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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020160107902-65254-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el medio de control procedente es el de controversias contractuales"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-06-01"
radicado: "05001233300020160107902"
numero: "65254"
ponente: "ADRIANA POLIDURA CASTILLO"
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# Consejo de Estado: el medio de control procedente es el de controversias contractuales

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-06-01
- **Radicado:** 05001233300020160107902
- **Número interno:** 65254
- **Ponente:** ADRIANA POLIDURA CASTILLO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
- **Demandado:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020160107902-65254-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020160107902/51D179E16D6BFF1C936F3F7544A332D15FAFB06BA2351AA620B69212F55D60E6/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201601079021100103

## Regla de decisión

La jurisdicción contencioso administrativa es competente para evaluar la legalidad de los actos contractuales proferidos por empresas estatales.

## Problema jurídico

¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…
- ¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…
- ¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 141 y 150

## Extracto

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por la EDU -empresa industrial y comercial del Estado- en el marco de un contrato de obra pública celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.

## Síntesis temática

La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, ENTIDAD ASEGURADORA, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO, INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONSTRUCTOR, MIEMBROS DEL CONSORCIO, SUJETO LLAMADO EN GARANTÍA, INTERVENTOR, RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS, CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, URBANISMO, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRINCIPIO DE EFICACIA JURÍDICA E INSTITUCIONAL, PROYECTO DE URBANISMO, INTERÉS GENERAL, INTERÉS COLECTIVO, GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO, GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL, GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, GARANTÍAS CONTRACTUALES, GARANTÍAS DEL CONTRATISTA, PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, ACTIVIDAD ASEGURADORA, RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA, OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA, OCURRENCIA DEL SINIESTRO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA, DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL, ALCANCE JURISPRUDENCIAL, CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO, TÉRMINO PARA EL AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ, INTERPRETACIÓN DEL JUEZ, INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, PRIVILEGIO DE LO PREVIO, RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, PRINCIPIO DE EFICIENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, NORMA VIGENTE, LÍNEA JURISPRUDENCIAL, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, CAMBIO DE JURISPRUDENCIA, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO, POTESTAD REGLAMENTARIA, OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO, LÍNEA DE INTERPRETACIÓN, VIGENCIA DE LA NORMA, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA, CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, CLASES DE RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, TRÁNSITO LEGISLATIVO EN CONTRATACIÓN ESTATAL, TRÁNSITO LEGISLATIVO EN DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LA DISCRECIONALIDAD, PROCESO ESPECIAL, AUDIENCIA, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL, CASO CONCRETO, MODELO GARANTISTA, INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA, DEBIDO PROCESO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, RECONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, TITULAR DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, INDEMNIZACIÓN EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO, RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA, MODALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, PERSONAS PRIVADAS QUE ADMINISTRAN RECURSOS PÚBLICOS, RENDICIÓN DE CUENTAS, DEBERES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, FONDO CUENTA, FONDOS DE LA NACIÓN, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO, CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ERROR DE HECHO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO, COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO, RIESGO ASEGURABLE, MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO, PAGO DEL SINIESTRO, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, PARTIDA PRESUPUESTAL APROBADA, REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO, NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE COASEGURO, TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, CONFIGURACIÓN DEL ERROR DE DERECHO, COEXISTENCIA DE SEGUROS, DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL, OBLIGACIÓN SOLIDARIA, COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO, INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDEN DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ALCANCE DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, FACULTADES DEL JUEZ, DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ, REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONTENIDO DE LA SENTENCIA, PAGO EN EXCESO, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por la EDU -empresa industrial y comercial del Estado- en el marco de un contrato de obra pública celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, en tanto en el presente asunto se pretende la nulidad de las Resoluciones 621 de 2014 y 829 de 2014, mediante las cuales la EDU liquidó unilateralmente el contrato de obra 851 de 2010 celebrado con el consorcio Fronpeco; declaró el siniestro de «buen manejo del anticipo» e hizo efectiva la póliza única de cumplimiento expedida por Seguros del Estado S.A.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de la resolución que ordenó la liquidación unilateral del contrato, declaró el siniestro e hizo efectiva la póliza única de cumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda presentada el 29 de abril de 2016 fue ejercida en el término de dos años previsto en el inciso segundo del literal j) del artículo 164 del CPACA, por cuanto la Resolución 829 de 2014 -mediante la cual se confirmó íntegramente la Resolución 621 de 2104- fue notificada por aviso el 15 de diciembre de 2014 y adquirió firmeza el 16 de diciembre de esa misma anualidad, de modo que el plazo de caducidad del medio de control de controversias contractuales transcurrió entre el 17 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2016, circunstancia que evidencia el cumplimiento de la oportunidad para ejercer el derecho de acción, aun sin necesidad de acudir a la suspensión del término derivada de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL J
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / COMPAÑÍA DE SEGUROS / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCTOR / MIEMBROS DEL CONSORCIO / SUJETO LLAMADO EN GARANTÍA / INTERVENTOR
Problema jurídico:
¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos demandados, la EDU está legitimada por pasiva por haber proferido dichos actos y fueron vinculados los terceros con interés directo y el llamado en garantía relacionados con el contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que concierne a la legitimación en la causa, se advierte que Seguros del Estado S.A. la ostenta por activa, en tanto fue esta compañía la que expidió la póliza única 42-44101033037, mediante la cual se garantizó el cumplimiento del contrato de obra 851 de 2010 y que amparaba, entre otros siniestros, el de «buen manejo del anticipo», cuya ocurrencia fue declarada en las resoluciones cuestionadas, lo que le otorga un interés directo en obtener su nulidad. Por su parte, la EDU se encuentra legitimada por pasiva, por cuanto fue la entidad que profirió los actos administrativos demandados. De igual modo, se constata que al proceso fueron vinculadas, en calidad de terceros con interés directo, las sociedades Liberty Seguros S.A, como coaseguradora de la póliza que garantizó el cumplimiento del contrato de obra pública 851 de 2010; así como también Ecodiseño S.A.S. y la Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia, en su condición de integrantes del consorcio contratista del referido negocio jurídico. Finalmente, se verifica que el Consorcio Tecnisuelos fue llamado en garantía por la EDU, en su calidad de interventor del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aseguradora como titular de la acción de controversias contractuales, aun cuando no sea parte del contrato estatal, como quiera que tiene un interés directo en el acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual, ver; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de julio de 2007, exp. 33476, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz; sentencia del 22 de mayo de 2024, exp. 60417, C.P. Adriana Polidura Castillo.
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / URBANISMO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE EFICACIA JURÍDICA E INSTITUCIONAL / PROYECTO DE URBANISMO / INTERÉS GENERAL / INTERÉS COLECTIVO
Problema jurídico:
¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una empresa industrial y comercial del Estado para el cumplimiento de su objeto institucional y no para el desarrollo de actividades en condiciones de mercado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a EDU celebró con el consorcio Fronpeco el contrato de obra pública 851 de 2010, bajo la modalidad de administración delegada, cuyo objeto consistió en la construcción del «Parque Biblioteca para la Cultura y la Vida Doce de Octubre», en el municipio de Medellín. Bajo este contexto, conviene precisar, de conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal 158 de 2002, que la EDU se encuentra constituida como una empresa industrial y comercial del Estado -EICE-, cuyo objeto principal es el desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios en el municipio de Medellín, por lo que el régimen jurídico aplicable al contrato mencionado debe determinarse con base en su naturaleza jurídica y la normativa vigente al momento de su celebración, esto es, el 27 de septiembre de 2010. Sobre el particular, la Ley 80 de 1993 dispuso, siguiendo un criterio orgánico, que los contratos celebrados por las EICE estarán sometidos, en principio, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, salvo tratándose de establecimientos de crédito, compañías de seguros y entidades financieras de carácter estatal constituidas bajo dicha forma jurídica. Posteriormente, el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 introdujo un matiz a dicho criterio orgánico, al establecer que, si bien los contratos celebrados por las EICE para el cumplimiento de su objeto están sometidos al EGCAP, los actos que expidan para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las normas de derecho privado. (…) De esta forma, tanto el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 como el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 reflejan un mismo criterio orientador, conforme al cual las EICE están sometidas a un régimen dual que varía en función de la finalidad del contrato Celebrado. (…) Por consiguiente, forzoso resulta concluir que el régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública 851 de 2010 es el previsto en el EGCAP, toda vez que su objeto -la construcción de un parque biblioteca- se enmarca en el cumplimiento del objeto institucional de la EDU, esto es, el desarrollo de proyectos urbanísticos orientados al beneficio colectivo, y no en actividades desarrolladas en condiciones de competencia o mercado propias del giro comercial de dicha EICE. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que los recursos destinados a la ejecución de la obra provienen de un convenio interadministrativo celebrado con el municipio de Medellín.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen normativo aplicable a los contratos administrativos, según la naturaleza de su objeto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp. 63427, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993
GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS CONTRACTUALES / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ACTIVIDAD ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿La entidad estatal beneficiaria de una garantía contractual debe garantizar el derecho al debido proceso de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza, permitiéndole ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a los hechos y fundamentos que sustentan esa decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el ámbito de la contratación estatal, el legislador ha previsto -de manera generalizada, como se verá en la normativa que se procederá a citar- que, con el fin de asegurar la ejecución íntegra y oportuna del objeto contractual y de proteger el patrimonio público, los contratistas, salvo las excepciones consagradas en la ley, deben constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento, orientadas a trasladar a un tercero -usualmente una compañía aseguradora- la obligación de concurrir al pago de la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista. De vieja data, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha aclarado que las garantías contractuales no pueden confundirse con las potestades sancionatorias de la Administración ni con las penas convencionales, puesto que, por regla general, no constituyen mecanismos coercitivos de apremio ni simples estimaciones anticipadas de perjuicios -salvo la garantía de seriedad de la oferta, que ostenta una naturaleza especial-, sino instrumentos primordialmente indemnizatorios concebidos para salvaguardar el inter

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

dad de la indemnización derivada de la declaratoria del siniestro, desconociendo de forma manifiesta el régimen de distribución del riesgo pactado en la cláusula de coaseguro. La anterior determinación fue, además, confirmada mediante la Resolución 829 d 2014, en la cual la EDU, (…) sostuvo que la condición de aseguradora líder obligaba a Seguros del Estado S.A. a responder por la totalidad del siniestro y a gestionar ante Liberty Seguros S.A. la recuperación de la cuota correspondiente. Este razonamiento, a juicio de la Sala de Subsección, resulta contrario a la naturaleza jurídica de la figura del coaseguro, en cuanto confunde el papel administrativo del coasegurador líder con una obligación solidaria que no fue pactada ni tampoco podía presumirse. En consecuencia, para la Sala, la decisión administrativa careció de correspondencia con la realidad contractual y jurídica, al atribuir a un solo coasegurador la totalidad de la cobertura, a pesar de que el instrumento de coaseguro distribuía expresamente el riesgo entre dos compañías en proporciones del 80% y 20%. De ahí que, en criterio de la Subsección, se configure el vicio de falsa motivación, (…) razón por la cual se procede a declarar su nulidad. Debe precisarse, no obstante, que dicha nulidad es de carácter parcial respecto del ordinal tercero de la Resolución 621 de 2014, confirmado por la Resolución 829 de 2014, toda vez que, si bien no se desvirtuó la facultad que tenía la EDU para declarar la ocurrencia del siniestro de «buen manejo y correcta inversión de los avances del fondo rotatorio» y hacer efectiva la póliza de cumplimiento otorgada a su favor, lo cierto es que tal entidad incurrió en un error al imponer a Seguros del Estado S.A. la cobertura integral o total del dicho riesgo amprado, desconociendo la cláusula de coaseguro pactada que delimitaba su responsabilidad al 80%. Por tanto, solo en este aspecto carecen de legalidad los actos administrativos demandados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza y características del coaseguro, la distribución del riesgo entre las compañías coaseguradoras, y la ausencia de solidaridad entre ellas, salvo pacto expreso en contrario, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, exp. 13632, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de abril de 2024, exp. 11001-31-03-032-2021-00160-01, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1092, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1094, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1095
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ORDEN DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / PAGO DEL SINIESTRO / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTRATO DE COASEGURO / MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / PAGO EN EXCESO
Problema jurídico:
¿La nulidad parcial de los actos administrativos que declararon el siniestro, da lugar al restablecimiento del derecho de Seguros del Estado S.A. mediante la modificación judicial de dichos actos, para limitar su obligación al 80% de la indemnización, correspondiente al porcentaje del riesgo asumido en virtud del coaseguro, y ordenar la devolución de lo pagado en exceso, si hubiere lugar a ello?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n virtud de la potestad conferida por el inciso tercero del artículo 187 del CPACA y como consecuencia directa de la nulidad parcial del ordinal tercero de la Resolución 621 de 2014, confirmado por la Resolución 829 de 1º de diciembre de 2014, la Sala restablecerá el derecho de la aseguradora demandante, disponiendo que su obligación de sufragar la indemnización derivada del siniestro declarado se limita al 80% del monto total, en estricta consonancia con lo pactado en la cláusula de coaseguro, modificando en este aspecto lo dispuesto originalmente en los actos administrativos aquí demandados en el caso sub examine. Se precisa que, con la reforma o modificación en sede judicial del ordinal tercero de las referidas resoluciones, con el fin de ordenar el restablecimiento del derecho, no se está reemplazando a la Administración en sus atribuciones, sino que se está acudiendo a la potestad que el artículo 187 del CPACA les confiere a los jueces. En este orden de ideas, la Sala advierte que de los $1.217’603.114, reclamados por la EDU como valor del siniestro -integrados por $1.215’486.103 correspondientes al saldo del fondo rotatorio no invertido y $2’117.011 por los rendimientos financieros generados hasta junio de 2014-, la obligación de Seguros del Estado S.A. debe restringirse a la suma de $974’082.491,20, equivalente al 80% del riesgo efectivamente asumido en su calidad de coasegurador líder. (…) [E]n atención al régimen de coaseguro pactado en la póliza única de cumplimiento (…) y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará que Seguros del Estado S.A. únicamente está obligada a pagar dicho valor y que, en el caso de haber efectuado el pago total de la indemnización, la EDU deberá reintegrarle el monto pagado en exceso, debidamente actualizado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el restablecimiento del derecho derivado de la anulación parcial del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de unificación del 4 de febrero de 2016, exp. 18551, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la EDU, como parte vencida en el proceso, dado que la parte demandante intervino en segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión, y fijar las agencias en derecho en el 0,5 % del valor de las pretensiones acogidas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]ste juzgador impondrá condena en costas a la EDU, en su condición de parte vencida en el proceso, habida cuenta de que su contraparte intervino activamente en el trámite de la segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que, en esta instancia, se reconocen agencias en derecho equivalentes al 0,5% del valor de las pretensiones acogidas, de conformidad con las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-06-01. C.P. ADRIANA POLIDURA CASTILLO. Rad. 05001233300020160107902. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020160107902-65254-sentencia).
