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Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020020444301
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, en virtud de la cuantía? Sí
En vigencia del Código Contencioso Administrativo, la segunda instancia procede por razón de la cuantía cuando la pretensión dineraria supera los quinientos salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. Esta regla se apoya en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, que fija el factor objetivo para la doble instancia. Por ello la competencia del Consejo de Estado en apelación depende del monto reclamado en la demanda, y no del resultado de la sentencia de primera instancia. En el caso concreto la pretensión dineraria excedía ese umbral en la fecha de la demanda, por lo que la corporación conoció de la apelación. La sentencia fue modificada en el recurso, y la decisión de fondo quedó sujeta a la valoración de las pruebas del expediente. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía se fija al momento de presentar la demanda y determina la competencia de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento?
¿La existencia del contrato de estabilidad tributaria está supeditada al cumplimiento de la solemnidad consistente en que el acuerdo conste por escrito?
¿El silencio administrativo positivo en el régimen de estabilidad tributaria tiene el alcance de hacer surgir una relación contractual entre el particular y la DIAN?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020130030001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La reclamación del reajuste de precios, como salvedad consignada en el acta de liquidación por el consorcio demandante, conlleva la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal? No
Una salvedad en el acta de liquidación que solo se refiere a la reclamación de reajustes de precios no comprende la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal, ni por mayor permanencia en obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, la única observación del acta se refería a la reclamación de los reajustes de precios previstos en la cláusula del contrato, y no a otras pretensiones. Segunda, la salvedad no encaja con el desequilibrio económico por mayor permanencia en obra causado por suspensiones y prórrogas, que es lo debatido en el proceso. Tercera, el silencio administrativo positivo no se configuró porque la petición de sobrecostos no fue entregada a la entidad contratante, sino al interventor, y el contratista no protocolizó documentos que acreditaran su derecho. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. Por ello, la salvedad del acta no se extiende a reclamaciones distintas de los reajustes de precios. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Con la omisión de dar respuesta a la solicitud del reconocimiento de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal presentada a la interventoría operó el silencio administrativo positivo…
¿Con la suscripción de convenios modificatorios del contrato de obra celebrados, sin efectuar salvedad alguna, el contratista renunció a la reclamación del restablecimiento del equilibrio financiero?
¿Cuando se pacta una fórmula de reajuste de precios se está ante una situación imprevista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No es posible tener por acreditado el cabal cumplimiento de las obligaciones que adquirió el consorcio
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 44001234000020140000101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?
¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?
¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, conforme al artículo 84 del CPACA.
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 15001233300020180025201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de autorización para la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal generó silencio administrativo positivo que habilitó la sustitución del integrante sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante y, en consecuencia, excluyó a dicha sociedad de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual? No
El integrante de una unión temporal no se exime de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual mediante una solicitud de cesión de su participación que no logre configurar silencio administrativo positivo por la inobservancia de las condiciones legales sustanciales. En este litigio de controversias contractuales, la Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, determinando que la ficción jurídica del silencio administrativo exige un pronunciamiento insatisfecho de la entidad contratante frente a una petición formal.síntesis automática
También resuelve:
¿La entrega de 2.166 losas de concreto rígido con defectos clasificados con severidad media y baja por parte de la UTTB genera la obligación de indemnizar a INVÍAS por el menoscabo patrimonial…
¿INVÍAS acreditó un daño patrimonial imputado al incumplimiento en la entrega de los planos as built, de manera que resulte procedente imponer una condena indemnizatoria en la liquidación del…
¿Debe imputarse a la aseguradora obligación indemnizatoria a favor de INVÍAS con fundamento en el amparo de cumplimiento de la póliza n.º 43069273…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.
Sentencia — Sentencia
2023-06-02
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020140033201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración? No
La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran?
¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor?
¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020170045901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante?
¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además…
¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-08-21
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020160055301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿También está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto que surgió con la protocolización del silencio positivo? Sí
No resulta plausible afirmar que el silencio administrativo positivo… , no goza de existencia y/o eficacia por haberse configurado sobre la base del incumplimiento previo de los requisitos para renunciar al contrato de concesión… en los términos previstos en el artículo 108 del código de minas. Es cierto que los actos administrativos mediante los cuales se niega al consorcio la suspensión del contrato de concesión (por no estar al día con el pago del canon superficiario) se encuentran en firme y gozan de presunción de legalidad -a pesar de estar actualmente demandados ante la jurisdicción-; pero… también está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto que surgió con la protocolización del silencio positivo.
También resuelve:
¿Con la decisión mayoritaria se está soslayando que el silencio administrativo positivo es un castigo para la administración por no responder las peticiones conocidas bajo su competencia?