondiente pago o denegación de pago…
También resuelve:¿Es procedente revocar la decisión objeto de apelación que declaró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato, así como también el reconocimiento y pago de unas obras…¿El numeral 4.5.6 del pliego de condiciones es nulo por objeto ilícito, por cuanto expresamente señaló que no se pagarían las visitas perdidas por ningún concepto?¿El régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios es el de derecho privado?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista…¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista…¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
¿Se acreditó el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados por el demandante? No
El contratista no acredita el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados, ya que no demuestra que las consecuencias económicas negativas sean resultado directo de las suspensiones acordadas por mutuo acuerdo con la entidad estatal. En este caso, las suspensiones pactadas antes de la suscripción del acuerdo de 4 de abril de 2000 fueron tomadas para superar dificultades económicas, y no se presentó prueba alguna que vincule estas suspensiones con un desequilibrio financiero o daños económicos en el contratista. Además, las partes acordaron zanjar reclamaciones futuras durante las suspensiones, y no se acreditó incumplimiento por parte de la entidad estatal en el reconocimiento y pago de costos adicionales. Por lo tanto, la Sala rechaza las pretensiones de declaración de incumplimiento y restablecimiento, y niega la indemnización por daños, al no existir evidencia que demuestre un desequilibrio económico del contrato por actos de la administración o incumplimiento de una de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió la entidad demandada sus obligaciones contractuales por el no pago de supuestos mayores costos durante las suspensiones del contrato?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-10-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020160072101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de la acción sobre un contrato que requiere liquidación comienza a correr al día siguiente de la firma del acta de liquidación bilateral, y que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende ese término hasta la constancia de no conciliación, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Una razón es que la causa del daño, consistente en la mayor permanencia en obra y los sobrecostos, se produjo como salvedad a la liquidación bilateral, de modo que el término se cuenta desde la firma de esa acta y no desde la ocurrencia del daño. Otra razón es que la conciliación extrajudicial que se presentó dentro del término suspendió su curso, y la constancia de no conciliación se expidió con posterioridad, de manera que la demanda presentada el día siguiente a esa constancia fue oportuna. En el caso, el Consejo de Estado confirmó el auto del tribunal que declaró no probada la excepción de caducidad. Su consecuencia práctica es que la salvedad incluida en el acta de liquidación bilateral no alarga el plazo, y que la conciliación prejudicial solo suspende la caducidad mientras se tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Desde la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato fue que el demandante tuvo conocimiento del daño por el cual reclama en la demanda?¿Tratándose de contratos que se rigen por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la facultad de efectuar la liquidación unilateral del negocio jurídico?¿Los contratantes pactaron cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato así como en los documentos del proceso de selección?
¿La impugnación propuesta estuvo debidamente sustentada desde el plano material? No
Cuando el recurso de apelación contra una sentencia se limita a transcribir los argumentos de la demanda y de los alegatos de primera instancia, sin formular inconformidad alguna contra las razones de la sentencia recurrida, la impugnación no está debidamente sustentada desde el plano material y el tribunal no puede decidir sobre esos aspectos. La regla se sostiene en tres razones: la apelación debe confrontar los argumentos del fallo impugnado para delimitar el objeto de la segunda instancia; la reproducción literal de escritos anteriores carece de objeto de discusión frente a la decisión; y, por ello, no es posible emitir decisión sobre las pretensiones que la apelación no cuestionó. En el caso, la sala confirmó la sentencia en lo relativo a esas pretensiones, y frente a la condena en costas de primera instancia negó la procedencia de la condena al no existir temeridad ni mala fe. El documento cita una sentencia de la sección sobre las circunstancias de indebida sustentación; la consecuencia práctica es que el apelante debe señalar qué razón concreta de la sentencia controvierte.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, aplicable a este proceso, debió condenarse en costas de primera instancia al ente demandado por haber sido la parte vencida?¿El fallo recurrido envuelve una contradicción, porque afirmó que el ente demando había pagado una suma que, luego, condenó a pagar y, si existía duda sobre el pago…¿Al ser desestimadas las pretensiones de incumplimiento contractual, debió desestimarse, a su vez, la pretensión de liquidación del contrato por ser consecuencial —no autónoma— a aquellas…
¿En la liquidación bilateral del contrato, el estudio de las pretensiones en lo contencioso administrativo, está atado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades? Sí
El contratista y la entidad estatal, al liquidar bilateralmente un contrato de obra pública, deben incluir en el acta de liquidación las salvedades que reflejen los aspectos no acordados, pues estas revelan un presupuesto de orden material para la prosperidad de las pretensiones en lo contencioso administrativo, ya que si los asuntos debatidos quedaron cobijados por el acuerdo, no es posible desconocer sus efectos vinculantes. La Sala reitera que las salvedades deben ser claras y concretas, no abstractas o genéricas, y que su ausencia implica que el contrato se cerró sin reparos sobre los puntos no excluidos del acuerdo. En consecuencia, la entidad estatal y el contratista deben asegurar que el acta de liquidación contenga todas las salvedades pertinentes para evitar conflictos posteriores en la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Se estableció que las reclamaciones invocadas en la demanda, todas ellas hubieren quedado contenidas en el oficio del 23 de diciembre de 2010 al que se remitió el consorcio para fundamentar su…¿La tipología contractual especial llave en mano, es aquella por medio de la cual el contratista se obliga, a cambio de una contraprestación…¿Se acreditaron los mayores costos en los que habría incurrido el contratista en el diseño y construcción de la obra, al establecerse un metraje superior al previsto en el pliego de condiciones?
¿Resulta procedente declarar que entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Ejército Nacional se celebró el convenio interadministrativo No. 8 de 2012, cuyo objeto fue cumplido por parte de dicho Instituto? Sí
El contratista cumple con el objeto del convenio interadministrativo celebrado con la entidad estatal cuando ejecuta la obra civil y entrega el acta de recibo final, acreditando así el cumplimiento de las obligaciones pactadas, independientemente de los aportes económicos realizados por la entidad. En este caso, el IDU y el Ejército Nacional celebraron el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 para la construcción de la Alameda, y el IDU cumplió con sus obligaciones al contratar y supervisar la obra, entregando la Alameda al Ejército Nacional en septiembre de 2015. A pesar de que el Ejército Nacional no aportó el capital completo estipulado en el convenio, el IDU ejecutó la obra y recibió los rendimientos financieros correspondientes, lo que demuestra el cumplimiento del convenio por parte del IDU, reiterando la importancia de la ejecución efectiva de las obras para declarar el cumplimiento del convenio interadministrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que el Instituto de Desarrollo Urbano incurrió en gastos adicionales para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo No. 8 de 2012…¿Resulta procedente declarar judicialmente liquidado el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 con un saldo a favor del Instituto de Desarrollo Urbano…¿Resulta procedente reconocer intereses moratorios sobre el saldo a favor del IDU, a pesar de que dicho valor corresponde al perjuicio material en la modalidad de daño emergente?
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
Como en efecto en el proceso quedó probado que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, porque no tenía los recursos para pagarle al contratista… y el contrato de obra se quedó sin interventoría, debido a que el contrato de la firma interventora terminó por vencimiento del término… , la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato.
También resuelve:¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago?¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante?¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes?¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio?¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?
¿El contrato celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como establecimiento público del orden distrital sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y los documentos integrantes del negocio jurídico? Sí
El contrato celebrado por un establecimiento público del orden distrital, que es entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y cuya actividad contractual no está cobijada por un régimen exceptuado, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas y por los documentos que integran el negocio jurídico. La regla se sostiene en tres razones: el ente fue creado por acuerdo distrital y no está exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 remite a las normas civiles y comerciales en los aspectos no regulados por aquella ley; y los documentos del negocio jurídico integran el régimen aplicable al litigio. Así, la controversia sobre la ejecución del contrato se resuelve con el Estatuto General de Contratación y con el clausulado que las partes incorporaron al negocio, sin que la naturaleza del ente altere ese régimen.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el…¿La fijación del precio de los ítems no previstos de adoquín de concreto con color y pictograma muisca, mediante la homologación con precios de otro contrato y al margen del procedimiento previsto en…¿El IDU debe asumir los mayores costes de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga n.º 1…