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¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal? Sí
La demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales fue formulada dentro de la oportunidad que tenía para ello, ya que mediante acto administrativo emitido el 9 de marzo de 2018 la ATNV confirmó la liquidación unilateral del contrato de concesión no. 012 de 1987 y la demanda fue radicada ante la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de enero de 2020.
También resuelve:¿Los actos administrativos mediante los cuales la ANTV no concedió la prórroga del plazo del contrato de concesión no. 012 de 1987 y liquidó unilateralmente dicho negocio jurídico…¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación interpuesto no prosperó?
Sentencia — Sentencia2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020250000100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas prestablecidas en la ley para ese fin? Sí
El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, ya que el juez contencioso administrativo no actúa como superior de los árbitros, sino que su función es verificar el acatamiento de las causales precisas establecidas en la ley para anular un laudo arbitral. El artículo 116 de la Constitución Política de 1991 prevé que los particulares pueden ejercer la función estatal de administración de justicia en forma transitoria, y el fallo arbitral adquiere características de inmutabilidad y ejecutoriedad. En este caso, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que los árbitros no tienen competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos dictados por la administración en el ejercicio de sus poderes excepcionales, y que las medidas de reconocimiento y pago de compensaciones e indemnizaciones son inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, el recurso de anulación no puede ser utilizado para cuestionar la validez de un acto administrativo, sino solo para verificar si el laudo arbitral se dictó conforme a las causales establecidas en la ley, lo que implica que no es admisible que con su interposición se intente continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Debe anularse el laudo arbitral de 10 de octubre de 2024 que negó las súplicas de la demanda arbitral mediante la cual se pretendía la declaración de incumplimiento y el restablecimiento del…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso extraordinario de anulación, en la medida de su comprobación?
¿Al existir un acto administrativo mediante el cual la administración manifestó su voluntad de extinguir la relación contractual y realizar el respectivo cruce de cuentas con el contratista, acto que se presume legal, no puede emitirse una sentencia en la que se afirme que fue la entidad contratante quien incumplió el contrato? Sí
El contratista no puede obtener una sentencia que declare la incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal si ésta ha emitido un acto administrativo legal que liquida unilateralmente la relación contractual y realiza el cruce de cuentas correspondiente, ya que mientras este acto esté vigente, no es procedente emitir una sentencia que declare la responsabilidad del contratante. La Sala modificó la sentencia apelada y se inhibió de estudiar de fondo las pretensiones de la demanda debido a que el contratista no impugnó la legalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente la orden de compra, lo que hace imposible determinar si la entidad incumplió el contrato y debe pagar al contratista el valor de los bienes no recibidos e indemnizar los perjuicios causados. Esta decisión reitera la importancia de impugnar la legalidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente contratos estatales para poder estudiar de fondo las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Se solicitó que se ordenara a la Policía recibir los toldillos y pagar el valor de los bienes más la indemnización de los perjuicios causados?¿Debido a que no se impugnó la legalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente la orden de compra, es imposible estudiar de fondo las súplicas de la demanda?¿Cuando se pretenda la declaración de incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante y exista un acto de liquidación unilateral, este acto debe ser demandado…
¿Es posible declarar el incumplimiento del contrato cuando no se ha cuestionado su liquidación unilateral? No
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato cuando no ha cuestionado previamente la liquidación unilateral del mismo, ya que la legalidad de dicha liquidación se presume y no ha sido impugnada en el juicio. En este caso, la entidad estatal liquidó unilateralmente el contrato y el contratista no impugnó la legalidad de este acto administrativo, por lo que la Sala revocó la sentencia de primer grado y negó las pretensiones del contratista, considerando que la liquidación unilateral del contrato y sus efectos se mantienen incólumes al no haber sido cuestionados. Esto implica que para poder discutir el incumplimiento del contrato y la indemnización de perjuicios, el contratista debe primero cuestionar la legalidad del acto administrativo de liquidación unilateral, lo que no ocurrió en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Las actividades del Instituto de Fomento Industrial, con fundamento en el contrato “Concesión de Salinas” celebrado con la nación…¿Cuando la administración realiza la liquidación unilateral del contrato se está ante una decisión que goza de presunción de legalidad y que vincula a ambas partes de la relación contractual…
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la caducidad opera cuando la acción no se presenta dentro del plazo que corre desde que el acto de liquidación unilateral quedó en firme. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el plazo se cuenta desde la firmeza del acto, que consta en la constancia de desfijación del edicto, y no desde la fecha de su expedición. Segunda, el cómputo se hace conforme a la norma vigente en ese momento y no conforme a demandas que se presenten después en otro régimen. En el caso, el acto que confirmó la liquidación quedó en firme con la constancia de desfijación del edicto, y las partes presentaron sus demandas cuando el término ya había vencido, lo que llevó a declarar configurada la caducidad. La providencia confirma la sentencia apelada por esas razones. En la práctica, la parte interesada debe calcular el término desde la firmeza del acto de liquidación con las constancias de notificación y desfijación del expediente, para evitar que la demanda sea rechazada por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento en que las resoluciones que liquidaban unilateralmente el contrato y su confirmatoria cobraron firmeza, la acción contractual ya no estaba disponible para debatirlas?¿El término de dos años para demandar bajo el medio de control de controversias contractuales se extendió hasta el 3 de septiembre de 2010?¿El conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se radica antes de que este venza, y si el juez imprueba el acuerdo conciliatorio, el término se reanuda luego de la ejecutoria de la providencia que lo imprueba, conforme al literal c del artículo 3 del Decreto 1619 de 2009. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, si la conciliación se radica cuando el término aún no ha comenzado a correr o no ha vencido, la suspensión opera sobre un plazo vigente y no lo consume. Segundo, la improbación del acuerdo no extingue la suspensión, pues el término solo vuelve a correr cuando la decisión judicial que imprueba el acuerdo queda en firme. Con esta base, la providencia concluye que la demanda fue formulada dentro de la oportunidad legal. En la práctica, el demandante que haya acudido a conciliación debe calcular el término de caducidad desde la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo, y no desde la fecha en que inició el trámite conciliatorio.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta improcedente la declaración de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no se pretende la declaración de ilegalidad de los actos administrativos mediante los cuales el…¿La ausencia de disponibilidad o registro presupuestal conlleva a la nulidad del contrato estatal?¿Con las pruebas que conforman el expediente, está acreditado el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió la compañía demandante con la suscripción del contrato no. 026 de 2007?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la liquidación unilateral del contrato de obra? Sí
El término de caducidad de la acción contractual contra la liquidación unilateral de un contrato de obra se cuenta dentro de los dos años siguientes a esa liquidación, y que la conciliación prejudicial suspende el término mientras se surte. Además, el contratista que cede a un tercero a título oneroso los derechos económicos del contrato, sin ceder la posición contractual, carece de legitimación en la causa por activa para reclamar esas prestaciones, porque solo el cesionario tiene interés en ellas. Una razón es que la liquidación unilateral de la entidad se produjo en agosto de 2016 y la demanda en abril de 2018, dentro de los dos años, descontado el tiempo de la conciliación prejudicial, por lo que no operó la caducidad. Otra razón es que la cesión de los derechos económicos fue hecha a un tercero, de modo que las pretensiones de contenido económico debían reclamarse por el cesionario. En el caso, la Sala modificó la sentencia apelada y declaró probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa del contratista respecto de las pretensiones económicas. Su consecuencia práctica es que la cesión de derechos económicos transfiere la legitimación para reclamarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Constructora de Obras de Ingeniería COI Ltda en relación con las pretensiones económicas…¿La contratista está legitimada para controvertir la legalidad de los actos contractuales diferentes a los reconocimientos económicos derivados de la ejecución del contrato?¿El incumplimiento del demandante tuvo como causa el correlativo incumplimiento del municipio de Medellín en su deber de definir las zonas y elementos estructurales a intervenir en la estructura…
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión?¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad? Sí
El contratista debe presentar los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria en la vía gubernativa antes de demandarlos, para que el juez de lo contencioso administrativo pueda estudiar de fondo las pretensiones de nulidad, ya que omitir este paso genera ineptitud sustantiva de la demanda y obliga al juez a inhibirse de pronunciarse sobre ellas. Además, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad de algunas cláusulas del pliego de condiciones si estas forman parte integrante del contrato de suministro pactado por las partes, siempre y cuando no se haya perfeccionado un nuevo documento que las sustituya. Estas reglas implican que el accionante debe cumplir con los principios de congruencia y justicia rogada, precisando con claridad los cargos de anulación y las causales de nulidad del acto administrativo, evitando así la ineptitud de la demanda y permitiendo al juez emitir un pronunciamiento fundado sobre los hechos y pretensiones presentados.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a…¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación…¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a…
¿La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio? Sí
El traslado de un servidor de carrera por necesidades del servicio, que no es ostensiblemente arbitrario ni vulnera de manera manifiesta normas de derecho, no configura culpa grave del agente que lo dispuso, de modo que no procede la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las acciones constitucionales previas desestimaron las vulneraciones alegadas, al constatar que el traslado obedeció a las necesidades del servicio y que las condiciones laborales y el escalafón de la servidora no se alteraron. Segunda, aunque la reubicación no se ajustó a un criterio interpretativo de otra sección, no se advierte una violación manifiesta e inexcusable de las normas en que debía fundarse el acto. Tercera, al no existir culpa, decae el elemento subjetivo que permite la repetición contra el agente. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la discrepancia interpretativa sobre la reubicación de un servidor no basta para atribuir culpa grave al agente que la expidió.síntesis automática
También resuelve:¿Existía la posibilidad de ubicar a los empleados de la corporación en las dependencias en que fueran requeridos sus servicios?¿El empleo ocupado pertenecía a la planta de personal global por lo que la empleada podía ser ubicada en cualquiera de las oficinas de la entidad?¿El legislador previó ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero requieren de la demostración del supuesto de hecho en que se fundan?
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020240004500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral?¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia?¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
Sentencia Unificación — Sentencia2024-03-14Sección Tercera (Subsección A)Rad. 11001032600020220017300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo en tanto desestimó la excepción de falta de competencia del tribunal para conocer de la presente controversia? Sí
Toda vez que se probaron algunos de los cargos esgrimidos por TRANSMILENIO S.A. en contra del laudo arbitral impugnado, se declarará parcialmente fundado el recurso de anulación por la causal 2 -falta de jurisdicción y, en consecuencia, se anulará en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo, en tanto desestimó la excepción de “falta de competencia” del tribunal para conocer de la presente controversia… . Los demás cargos formulados en contra del laudo arbitral se declararán infundados, por cuanto la Sala no encontró que los mismos se configuraran en esta oportunidad.
También resuelve:¿El tribunal de arbitramento expuso las normas en las que fundó su decisión y explicó las razones por las cuales consideró procedente una condena en costas parcial a cargo de la entidad convocada?¿Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales…¿Optar por modificar variables y valores tenidos en cuenta por la entidad implicó una refutación a la presunción de legalidad de la resolución, lo que estaba proscrito para la justicia arbitral?
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el instrumento procesal adecuado para cuestionar la legalidad de la Resolución por medio de la cual se adjudicó la licitación pública? Sí
El contratista puede utilizar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de la Resolución por medio de la cual se adjudicó la licitación pública, de acuerdo con el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este mecanismo es adecuado cuando se considera que se ha lesionado un derecho por la expedición de un acto administrativo previo a la celebración del contrato. Además, el medio de control de controversias contractuales es idóneo para perseguir la nulidad absoluta del contrato estatal, según lo dispuesto en el mismo artículo 141 del CPACA. Ambos medios requieren que las partes tengan legitimación en la causa, es decir, que acrediten un interés directo en el asunto, como en el caso del Consorcio que participó en el proceso de selección y considera que sus derechos fueron afectados al no haber sido adjudicado el contrato, y la entidad estatal que adelantó el proceso de selección y profirió el acto administrativo de adjudicación. Estas reglas permiten a los contratistas y entidades estatales acceder a la justicia para resolver controversias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos y la nulidad de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la nulidad absoluta del contrato estatal?¿El Consorcio demandante y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, cuentan con legitimación en la causa en relación con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho…¿El Consorcio demandante y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, cuentan con legitimación en la causa en relación con la demanda de controversias contractuales…
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿El derecho vigente al momento de la expedición del acto administrativo es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad, por ello el precedente señalado por el juez a quo, referente a que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato? Sí
El contratista puede cuestionar la legalidad de un acto administrativo que declare la caducidad de un contrato estatal si este se expidió bajo una interpretación del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que ya había sido superada por la jurisprudencia vigente al momento de su expedición. La Sala establece que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se extiende durante toda la vigencia del contrato, incluida la etapa de liquidación, y no se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como sostuvo un precedente judicial citado por la administración. Este precedente no constituye un parámetro adecuado para evaluar la legalidad del acto administrativo en cuestión, ya que su ratio decidendi no abordó el límite temporal de la competencia para declarar la caducidad. La regla reitera la jurisprudencia pacífica de la Sala, garantizando el derecho de igualdad y los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.síntesis automática
También resuelve:¿En garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima…¿El límite temporal para hacer uso de la facultad de declarar la caducidad del contrato, viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto…