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Consejo de Estado
Providencia
La declaración de nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales.
Sentencia — Sentencia
2026-07-15
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020090106902
ACCION CONTRACTUAL
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:
¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?
¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?
¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No es procedente repetir lo pagado por indexación
Sentencia — Sentencia
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020170006800
LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?
¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?
¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala negará las pretensiones y condenará en costas a la parte actora
Sentencia — Sentencia
2023-12-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020180002700
LEY 1437 REPETICION
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:
¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?
¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?
¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-03-25
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 05001233100019980297901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…
¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…
¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?
Sentencia — Sentencia
2022-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000232600020090003701
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…
¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…
¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo is competente para conocer demandas contra resoluciones de sociedades de economía mixta de servicios públicos.
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180092301
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de una demanda contra una resolución proferida por una sociedad por acciones de carácter mixto encargada de la prestación de servicios públicos domiciliarios? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las demandas dirigidas contra los actos administrativos expedidos por sociedades anónimas de carácter mixto encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, conforme al artículo 104 del CPACA. En la decisión adoptada, la Sala constató la competencia de esta jurisdicción y del Consejo de Estado en segunda instancia para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, al verificarse la naturaleza pública de la entidad demandada y la vocación de doble instancia del proceso contencioso contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control procedente para solicitar la nulidad de un acto administrativo post contractual, es el de controversias contractuales?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la pretensión es la nulidad del acto administrativo, empieza a contar desde que se surte su notificación…
¿La designación como gestor de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) implica el sometimiento de sus actuaciones contractuales al régimen…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La decisión del Tribunal Administrativo sobre la caducidad de estas reclamaciones se mantendrá en esta instancia
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020070063601
ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que se demanda la nulidad absoluta del contrato estatal liquidado unilateralmente, se contabiliza desde el momento en que se celebra el negocio jurídico, por lo que, en el caso concreto, para la fecha de presentación de la demanda, se tiene que la acción ya se encontraba caducada, pese a que el último día del término se encontraba dentro de la vacancia judicial respectiva? Sí
El término de caducidad de la acción contractual de nulidad absoluta de un contrato estatal liquidado unilateralmente se cuenta desde la celebración del contrato, esto es, desde el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito, y si su último día cae en vacancia judicial el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, según el artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, el cómputo para un contrato liquidado unilateralmente se rige por el literal d de esa norma. La segunda es que la aseguradora, como garante del contrato, podía demandar desde su perfeccionamiento el 28 de diciembre de 2005, de modo que el término bienal vencía el 29 de diciembre de 2007, dentro de la vacancia judicial. La tercera es que, al extenderse al primer día hábil, el término vencía el 11 de enero de 2008, y la demanda presentada el 12 de febrero de 2008 llegó tarde. En consecuencia, se mantiene la decisión del tribunal que declaró la caducidad. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿En torno a la formulación de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos contractuales, la caducidad de la acción de controversias contractuales…
¿Cuándo de la acción de controversias contractuales se trata, y esta procede contra los actos administrativos que se profieran en el marco de la actividad contractual, en principio…
¿La representación legal, judicial y extrajudicial, así como la ordenación del gasto de los fondos de desarrollo locales, corresponde al Alcalde Mayor del Distrito Capital…
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para evaluar la legalidad de los actos contractuales proferidos por empresas estatales.
Sentencia — Sentencia
2026-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 05001233300020160107902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…
¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…
¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el primero de ellos se refiere a los fines que guían la contratación estatal
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-05-05
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 76001233100020090103701
ACCION CONTRACTUAL
¿Las causas que generan la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal no se limitan a supuestos específicos como la teoría de la imprevisión, y deben identificarse con base en una lectura sistemática del Estatuto General de Contratación? Sí
Estimo pertinente precisar que las causas que pueden generar la ruptura del equilibrio financiero del contrato no se limitan a los supuestos mencionados en la providencia: teoría de la imprevisión, hecho del príncipe, ius variandi.… El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCA– no contiene una lista –ni enunciativa ni taxativa– de las causas que pueden dar lugar a la alteración del equilibrio económico del contrato y la consecuente obligación de las entidades públicas contratantes de restablecerlo, sino a unos criterios generales que permiten identificarlas, establecer cuándo surge tal obligación y la medida de la recomposición del sinalgama contractual a la que se debe llevar al contratista.
También resuelve:
¿Surge la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal cuando ocurren circunstancias imprevistas no imputables al contratista, que afectan la ejecución del objeto pactado?
¿El restablecimiento del equilibrio económico del contrato procede frente a cualquier situación fáctica que cumpla con los criterios generales establecidos por la ley…
¿Puede surgir la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal por causas no previstas al momento de contratar, aunque no sean imprevisibles…