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¿Debe adicionarse la sentencia del 17 de junio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en el sentido de no condenar a la aseguradora al pago de la cláusula penal pecuniaria, pues está demostrado que fue expresamente excluida del contrato de seguro? Sí
El contratista no puede exigir al asegurador el pago de la cláusula penal pecuniaria del contrato estatal cuando esta ha sido excluida expresamente en el contrato de seguro, ya que la cobertura de la póliza no incluye sanciones pecuniarias impuestas al garantizado, siendo estas de cargo del afianzado. La Sala adiciona la sentencia del 17 de junio de 2024 para modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva, exonerando a la aseguradora del pago de la cláusula penal, lo que implica que las exclusiones de la póliza de seguro deben ser rigurosamente cumplidas para determinar la responsabilidad contractual de la compañía de seguros. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la cobertura de cláusulas penales en contratos de seguro de cumplimiento, limitando la responsabilidad de las aseguradoras en casos similares.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020140022401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en error aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte? Sí
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 286 [CGP], las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en un error puramente aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte, en cualquier tiempo, siempre que la falencia se encuentre en la parte resolutiva o influya en esta. La Sala encuentra que no se cometieron errores en los literales a y c del ordinal segundo de la resolutiva primera de la sentencia, pues [se expuso] con claridad que la Unión Temporal tenía derecho a percibir $8.667’304.573, por haber ejecutado el 55% del contrato; no obstante, recibió $12.474’593.560 por concepto de anticipos y pagos parciales; por eso era procedente que devolviera la suma que recibió y no ejecutó, es decir, $3.807’288.987.
También resuelve:¿La obligación a cargo de La Previsora S. A. surge como consecuencia de la ocurrencia del siniestro por la cobertura del pago amparado por la póliza de seguro?
¿El monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación, se calcula de forma proporcional a partir del valor asegurado en la póliza de cumplimiento? No
El contratista no puede calcular el monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación de forma proporcional al valor asegurado en la póliza de cumplimiento, sino que debe hacerlo respecto al valor del contrato tal como fue estipulado en el convenio. La reducción proporcional de la cláusula penal se realiza respecto del monto de la pena estipulada, no del valor asegurado, y la aseguradora será condenada a pagar la suma correspondiente a la cláusula penal proporcionalmente al incumplimiento, sin superar el valor asegurado. Al confirmarse la sentencia de primera instancia, la parte que interpone el recurso de apelación y resulta desfavorablemente resuelta será condenada en costas y agencias en derecho, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la condena en costas y agencias en derecho en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación…
¿Las normas sobre prescripción del contrato de seguros del Código de Comercio son aplicables a las pólizas expedidas para garantizar contratos estatales? Sí
El contratista no puede declarar el siniestro de cumplimiento de la póliza de seguro después del término de prescripción previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, ya que las normas sobre prescripción del contrato de seguros son aplicables a las pólizas expedidas para garantizar contratos estatales, independientemente de las facultades especiales que la entidad estatal tenga para declarar el siniestro. La entidad estatal no puede declarar el siniestro una vez vencido el plazo de prescripción, lo que extingue la obligación de pago a cargo de la aseguradora. Por lo tanto, la nulidad de los actos administrativos que hicieron efectiva la póliza de cumplimiento por la declaratoria del siniestro del contrato es procedente en virtud del vencimiento del término de prescripción del contrato de seguro. Como medida de restablecimiento del derecho, se ordena el reintegro a la compañía aseguradora del valor pagado por hacer efectiva la póliza de garantía, siempre y cuando se pruebe que efectivamente se realizó el pago.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad de los actos administrativos que hicieron efectiva la póliza de cumplimiento por la declaratoria del siniestro del contrato…¿Procede como medida de restablecimiento del derecho el reintegro a la compañía aseguradora del valor pagado por hacer efectiva la póliza de garantía?¿Procede la condena en costas ante la prosperidad del recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020220039801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud de llamamiento en garantía propuesta por la aseguradora en contra del Consorcio demandado para recobrar el monto de lo pagado ante una eventual condena, cuando dicha aseguradora se subroga en los derechos del Consorcio tomador de la póliza, al que le sirvió como garante por el incumplimiento de sus obligaciones en el contrato de interventoría? No
El juez determina que no resulta procedente la solicitud de llamamiento en garantía propuesta por la aseguradora en contra del consorcio demandado para recobrar el monto de lo pagado ante una eventual condena, cuando dicha aseguradora se subroga en los derechos del consorcio tomador de la póliza, al que le sirvió como garante por el incumplimiento de sus obligaciones en el contrato de interventoría. Al respecto, la jurisprudencia precisa que no existe un vínculo legal dado por el artículo 1096 del Código de Comercio y el numeral 3 del artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que sirva como fundamento para dicha vinculación en este medio de control de controversias contractuales. Asimismo, en aplicación del artículo 365 del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas procesales a la parte a quien se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el llamamiento en garantía, y cuando se observa, además, que el superior confirma la decisión de primera instancia, incluyendo agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente condenar en costas procesales a quien se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación presentado contra el auto que niega el llamamiento en garantía…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020230029301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve:¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar?¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz?¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
¿La sociedad contratista acreditó la inversión del anticipo, cumplió con el objeto contractual y probó los eximentes de responsabilidad alegados? No
El contratista no acredita la inversión del anticipo ni el cumplimiento del objeto contractual, y no demuestra la configuración de eximentes de responsabilidad como fuerza mayor o hecho de un tercero. En este caso, el contratista no entregó las fotografías requeridas por el contrato y no presentó pruebas que evidenciaran la ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el plazo y en las zonas de ejecución del contrato. Además, la demora de la Aerocivil en la expedición de los permisos no constituyó una eximente de responsabilidad, ya que el contratista debía contar con las aeronaves disponibles y los permisos para operar según su oferta. La Sala también determinó que el contratista no acreditó la inversión del anticipo en el objeto contractual, y que la acción derivada del contrato de seguro no prescribió, ya que la demanda fue presentada antes de que se configurara la prescripción. Finalmente, la entidad aseguradora debe reintegrar el valor del anticipo en virtud de la póliza de cumplimiento del contrato, ya que el anticipo fue entregado a título de inversión en la ejecución del contrato y no como pago anticipado.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto a la acción derivada del contrato de seguro operó la prescripción?¿En virtud de la póliza de cumplimiento del contrato corresponde a la entidad aseguradora reintegrar el valor del anticipo?¿Procede la condena por la cláusula penal pactada en el contrato?
¿Procede actualizar la suma por concepto de la cláusula penal que se reconoció en primera instancia por el incumplimiento del convenio y que no fue cuestionado por MADR? Sí
Cuando el contratista ejecuta solo una parte de las actividades pactadas, la cláusula penal se reduce de manera proporcional al cumplimiento parcial, aunque la entidad no haya cuestionado esa reducción en la apelación. Esta regla se apoya en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, que permiten ajustar la pena a la obligación efectivamente incumplida. Por ello, el monto de la pena se calcula sobre el porcentaje no ejecutado del convenio y no sobre su valor total. En el caso concreto el tribunal estableció que se ejecutó el noventa por ciento de las actividades del plan operativo, y la penalidad proporcional fue fijada en una suma que luego se actualizó desde la fecha de terminación del convenio hasta la fecha de la sentencia. La sala modificó la condena en ese sentido. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cláusula penal se liquida proporcionalmente al incumplimiento parcial y se actualiza desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente realizar el reintegro por parte de Asogras y a favor del Tesoro Nacional de los recursos que le fueron desembolsados y no ejecutó en el desarrollo del convenio?¿Procede el reconocimiento del interés moratorio causado sobre los dineros a ser reintegrados por Asogras?¿Es procedente practicar la liquidación judicial del convenio de asociación y adicionar la sentencia en este sentido?
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve:¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda?¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual?¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve:¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión?¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que…¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública?¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
¿Se acreditó que la sentencia de primera instancia impuso a la aseguradora la asunción de riesgos de manera indiscriminada y a responder por la materialización de ellos indistintamente de su fuente? No
La aseguradora no asume de manera indiscriminada todos los riesgos que se materialicen en la ejecución de un contrato, sino que responde por los riesgos que la póliza cubre y por la cuantía de la pérdida que se acredite conforme al artículo 1077 del Código de Comercio. Cuando el contrato requiere liquidación y esta no se logra por mutuo acuerdo ni se practica unilateralmente, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales es de dos años, contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación bilateral y unilateral, según el artículo 164 del CPACA. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia no impuso a la aseguradora la asunción indiscriminada de riesgos, porque la afectación de la póliza se determinó a partir de los recursos no invertidos y de la obligación de reintegro incumplida, y la demanda se presentó dentro del término de caducidad, por lo que la providencia confirmó la decisión. Como consecuencia práctica, la aseguradora solo responde por el riesgo amparado y la parte que reclame debe probar la cuantía de la pérdida, mientras que el término de caducidad se cuenta desde el vencimiento de los plazos de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿En relación con la caducidad del medio de control de controversias contractuales, la demanda fue presentada oportunamente?¿El régimen especial de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros consagrado en el Código de Comercio, es plenamente aplicable a la presente controversia?¿El Código de comercio establece dos tipos de prescripciones en materia de seguros, la ordinaria que es de dos años y la extraordinaria que se configura con el paso de cinco años?
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis?¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
Sentencia — Sentencia2025-06-18Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 15001233300020190001701LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Puede un juez declarar de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada, sin que medie solicitud de parte? Sí
El juez declara de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada en el proceso, por tratarse de un mecanismo irrenunciable de seguridad jurídica. La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Debe considerarse de manera separada el término de caducidad para las pretensiones de nulidad de un contrato estatal y de los actos administrativos que lo declaran terminado anticipadamente?¿Opera la caducidad respecto de la acción de nulidad absoluta de una cláusula contractual cuando el supuesto vicio era conocido desde el perfeccionamiento del contrato y la demanda se presentó por…¿La demanda presentada fue radicada dentro del término de caducidad respecto de los actos administrativos impugnados?
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