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EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

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Consejo de Estado Providencia

Se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020220029201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos? Sí
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017? ¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento… ¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-07-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 23001233300020150028501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa… ¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE… ¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

No es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020190068401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade que corresponde a su giro ordinario? No
Las controversias contractuales de las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero que corresponden a su giro ordinario no son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 105 del CPACA. Esta conclusión se apoya en la naturaleza de la entidad, pues el artículo 1 del Decreto 288 de 2004 la define como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, vigilada por la Superintendencia Bancaria, y en que la controversia recae sobre su actividad ordinaria. La falta de jurisdicción conduce a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. En el caso concreto, el despacho declaró la falta de jurisdicción, anuló lo actuado y adoptó medidas para continuar el trámite en la jurisdicción ordinaria. Como consecuencia práctica, las controversias contractuales de este tipo deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria y no ante la de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia inicial de 1 de diciembre de 2021 en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

Se configura también el elemento material de la excepción.

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2024-10-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170083101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El asunto debatido no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sino de la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar la jurisdicción ni darla por saneada? Sí
El juez debe declarar la falta de jurisdicción cuando el asunto debatido corresponde a la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar o sanear la jurisdicción, conforme al artículo 287 del CPACA. En el caso específico, el Banco Agrario de Colombia, una entidad financiera sometida al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, celebró contratos para el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones, actividades que se consideran propias del giro ordinario de sus negocios, por lo que la controversia no es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en controversias contractuales de entidades financieras, estableciendo que las actividades propias del objeto social y las necesarias para su desarrollo caen bajo la excepción del artículo 105 del CPACA, lo que implica que los jueces deben ser rigurosos en la identificación de estos casos para evitar la nulidad por falta de jurisdicción.síntesis automática
También resuelve: ¿La excepción a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la relacionada con controversias contractuales de las entidades públicas que tengan el carácter de instituciones… ¿La actividad contractual del Banco Agrario de Colombia S.A. se rige por el derecho privado y sus actividades y contratos celebrados en desarrollo de su objeto social se regirán por la normatividad… ¿La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables?
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado?

Sentencia — Sentencia 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020160105601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado? Sí
El contratista no puede declarar nula la acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría suscrito con Fonade, ya que la forma de pago estipulada en el contrato dependía del avance del contrato de consultoría objeto del contrato de interventoría, y no se demostró que el consultor hubiera cumplido con el 100% de las obligaciones encomendadas. La cláusula de pago variable fue conocida y aceptada por el contratista desde el inicio del proceso de selección, por lo que su fuerza jurídica vinculante no puede ser cuestionada. Además, el reconocimiento de costos variables dependía directamente del seguimiento y verificación del avance del contrato de consultoría por parte del interventor, lo que no fue cumplido en su totalidad. Por lo tanto, la negativa de Fonade a reconocer y pagar el valor total del contrato no constituye un abuso de derecho, y la sentencia que confirma la acta de liquidación bilateral se mantiene.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente declarar la nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría no. 2110798 de 2013, porque según la contratista… ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-06-10 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 44001234000020180006602 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas de carácter financiero cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios? Sí
La jurisdicción ordinaria conoce las controversias relativas a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de sus negocios, conforme al numeral 1 del artículo 105 del CPACA. La regla se apoya en que esa norma excluye de la jurisdicción contenciosa administrativa los contratos de esa naturaleza cuando se celebran en desarrollo del giro ordinario de la entidad, incluidos los procesos ejecutivos. Por ello, la ausencia de jurisdicción debe declararse aun cuando el contrato sea estatal en su origen. En el caso, la entidad pública financiera celebró el contrato en el giro ordinario de sus negocios, y el despacho declaró la falta de competencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso administrativo declara la falta de competencia y remite el expediente al juez ordinario competente.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato que da origen a la controversia forma parte del giro ordinario de los negocios de Fonade por cuanto su objeto consiste en la revisión… ¿Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula y el proceso se enviará de inmediato al…
FALTA DE COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

Se cumplen los requisitos legales de oportunidad y de forma del recurso extraordinario, razón por la cual procede su admisión.

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2024-07-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020240003200 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se cumplen los requisitos legales de oportunidad y de forma del recurso extraordinario, razón por la cual procede su admisión? Sí
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral es admisible cuando se interpone dentro del plazo legal, se sustenta y se formulan las causales de anulación que invoca el recurrente. Esta regla se apoya en los artículos 40 y 41 de la Ley 1563 de 2012, que regulan el traslado del recurso y las causales de anulación, y en que la oportunidad y la forma son requisitos de admisión. Por ello el recurso que cumple esos presupuestos debe admitirse y su traslado correrse conforme al artículo 40. En el caso concreto la entidad recurrente interpuso el recurso ante la secretaría del tribunal de arbitramento dentro del plazo, invocó dos causales del artículo 41, y expuso las razones por las que el laudo incurre en ellas. Por ello el Consejo de Estado admitió el recurso. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la admisión del recurso de anulación depende de la oportunidad, de la sustentación y de la indicación de causales.síntesis automática
También resuelve: ¿La solicitud de suspensión resulta procedente teniendo en cuenta que EMCALI resultó condenada en el laudo arbitral y formuló la solicitud de suspensión? ¿El Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública?
ADMITE
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100009201 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual? ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? ¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la decisión del Tribunal en este punto

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180053402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Indumil estaba facultada para modificar unilateralmente el acta de liquidación bilateral del contrato para descontar sumas de dinero al contratista por concepto de multa? No
La entidad que pacta descuentos o multas solo puede aplicarlos si cumple los términos del pacto, incluido el trámite previsto en la garantía, y no puede hacer un uso abusivo de su facultad unilateral. La regla se apoya en que el juez verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales de la facultad y que la cláusula que regula las multas exige ese trámite antes de cualquier descuento de los saldos a favor del contratista. Por ello, la multa impuesta sin seguir el procedimiento de la póliza no puede descontarse de la liquidación. En el asunto, la entidad impuso una multa por la fecha de entrega sin adelantar el trámite de la póliza, por lo que el tribunal acertó al concluir que no podía descontar esas sumas de la liquidación bilateral, y la Sala confirmó esa decisión. En la práctica, los descuentos incluidos en una liquidación bilateral deben tener sustento en el procedimiento pactado.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos emitidos por la entidad contratante en el marco de un contrato regido por el derecho privado tienen la naturaleza de actos administrativos? ¿Procede la condena en costas ante la prosperidad parcial del recurso de apelación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010104101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación? ¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior.

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020010121201 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Sí
El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista… ¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia… ¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Las normas que imponen sanciones o establecen prohibiciones deben ser expresas y son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, por consiguiente, no cabe su interpretación extensiva, ni su aplicación por vía de analogía y tampoco su derivación por la exigencia de ciertos requisitos previos.

Sentencia — Sentencia 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 18001233100020020041301 ACCION CONTRACTUAL
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes? ¿La legitimación en la causa es de hecho y material? ¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 68001233300020140010401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993? Sí
El régimen de contratación aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero se rige por normas especiales que excluyen la aplicación del Estatuto General de Contratación a partir de las modificaciones legales pertinentes. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se sometió temporalmente al Estatuto General de Contratación bajo la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dicha disposición fue derogada expresamente por la Ley 1450 de 2011, estableciendo que la contratación de entidades financieras estatales como Fonade queda exceptuada de la referida normativa pública. En consecuencia, para contratos celebrados con anterioridad a dicha modificación normativa, rigen las reglas vigentes al momento de su perfeccionamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve: ¿El ejercicio de la potestad excepcional de la caducidad solo puede ser ejercida por la administración pública mientras esté vigente el plazo general del contrato? ¿La entidad estatal ejerció dentro del término legal su competencia para declarar la caducidad del contrato estatal? ¿Resultaba procedente ordenar la liquidación judicial del contrato y establecer un saldo a favor del contratista, pese a la existencia de una liquidación unilateral en firme no controvertida…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

En cambio, sí es prorrogable, de que, aunque la autoridad judicial no sea competente puede dictar válidamente sentencia si el vicio no se alega oportunamente.

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-08-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020200038801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es competente para conocer de una controversia derivada de un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera, dentro del giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para resolver una controversia derivada de un contrato celebrado con una entidad pública que actúa como institución financiera y está vigilada por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando el contrato se encuentre dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad financiera. Esta regla se fundamenta en que la falta de jurisdicción y la incompetencia por factores subjetivo y funcional son improrrogables, generando una nulidad insanable. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), su naturaleza como establecimiento de crédito y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera cumple con los requisitos del artículo 105 del CPACA, excluyendo así la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de controversias contractuales que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la competencia funcional y subjetiva, limitando la jurisdicción contencioso-administrativa en casos específicos de entidades financieras estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en su calidad de establecimiento de crédito de naturaleza especial y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera… ¿El contrato celebrado entre el FNA y la Entidad de Certificación Digital corresponde al giro ordinario de los negocios de la entidad? ¿Se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia, y remitir el expediente al juez competente conforme al factor territorial?
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 17001233300020120029701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía , en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.
También resuelve: ¿Goza el juez de facultades para interpretar la demanda? ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia derivada de contrato celebrado por empresa industrial y comercial del Estado? ¿Se acreditó la legitimación en la causa de las partes?
Consejo de Estado Providencia

El contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180053802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? No
El contratista no puede reclamar el pago de costos asociados a la elaboración de diseños adicionales durante la formación del contrato, ya que el alcance del contrato no incluyó la obligación de actualizar diseños previamente elaborados por la entidad, sino que el contratista debía elaborar los diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Aunque el contrato utilizó la expresión "actualización de diseños", esto no implicaba la actualización de diseños previamente proporcionados por la entidad, sino la elaboración de nuevos diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas. Además, el contratista aceptó en su propuesta que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por la entidad, que excluían la existencia de diseños previos para ser evolucionados. Esta decisión reitera que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que implica que su régimen contractual está determinado por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños… ¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes… ¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La autorización para contratar directamente no opera frente a contratos de obra

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 63001233300020190025201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora? Sí
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve: ¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo? ¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado? ¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Jurisdicción de lo contencioso administrativo: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2022-01-31 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020130202801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción administrativa juzga controversias contractuales derivadas de contratos celebrados por entidades públicas financieras cuando corresponden al giro ordinario de sus negocios? Sí
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales derivadas de contratos celebrados por entidades públicas financieras cuando estas correspondan al giro ordinario de sus negocios, ya que la competencia en estos casos recae en la jurisdicción ordinaria. Esta regla se fundamenta en que las controversias contractuales en las que participe una entidad financiera pública y que versen sobre asuntos que correspondan al giro ordinario de sus negocios, se encuentran excluidas del conocimiento de la jurisdicción administrativa. Para que se configure esta excepción, es necesario que la entidad pública tenga el carácter de institución financiera y que la controversia tenga relación directa con el objeto social o las funciones catalogadas como financieras en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el caso analizado, la entidad financiera en cuestión, FONADE, celebró un convenio interadministrativo en el marco de su misión como gerente de proyectos de desarrollo, lo que corresponde al giro ordinario de sus negocios. Por lo tanto, la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia para conocer de dicha controversia contractual, y el asunto debe ser remitido a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es la definición del giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras, que determina la competencia de la jurisdicción ordinaria o de la contencioso administrativa? ¿Se cumple con el criterio orgánico que determina la excepción de materias que no son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? ¿Tiene competencia de jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las controversias que tienen origen en los negocios jurídicos celebrados en conexión o en relación directa con el…
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020080031401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes? ¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto? ¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020100004701 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado que de su texto propuso la firma demandante? No
El liquidador de una entidad estatal en liquidación ejerce una función pública cuyos efectos se extienden en el tiempo incluso después de que concluya la liquidación, y es responsable indirectamente por los perjuicios ocasionados por su actuación dolosa o gravemente culposa. La entidad en liquidación mantiene su capacidad jurídica para concluir operaciones pendientes y enajenar bienes de la masa en liquidación, siendo representada por el liquidador. La Sala confirma que no es posible invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado de su texto, reafirmando la importancia de la liquidez del negocio jurídico y la necesidad de una interpretación integral del contrato. Esta decisión reitera la responsabilidad del liquidador y la continuidad de la función pública que ejerce, con implicaciones significativas para el control jurisdiccional de los actos administrativos durante y después del proceso de liquidación.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidadora está llamada a responder por los perjuicios que indirectamente hubiera generado la nulidad en cuanto hubiera sido ocasionada por el actuar doloso o gravemente culposo en el desempeño… ¿El liquidador ejerce una función pública atribuida a él directamente, cuyos efectos se extienden en el tiempo pese a que la liquidación concluya? ¿La entidad demandada insiste en la excepción de falta de legitimación en la causa que le asiste?
CONFIRMA