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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el medio de control procedente es el de controversias contractuales

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Fecha
2025-06-16
Radicado
76001233300020130028301
Número interno
55030
Ponente
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SOCIEDAD INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A. - CORN PRODUCTS ANDINA, INGREDION COLOMBIA SA
Demandado
ICBF

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el medio de control procedente es el de controversias contractuales

Regla de decisión

La jurisdicción contenciosa conoce de la legalidad de actos sancionatorios en contratos estatales celebrados por entidades públicas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 1437 de 2011, arts. 104, 141 y 150
  • Ley 765 de 1968

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

De conformidad con [el] artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, dado que la controversia planteada versa sobre la legalidad de actos administrativos que impusieron una multa en el marco de un contrato de concesión celebrado entre un contratista particular y una entidad pública, como lo es el ICBF [creado] por la Ley 75 de 1968. Conforme [los] artículos 150 y 152 del CPACA, al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos [contra la sentencia], proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dada la vocación de doble instancia del proceso.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CLASES DE CONTRATO DE CONCESIÓN ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN GARANTÍA PARA DEMANDAR INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMACIÓN DEL FALLO NORMATIVA DEL ICBF RESPONSABILIDAD DEL ICBF MULTA AL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES BIENESTARINA CALIDAD DEL PRODUCTO INTERÉS REMUNERATORIO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS COMERCIAL CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO MANUAL DE CONTRATACIÓN GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL INAPLICACIÓN DE LA NORMA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO REQUISITO LEGAL DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL GARANTÍAS DEL CONTRATISTA DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO ACTIVIDAD CONTRACTUAL REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA CLASES DE POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO SANCIÓN CONTRACTUAL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO INVESTIGADOR DE LABORATORIO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL PRODUCTO PRESERVATIVO INAPLICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO CONCEPTO TÉCNICO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PRODUCTO DEFECTUOSO DERECHOS DEL CONTRATISTA IMPOSICIÓN DE LA MULTA RELACIÓN CONTRACTUAL RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DISCREPANCIA EN LA APRECIACIÓN DEL HECHO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO ANÁLISIS DE LA PRUEBA OMISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA CONTROVERSIA DE LA PRUEBA GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA FACULTADES DEL ICBF PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA INSTANCIA PROCESAL COMPETENCIA DEL INVIMA CERTIFICACIÓN DEL INVIMA ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CLASES DE PRODUCTO QUÍMICO DERECHO DEL CONCESIONARIO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO REEMBOLSO DEL CAPITAL DERECHOS DEL ACREEDOR PAGO AL ACREEDOR RENDIMIENTO FINANCIERO DEVALUACIÓN DE LA MONEDA OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO OBLIGACIÓN LEGAL CLASES DE COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN DE LAS PÉRDIDAS COMPENSACIÓN POR PAGO DE LO NO DEBIDO ESTIPULACIONES DEL CONTRATO LÍMITES DEL INTERÉS REMUNERATORIO ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA VALOR DE LA CONDENA ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES INTEGRACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES GASTOS DEL PROCESO AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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El contrato de concesión se mantenía vigente para el momento que se presentó la demanda
Titulación de la relatoría 24.254 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLASES DE CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / GARANTÍA PARA DEMANDAR / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Problema jurídico: ¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con [el] artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, dado que la controversia planteada versa sobre la legalidad de actos administrativos que impusieron una multa en el marco de un contrato de concesión celebrado entre un contratista particular y una entidad pública, como lo es el ICBF [creado] por la Ley 75 de 1968. [C]onforme [los] artículos 150 y 152 del CPACA, al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos [contra la sentencia], proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dada la vocación de doble instancia del proceso. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, por cuanto en el presente asunto se pretende la nulidad de las Resoluciones […], actos administrativos contractuales mediante los cuales el ICBF impuso una multa a [la sociedad demandante], en su calidad de concesionario del contrato […]. La demanda presentada […] fue ejercida oportunamente, esto es, dentro del término de dos años previsto en el artículo 164.2 (literal j) del CPACA, [de] modo que el plazo para que se configurara la caducidad del medio de control de controversias contractuales transcurrió [hasta] el 14 de julio de 2013. [La demandante] y el ICBF se encuentran legitimados en la causa por activa y pasiva, respectivamente, [por] haber sido las partes del contrato de concesión [y] porque el primero es el destinatario de los actos administrativos cuya nulidad se pretende en esta oportunidad, y el segundo es la entidad que los profirió. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, 141, 150, 152 Y 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 765 DE 1968 DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NORMATIVA DEL ICBF / RESPONSABILIDAD DEL ICBF / MULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA / DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / BIENESTARINA / CALIDAD DEL PRODUCTO / INTERÉS REMUNERATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS COMERCIAL Problema jurídico: ¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión, adolecen de nulidad por haber sido proferidas con desconocimiento de las garantías propias del debido proceso sancionatorio? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, mediante las cuales el ICBF impuso una multa a Industrias […] por el incumplimiento del contrato de [concesión], en tanto el procedimiento sancionatorio que precedió la expedición de tales actos administrativos desconoció el debido proceso del concesionario, puesto que se prescindió de la celebración de una segunda audiencia [destinada] a garantizar [el] derecho defensa en el marco de la imposición de sanciones y, [se] omitió la aplicación de los procedimientos técnicos previstos en el pliego de condiciones para el análisis y verificación de las condiciones microbiológicas y fisicoquímicas de la bienestarina producida, [de] presentarse discrepancias sobre su conformidad. [S]e mantendrá la decisión negativa en relación con el reconocimiento de intereses remuneratorios, por cuanto la obligación de pagarlos no se genera de pleno derecho, sino que requiere de una disposición legal expresa o de un acuerdo entre las [partes], circunstancia que no se configura en este caso. CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / MANUAL DE CONTRATACIÓN / NORMATIVA DEL ICBF / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / REQUISITO LEGAL DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / MULTA AL CONTRATISTA / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO Problema jurídico: ¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF? Respuesta al problema jurídico: No [S]i bien al momento de iniciarse el procedimiento sancionatorio [se] encontraba en vigencia la Resolución […], mediante la cual se adoptó el manual de contratación del ICBF y cuyo artículo 32 fijaba reglas procedimentales orientadas a garantizar el debido proceso para la imposición de multas, lo cierto es que dicha normativa no resulta aplicable [por] cuanto, con ocasión de la anulación condicionada del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 […], quedó claro que las entidades a través de reglamentos —o, en particular, por medio de sus manuales— no pueden implementar o modificar procedimientos administrativos de carácter sancionatorio respecto de contratistas (extra-orgánico), condicionando las garantías propias del derecho fundamental del debido proceso, cuando dicha tarea es del resorte exclusivo del legislador. [P]ara efectos de determinar [si] se vulneró el debido proceso de Industrias […], en su condición de concesionario, no resultan aplicables las disposiciones contenidas en el manual de contratación del ICBF, sino que el respectivo análisis debe realizarse con base en lo dispuesto en la normativa [general], razón por la que se hace indispensable precisar el alcance del debido proceso en materia sancionatoria contractual, conforme con el marco normativo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance del debido proceso, cita: Corte Constitucional, sentencia C-034 del 29 de enero de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2012, rad. 21430, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 2474 DE 2008 - ARTÍCULO 87 ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / SANCIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL Problema jurídico: ¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del afectado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l debido proceso es de ineludible observancia y su garantía debe armonizarse con la aplicación de los principios que orientan la función administrativa, incluso en el ámbito de la contratación estatal, [como] cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, que, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del afectado, tornando improcedente la imposición de sanciones de plano, es decir, sin fórmula de juicio. Aunque la obligación de la Administración de respetar el debido proceso en el ámbito sancionatorio contractual no fue contemplada explícitamente en la Ley 80 de 1993, lo cierto es que su desarrollo, fundado en el artículo 29 de la Constitución Política, fue eminentemente jurisprudencial. En definitiva, en materia sancionatoria contractual, la jurisprudencia [reclamó] que las garantías del debido proceso fueran aplicadas de manera atemperada, armonizándolas con los fines de la contratación pública y la prevalencia del interés general, sin que la medida sancionatoria resultara sorpresiva o intempestiva para el contratista, y que, [se] otorgara al interesado la oportunidad de expresar su opinión y contradecir los elementos de juicio que el ente contratante esgrimiera en su contra, antes de adoptarse la decisión. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el debido proceso en la actividad contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, rad. 18394, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 NORMATIVA DEL ICBF / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / MULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / INVESTIGADOR DE LABORATORIO / INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA / BIENESTARINA / CALIDAD DEL PRODUCTO / ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRESERVATIVO / INAPLICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONCEPTO TÉCNICO / PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS / PRODUCTO DEFECTUOSO / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / DERECHOS DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿El ICBF profirió resolución mediante la cual impuso multa, argumentando el incumplimiento del concesionario, ya que los análisis de laboratorio practicados revelaban la aparición de ácido sórbico en las muestras tomadas? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e demostró que, sin haberse citado a la segunda audiencia anunciada, el ICBF profirió la Resolución […], mediante la cual impuso una multa a Industrias […], equivalente al 0.15305% del valor del contrato, [argumentando] que había quedado establecido el incumplimiento del concesionario, ya que las pruebas documentales allegadas —los análisis de laboratorio practicados por el INVIMA y por […]— revelaban inequívocamente la aparición de ácido sórbico en las muestras tomadas y la consecuente omisión del concesionario en relacionar la presencia de dicho componente en la etiqueta de la bienestarina, lo que constituía una infracción a varias cláusulas del contrato y al numeral 1.2. del anexo técnico del pliego, relacionado con las fichas técnicas del producto y los ingredientes que este debía contener. En cuanto al debido proceso, aseveró que fue plenamente garantizado al concesionario, quien tuvo la oportunidad de conocer previamente las imputaciones de incumplimiento y ejercer su derecho de contradicción y defensa, tanto por escrito como de manera oral en audiencia. RESPONSABILIDAD DEL ICBF / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / RELACIÓN CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DISCREPANCIA EN LA APRECIACIÓN DEL HECHO / BIENESTARINA / CALIDAD DEL PRODUCTO / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / OMISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA / PRODUCTO DEFECTUOSO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿Se impuso multa por incumplimiento del contrato, sin observancia de las garantías del debido proceso exigidas en el marco de los procedimientos sancionatorios? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala considera que el ICBF impuso a Industrias […] una multa por incumplimiento del contrato de concesión […], sin haber observado en su integridad todas las garantías del debido proceso exigidas en el marco de los procedimientos sancionatorios, ni el protocolo previsto en el anexo técnico del contrato, relativo al trámite que debía surtirse en caso de discrepancias sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas prestablecidas para la producción de la bienestarina; específicamente, se omitió la realización de los análisis de laboratorio a cargo del INVIMA [sobre] las contramuestras y la muestra testigo, prescindiendo así de medios probatorios esenciales para verificar [la] supuesta no conformidad del producto, lo cual [configura] vulneración [al] debido proceso. [I]incluso en aquellos casos en los que el trámite sancionatorio se hubiera adelantado antes de la expedición de la Ley 1474 de 2011 —como en el asunto sub examine—, la Administración se encontraba en la obligación de garantizar [un] debido proceso en favor de sus contratistas, lo que [implicaba] garantizar el derecho a conocer, de forma anticipada y clara, los cargos de incumplimiento que se le atribuían, así como el tipo de sanción que eventualmente se pretendía imponer, a aportar y controvertir pruebas y [ejercer] su derecho de defensa. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / FACULTADES DEL ICBF / RESPONSABILIDAD DEL ICBF / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / OMISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INSTANCIA PROCESAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / COMPETENCIA DEL INVIMA / CERTIFICACIÓN DEL INVIMA / CALIDAD DEL PRODUCTO / ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL PRODUCTO / BIENESTARINA / ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PRESERVATIVO / CLASES DE PRODUCTO QUÍMICO Problema jurídico: ¿Está proscrito imponer sanciones sin una instancia procesal claramente definida que garantice el ejercicio del derecho de defensa del afectado? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a entidad expidió de plano la Resolución […], mediante la cual impuso la multa al contratista. [D]esconoció el principio de publicidad y contradicción de la prueba, pasó por alto el procedimiento técnico de toma de muestras y contra muestras contemplado en los pliegos de condiciones [privando] al concesionario de una participación efectiva en el procedimiento sancionatorio, configurando un acto sorpresivo y contrario a lo dispuesto [según] la cual está proscrito imponer sanciones sin una instancia procesal claramente definida que garantice el ejercicio del derecho de defensa del afectado. [D]e haberse convocado a la segunda audiencia [el] contratista habría [controvertido] la supuesta vulneración de disposiciones contractuales [mediante pruebas] y argumentos jurídicos en defensa de su actuación, previo conocimiento de los análisis de laboratorio realizados por el INVIMA [al producto] que, como quedó visto, no fueron dados a conocer al Concesionario con antelación. Es por lo anterior [que la diligencia] constituía una oportunidad [para] garantizar el debido proceso. [A]l privar al contratista de la posibilidad de ejercer una defensa efectiva, el ICBF desconoció principios esenciales del procedimiento administrativo sancionatorio, configurando [una vulneración] al debido proceso. [L]a multa impuesta por el ICBF se sustentó en los primeros análisis de laboratorio efectuados por el INVIMA, en los que se reportó la presencia de ácido sórbico en la bienestarina. [D]icho hallazgo resultó ser distinto de los resultados que arrojó un segundo análisis practicado por la misma autoridad sanitaria, en el que no se encontró rastro alguno del referido conservante. NOTA DE RELATORÍA: [L]a entidad expidió de plano la Resolución […], mediante la cual impuso la multa al contratista. [D]esconoció el principio de publicidad y contradicción de la prueba, pasó por alto el procedimiento técnico de toma de muestras y contra muestras contemplado en los pliegos de condiciones [privando] al concesionario de una participación efectiva en el procedimiento sancionatorio, configurando un acto sorpresivo y contrario a lo dispuesto [según] la cual está proscrito imponer sanciones sin una instancia procesal claramente definida que garantice el ejercicio del derecho de defensa del afectado. [D]e haberse convocado a la segunda audiencia [el] contratista habría [controvertido] la supuesta vulneración de disposiciones contractuales [mediante pruebas] y argumentos jurídicos en defensa de su actuación, previo conocimiento de los análisis de laboratorio realizados por el INVIMA [al producto] que, como quedó visto, no fueron dados a conocer al Concesionario con antelación. Es por lo anterior [que la diligencia] constituía una oportunidad [para] garantizar el debido proceso. [A]l privar al contratista de la posibilidad de ejercer una defensa efectiva, el ICBF desconoció principios esenciales del procedimiento administrativo sancionatorio, configurando [una vulneración] al debido proceso. [L]a multa impuesta por el ICBF se sustentó en los primeros análisis de laboratorio efectuados por el INVIMA, en los que se reportó la presencia de ácido sórbico en la bienestarina. [D]icho hallazgo resultó ser distinto de los resultados que arrojó un segundo análisis practicado por la misma autoridad sanitaria, en el que no se encontró rastro alguno del referido conservante. GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / DERECHO DEL CONCESIONARIO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / FACULTADES DEL ICBF / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se comparte la decisión del Tribunal, de declarar la nulidad de las resoluciones, por haber sido proferidas con desconocimiento de las garantías propias del debido proceso sancionatorio? Respuesta al problema jurídico: Si [Q]ue el ICBF haya justificado su actuación en que ya había escuchado al concesionario [en] una audiencia preliminar, no excusa la ausencia de un procedimiento claro, completo y garantista, dado que la protección del debido proceso no se agota con brindar una sola oportunidad formal o simbólica de defensa, [conforme] el artículo 29 de la Constitución. [L]a actuación del ICBF constituye una clara vulneración del derecho fundamental al debido proceso de Industrias […]. [L]a Sala comparte la decisión adoptada por el Tribunal, mediante la cual declaró la nulidad de las Resoluciones 314 [y 2240], por haber sido proferidas con desconocimiento de las garantías propias del debido proceso sancionatorio. Los anteriores argumentos, [mantienen] incólume la decisión de anular los actos administrativos controvertidos. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29 INTERÉS REMUNERATORIO / REEMBOLSO DEL CAPITAL / DERECHOS DEL ACREEDOR / PAGO AL ACREEDOR / RENDIMIENTO FINANCIERO / DEVALUACIÓN DE LA MONEDA / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / OBLIGACIÓN LEGAL / CLASES DE COMPENSACIÓN / COMPENSACIÓN DE LAS PÉRDIDAS / COMPENSACIÓN POR PAGO DE LO NO DEBIDO / MULTA AL CONTRATISTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / LÍMITES DEL INTERÉS REMUNERATORIO / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / VALOR DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿La obligación de pagar intereses remuneratorios requiere la existencia de una estipulación negocial expresa o de una disposición legal que así lo disponga? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os intereses remuneratorios [son] la retribución del capital por el plazo en que el acreedor no tiene a su disposición determinada suma de dinero, y que incluyen, además del rendimiento, el riesgo de incumplimiento o insolvencia, así como la pérdida del poder adquisitivo. [C]omo lo ha sostenido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia [y] esta Sección del Consejo de Estado, [la] obligación de pagar este tipo de interés no opera de pleno derecho, sino que requiere la existencia de una estipulación negocial expresa o una disposición legal que así lo disponga. [E]n el presente asunto no concurren los supuestos descritos, dado que la indemnización que se persigue tiene su origen en la compensación realizada por el ICBF por concepto de una multa ilegalmente impuesta a Industrias […], sin que se acreditara la existencia de cláusula contractual [o] disposición legal que fundamentara la procedencia de intereses remuneratorios en esta situación específica. [L]a Sala procederá a actualizar tanto el monto de la condena impuesta en primera instancia por concepto de la multa controvertida, [como] el valor reconocido a título de intereses moratorios. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el pago de interés remuneratorio, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de noviembre de 1989, número de providencia S-441 de 1989, M. P. Rafael Romero Sierra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 2023, rad. 66901, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; y sentencia del 12 de julio de 2024, rad. 67946, C. P. María Adriana Marín. COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / INTEGRACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / GASTOS DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que se demuestre en el expediente su causación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. [L]os artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del Tribunal a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. [T]eniendo en cuenta que ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y que ninguno de estos prosperó, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas de segunda instancia, por cuanto las mismas se entienden compensadas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, 365 Y 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201300283011100103