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¿Cómo debe interpretarse y aplicarse el régimen excepcional de contratación del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 a partir de criterios de conexidad, límites, prohibiciones y régimen de responsabilidad y en qué se diferencia de la urgencia manifiesta?
Declarada la situación de calamidad pública o de desastre por la autoridad competente, las demás entidades estatales pueden declarar la urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 mediante un acto propio, fundado en esa declaración. Según el concepto, como regla general, para contratar directamente por urgencia manifiesta se requieren dos actos administrativos concurrentes: primero, la declaración de calamidad pública o de desastre conforme a la Ley 1523 de 2012, y después la declaración de urgencia manifiesta. El artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 introduce un matiz: en la hipótesis que regula basta declarar la situación de desastre o de calamidad pública para contratar con el derecho privado, sin perjuicio de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Esa norma debe interpretarse considerando el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, un patrimonio autónomo cuyo régimen contractual es el de las empresas industriales y comerciales del Estado. En consecuencia, la diferencia con la urgencia manifiesta radica en que el artículo 66 permite contratar con la sola declaración de desastre o calamidad, mientras que la urgencia manifiesta exige el acto adicional.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: situación de calamidad o desastreCalamidad y desastre: fondo nacional de gestión de riesgoEntidades exceptuadas: aplicación de normas de derecho público
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-05-09Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240004800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación? Sí
El Decreto 1595 de 2015 precisó que el ONAC tiene como función principal proveer los servicios de acreditación a los organismos de evaluación de la conformidad con sujeción a las normas nacionales e internacionales en materia de acreditación, con alcance en reglamentos técnicos, normas técnicas y otros documentos normativos… .
¿Cuáles son los preceptos normativos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que le aplica a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios?
El contratista debe aplicar el derecho privado a los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de 1993, debido a que estas entidades son consideradas como descentralizadas por servicios y están exceptuadas del régimen general del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta excepción se justifica por la necesidad de facilitar la competencia económica, lo que implica que estas empresas deben cumplir con ciertas limitaciones del derecho público, como los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como el deber de publicar sus contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II– o la plataforma transaccional que haga sus veces, según lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022. Esto implica que las empresas de servicios públicos domiciliarios deben seguir un régimen mixto que combina el derecho privado con ciertas reglas del derecho público, lo que modifica la interpretación previa de la aplicación exclusiva del derecho privado a estas entidades.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
¿Cuál es el alcance de los principios de función administrativa en los procesos que adelantan contratación en las sociedades de economía mixta y si de ello se deriva la libre competencia y la selección objetiva?
El contratista en una sociedad de economía mixta debe cumplir con los principios de función administrativa y selección objetiva, siempre y cuando la entidad no esté exceptuada del régimen general de contratación de la administración pública y no desarrolle actividades comerciales en competencia con el sector privado. Esto se debe a que las sociedades de economía mixta con aporte estatal superior al 50% y sin competencia con el sector privado están sujetas al EGCAP, mientras que aquellas con participación estatal menor al 50% o que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado se regirán por el derecho privado. Esto implica que la aplicación de los principios de función administrativa y selección objetiva dependerá del régimen contractual específico de cada sociedad de economía mixta, lo que puede variar según la naturaleza de sus actividades y la proporción del aporte estatal.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificación, causales de rechazo, documentos del procesoSociedad de economía mixta: naturaleza jurídica, régimen contractual
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿El hecho de que una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), sometida por disposición legal a un régimen contractual especial, actúe como ejecutora de recursos transferidos o administrados en virtud de un contrato con otra entidad estatal implica la aplicación obligatoria del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas complementarias)?
De acuerdo con el problema jurídico de su consulta, se expresa que el hecho de que una Empresa Industrial y Comercial del Estado —EICE— ejecute recursos transferidos o administrados en virtud de un contrato con otra entidad estatal no determina, por sí solo, su sometimiento al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP—. El régimen aplicable debe establecerse a partir de las disposiciones legales que regulan a la entidad y al negocio jurídico correspondiente. En particular, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las EICE están sujetas, por regla general, al EGCAP, salvo aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector público o privado, nacional o internacional, o en mercados regulados, las cuales se rigen por las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas industriales y comerciales del estado: naturaleza jurídica, entidad descentralizada por servicios, aplicación, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
¿Cuál es el marco normativo aplicable al régimen de contratación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado -EICE-, y en qué medida les resultan vinculantes las disposiciones del régimen general de contratación estatal frente a las normas del derecho privado en el desarrollo de su actividad contractual?
De acuerdo con los problemas jurídicos, objeto de consulta, se expresa: I. De acuerdo al primer problema jurídico, objeto de consulta, se precisa que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, como entidades de régimen especial están facultadas legalmente para aplicar reglas distintas a las establecidas en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias, su régimen contractual estará definido en la norma que crea el régimen especial y será desarrollado en el manual de contratación de la respectiva entidad, con el fin de que se puedan identificar las reglas que aplican en la contratación. No obstante, la sujeción al derecho privado no significa que no deban sujetarse a mandatos y obligaciones del derecho público, tal como está regulado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas industriales y comerciales del estado: naturaleza jurídica, entidad descentralizada por servicios, aplicación, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007
¿Una empresa de servicios públicos domiciliarios mixta está obligada a aplicar en sus condiciones del proceso de contratación o en su manual de contratación el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 —en relación con la exigencia de certificados expedidos por terceros, la identificación de los bienes…
De acuerdo con el problema que resuelve la consulta, la estructura de los procedimientos de las entidades sometidas no es asimilable a los de las entidades exceptuadas. Sin bien en estas últimas rigen por los principios de la función administrativa, la gestión fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y otras normatividades conforme al sector, la aplicación de los principios del artículo 209 se matiza, por lo que definan los documentos del proceso que se estructuren en acatamiento de sus manuales de contratación. Dado que estas actuaciones gozan de presunción de legalidad, la participación se realiza con sujeción a lo que dispongan las entidades dentro de su régimen especial, sin perjuicio del control judicial, fiscal o disciplinario contra violaciones injustificadas del marco normativo.
También resuelve:Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatalEmpresas privadas de servicios públicos: capital, 100% privadas, naturaleza
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición? Sí
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.síntesis automática
También resuelve:¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional?¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las…¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
¿Existe un procedimiento para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad de empresas sociales del Estado?
El contratista debe observar en su actuación precontractual y contractual los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el deber de publicar en la plataforma SECOP II, al celebrar contratos con Empresas Sociales del Estado (ESE), pese a que estos contratos no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Esta regla implica que, aunque las ESE operan bajo un régimen especial, deben cumplir con principios y obligaciones de derecho público, lo que garantiza la transparencia y la eficiencia en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas sociales del estado: naturaleza, régimen especial, aplicación, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-18Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220012800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) puede dar y recibir en donación hacia y desde entidades públicas, bienes «públicos», muebles e inmuebles? Sí
La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), puede efectuar donaciones de bienes de su propiedad, muebles o inmuebles, a otras entidades públicas y recibir donaciones de bienes de propiedad de estas, muebles o inmuebles, de conformidad con los requisitos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿La CIAC S.A. puede enajenar a título gratuito a entidades estatales, bienes muebles que no utiliza, sin transgredir la norma que la excluye de la aplicación del estatuto general de contratación de…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. De tal modo, como EMCALI es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado (artículo 17 de la Ley 142 de 1994), es una entidad pública del nivel territorial, perteneciente al sector descentralizado por servicios, en los términos de la Ley 489 de 1998.
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento?¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento?¿Los contratos celebrados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se rigen por el derecho privado pero deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-10-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020160072101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de la acción sobre un contrato que requiere liquidación comienza a correr al día siguiente de la firma del acta de liquidación bilateral, y que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende ese término hasta la constancia de no conciliación, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Una razón es que la causa del daño, consistente en la mayor permanencia en obra y los sobrecostos, se produjo como salvedad a la liquidación bilateral, de modo que el término se cuenta desde la firma de esa acta y no desde la ocurrencia del daño. Otra razón es que la conciliación extrajudicial que se presentó dentro del término suspendió su curso, y la constancia de no conciliación se expidió con posterioridad, de manera que la demanda presentada el día siguiente a esa constancia fue oportuna. En el caso, el Consejo de Estado confirmó el auto del tribunal que declaró no probada la excepción de caducidad. Su consecuencia práctica es que la salvedad incluida en el acta de liquidación bilateral no alarga el plazo, y que la conciliación prejudicial solo suspende la caducidad mientras se tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Desde la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato fue que el demandante tuvo conocimiento del daño por el cual reclama en la demanda?¿Tratándose de contratos que se rigen por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la facultad de efectuar la liquidación unilateral del negocio jurídico?¿Los contratantes pactaron cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato así como en los documentos del proceso de selección?
¿A la celebración de contratos de venta de energía eléctrica por parte de una empresa de servicios domiciliarios mixta generadora de energía le son aplicables las restricciones contenidas en la Ley 996 de 2005?
La Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, establece diferenciadas: las presidenciales y las demás que se adelanten para la elección de los demás cargos de elección popular, tanto a nivel nacional como territorial.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebración- límiteRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
¿Se garantizó el debido proceso en la declaratoria de incumplimiento y posterior terminación unilateral del convenio? Sí
Cuando la entidad declara el incumplimiento y ordena la terminación unilateral de un convenio, debe permitirse al garante conocer la actuación y controvertir sus fundamentos, aunque la audiencia de citación no sea obligatoria. La regla se apoya en que el garante, por su condición, debe poder conocer la actuación con base en la cual se declara el incumplimiento y se exige el pago de perjuicios, y en que esa posibilidad de contradicción se materializa mediante la notificación o la audiencia que pone en conocimiento la situación, sus eventos y consecuencias. Con ello se protege el debido proceso en el procedimiento sancionatorio. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la citación efectiva del garante a la audiencia se encontraba acreditada, y la sentencia de primera instancia se revocó. Como consecuencia práctica, la entidad que termina unilateralmente un convenio debe documentar que el garante tuvo oportunidad real de intervenir antes de exigirle el pago de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia la delimitan los cargos planteados contra la decisión recurrida?¿Los cuestionamientos contra la decisión del a quo se deben formular dentro del término establecido para apelar, para que puedan ser analizados por el juez de segunda instancia y deben hacer parte de…¿La Subsección, en aplicación del principio pro actione, en garantía de acceso y protección a los derechos de contradicción y defensa…
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva?¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos?¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?