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Consejo de Estado Providencia

Suspensión provisional: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020200333301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿De la confrontación de la norma superior invocada, que indica que para utilizar "cláusulas exorbitantes" en un contrato celebrado por una empresa social del Estado, está a su discreción debe haberlas pactado, con las resoluciones acusadas que impusieron la caducidad del contrato, sin que se hubiera pactado que la E.S.E. lo pudiera hacer, se cumple el primer requisito para decretar la medida cautelar de la suspensión provisional de dichas resoluciones? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión provisional de resoluciones que declaren la caducidad de un contrato estatal cuando la entidad estatal no haya pactado en el contrato la facultad de declarar la caducidad, lo cual implica una violación del numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. La Sala considera que la acreditación de un pasivo a cargo de la compañía aseguradora a favor de la E.S.E., como consecuencia de la declaratoria de ocurrencia del siniestro, demuestra sumariamente la existencia de un perjuicio, cumpliendo así el segundo requisito para decretar la medida cautelar. Esto implica que la entidad estatal debe respetar las cláusulas pactadas en el contrato y no puede ejercer facultades no previstas, lo que protege los intereses del contratista y de la compañía aseguradora.síntesis automática
También resuelve: ¿La acreditación de un pasivo a cargo de la compañía aseguradora a favor de la Empresa Social del Estado que declaró la caducidad de un contrato afianzado por la aseguradora…
Consejo de Estado Providencia

La prueba pericial contable debe guardar vínculo directo con las situaciones fácticas invocadas para cumplir con el requisito de pertinencia.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-06-19 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020230029301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar? ¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz? ¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo is competente para conocer demandas contra resoluciones de sociedades de economía mixta de servicios públicos.

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020180092301 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de una demanda contra una resolución proferida por una sociedad por acciones de carácter mixto encargada de la prestación de servicios públicos domiciliarios? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las demandas dirigidas contra los actos administrativos expedidos por sociedades anónimas de carácter mixto encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, conforme al artículo 104 del CPACA. En la decisión adoptada, la Sala constató la competencia de esta jurisdicción y del Consejo de Estado en segunda instancia para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, al verificarse la naturaleza pública de la entidad demandada y la vocación de doble instancia del proceso contencioso contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control procedente para solicitar la nulidad de un acto administrativo post contractual, es el de controversias contractuales? ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la pretensión es la nulidad del acto administrativo, empieza a contar desde que se surte su notificación… ¿La designación como gestor de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) implica el sometimiento de sus actuaciones contractuales al régimen…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El recurso de apelación contra el auto que niega el llamamiento en garantía es procedente, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 artículo 243 del CPACA.

Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación 2026-10-01 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 05001233300020240014301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra el auto del tribunal administrativo que negó el llamamiento en garantía, por tratarse de una decisión apelable y por haberse presentado la impugnación dentro del término legal? Sí
El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en oportunidad contra los autos proferidos por los tribunales administrativos que niegan el llamamiento en garantía. En el auto interlocutorio dictado, la corporación rechaza por improcedente un aspecto formal pero confirma su competencia funcional conforme a los artículos 125, 150 y 243 del CPACA, verificando que la impugnación de la compañía aseguradora se radicó dentro del término legal de tres días consagrado en el artículo 244 del estatuto procesal administrativo tras la notificación por estado electrónico.síntesis automática
También resuelve: ¿La vinculación de un tercero mediante llamamiento en garantía exige un vínculo legal o contractual que faculte al llamante para reclamar la reparación del perjuicio o el reembolso del pago derivado… ¿Puede una aseguradora llamar en garantía al presunto responsable del siniestro, aunque aún no haya pagado la indemnización ni operado la subrogación legal… ¿Procede la revocatoria del auto que negó el llamamiento en garantía formulado por Chubb contra Edemco y Odinec y admitir su vinculación…
RECHAZA
Consejo de Estado Providencia

No le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 15001233300020150073101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve: ¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda? ¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual? ¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Sentencia — Sentencia 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020190035201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación? ¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado? ¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020110122201 ACCION CONTRACTUAL
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del… ¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza? ¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
Consejo de Estado Providencia

Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190018601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, para decidir la segunda instancia? Sí
El contratista no puede modificar los fundamentos de la demanda a través del recurso de apelación al incorporar nuevos argumentos no planteados en la demanda inicial, ya que esto vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso. La entidad estatal debe cumplir con los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial para que la Subsección decida la segunda instancia. La Sala confirma que el Tribunal a quo no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa de la aseguradora al no pronunciarse sobre los alegatos de conclusión, ya que los cargos de la demanda fueron considerados y resueltos en la sentencia de primera instancia. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la importancia de mantener la congruencia en los recursos de apelación y la necesidad de cumplir con los requisitos procesales para la admisión de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Se modificó el fundamento de la demanda a través del recurso de apelación con la inclusión de nuevos argumentos no planteados en la demanda? ¿El Tribunal a quo omitió pronunciarse sobre los alegatos de conclusión de primera instancia de la aseguradora y, como consecuencia, vulneró su debido proceso y derecho de defensa? ¿De acuerdo con la naturaleza de la entidad contratante, las características y especificaciones del negocio jurídico objeto de estudio…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas

Sentencia — Sentencia 2022-09-23 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020070010301 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.síntesis automática
También resuelve: ¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia? ¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual? ¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?
Consejo de Estado Providencia

Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090087102 ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve: ¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados? ¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado? ¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 13001233300020130032801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de seguro de cumplimiento es accesorio al contrato estatal que ampara? No
El contrato de seguro de cumplimiento es un negocio principal, autónomo e independiente del contrato estatal que ampara, de modo que la obligación de la aseguradora es propia y no se suspende de forma automática con la suspensión de la exigibilidad del contrato amparado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aseguradora asume una obligación propia de cubrir los perjuicios por incumplimiento del contratista, a cambio de una prima, y su obligación surge cuando se materializa el riesgo. Segunda, el contrato de seguro es una tipología especial de negocio, con estructura y funcionamiento distintivos, que responde a la especialidad de la empresa aseguradora. Tercera, no existe una comunicabilidad automática de la suspensión del contrato amparado a la póliza, de modo que la aseguradora no puede fincar en ella la suspensión de sus obligaciones. La providencia confirma la negativa de las pretensiones de la aseguradora. La consecuencia práctica es que la suspensión de la ejecución del contrato amparado no suspende por sí sola la obligación de la aseguradora, que es propia de su negocio.síntesis automática
También resuelve: ¿La suspensión de la ejecución del contrato de obra produce como efecto directo y automático la suspensión de las obligaciones del contrato de seguro durante dicho interregno? ¿Ante la suspensión del término del negocio jurídico, el interés asegurable y el riesgo de su afectación permanecen patentes mientras el vínculo subsista y existan saldos del anticipo sin disponer en… ¿El alcance de la póliza de cumplimiento en la contratación estatal debe ser mayor al que tiene en un negocio jurídico privado en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave.

Sentencia — Sentencia 2026-02-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020210049001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave? Sí
El contratista o la parte interviniente en un contrato bilateral opone legítimamente la excepción de contrato no cumplido cuando acredita fehacientemente un incumplimiento actual, relevante e imputable de su contraparte que afecta de manera directa la exigibilidad de las obligaciones propias, siempre que quien la alega no se encuentre en una situación de incumplimiento grave. Este mecanismo de defensa, fundamentado en el artículo 1609 del Código Civil y en el principio de buena fe, busca restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas sin constituir una suspensión indefinida o arbitraria del acuerdo de voluntades.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las… ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras… ¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La decisión del Tribunal Administrativo sobre la caducidad de estas reclamaciones se mantendrá en esta instancia

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020070063601 ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que se demanda la nulidad absoluta del contrato estatal liquidado unilateralmente, se contabiliza desde el momento en que se celebra el negocio jurídico, por lo que, en el caso concreto, para la fecha de presentación de la demanda, se tiene que la acción ya se encontraba caducada, pese a que el último día del término se encontraba dentro de la vacancia judicial respectiva? Sí
El término de caducidad de la acción contractual de nulidad absoluta de un contrato estatal liquidado unilateralmente se cuenta desde la celebración del contrato, esto es, desde el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito, y si su último día cae en vacancia judicial el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, según el artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, el cómputo para un contrato liquidado unilateralmente se rige por el literal d de esa norma. La segunda es que la aseguradora, como garante del contrato, podía demandar desde su perfeccionamiento el 28 de diciembre de 2005, de modo que el término bienal vencía el 29 de diciembre de 2007, dentro de la vacancia judicial. La tercera es que, al extenderse al primer día hábil, el término vencía el 11 de enero de 2008, y la demanda presentada el 12 de febrero de 2008 llegó tarde. En consecuencia, se mantiene la decisión del tribunal que declaró la caducidad. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿En torno a la formulación de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos contractuales, la caducidad de la acción de controversias contractuales… ¿Cuándo de la acción de controversias contractuales se trata, y esta procede contra los actos administrativos que se profieran en el marco de la actividad contractual, en principio… ¿La representación legal, judicial y extrajudicial, así como la ordenación del gasto de los fondos de desarrollo locales, corresponde al Alcalde Mayor del Distrito Capital…
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contencioso administrativa es competente para evaluar la legalidad de los actos contractuales proferidos por empresas estatales.

Sentencia — Sentencia 2026-06-01 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 05001233300020160107902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de… ¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos… ¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no están facultadas las entidades estatales beneficiarias de las pólizas de seguros que fungen como garantías de sus contratos

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-03-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100020090150801 ACCION CONTRACTUAL
¿Están facultadas las entidades estatales beneficiarias de las pólizas de seguros que fungen como garantías de sus contratos para declarar la ocurrencia del siniestro y determinar la cuantía del daño causado a través de acto administrativo? No
Si bien comparto la decisión de fondo adoptada por la Sala porque, aunque los actos administrativos demandados están viciados de incompetencia, ese cargo de nulidad no fue alegado por los actores –por lo que no procede que aquella sea declarada de oficio por el juez–, no obstante lo cual estimo importante sentar mi posición frente a las afirmaciones que se consignaron en la sentencia, en relación con la facultad que tienen las entidades estatales beneficiarias de las pólizas de seguros que fungen como garantías de sus contratos de declarar la ocurrencia del siniestro y determinar la cuantía del daño causado a través de acto administrativo, de acuerdo con los numerales 4 y 5 del artículo 68 del CCA –contenido esencialmente reproducido por los numerales 3 y 4 del artículo 99 del CPACA–.