Titulación de la relatoría 73.294 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por la EDU -empresa industrial y comercial del Estado- en el marco de un contrato de obra pública celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, en tanto en el presente asunto se pretende la nulidad de las Resoluciones 621 de 2014 y 829 de 2014, mediante las cuales la EDU liquidó unilateralmente el contrato de obra 851 de 2010 celebrado con el consorcio Fronpeco; declaró el siniestro de «buen manejo del anticipo» e hizo efectiva la póliza única de cumplimiento expedida por Seguros del Estado S.A.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de la resolución que ordenó la liquidación unilateral del contrato, declaró el siniestro e hizo efectiva la póliza única de cumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda presentada el 29 de abril de 2016 fue ejercida en el término de dos años previsto en el inciso segundo del literal j) del artículo 164 del CPACA, por cuanto la Resolución 829 de 2014 -mediante la cual se confirmó íntegramente la Resolución 621 de 2104- fue notificada por aviso el 15 de diciembre de 2014 y adquirió firmeza el 16 de diciembre de esa misma anualidad, de modo que el plazo de caducidad del medio de control de controversias contractuales transcurrió entre el 17 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2016, circunstancia que evidencia el cumplimiento de la oportunidad para ejercer el derecho de acción, aun sin necesidad de acudir a la suspensión del término derivada de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL J
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / COMPAÑÍA DE SEGUROS / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCTOR / MIEMBROS DEL CONSORCIO / SUJETO LLAMADO EN GARANTÍA / INTERVENTOR
Problema jurídico:
¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos demandados, la EDU está legitimada por pasiva por haber proferido dichos actos y fueron vinculados los terceros con interés directo y el llamado en garantía relacionados con el contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que concierne a la legitimación en la causa, se advierte que Seguros del Estado S.A. la ostenta por activa, en tanto fue esta compañía la que expidió la póliza única 42-44101033037, mediante la cual se garantizó el cumplimiento del contrato de obra 851 de 2010 y que amparaba, entre otros siniestros, el de «buen manejo del anticipo», cuya ocurrencia fue declarada en las resoluciones cuestionadas, lo que le otorga un interés directo en obtener su nulidad. Por su parte, la EDU se encuentra legitimada por pasiva, por cuanto fue la entidad que profirió los actos administrativos demandados. De igual modo, se constata que al proceso fueron vinculadas, en calidad de terceros con interés directo, las sociedades Liberty Seguros S.A, como coaseguradora de la póliza que garantizó el cumplimiento del contrato de obra pública 851 de 2010; así como también Ecodiseño S.A.S. y la Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia, en su condición de integrantes del consorcio contratista del referido negocio jurídico. Finalmente, se verifica que el Consorcio Tecnisuelos fue llamado en garantía por la EDU, en su calidad de interventor del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aseguradora como titular de la acción de controversias contractuales, aun cuando no sea parte del contrato estatal, como quiera que tiene un interés directo en el acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual, ver; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de julio de 2007, exp. 33476, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz; sentencia del 22 de mayo de 2024, exp. 60417, C.P. Adriana Polidura Castillo.
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / URBANISMO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE EFICACIA JURÍDICA E INSTITUCIONAL / PROYECTO DE URBANISMO / INTERÉS GENERAL / INTERÉS COLECTIVO
Problema jurídico:
¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una empresa industrial y comercial del Estado para el cumplimiento de su objeto institucional y no para el desarrollo de actividades en condiciones de mercado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a EDU celebró con el consorcio Fronpeco el contrato de obra pública 851 de 2010, bajo la modalidad de administración delegada, cuyo objeto consistió en la construcción del «Parque Biblioteca para la Cultura y la Vida Doce de Octubre», en el municipio de Medellín. Bajo este contexto, conviene precisar, de conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal 158 de 2002, que la EDU se encuentra constituida como una empresa industrial y comercial del Estado -EICE-, cuyo objeto principal es el desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios en el municipio de Medellín, por lo que el régimen jurídico aplicable al contrato mencionado debe determinarse con base en su naturaleza jurídica y la normativa vigente al momento de su celebración, esto es, el 27 de septiembre de 2010. Sobre el particular, la Ley 80 de 1993 dispuso, siguiendo un criterio orgánico, que los contratos celebrados por las EICE estarán sometidos, en principio, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, salvo tratándose de establecimientos de crédito, compañías de seguros y entidades financieras de carácter estatal constituidas bajo dicha forma jurídica. Posteriormente, el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 introdujo un matiz a dicho criterio orgánico, al establecer que, si bien los contratos celebrados por las EICE para el cumplimiento de su objeto están sometidos al EGCAP, los actos que expidan para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las normas de derecho privado. (…) De esta forma, tanto el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 como el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 reflejan un mismo criterio orientador, conforme al cual las EICE están sometidas a un régimen dual que varía en función de la finalidad del contrato Celebrado. (…) Por consiguiente, forzoso resulta concluir que el régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública 851 de 2010 es el previsto en el EGCAP, toda vez que su objeto -la construcción de un parque biblioteca- se enmarca en el cumplimiento del objeto institucional de la EDU, esto es, el desarrollo de proyectos urbanísticos orientados al beneficio colectivo, y no en actividades desarrolladas en condiciones de competencia o mercado propias del giro comercial de dicha EICE. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que los recursos destinados a la ejecución de la obra provienen de un convenio interadministrativo celebrado con el municipio de Medellín.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen normativo aplicable a los contratos administrativos, según la naturaleza de su objeto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp. 63427, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993
GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS CONTRACTUALES / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ACTIVIDAD ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿La entidad estatal beneficiaria de una garantía contractual debe garantizar el derecho al debido proceso de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza, permitiéndole ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a los hechos y fundamentos que sustentan esa decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el ámbito de la contratación estatal, el legislador ha previsto -de manera generalizada, como se verá en la normativa que se procederá a citar- que, con el fin de asegurar la ejecución íntegra y oportuna del objeto contractual y de proteger el patrimonio público, los contratistas, salvo las excepciones consagradas en la ley, deben constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento, orientadas a trasladar a un tercero -usualmente una compañía aseguradora- la obligación de concurrir al pago de la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista. De vieja data, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha aclarado que las garantías contractuales no pueden confundirse con las potestades sancionatorias de la Administración ni con las penas convencionales, puesto que, por regla general, no constituyen mecanismos coercitivos de apremio ni simples estimaciones anticipadas de perjuicios -salvo la garantía de seriedad de la oferta, que ostenta una naturaleza especial-, sino instrumentos primordialmente indemnizatorios concebidos para salvaguardar el interés público inherente a la contratación estatal y evitar que el patrimonio de las entidades resulte afectado por la materialización de los riesgos amparados. (…) Por ello, siendo las aseguradoras quienes deben asumir la defensa de sus intereses frente a la eventual declaratoria de los riesgos amparados -siniestros-, resulta imperativo que la entidad beneficiaria garantice el respeto del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Dicho derecho, en el ámbito de las actuaciones administrativas, constituye un presupuesto de ineludible observancia, cuyo alcance debe armonizarse con los principios que orientan la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la carta magna, resultando igualmente exigible en el marco de la contratación estatal, conforme lo dispone el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. No obstante, su aplicación no es uniforme ni opera con idéntico alcance en todas las actuaciones administrativas, pues este depende de la finalidad, objeto, naturaleza y efectos propios de cada una de ellas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la observancia del derecho al debido proceso en favor de las compañías de seguro, cuando se hacen efectivas las pólizas por ocurrencia del siniestro en la ejecución de contratos administrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de junio de 2026, exp. 69292, C.P. Adriana Polidura Castillo; sentencia del 18 de febrero de 2022, exp. 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp. 36600A, C.P. Zoranny Castillo Otálora; sentencia del 24 de mayo de 2001, exp. 13598, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; sentencia del 21 de octubre de 2021, exp. 50623, C.P. Adriana Polidura Castillo; sentencia del 20 de febrero de 2017, exp. 53839, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Corte Constitucional, sentencia C-034 del 29 de enero de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / ALCANCE JURISPRUDENCIAL / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / TÉRMINO PARA EL AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD ASEGURADORA / FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRIVILEGIO DE LO PREVIO / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Problema jurídico:
¿Coexisten en la jurisprudencia de la Sección Tercera dos posturas sobre el alcance del derecho al debido proceso de las aseguradoras frente a la declaratoria de siniestros derivados de contratos estatales, una según la cual basta con la debida motivación y notificación del acto para permitir su contradicción posterior, y otra que exige garantizar, antes de su expedición, la participación efectiva de la aseguradora y el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el artículo 25, numeral 19, dispuso, en desarrollo del principio de economía, que el contratista debía constituir una garantía única -en póliza de seguro o garantía bancaria- destinada a respaldar el cumplimiento de sus obligaciones hasta la liquidación del contrato y ajustada a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado, con excepción de los contratos de empréstito, interadministrativos y de seguros, en los que no resultaba exigible. (…) [L]a Sección Tercera sostuvo, de manera mayoritaria, aunque no pacífica, que, en virtud de los numerales 4 y 5 del artículo 68 del CCA, la Administración sí se encontraba habilitada para efectuar tal declaración mediante acto administrativo, aunque sin la posibilidad de cobrar por vía coactiva los créditos derivados del riesgo administrativo en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993. En este sentido, dicha facultad relevó a las entidades estatales de las cargas que, en calidad de beneficiarias de un contrato de seguros, les imponían los artículos 1075 a 1077 del Código de Comercio para reclamar el cumplimiento de la obligación condicional del asegurador, toda vez que, como se indicó, la ocurrencia del siniestro se concreta a través de un acto administrativo que, una vez adquiere firmeza, presta merito ejecutivo, y contra él únicamente proceden los recursos legales, sin que resulte viable la objeción del asegurador en los términos del estatuto comercial. Ahora bien, esta Corporación precisó que con la expedición de tales actos la Administración no puede sustraerse de las reglas de conducta que impone el debido proceso al declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía (…). Bajo este marco, el examen del debido proceso de las aseguradoras, en cuanto garantes de los contratos estatales, debe centrarse en verificar si la Administración les proporcionó un escenario efectivo para controvertir la declaratoria del siniestro. Sobre el particular, la jurisprudencia ha delineado dos posturas divergentes: (i) una primera, de alcance restrictivo, que entiende satisfecho el debido proceso con la simple notificación del acto administrativo declarativo del siniestro, en la medida en que su contenido y motivación permite a la aseguradora ejercer la defensa en sede administrativa o judicial; y (ii) una segunda, de carácter garantista, que exige a la entidad convocar a la aseguradora a un procedimiento previo a la expedición del acto declarativo, a fin de que pueda ejercer real y oportunamente sus derechos de contradicción y defensa antes de la adopción de la decisión definitiva. (…) La primera postura, sostenida principalmente por la Subsección B, parte de la premisa de que, dada la naturaleza indemnizatoria y no sancionatoria de la decisión de declarar el siniestro, no resulta exigible un procedimiento administrativo previo, bastando con que el acto declarativo se encuentre debidamente motivado y sea notificado a los interesados. Bajo esta perspectiva, el debido proceso se garantiza a través de la posibilidad de impugnar el acto en sede administrativa -mediante los recursos previstos en la ley- o, en su defecto, ante la jurisdicción contenciosa. La segunda postura, defendida por las Subsecciones A y C, sostiene que el respeto al debido proceso implica necesariamente que la Administración, antes de declarar el siniestro y ordenar la efectividad de la póliza, convoque a las aseguradoras a un procedimiento administrativo en el que se le garantice una participación efectiva, con la posibilidad de controvertir las pruebas recaudadas por la entidad, aportar los medios de convicción que estime pertinentes y de ejercer plenamente su derecho de contradicción y defensa previo a la adopción de la decisión definitiva. Según esta tesis, la simple motivación y notificación del acto administrativo resulta insuficiente para asegurar el derecho fundamental al debido proceso, pues restringiría de manera excesiva las garantías procesales que el ordenamiento jurídico extiende a las actuaciones administrativas, incluidas las de carácter contractual. En conclusión, la jurisprudencia hasta ahora relacionada no revela un tránsito lineal desde una concepción restrictiva hacia otra garantista -o viceversa-, sino que pone de manifiesto la coexistencia de ambas posturas, aplicadas indistintamente conforme con la interpretación asumida por cada Subsección, en el entendido que, mientras la primera limita el debido proceso a la motivación y al control posterior del acto administrativo, la segunda exige un procedimiento previo que asegure la participación activa de la aseguradora antes de la declaratoria del siniestro.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance del derecho al debido proceso en los procedimientos administrativos contractuales llevados por la declaratoria de la ocurrencia del siniestro, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de junio de 2015, exp 32438, C.P. Diego Enrique Franco Victoria; sentencia del 22 de abril de 2009, exp 14667, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 5 de diciembre de 2016, exp. 35057, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; sentencia del 30 de noviembre de 2017, exp. 39285, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; sentencia del 26 de agosto de 2019, exp. 44170, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 24 de enero de 2024, exp. 53674, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 27 de noviembre de 2013, exp. 25742, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 29 de mayo de 2014, exp. 27721, C.P. Zoranny Castillo Otálora; sentencia del 7 de septiembre de 2015, exp. 45907, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 30 de noviembre de 2017, exp. 37002, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; sentencia del 23 de febrero de 2012, exp. 20810, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1075, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 4, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75
PRINCIPIO DE EFICIENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / NORMA VIGENTE / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ENTIDAD ASEGURADORA / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / LÍNEA JURISPRUDENCIAL / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / COMPAÑÍA DE SEGUROS / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PRIVILEGIO DE LO PREVIO / FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / POTESTAD REGLAMENTARIA / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO / LÍNEA DE INTERPRETACIÓN
Problema jurídico:
¿Coexisten en la jurisprudencia de las Subsecciones de la Sección Tercera, bajo el régimen de la Ley 1150 de 2007, dos posturas sobre el alcance del debido proceso de las aseguradoras frente a la declaratoria de siniestros y la efectividad de las garantías contractuales, una que considera suficiente la motivación y notificación del acto administrativo y la posibilidad de controvertirlo posteriormente, y otra que exige garantizar la participación de la aseguradora antes de su expedición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007122 -que sustituyó la regulación concerniente a las garantías contractuales prevista en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, disposición que, a su vez, fue derogada por la nueva normativa- mantuvo la obligación de los contratistas de otorgar una garantía única para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con las excepciones ya previstas en la Ley 80 de 1993. No obstante, introdujo una modificación sustancial al consagrar expresamente la facultad de la Administración para declarar, mediante acto administrativo, la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza; prerrogativa que, mientras en el régimen anterior había sido reconocida por vía jurisprudencial a partir de los numerales 4 y 5 del artículo 68 del CCA, pasó a convertirse en una potestad legal expresa. Debe resaltarse, sin embargo, que dicha disposición tampoco reguló expresamente el debido proceso en materia de garantías contractuales, a diferencia de lo previsto en el artículo 17 de la misma ley, atinente a la potestad sancionatoria, que concibió el debido proceso como principio rector de las actuaciones contractuales de este carácter. Se trata, entonces, de ámbitos que, como se explicó en líneas anteriores, no pueden confundirse ni asimilarse (…). En este contexto, ante la ausencia de una regulación expresa sobre el debido proceso en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, la Sección Tercera mantuvo las dos líneas interpretativas previamente configuradas bajo la Ley 80 de 1993. Así, aunque con ciertas variaciones en su alcance y aplicación, persistió la coexistencia de una tesis que consideraba suficiente la motivación y notificación del acto administrativo que declaraba el siniestro, con la otra que exigía un procedimiento previo que garantizara la participación activa de la aseguradora con antelación a la expedición de dicho acto. (…) [A]un cuando el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 introdujo un cambio sustancial al reconocer expresamente la facultad de la Administración para declarar, mediante acto administrativo, la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza de cumplimiento, no reguló de manera expresa el debido proceso aplicable a esta materia, como sí lo hizo dicha ley frente a las actuaciones sancionatorias, lo que condujo a la persistencia de las dos líneas jurisprudenciales desarrolladas en el régimen anterior, incluso con reiteración de muchos de tales pronunciamientos. (…) Así, mientras una corriente defiende la suficiencia del acto administrativo debidamente motivado y notificado, otra enfatiza en la necesidad de que la compañía aseguradora sea convocada con antelación a la expedición del acto, a fin de ejercer de manera efectiva y oportuna su derecho de defensa, el cual, como lo precisó la última providencia citada, no se identifica con el que asiste al contratista, pues se orienta a controvertir la configuración del riesgo asegurado y la cuantía del siniestro. De ahí que el alcance de su intervención responda a la condición de tercero garante y no a la de parte contratante principal. Con todo lo expuesto, la Sala concluye que las dos tesis jurisprudenciales en torno al alcance del debido proceso de las aseguradoras han coexistido y han sido aplicadas de manera indistinta, tanto bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993 como de la Ley 1150 de 2007, sin que se evidencie un tránsito jurisprudencial uniforme de una hacia otra. En ese contexto, dichas posturas se han empleado para el examen de garantías postcontractuales y de aquellas reclamadas durante la ejecución del contrato, en relación con siniestros amparados, entre otros, por las garantías de cumplimiento, estabilidad de la obra, calidad y correcto funcionamiento, así como de buen manejo y correcta inversión del anticipo, sin que la jurisprudencia haya fijado un criterio diferenciador claro atendiendo al momento contractual en que se hace efectiva la garantía. Esta aplicación transversal confirma la coexistencia real y simultánea de ambas líneas interpretativas, cuya utilización ha dependido, principalmente, de la orientación asumida por cada Subsección y no de la naturaleza -postcontractual o de ejecución- de la garantía comprometida.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance del derecho al debido proceso en los procedimientos administrativos contractuales en los que, mediante acto administrativo se declaró la ocurrencia del siniestro, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2022, exp. 61667, C.P. Diego Enrique Franco Victoria; sentencia del 28 de octubre de 2024, exp. 63030, C.P. Adriana Polidura Castillo; sentencia del 23 de septiembre de 2015, exp. 44386, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 18 de febrero de 2022, exp. 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 17, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 4, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 5, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19
DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / GARANTÍAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ENTIDAD ASEGURADORA / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PRIVILEGIO DE LO PREVIO / CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / CLASES DE RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / TRÁNSITO LEGISLATIVO EN CONTRATACIÓN ESTATAL / TRÁNSITO LEGISLATIVO EN DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / LÍNEA DE INTERPRETACIÓN / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / PRINCIPIO DE LA DISCRECIONALIDAD / PROCESO ESPECIAL
Problema jurídico:
¿El régimen del debido proceso de las aseguradoras frente a la declaratoria de siniestros y la efectividad de las garantías contractuales varió bajo los Decretos 4828 de 2008, 734 de 2012 y 1510 de 2013, en tanto el primero exigió una actuación previa sin establecer un procedimiento específico, el segundo sujetó dicha actuación al procedimiento especial del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el tercero no contempló expresamente un trámite previo para los siniestros de naturaleza indemnizatoria, sino la expedición de un acto debidamente motivado y notificado susceptible de impugnación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 14 del Decreto 4828 de 2008, «por el cual se expide el régimen de garantía en la contratación de la Administración pública», precisó la forma en que las entidades estatales debían, mediante actuación administrativa, hacer efectivas las garantías contractuales otorgadas a su favor. (…) [E]l Decreto 4828 de 2008 significó un punto de inflexión en la regulación de las garantías contractuales, al exigir expresamente que la declaratoria del siniestro estuviera precedida de un trámite previo que garantizara los derechos de defensa y contradicción tanto del contratista como de la aseguradora. Con ello, lo que en regímenes anteriores -Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007- había sido objeto de discusión jurisprudencial, pasó a convertirse en un mandato reglamentario claro y vinculante para la Administración. Ahora bien, ha de advertirse que la ausencia de un procedimiento autónomo para su desarrollo imponía a la Administración, cuando menos, la carga de convocar a la aseguradora garante del riesgo como parte interesada, asegurándole el conocimiento previo de la actuación y la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción. Esta interpretación fue acogida y aplicada rigurosamente por la jurisprudencia, como lo evidenció el fallo del 26 de enero de 2022, en el cual se concluyó que la omisión de un trámite previo constituía una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, en tanto este no se satisface con la sola posibilidad de recurrir en sede administrativa o demandar judicialmente el acto administrativo una vez expedido, sino con la participación efectiva de los interesados en la formación de la decisión que declara el siniestro. (…) El Decreto 734 de 2012, «por el cual se reglamenta el EGCAP y se dictan otras disposiciones», derogó el Decreto 4828 de 2008; sin embargo, mantuvo incólume la regulación en materia de efectividad de las garantías contractuales. En efecto, el artículo 5.1.13 de la nueva normativa reglamentaria reiteró, en términos sustanciales, que la expedición del acto administrativo mediante el cual la Administración constituía o declaraba un siniestro debía estar precedida del agotamiento del debido proceso y de la garantía de defensa y contradicción del contratista y de su garante, introduciendo una innovación de especial relevancia: la remisión expresa al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que consagraba un procedimiento especial para «la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento», y que bajo la vigencia de este nuevo régimen se hacía extensivo al trámite para declarar siniestros en las garantías contractuales. (…) [E]l Decreto 734 de 2012 fortaleció la seguridad jurídica en materia de garantías contractuales frente a los derechos de las aseguradoras, al consolidar la tesis garantista ya reconocida por la jurisprudencia y sujetar de manera expresa la declaratoria de siniestros al procedimiento especial del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Con ello, la convocatoria previa del contratista y su garante, la celebración de una audiencia con posibilidad plena de contradicción y la adopción de una decisión motivada en la misma diligencia pasaron a constituir garantías esenciales del debido proceso, asegurando un equilibrio adecuado entre la protección del patrimonio público y los derechos de los garantes. (…) El Decreto 1510 de 2013, «por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública», derogó íntegramente el Decreto 734 de 2012, y en su artículo 128 (compilado en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015) reguló la efectividad de las garantías contractuales (…). A diferencia de lo previsto en los reglamentos anteriores -Decretos 4828 de 2008 y 734 de 2012-, esta disposición no incluyó expresamente la obligación de agotar un procedimiento previo con garantías formales de defensa y contradicción para el contratista y la aseguradora antes de la expedición del acto administrativo mediante el cual la Administración constituía o declaraba un siniestro. Por el contrario, el Gobierno Nacional optó por limitar la efectividad de las garantías de cumplimiento -contenidas en el artículo 116 del Decreto- a la expedición misma del acto administrativo, sin perjuicio del respeto al procedimiento sancionatorio especial que debía adelantarse según el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para los casos de multas y cláusulas penales. (…) [E]l Decreto 1510 de 2013 delimitó el alcance del debido proceso en materia de efectividad de garantías contractuales a la expedición de un acto administrativo debidamente motivado y notificado, entendiendo que esas exigencias resultaban suficientes para habilitar su impugnación, sin que fuera necesario un procedimiento previo de contradicción y defensa para las aseguradoras. De esta manera, se adoptó un modelo inspirado en la lógica del régimen privado de seguros, aunque adaptado a la contratación estatal, preservando el carácter indemnizatorio de las garantías, reforzando la potestad de autotutela de la Administración y trasladando al escenario de los recursos administrativos y judiciales la discusión sobre la responsabilidad y la exigibilidad de la obligación garantizada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la evolución normativa y jurisprudencial del debido proceso de las aseguradoras en la efectividad de las garantías contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2022, exp. 51839, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp. 36600A, C.P. Zoranny Castillo Otálora; sentencia del 1 de diciembre de 2025, exp. 73138, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.19 , DECRETO 1510 DE 2013 - ARTÍCULO 116, DECRETO 4828 DE 2008 - ARTÍCULO 14, DECRETO 734 DE 2012 - ARTÍCULO 128, DECRETO 734 DE 2012 - ARTÍCULO 5.1.13 , LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993
DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS CONTRACTUALES / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ENTIDAD ASEGURADORA / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / LÍNEA JURISPRUDENCIAL / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PRIVILEGIO DE LO PREVIO / AUDIENCIA / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / POTESTAD REGLAMENTARIA / CASO CONCRETO / MODELO GARANTISTA / INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA
Problema jurídico:
¿La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a partir de una interpretación expansiva del derecho fundamental al debido proceso, adoptó la postura según la cual la declaratoria de siniestros y la efectividad de las garantías contractuales exigen, el agotamiento previo del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con participación de la aseguradora y garantía de sus derechos de defensa y contradicción, aun frente a regímenes reglamentarios que diferenciaron las actuaciones indemnizatorias de las sancionatorias y no exigieron dicho trámite previo?
Respuesta al problema jurídico: Si
En pronunciamiento reciente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado introdujo un viraje jurisprudencial frente al alcance del debido proceso aplicable a la declaratoria de siniestros en las garantías contractuales, al analizar si un municipio desconoció el debido proceso de una compañía aseguradora al declarar la ocurrencia del siniestro correspondiente al amparo de buen manejo del anticipo sin adelantar el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 -norma que, se itera, regula la imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento-, y si dicha omisión conducía a la nulidad de los actos administrativos y al reintegro de las sumas pagadas por la aseguradora. (…) Como se observa, aun cuando la Subsección B parte de la concepción -avalada de manera uniforme por la Corporación- según la cual el derecho fundamental al debido proceso resulta aplicable a todas las actuaciones administrativas, incluidas aquellas relacionadas con la efectividad de las garantías contractuales, lo cierto es que adopta una posición específica y de alcance general con respecto a la forma en que dicho derecho debe entenderse satisfecho en esta última materia. En efecto, mientras del examen del régimen normativo y reglamentario desarrollado en los numerales precedentes se desprende que, bajo determinados marcos reglamentarios y en atención a la normativa aplicable al caso concreto, en materia de garantías contractuales el debido proceso podía satisfacerse mediante la expedición de un acto administrativo debidamente motivado y notificado, habilitando la contradicción en sede administrativa y judicial, la nueva postura adoptada por la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación sostiene que la declaratoria del siniestro exige, en todo caso, el agotamiento previo de un procedimiento con audiencia del garante, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. (…) [L]a postura reciente de la Subsección B privilegia una interpretación expansiva del derecho al debido proceso, en virtud de la cual las garantías de defensa y contradicción exigen, aun en actuaciones orientadas a la efectividad de garantías contractuales, un escenario procedimental previo a la adopción de la decisión administrativa. Sin embargo, dicha interpretación conduce a extender el ámbito de aplicación del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 a supuestos que el desarrollo reglamentario posterior diferenció expresamente de las actuaciones sancionatorias, lo que evidencia una tensión interpretativa entre la comprensión constitucional del debido proceso acogida por dicha Subsección y el diseño procedimental previsto en la reglamentación aplicable a las garantías contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la nueva postura adoptada por la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación sobre el agotamiento previo de un procedimiento administrativo para la procedencia de la declaratoria del siniestro, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2025, exp. 73138, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; sentencia del 5 de julio de 2018, exp. 52495, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / RECONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / TITULAR DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ENTIDAD ASEGURADORA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / VIGENCIA DE LA NORMA / NORMA VIGENTE / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / INDEMNIZACIÓN EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / LÍNEA DE INTERPRETACIÓN / DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA / PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se vulneró el derecho al debido proceso de Seguros del Estado S.A. por no haber sido convocada a una actuación previa a la declaratoria del siniestro y a la efectividad de la póliza de cumplimiento, pese a que, bajo el Decreto 1510 de 2013, aplicable al caso, la declaratoria del siniestro tenía naturaleza indemnizatoria, no exigía un procedimiento previo y podía efectuarse en la liquidación unilateral, siempre que el acto estuviera debidamente motivado y notificado y se garantizara su contradicción?
Respuesta al problema jurídico: No
El acto acusado, mediante el cual la EDU declaró el siniestro de «buen manejo del anticipo» y ordenó hacer efectiva la póliza única de cumplimiento expedida por Seguros del Estado S.A., fue proferido el 24 de julio de 2014. Al respecto, se observa que para esa fecha se encontraba vigente el Decreto 1510 de 2013, el cual, en su artículo 128, reglamentó lo concerniente a la forma en que la Administración debe hacer efectivas las garantías contractuales constituidas a su favor (...). En vigencia del Decreto 1510 de 2013, la observancia del debido proceso frente a las compañías aseguradoras que amparaban el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos estatales no comportaba la obligación de convocarlas a una actuación previa a la declaratoria de ocurrencia del siniestro, en tanto ese derecho se entendía satisfecho con la expedición de un acto administrativo (...) debidamente motivado y (...) oportunamente notificado, trasladándose la intervención de la aseguradora a la fase posterior de recursos administrativos y de ser el caso, al ejercicio de las acciones judiciales (...). Ello obedece a que (...) la declaratoria del siniestro constituye una actuación de naturaleza indemnizatoria y no sancionatoria, orientada a hacer efectiva la cobertura del riesgo asegurado (...). Por consiguiente, no resulta aplicable, por analogía y como lo consideró la Subsección B en el pronunciamiento analizado en el numeral 4.2.7., el régimen procedimental previsto para las potestades sancionatorias -como los previstos en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011-, puesto que se trata de actuaciones con distinta naturaleza, finalidad y efectos jurídicos. (...) [T]ratándose de garantías contractuales derivadas de seguros de cumplimiento no se exige una declaratoria previa de incumplimiento como presupuesto de la efectividad de la póliza, pues en el mismo acto administrativo mediante el cual se declara la ocurrencia del siniestro puede constatarse y motivarse el incumplimiento que dio lugar a la materialización del riesgo asegurado. (...) [E]l seguro de cumplimiento no tiene función punitiva, sino resarcitoria (...). En tales condiciones, exigir un procedimiento sancionatorio previo como condición para declarar la ocurrencia del siniestro, desnaturalizaría el carácter resarcitorio y condicionado del seguro de cumplimiento, al confundir la finalidad asegurativa de la garantía con la potestad sancionadora de la Administración (...). En ese marco, dado que el Decreto 1510 de 2013 no imponía (...) un procedimiento previo para la declaratoria (...) del siniestro, no es posible predicar la vulneración del debido proceso. Por el contrario, (...) dicho derecho fue garantizado mediante la motivación y notificación de los actos administrativos, así como a través de la efectiva posibilidad que tuvo la aseguradora de controvertirlos en sede administrativa y judicial (...). [L]a liquidación unilateral del contrato estatal puede constituir un escenario jurídicamente válido para que la Administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectivas las pólizas constituidas a su favor, siempre que se acrediten los hechos que materializan el riesgo amparado y se respeten las garantías propias del debido proceso -las cuales, bajo el régimen del Decreto 1510 de 2013 (...) no exigían adelantar un procedimiento previo. (…) [I]ncluir en dicho acto la valoración de los incumplimientos y sus consecuencias económicas no excede las competencias legales de la entidad contratante (...). En definitiva, al haberse satisfecho las garantías mínimas del debido proceso, no es posible predicar su desconocimiento con respecto a Seguros del Estado S.A. Por consiguiente, la sentencia de primera instancia -que concluyó lo contrario- debe ser revocada en este punto (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance del debido proceso de las aseguradoras bajo el Decreto 1510 de 2013, y la posibilidad de declarar el siniestro y hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el acto de liquidación unilateral del contrato, siempre que se acrediten los hechos que materializan el riesgo amparado y las garantías de de contradicción y defensa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp. 60417, C.P. Adriana Polidura Castillo; sentencia del 28 de octubre de 2024, exp. 63030, C.P. Adriana Polidura Castillo; sentencia del 21 de marzo de 2007, exp. 29102, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 1 de noviembre de 2023, exp. 62025, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 9 de abril de 2025, exp. 67088, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 7 de septiembre de 2015, exp. 45907, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 5 de febrero de 2014, exp. 62324, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 31 de octubre de 2024, exp. 59547, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1510 DE 2013 - ARTÍCULO 128, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / PERSONAS PRIVADAS QUE ADMINISTRAN RECURSOS PÚBLICOS / RENDICIÓN DE CUENTAS / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / FONDO CUENTA / FONDOS DE LA NACIÓN / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS / RENDIMIENTOS FINANCIEROS / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿Los recursos entregados por la EDU al consorcio Fronpeco para integrar el fondo rotatorio, en el marco del contrato de obra pública celebrado bajo la modalidad de administración delegada, correspondían a recursos públicos destinados a la ejecución de la obra y no a un anticipo sobre los honorarios del contratista y, por tanto, su manejo, legalización y eventual reintegro estaban comprendidos en el amparo de buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio, otorgado por Seguros del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La figura de administración delegada encuentra su antecedente normativo y conceptual más cercano en el Decreto 222 de 1983 -derogado por la Ley 80 de 1993-, en el cual fue concebida como una modalidad del contrato de obra pública vinculada a la forma de pago. Aunque dicha clasificación no fue incorporada de manera expresa en el vigente EGCAP, lo cierto es que ha continuado siendo reconocida y desarrollada por la jurisprudencia de esta Corporación. En este esquema (...), el contratista, en calidad de administrador delegado y a cambio de unos honorarios previamente pactados, asume, por cuenta y riesgo del contratante, la ejecución del objeto convenido, para lo cual la entidad le suministra los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, mientras aquel responde por su adecuada gestión mediante la rendición de cuentas (...). Como lo ha precisado esta Corporación, la estructura del contrato de obra pública celebrado bajo la modalidad de administración delegada comprende dos grupos de obligaciones: (i) las propias del contrato de «arrendamiento para la confección de una obra material», (...) relativas a la ejecución de la obra dentro de las especificaciones y los plazos convenidos; y (ii) las inherentes a la administración de los recursos entregados para la ejecución de la obra, regidas por las disposiciones del contrato de mandato (...). [E]l contratista no ejecuta directamente la obra, sino que actúa como gestor de los recursos entregados por la entidad para celebrar, en su nombre y representación, los negocios jurídicos necesarios para la materialización del objeto convenido, con la correlativa obligación de rendir cuentas. Este rasgo refuerza su carácter fiduciario y justifica la necesidad de un control estricto sobre la correcta destinación de los fondos públicos (...). En el sub examine, el contrato de obra 851 de 2010, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco bajo la modalidad de administración delegada, adoptó una estructura obligacional y financiera propia de este esquema, en virtud del cual el contratista, en calidad de administrador delegado, asumió la gestión de los recursos públicos entregados por la entidad (...) a través de un fondo rotatorio destinado a la ejecución del proyecto, a cambio de unos honorarios equivalentes a un porcentaje sobre la suma del costo directo de la obra y a los gastos reembolsables. (...) [L]a cláusula vigesimotercera del negocio jurídico impuso al contratista la obligación de constituir a favor de la EDU una póliza de cumplimiento que incluyera, entre otros amparos, el de «buen manejo y correcta inversión de los avances al fondo rotatorio», con cargo al fondo, por el equivalente al 100% del valor máximo del fondo rotatorio -$2.500’000.000-. Esta garantía (...) operaba como respaldo del adecuado manejo de los recursos públicos entregados bajo el esquema de administración delegada, de modo que, ante el incumplimiento de las obligaciones de legalización, de restitución de saldo o devolución de rendimientos financieros, la entidad pudiera hacer efectiva la cobertura y obtener la correspondiente indemnización (...). [S]egún las condiciones generales y particulares allegadas al proceso, se verifica que dicha póliza incorporó diversas coberturas con autonomía propia; entre ellas, se amparó el riesgo denominado «buen manejo del anticipo», respecto del cual se precisó expresamente que correspondía al «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio», con una suma asegurada de $2.500'000.000. En consecuencia, para la Sala no existe ambigüedad sobre el riesgo cuya efectividad aquí se debate, pues la cobertura hecha efectiva mediante la Resolución 621 de 2014 recayó sobre los recursos entregados para integrar el fondo rotatorio de inversión y no sobre un anticipo en estricto sentido, habida cuenta de que se trataba de recursos cuyo adecuado manejo, así como su debida legalización y eventual reintegro, quedaron comprendidos dentro del riesgo amparado por la aseguradora. Igualmente, resulta conveniente precisar que, tratándose de un contrato de obra pública celebrado bajo la modalidad de administración delegada, no existe como tal la figura del anticipo, por cuanto los recursos que la entidad transfiere al fondo rotatorio no constituyen un adelanto del pago de los honorarios del contratista, sino que son dineros de la Administración destinados a la ejecución directa de la obra, respecto de los cuales el contratista actúa como mero gestor, sujeto a estrictas reglas de legalización, restitución y rendición de cuentas. (...) De lo anterior se desprende que, en el esquema de administración delegada, los recursos entregados al fondo rotatorio constituyen partidas públicas orientadas al desarrollo del proyecto, sujetas a un control estricto y que fueron amparadas a través de la garantía de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio». En consecuencia, tales recursos no pueden asimilarse a un anticipo propio de los contratos de obra a precios unitarios.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza y características del contrato de obra pública bajo la modalidad de administración delegada, las obligaciones del administrador delegado, la determinación del valor del contrato y el tratamiento de los recursos destinados a la ejecución de la obra, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2025, exp. 56507, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 17253, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; sentencia del 3 de febrero de 2025, exp. 56507, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 25151, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 3 de agosto de 2017, exp. 39113, C.P. Diego Enrique Franco Victoria; sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp. 62573, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 20 de junio de 2023, exp. 61174, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 27 de febrero de 2013, exp. 21620, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; Sección Cuarta, sentencia del 16 de septiembre de 2010, exp 16605, C.P. Carmen Teresa Ortiz Rodríguez; sentencia del 26 de julio de 1996, exp. 7754, C.P. Delio Gómez Leyva.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 222 DE 1983, LEY 80 DE 1993
INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ERROR DE HECHO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO / RIESGO ASEGURABLE / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FONDO CUENTA / DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / RENDICIÓN DE CUENTAS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PAGO DEL SINIESTRO / INDEMNIZACIÓN EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PARTIDA PRESUPUESTAL APROBADA / FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO
Problema jurídico:
¿Las Resoluciones 621 y 829 de 2014 incurrieron en falsa motivación al hacer efectiva la garantía de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» por la suma correspondiente a los recursos no legalizados, en lugar de calcularla con base en el porcentaje de obra pendiente de ejecución, y al incluir dentro de la cobertura los rendimientos financieros no reintegrados por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]l haber sido suscrito el contrato de obra pública 851 de 2010 bajo la modalidad de administración delegada, el contratista actuaba como administrador de los recursos públicos entregados por el contratante, a través del fondo rotatorio, para ejecutar la obra encomendada, lo que implica que su obligación consistía en legalizar los gastos efectuados mediante la presentación de los documentos y soportes contables avalados por la interventoría. Por consiguiente, la cobertura de la garantía «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» se activaba frente a la indebida administración o falta de legalización de los recursos, y no frente a la sola medida física del avance de la obra. (…) Así, aun cuando el avance físico de la obra se hubiera estimado en un 97.33%, al no haber presentado el contratista los documentos de respaldo que acreditara la inversión de los recursos provenientes del fondo -pese a que se le instó en varias oportunidades para que los presentara-, esto se tienen como no legalizados y, en consecuencia, como un manejo inadecuado de recursos públicos. De este modo, el fundamento de la decisión no radicó en la diferencia porcentual en la obra ejecutada, sino en la falta de acreditación de la rendición de cuentas exigida contractualmente. Así, pues, esta Subsección concluye que la suma de $1.215’486.103 que la EDU ordenó reintegrar, mediante las resoluciones demandadas, no obedeció a un cálculo desproporcionado respecto del 2.67% de la obra pendiente, sino a los recursos que no fueron legalizados conforme con el procedimiento contractual convenido, cuyo monto fue determinado de acuerdo con el informe de interventoría y con la contabilidad oficial de la entidad. En tales condiciones, no queda duda de que el riesgo amparado se materializó precisamente en la imposibilidad de acreditar la correcta inversión de tales recursos, lo que justifica la declaratoria del siniestro y la efectividad de la póliza, sin que pueda evidenciarse una falsa motivación en tales actos administrativos, por lo que el cargo en ese sentido no prospera. Frente al segundo argumento, es preciso señalar, contrario a lo considerado por la parte accionante, que la obligación de reintegrar los rendimientos financieros generados por el fondo rotatorio se encontraba efectivamente comprendida dentro del amparo de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio», en tanto tales frutos formaban parte del patrimonio público cuya administración fue confiada al contratista, sin que constituyera un beneficio económico susceptible de apropiación privada, sino de recursos que, por expreso mandato contractual, debían ser restituidos a la entidad como parte de la rendición de cuentas exigida al administrador delegado. Así, su omisión configuraba un manejo indebido de los recursos del fondo, supuesto expresamente comprendido en el riesgo asegurado. (…) En consecuencia, resulta forzoso concluir que el presente cargo de falsa motivación tampoco está llamado a prosperar, pues no se demostró una extensión ilegítima del amparo, sino que se verificó que la EDU, mediante las resoluciones cuestionadas, aplicó correctamente la garantía a un incumplimiento comprobado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la nulidad del acto administrativo por falsa motivación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 2013, exp. 22523, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE COASEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ASEGURABLE / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONFIGURACIÓN DEL ERROR DE DERECHO / COEXISTENCIA DE SEGUROS / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN SOLIDARIA / COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Problema jurídico:
¿Las Resoluciones 621 y 829 de 2014 incurrieron en falsa motivación y, por tanto, procede declarar la nulidad parcial del ordinal tercero de la parte resolutiva de primera resolución, al imponer a Seguros del Estado S.A., en su condición de coaseguradora líder, la totalidad de la obligación indemnizatoria derivada del siniestro, pese a que la póliza distribuyó el riesgo entre esta y Liberty Seguros S.A. en proporciones del 80 % y 20 %, respectivamente, y estableció que sus obligaciones no eran solidarias?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte demandante alegó que las resoluciones declarativas del siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» adolecen de falsa motivación por error de derecho, en cuanto desconocieron que la póliza única de cumplimiento que garantizaba el contrato de obra pública 851 de 2010 había sido suscrita bajo la modalidad de coaseguro, en virtud de la cual cada aseguradora responde únicamente en proporción al porcentaje del riesgo asumido; no obstante, en los actos acusados la EDU le impuso a Seguros del Estado S.A. la obligación de cubrir la totalidad de la indemnización reclamada, sin vincular a Liberty Seguros S.A. -la otra coaseguradora- ni atribuirle responsabilidad alguna, configurándose así una solidaridad de facto no prevista en la ley ni en el contrato. (…) En la Resolución 829 de 2014, la EDU concluyó que el argumento planteado por Seguros del Estado S.A. carecía de fundamento, por cuanto en la póliza 42-44101033037 se estipuló expresamente que esta, en su calidad de coaseguradora líder, debía no solo cubrir su participación del 80%, sino también gestionar y trasladar al asegurado el 20% restante a cargo de Liberty Seguros S.A. Así, estimó que era improcedente exigirle a la Administración la carga de acudir directamente a la otra coaseguradora para la consecución del total de la indemnización reclamada, pues pretender lo contrario desconocería la cláusula redactada por la propia aseguradora y aprobada por la entidad beneficiaria, contraviniendo los principios de buena fe, confianza y lealtad contractual. Por ello, la entidad demandada mantuvo la decisión de imputar a Seguros del Estado S.A. la totalidad del pago. (…) En lo que respecta al coaseguro, (…) cada aseguradora responde exclusivamente por el porcentaje de participación asumido, de suerte que, como lo ha señalado la Sección Tercera de esta Corporación, las obligaciones son independientes y proporcionales al riesgo garantizado, sin que exista solidaridad entre ellas, salvo pacto expreso en contrario. (…) Adicionalmente, la doctrina autorizada ha reconocido como práctica mercantil que en el contrato celebrado bajo la modalidad de coaseguro se designe un coasegurador líder o abridor, quien usualmente es la compañía que expide la póliza o la que mayor participación ostenta. Este actúa como vocero y administrador frente al asegurado, encargándose de funciones de gestión ordinaria (…). No obstante, la calidad de coasegurador líder o abridor no lo convierte en deudor solidario ni amplía su responsabilidad patrimonial más allá de la cuota de participación asumida, salvo estipulación expresa en contrario, en tanto su papel corresponde, en esencia, a un mandato de administración frente al asegurado. (…) [E]n el caso sub judice, (…) la póliza única de cumplimiento 42-44-101033037, expedida por Seguros del Estado S.A., la cual incorporó una cláusula de coaseguro con Liberty Seguros S.A., en virtud de la cual la primera asumió la calidad de coaseguradora líder con una participación del 80% de los valores amparados, mientras que la segunda se obligó por el 20% restante. En dicha estipulación se dejó consignado expresamente que las obligaciones de dichas compañías con la entidad beneficiaria no eran solidarias y que Seguros del Estado S.A. únicamente cubriría su porcentaje (…). [E]n la Resolución 621 de 2014, la EDU omitió toda referencia a Liberty Seguros S.A., imputándole a Seguros del Estado S.A. la totalidad de la indemnización derivada de la declaratoria del siniestro, desconociendo de forma manifiesta el régimen de distribución del riesgo pactado en la cláusula de coaseguro. La anterior determinación fue, además, confirmada mediante la Resolución 829 d 2014, en la cual la EDU, (…) sostuvo que la condición de aseguradora líder obligaba a Seguros del Estado S.A. a responder por la totalidad del siniestro y a gestionar ante Liberty Seguros S.A. la recuperación de la cuota correspondiente. Este razonamiento, a juicio de la Sala de Subsección, resulta contrario a la naturaleza jurídica de la figura del coaseguro, en cuanto confunde el papel administrativo del coasegurador líder con una obligación solidaria que no fue pactada ni tampoco podía presumirse. En consecuencia, para la Sala, la decisión administrativa careció de correspondencia con la realidad contractual y jurídica, al atribuir a un solo coasegurador la totalidad de la cobertura, a pesar de que el instrumento de coaseguro distribuía expresamente el riesgo entre dos compañías en proporciones del 80% y 20%. De ahí que, en criterio de la Subsección, se configure el vicio de falsa motivación, (…) razón por la cual se procede a declarar su nulidad. Debe precisarse, no obstante, que dicha nulidad es de carácter parcial respecto del ordinal tercero de la Resolución 621 de 2014, confirmado por la Resolución 829 de 2014, toda vez que, si bien no se desvirtuó la facultad que tenía la EDU para declarar la ocurrencia del siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» y hacer efectiva la póliza de cumplimiento otorgada a su favor, lo cierto es que tal entidad incurrió en un error al imponer a Seguros del Estado S.A. la cobertura integral o total del dicho riesgo amprado, desconociendo la cláusula de coaseguro pactada que delimitaba su responsabilidad al 80%. Por tanto, solo en este aspecto carecen de legalidad los actos administrativos demandados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza y características del coaseguro, la distribución del riesgo entre las compañías coaseguradoras, y la ausencia de solidaridad entre ellas, salvo pacto expreso en contrario, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, exp. 13632, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de abril de 2024, exp. 11001-31-03-032-2021-00160-01, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1092, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1094, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1095
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ORDEN DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / PAGO DEL SINIESTRO / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTRATO DE COASEGURO / MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / PAGO EN EXCESO
Problema jurídico:
¿La nulidad parcial de los actos administrativos que declararon el siniestro, da lugar al restablecimiento del derecho de Seguros del Estado S.A. mediante la modificación judicial de dichos actos, para limitar su obligación al 80% de la indemnización, correspondiente al porcentaje del riesgo asumido en virtud del coaseguro, y ordenar la devolución de lo pagado en exceso, si hubiere lugar a ello?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n virtud de la potestad conferida por el inciso tercero del artículo 187 del CPACA y como consecuencia directa de la nulidad parcial del ordinal tercero de la Resolución 621 de 2014, confirmado por la Resolución 829 de 1º de diciembre de 2014, la Sala restablecerá el derecho de la aseguradora demandante, disponiendo que su obligación de sufragar la indemnización derivada del siniestro declarado se limita al 80% del monto total, en estricta consonancia con lo pactado en la cláusula de coaseguro, modificando en este aspecto lo dispuesto originalmente en los actos administrativos aquí demandados en el caso sub examine. Se precisa que, con la reforma o modificación en sede judicial del ordinal tercero de las referidas resoluciones, con el fin de ordenar el restablecimiento del derecho, no se está reemplazando a la Administración en sus atribuciones, sino que se está acudiendo a la potestad que el artículo 187 del CPACA les confiere a los jueces. En este orden de ideas, la Sala advierte que de los $1.217’603.114, reclamados por la EDU como valor del siniestro -integrados por $1.215’486.103 correspondientes al saldo del fondo rotatorio no invertido y $2’117.011 por los rendimientos financieros generados hasta junio de 2014-, la obligación de Seguros del Estado S.A. debe restringirse a la suma de $974’082.491,20, equivalente al 80% del riesgo efectivamente asumido en su calidad de coasegurador líder. (…) [E]n atención al régimen de coaseguro pactado en la póliza única de cumplimiento (…) y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará que Seguros del Estado S.A. únicamente está obligada a pagar dicho valor y que, en el caso de haber efectuado el pago total de la indemnización, la EDU deberá reintegrarle el monto pagado en exceso, debidamente actualizado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el restablecimiento del derecho derivado de la anulación parcial del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de unificación del 4 de febrero de 2016, exp. 18551, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la EDU, como parte vencida en el proceso, dado que la parte demandante intervino en segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión, y fijar las agencias en derecho en el 0,5 % del valor de las pretensiones acogidas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]ste juzgador impondrá condena en costas a la EDU, en su condición de parte vencida en el proceso, habida cuenta de que su contraparte intervino activamente en el trámite de la segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que, en esta instancia, se reconocen agencias en derecho equivalentes al 0,5% del valor de las pretensiones acogidas, de conformidad con las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003