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Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-04-02Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia funcional para decidir este caso en única instancia? Sí
La carencia de competencia funcional del Consejo de Estado para decidir en única instancia un medio de control de repetición se configura cuando la entidad involucrada no es del orden nacional, como ocurre con las corporaciones autónomas regionales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las corporaciones autónomas regionales no son entidades del orden nacional, conforme a la Ley 99 de 1993 y a la jurisprudencia que el auto cita. Segunda, el artículo 2 del Decreto 1768 de 1994 no atribuye esa calidad, sino que remite a otra norma. Tercera, los principios de celeridad, imparcialidad y eficacia no pueden sobreponerse al juez natural ni a la doble instancia. Por ello el expediente se remite al juez competente, conservando la validez de las actuaciones previas. El auto no desconoce el precedente invocado y confirma la decisión recurrida, concediendo la súplica subsidiaria. La consecuencia práctica es que la competencia en única instancia debe verificarse antes de admitir el trámite, y que el expediente se traslada cuando no existe.síntesis automática
También resuelve:¿La norma invocada por la recurrente establece que las CAR sean entidades del orden nacional?
¿En el seguro de cumplimiento como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento del siniestro? Sí
El contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato estatal, y en caso de incumplimiento, la entidad estatal como beneficiaria del seguro de cumplimiento tiene la obligación de reconocer el siniestro y notificarlo al asegurador dentro del término legal. Según el artículo 1081 del Código de Comercio, la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinariamente en dos años desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del siniestro. La entidad estatal, al tener la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del contrato, debe actuar con diligencia y notificar cualquier incumplimiento en tiempo y forma. Si la entidad estatal conoce del siniestro pero no lo notifica oportunamente, la prescripción puede ocurrir antes de que el asegurador pueda actuar, lo que implica que la entidad estatal debe ser diligente en su vigilancia y control del contrato para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿La prescripción del contrato de seguro no solo se cuenta desde que el interesado conoce el siniestro sino también desde cuando debió haberlo conocido?¿El término de los dos años que prevé la norma ya había fenecido para el momento en que se emitió la resolución que declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento y, por ende…¿No se discute la responsabilidad del contratista frente a la aseguradora derivado del contrato sino la extinción del derecho del asegurado a cobrarle a la compañía de seguros?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2021-12-07Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 88001233300020200001201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
[D]eterminar si la medida cautelar de urgencia solicitada por la parte actora es procedente, para lo cual se revisará si se cumplieron los requisitos dispuestos en el CPACA. Sí
El contratista no puede obtener una medida cautelar de urgencia en el proceso contencioso administrativo si no cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPACA), entre los que se incluye la necesidad de que la medida tenga relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda y que no se refiera a actuaciones o actos administrativos que no han sido objeto de impugnación. La Sala determina que la medida cautelar solicitada no guarda relación con el objeto de la demanda y que su decretación implicaría emitir un juicio de valor sobre actuaciones no discutidas en el proceso, por lo que reitera la importancia de que las medidas cautelares estén en congruencia con el objeto del litigio y las pretensiones del demandante, evitando así la emisión de pronunciamientos sobre asuntos que no son materia del proceso.síntesis automática
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 47001233300020240027901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede suspender cautelarmente un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión cautelar de un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión, siempre y cuando la medida cautelar permita proteger intereses superiores como el medio ambiente o el patrimonio público. La Sala reitera que la medida cautelar de suspensión guarda relación directa con la pretensión de la demanda que busca la nulidad del contrato y que la afectación de vigencias futuras sin cumplir los requisitos legales puede generar serias dudas sobre su ejecución, lo que convierte en relevante la suspensión del contrato en este momento. Esta decisión matiza la interpretación de la medida cautelar de suspensión, permitiendo su aplicación en casos que involucran la protección de intereses públicos superiores y la regularidad presupuestal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe decretarse la suspensión del Contrato de Concesión para proteger la legalidad y el patrimonio público, cuando existen serios indicios de ilegalidad por comprometer ingresos corrientes del…
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria? Sí
La omisión plena en el cumplimiento del deber establecido en el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 en que incurrieron los demandados, en punto de la determinación de la vinculación subjetiva en virtud de la cual se atribuyó responsabilidad al [sancionado], comporta una palmaria y grave inobservancia de los requisitos esenciales establecidos por el ordenamiento jurídico para imponer la sanción disciplinaria y deriva en el incumplimiento grave de los deberes funcionales de quienes ejercen el poder punitivo del Estado, en tanto profirieron decisiones sin respetar los mínimos legales que la justifican y legitiman, con… la consecuente imposición de una condena contra la entidad demandante.
También resuelve:¿Los demandados explicaron con detalle cómo es que el sujeto disciplinado tenía conocimiento y voluntad de realizar el ilícito por el que fue sancionado?¿Para imponer una sanción se deben explicar razonadamente sus fundamentos, con inclusión de todos los elementos que la hacen procedente?¿El fundamento de la sanción se refirió exclusivamente al hecho de haberse percibido la prima técnica sin efectuar un análisis explícito de la vinculación subjetiva, a título de dolo…
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
¿Al momento de expedición del acto administrativo existía una postura uniforme en relación con el deber de motivar el acto administrativo de desvinculación de los empleados públicos nombrados de forma provisional que ocuparan cargos de carrera administrativa ? No
No se configura culpa grave ni dolo en el agente que expidió el acto de desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera cuando, al momento de expedirlo, no existía una postura uniforme sobre el deber de motivarlo, de modo que no hay violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la conducta del agente encontraba fundamento en un criterio jurisprudencial válido de la época. Segunda, aunque la Ley 909 de 2004 cambió sustancialmente el régimen de retiro de esos empleados, al volverlo motivado, la jurisprudencia contencioso administrativa no tenía un criterio definido y pacífico sobre la forma de retiro en la fecha del acto. Tercera, al no acreditarse el elemento subjetivo, el juez no puede condenar en repetición. La providencia niega las suplicas de la demanda. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para repetir contra el funcionario cuando la exigencia de motivación no era pacífica al momento de expedirlo.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado argumentó sobre la aplicación de las normas que regulan lo referente a la desvinculación de los empleados provisionales y sus interpretaciones diversas?¿El demandado en repetición puede dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra?¿Corresponde verificar si el supuesto fáctico de la presunción invocada por la demandante se halla configurado?
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación? No
El contratista no puede ser objeto de la declaratoria de caducidad del contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación, ya que la caducidad es una sanción excepcional que se activa ante un grave incumplimiento que puede paralizar la ejecución del contrato y afectar el interés público, pero solo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, donde resultaría ineficaz para garantizar el cumplimiento del contrato. La interpretación literal del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 confirma que la declaratoria de caducidad se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado, y no más allá. La Sala modifica la jurisprudencia anterior que admitía la caducidad hasta la etapa de liquidación, y establece que la nueva interpretación se aplica de manera retroactiva, salvaguardando el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y protegiendo los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual…¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas…¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que…
¿Permite el marco constitucional y legal vigente en Colombia que las entidades del Estado, en conjunto con actores del sector privado, adelanten proyectos de vivienda de interés social como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y de la función social de la propiedad? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden celebrar convenios de asociación para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, garantizando el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y la función social de la propiedad, siempre que se establezcan con precisión el objeto, término de duración, obligaciones de las partes, aportes y forma de coordinación de esfuerzos, sin relación conmutativa ni remuneración directa. Esta regla reitera y matiza precedentes, permitiendo que entidades estatales y particulares aúnen esfuerzos mediante uniones temporales o consorcios para formular y ejecutar planes de vivienda, aplicando la normativa vigente sobre convenios de asociación, y facilitando la ejecución de proyectos en contextos de emergencia pública.síntesis automática
También resuelve:¿Permite el ordenamiento jurídico colombiano que las entidades estatales y los particulares celebren convenios de asociación con el fin de formular y ejecutar planes de vivienda…¿Resulta aplicable el Decreto 777 de 1992 a un convenio de asociación celebrado el 19 de agosto de 2011?¿Resulta procedente aplicar la regla general del cómputo de la caducidad en un convenio regido por el derecho privado, aun cuando no se haya pactado expresamente la posibilidad de liquidación…
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve:¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998?¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada?¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?
¿Procede realizar la liquidación judicial del contrato y los reconocimientos solicitados en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas? No
Cuando las partes de un contrato no aportan elementos probatorios que permitan establecer el estado de las prestaciones, los conceptos y las cuantías que se adeudan entre sí, el juez no puede liquidar judicialmente el contrato, y debe negar la pretensión de liquidación. La regla se sostiene en tres razones: la liquidación judicial exige determinar el cruce final de cuentas con base en la ejecución efectiva de las obligaciones, lo que no puede hacerse con documentos que no den cuenta clara de los valores; la falta de prueba sobre la proporción en que se ejecutó el objeto contractual impide establecer las acreencias de cada parte; y la carga de demostrar las prestaciones recae en quien la reclama. En el caso, los tres grupos de pruebas no daban cuenta de los valores reclamados en la demanda, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la liquidación judicial. Por la fecha de la demanda, el régimen aplicable fue el Código Contencioso Administrativo. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial depende de que el demandante acredite con precisión las prestaciones ejecutadas y los saldos pendientes.síntesis automática
También resuelve:¿Por la fecha de presentación de la demanda, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo?¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que las partes del contrato estipularon cláusula compromisoria…¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la liquidación judicial de un contrato estatal?
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
¿Ante la existencia de criterios disímiles entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la obligatoriedad o no de motivar el acto administrativo que retira del servicio a un empleado en provisionalidad, qué criterio debe tenerse en cuenta para el estudio de la culpa grave en el medio de repetición? Sí
Con el respeto que profeso por las decisiones que adopta la Sala, me permito manifestar las razones que me llevan a aclarar el voto, pues si bien acompaño el sentido de la sentencia del 18 de febrero de la presente anualidad, no comparto la valoración de la conducta del demandado que se realizó en la providencia, en relación con la excusabilidad de las normas de derecho que debía observar el demandado, con base en que no existía un criterio pacífico entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la motivación del acto administrativo que declaraba insubsistente un nombramiento de un empleado que ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad.… Me aparto de lo expuesto, toda vez que consideró que no fue acertada la lectura del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 que se efectuó, puesto que en esa disposición se hace referencia expresa “al empleo” que se ocupa para efectos de motivar el acto…
[S]e debió resolver [...] en el marco del incumplimiento de las obligaciones del contrato Sí
En la sentencia se subdividió el cargo en comento y se resolvió de la siguiente manera: i) lo referido a los estudios y a los predios se analizó bajo la óptica del desequilibrio y ii) la designación de una persona para la regulación del tránsito se estudió en el marco del incumplimiento obligacional. Pese a que el demandante manifestó que no formuló ninguna pretensión de incumplimiento, el primer cargo en su integridad se refiere a la no satisfacción de obligaciones que, según el actor, estaban a cargo del Invías, por lo que se considera que se debía dar a la petición el cauce del incumplimiento y analizarse desde esa óptica.