Titulación de la relatoría 31.151 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / ACTIVIDAD FINANCIERA / FALTA DE JURISDICCIÓN / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN / DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE COMPETENCIA / DECLARACIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / SUPERINTENDENCIA BANCARIA / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / SISTEMA FINANCIERO / ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO / VIGENCIA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO / ACCIONES / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / PERSONERÍA JURÍDICA / PATRIMONIO / PATRIMONIO AUTÓNOMO / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / FACULTADES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO / JURISDICCIÓN ORDINARIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
Problema jurídico:
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios?
Respuesta al problema jurídico: No
Encontrándose el proceso para dictar sentencia de segunda instancia en virtud del recurso de apelación presentado por Construcciones Diserq S.A.S, el Despacho advierte que a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no corresponde el conocimiento del presente asunto. Por lo tanto, conforme al artículo 138 del Código General del Proceso (“CGP”), declarará la falta de jurisdicción, invalidará la sentencia dictada en primera instancia, y remitirá el expediente a los jueces civiles del circuito de Bogotá D.C. (...) El conocimiento de este proceso no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, porque se configura el supuesto previsto en el numeral 1º del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta disposición establece que la jurisdicción no conoce de los siguientes asuntos: “Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos”. (...) Los dos requisitos previstos en esta disposición se cumplen en el presente caso. En primer lugar, se trata de una controversia relativa a un contrato celebrado por una entidad pública que tiene el carácter de institución financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. En segundo lugar, el contrato del que surgió la controversia fue celebrado dentro del giro ordinario de los negocios de dicha entidad. (...) FONADE (hoy Enterritorio S.A) es una entidad pública y tiene el carácter de institución financiera. Según el parágrafo del artículo 104 del CPACA, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50 % de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior a ese mismo umbral. Mediante el Decreto 2168 de 1992, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política y vigente en la época de los hechos y de presentación de la demanda, se determinó que la naturaleza jurídica del FONADE es la de una empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y vinculada al Departamento Nacional de Planeación. En consecuencia, FONADE se enmarca dentro de la definición de entidad pública prevista en el CPACA (...) . FONADE es una entidad pública que, además, tiene el carácter de institución financiera. Esta naturaleza se encuentra prevista en el Decreto 2168 de 1992, que dispone expresamente que la empresa es de “carácter financiero”. Dicha calificación fue reiterada por el artículo 286 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF), que incorporó las disposiciones del Decreto 2168 y confirmó su naturaleza jurídica como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero. Finalmente, el carácter de institución financiera de FONADE también se desprende del artículo 90 de la Ley 45 de 1990, según el cual “[p]ara los efectos de la presente ley se entiende por instituciones financieras las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros (…)”, condición que cumple FONADE al estar bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia Bancaria) conforme al artículo 298 del EOSF [Estatuto Orgánico del Sistema Financiero].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de jurisdicción y la incompetencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, ver: Corte Constitucional, sentencia del 5 de octubre de 2016, exp. C-537, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Respecto el caso de personas jurídicas de naturaleza societaria con participación mayoritaria del Estado, el giro ordinario debe concretarse a la luz del objeto social, consultar: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2135 del 9 de abril de 2013, C.P. Augusto Hernández Becerra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2168 DE 1992, DECRETO 663 DE 1993 - ARTÍCULO 286, DECRETO 663 DE 1993 - ARTÍCULO 298, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 138, LEY 45 DE 1992 - ARTÍCULO 90
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FINALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / ACCIONES / ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD / PARTICIPACIONES / OBJETO DE LA SOCIEDAD / ACTIVIDAD INDUSTRIAL / ACTIVIDAD COMERCIAL / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO / ESTATUTO INTERNO DE LA ENTIDAD ESTATAL / NORMA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / FACULTADES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ESTATUTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ACTIVIDAD FINANCIERA / ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO / ENTIDAD FINANCIERA ESTATAL / INTERMEDIACIÓN FINANCIERA / PROYECTOS DE INVERSIÓN
Problema jurídico:
¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.1 del CPACA, al tratarse de un contrato celebrado dentro del giro ordinario de los negocios de una entidad pública con carácter financiero?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por otra parte, el contrato que originó la presente controversia fue celebrado por FONADE dentro del giro ordinario de sus negocios. Como ha precisado la Subsección, dicho concepto alude a las actividades desarrolladas de forma habitual por la entidad, para las cuales ha sido habilitada conforme a sus actos de creación. En el caso de personas jurídicas de naturaleza societaria con participación mayoritaria del Estado, el giro ordinario debe concretarse a la luz del objeto social. En cambio, tratándose de entidades públicas creadas por la ley o autorizadas por ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica sin adoptar forma societaria, el criterio relevante es el objeto y las funciones expresamente definidas en sus actos de creación, incluidas todas aquellas actuaciones y contratos que resulten necesarios para su cumplimiento, en una relación de medio a fin. (...) Así, además del objeto principal, el concepto de giro ordinario de los negocios abarca los actos y contratos que resulten necesarios para su ejecución, en tanto guardan con él una relación instrumental. En este sentido, el artículo 86 de la Ley 489 de 1998 dispone que, además de las actividades y actos que pueden ejecutar según la ley, las normas de creación y sus estatutos internos, las empresas industriales y comerciales del Estado están facultadas para “desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. De este modo, la noción de giro ordinario resulta aplicable a las EICE tanto respecto de las actividades principales como de aquellas que, por su conexión funcional, resultan necesarias para su cumplimiento. (...) . Los documentos del expediente evidencian que el contrato celebrado con Construcciones Diserq fue suscrito por FONADE actuando como agente en la ejecución de proyectos de desarrollo y en cumplimiento de su función de celebrar contratos para administrar recursos destinados a ese fin. Así, en el capítulo primero del pliego de condiciones del proceso de contratación, se precisó que este fue adelantado por la entidad actuando como agente en la ejecución y gerencia de proyectos de infraestructura educativa, financiados con recursos del Ministerio de Educación Nacional (...) El hecho de que, al celebrar el Contrato (...) del 21 de octubre de 2011, FONADE actuaba como agente en la ejecución de proyectos de desarrollo y en cumplimiento de su función de administrar recursos destinados a tal fin, quedó igualmente registrado en los considerandos del negocio jurídico (…) El contrato no se celebró en desarrollo de una actividad financiera, entendida — desde un criterio material— como aquella que implica intermediación. En efecto, no se celebró en cumplimiento de las funciones de FONADE consistentes en “realizar operaciones de crédito externo o interno con sujeción a las normas legales vigentes” ni en “captar ahorro interno mediante la emisión de bonos, celebrando los contratos de garantía, agencia o pago que hubiere lugar para estos efectos”. Sin embargo, ello no obsta para que se configure la excepción prevista en el artículo 105.1 del CPACA, según la cual la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no conoce de “las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras (…) cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades”. (...) Como se deduce del texto legal, la excepción opera cuando el contrato es celebrado por una entidad pública que tenga el carácter de institución financiera y la actuación se inscriba dentro del giro ordinario de sus negocios, con independencia de que no implique intermediación financiera ni operaciones activas o pasivas de financiamiento. Basta que corresponda a otras actividades propias de su objeto, como en este caso: la celebración de contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y al desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las controversias originadas en contratos celebrados por Fonade en vigencia del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 63828, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En cuanto al concepto de actividad financiera, es la que se desenvuelve a través de la intermediación, ver: Corte Constitucional, sentencia del 1 de febrero de 2006, exp. C-041, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 86
PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / RELACIÓN CONTRACTUAL / DERECHO ADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CRÉDITO / SEGURO / ENTIDAD FINANCIERA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / SUJETOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DERECHO PRIVADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE, cuando se trata de decisiones contractuales adoptadas en ejercicio de funciones regidas por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora bien, entre las pretensiones formuladas por el demandante está la nulidad de la Resolución 062 de 2014, mediante la cual FONADE liquidó unilateralmente el contrato, así como de la Resolución 067 del mismo año, que la confirmó. Tal circunstancia exige analizar la aplicabilidad del artículo 104 del CPACA, conforme al cual la jurisdicción de lo contencioso-administrativo está instituida para conocer, entre otros asuntos, de “las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”. (…) El régimen jurídico aplicable a la actividad contractual del FONADE ha sufrido modificaciones. Durante la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007, sus contratos se entendían —en los términos del artículo 104 del CPACA— sujetos al derecho administrativo, porque aquella norma establecía que “se regir[ía] por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen”. Este escenario cambió con la entrada en vigor de la Ley 1450 de 2011, cuyo artículo 276 derogó expresamente el referido artículo 26. (...) La derogatoria del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007 derivó en que la actividad contractual del FONADE dejara de estar sometida al derecho administrativo, esto es, a las reglas especiales del EGCAP [Estatuto General de Contratación de la Administración Pública]. En consecuencia, los contratos celebrados por el FONADE —y los actos expedidos con ocasión de ellos— pasaron a regirse por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades financieras, comerciales y de gestión económica. (...) Esta conclusión se soporta en dos disposiciones de la Ley 1150 de 2007. En primer lugar, en el artículo 15, que modificó el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, según el cual: “Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”. En segundo lugar, en el artículo 14, que prevé que las empresas industriales y comerciales del Estado no se someten al EGCAP [Estatuto General de Contratación de la Administración Pública] cuando desarrollan actividades en competencia con el sector privado y/o público, caso en el cual se rigen por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. (...) Considerando estos cambios en el régimen jurídico aplicable a la actividad contractual del FONADE y la necesidad de interpretar armónicamente los artículos 104 y 105 del CPACA, la Subsección ha señalado que las controversias originadas en contratos celebrados entre el 16 de enero de 2008 —fecha de entrada en vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007— y el 15 de junio de 2011 —el día antes al que entró a regir la Ley 1450 de 2011— corresponden al conocimiento de esta jurisdicción. Esta tesis se fundamenta en que durante ese periodo tales contratos estaban “sujetos al derecho administrativo”, conforme a la fórmula empleada en el artículo 104 del CPACA. (...) Por la misma razón, los litigios sobre actos unilaterales dictados con base en competencias administrativas otorgadas por el EGCAP [Estatuto General de Contratación de la Administración Pública]—como la liquidación unilateral del contrato— también debían ser conocidos por esta jurisdicción. En efecto, al tratarse de declaraciones unilaterales de voluntad proferidas en ejercicio de una función administrativa atribuida por la ley, su legalidad debía ser controlada por esta jurisdicción. En tales casos no resultaba aplicable la excepción prevista en el artículo 105.1 del CPACA, pues dichos actos jurídicos no corresponden al giro ordinario de los negocios de la entidad —entendido como actividades comerciales, financieras o de gestión económica—, sino que constituyen el ejercicio de una función administrativa derivada del poder público.(...) Por ello, el hecho de que a partir de la entrada en vigor de la Ley 1450 de 2011 la actividad contractual del FONADE dejara de regirse por el EGCAP [Estatuto General de Contratación de la Administración Pública] tiene consecuencias en la determinación de la jurisdicción que conoce las controversias derivadas de ella. En efecto, desde esa fecha, los contratos celebrados por dicha entidad ya no se entienden “sujetos al derecho administrativo” en los términos del artículo 104 del CPACA. Igualmente, la modificación del régimen jurídico aplicable impide calificar como actos administrativos las decisiones unilaterales que adopte FONADE durante la ejecución de sus contratos, por tratarse de manifestaciones contractuales regidas por el derecho privado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 15, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 26, LEY 1437 DE 2001 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 276, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1
ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / JURISPRUDENCIA / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / DERECHO PRIVADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ESTATUTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / FACULTADES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / ACTO ADMINISTRATIVO / NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NORMATIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE LA SENTENCIA / EXPEDIENTE / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / AUTO QUE REMITE POR COMPETENCIA / REMISIÓN POR COMPETENCIA / JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO / PROCESO DE MAYOR CUANTÍA / DOMICILIO / DOMICILIO DEL DEMANDADO / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA / FALTA DE JURISDICCIÓN / NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN
Problema jurídico:
¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa?
Respuesta al problema jurídico: No
La proyección del régimen aplicable a la actividad contractual de una entidad estatal sobre la naturaleza jurídica de los actos que adopte durante la ejecución del contrato ha sido reconocida por la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera. Tanto en la sentencia de unificación proferida el 3 de septiembre de 2020 como en la decisión del 9 de mayo de 2024, la Sección Tercera precisó que en la medida en que las empresas prestadoras de servicios públicos no están regidas por el EGCAP, sino por el derecho privado, no actúan en ejercicio de una función administrativa. (...) Aunque en este caso el contrato no fue celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, sino por una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, los razonamientos expuestos en las sentencias de unificación resultan igualmente aplicables y no median elementos diferenciales que lleven a una conclusión distinta. Ello se debe a que las diferencias en la naturaleza jurídica de las entidades no inciden en el punto jurídicamente relevante para extender el raciocinio, a saber, la identidad del régimen que gobierna su actuación contractual. En ambos casos, la regulación aplicable está constituida principalmente por normas de derecho privado, sin que se integren las disposiciones especiales del EGCAP. Por lo tanto, los actos que se adopten en ejecución del contrato no implican el ejercicio de potestades administrativas previstas en la Ley 80 de 1993 o en la Ley 1150 de 2007, razón por la cual no revisten la naturaleza de actos administrativos. (...) El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de aquellas relativas al modo de reclamar en juicio los derechos derivados del contrato y de las que señalan penas por su infracción. El contrato entre FONADE y Construcciones Diserq se perfeccionó el 21 de octubre de 2011, de acuerdo con lo previsto en su cláusula decimoquinta, que señalaba: “El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes”. Dado que para esa fecha ya había entrado en vigor la Ley 1450 de 2011 —que derogó el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007—, el régimen jurídico del contrato se determinaba con arreglo a los artículos 14 y 15 de la misma ley. En consecuencia, el contrato se regía por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las actividades comerciales, financieras y de gestión económica de la entidad, esto es, por el derecho privado. (...) . Esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que, durante el proceso de selección, se hubiera producido un cambio normativo con la expedición de la Ley 1450 de 2011, que derogó el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. El régimen jurídico aplicable al contrato se determina con base en la ley vigente al momento de su perfeccionamiento. Además, la Ley 1450 de 2011 no estableció un régimen de ultraactividad del artículo derogado para los contratos adjudicados y celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, aunque el procedimiento de selección se hubiera iniciado bajo la vigencia del citado artículo 26. (…). Desde la perspectiva de las normas que regulan el objeto de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo anterior implica que no puede afirmarse que la controversia entre las partes derive de un contrato “sujeto al derecho administrativo”, en los términos del artículo 104 del CPACA. En igual sentido, las pretensiones orientadas a que se declare la nulidad de la Resolución 062 de 2014 —mediante la cual FONADE liquidó unilateralmente el contrato— y de la Resolución 067 del mismo año —que la confirmó— no configuran una controversia sobre “actos sometidos al derecho administrativo”, esto es, sobre la validez de actos administrativos. (…) . Como se indicó anteriormente, cuando una entidad de la Administración Pública actúa sometida al derecho privado —como ocurre en el presente caso respecto de FONADE—, las decisiones que adopta con ocasión del contrato no constituyen actos administrativos. En efecto, si dentro del conjunto de normas que integran la relación contractual no existe disposición que le confiera una potestad administrativa —por ejemplo, la facultad de liquidación unilateral prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007—, tales decisiones conservan la naturaleza jurídica de los actos que los particulares adoptan en la ejecución de negocios regidos por el derecho privado. Esta tesis, decantada en la jurisprudencia de unificación, ha sido también recogida por la doctrina en los siguientes términos: “Desde luego no son actos administrativos los que adopta la Administración pública cuando actúa con sometimiento al Derecho privado. Todas las definiciones insisten en que los actos, para tener naturaleza administrativa, han de poder ser imputados a una Administración pública que actúe con sometimiento al Derecho Administrativo” (…) El hecho de que las resoluciones expedidas por FONADE adoptaran la forma o apariencia de un acto administrativo no es una condición suficiente (ni necesaria) para calificarlas como tales, pues el criterio formal no es determinante de su naturaleza jurídica. La naturaleza de un acto administrativo depende de la concurrencia de los elementos que configuran esta manifestación del poder público, entre los cuales se encuentra, de manera esencial, que el sujeto actúe con sujeción al derecho administrativo, esto es, en ejercicio de una potestad legal conferida para el cumplimiento de una función administrativa. (…) Que el FONADE hubiera citado como fundamento de las Resoluciones 062 y 067 una norma jurídica que atribuye una potestad legal para el cumplimiento de una función administrativa, como ocurre con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, tampoco le imprime la naturaleza jurídica de un acto administrativo a tales decisiones. El deseo, la voluntad o la intención de un sujeto de ejercer una potestad administrativa no confiere a sus actos tal carácter ni los atributos que le son propios (ejecutividad, ejecutoriedad, presunción de legalidad). Si así fuera, cualquier órgano o entidad que pertenezca orgánicamente a la Administración Pública, pero que actúa sometido al derecho privado, podría prevalerse del privilegio de la decisión unilateral ejecutoria citando una norma atributiva de una competencia de la que no es titular. Sin embargo, esta lectura no es admisible, porque implicaría aceptar la existencia de manifestaciones del poder público al margen del ordenamiento jurídico y por la sola voluntad de un sujeto. (…) En síntesis, cuando la entidad pública —como ocurre en este caso— carece ex lege de potestades administrativas porque actúa sometida al derecho privado, su manifestación unilateral de voluntad no reviste la naturaleza de un acto administrativo. Falta el presupuesto ontológico que proviene, no de la voluntad del sujeto, sino del ordenamiento jurídico: la habilitación legal para dictar decisiones unilaterales y ejecutorias en ejercicio de función administrativa. No se trata, por ende, de un acto administrativo viciado por incompetencia —situación en la que la entidad es titular de potestades administrativas, pero se ejerce fuera de sus límites predeterminados de materia, territorio, jerarquía o tiempo—, sino de una declaración regida por el derecho privado y, por ende, desprovista de los atributos de presunción de legalidad y de fuerza ejecutiva y ejecutoria. (…). En conclusión, el conocimiento de la controversia relativa al contrato celebrado entre FONADE y Construcciones Diserq no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que (i) se configura la excepción prevista en el artículo 105.1 del CPACA y (ii) no se trata de un litigio originado en “actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”. Por lo tanto, se declarará la falta de jurisdicción. (…) Los efectos de la anterior declaración corresponden a los previstos en el artículo 138 del CGP. La sentencia de primera instancia se invalidará. Sin embargo, lo actuado previamente conservará su validez —incluyendo las pruebas practicadas—, por lo que la actuación procesal deberá renovarse a partir del cierre de la etapa de alegaciones. (…) Conforme al mandato de los artículos 16 y 138 del CGP, el expediente se enviará de inmediato al juez competente. En consideración a la naturaleza del conflicto; a que el proceso es de mayor cuantía, porque las pretensiones de contenido patrimonial superan los 150 SMLMV (CGP, arts. 20.1 y 25); y a que el domicilio de la entidad demandada es el Distrito de Bogotá (CGP, art. 28.1), se dispondrá la remisión inmediata del expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogotá para que, por reparto, el despacho correspondiente asuma la competencia del asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, ver: consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024. exp. 63828, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre los regímenes exceptuados en los que las entidades públicas suscriben negocios jurídicos no sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de mayo de 2024, exp. 53962, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 26, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 1450 DE 2011, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 138, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 16, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 25, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 28 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993