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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020180026701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad declaró la caducidad del contrato, cuya consecuencia jurídica fue darlo por terminado y se ordenó la liquidación de este negocio jurídico? Sí
El contratista debe liquidar el contrato de obra pública dentro del plazo de cuatro meses desde su terminación, y si no lo hace, la entidad puede liquidarlo unilateralmente en los dos meses siguientes, con la consiguiente declaración de caducidad del contrato y el inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la liquidación unilateral. La teoría de los actos encadenados implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse después de la liquidación del contrato, no desde la terminación del mismo, y la Sala revoca la decisión que rechazó la demanda de reconvención, considerando que la presentación de esta fue oportuna, ya que se realizó dentro del plazo de caducidad calculado desde la fecha límite para la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿En el acto que se declaró la caducidad del contrato se ordenó su liquidación para que la misma se realizara con posterioridad?¿Ante la ausencia de una liquidación unilateral o bilateral era necesario contabilizar a partir de la fecha de terminación del contrato?
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad?¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego?¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la caducidad opera cuando la acción no se presenta dentro del plazo que corre desde que el acto de liquidación unilateral quedó en firme. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el plazo se cuenta desde la firmeza del acto, que consta en la constancia de desfijación del edicto, y no desde la fecha de su expedición. Segunda, el cómputo se hace conforme a la norma vigente en ese momento y no conforme a demandas que se presenten después en otro régimen. En el caso, el acto que confirmó la liquidación quedó en firme con la constancia de desfijación del edicto, y las partes presentaron sus demandas cuando el término ya había vencido, lo que llevó a declarar configurada la caducidad. La providencia confirma la sentencia apelada por esas razones. En la práctica, la parte interesada debe calcular el término desde la firmeza del acto de liquidación con las constancias de notificación y desfijación del expediente, para evitar que la demanda sea rechazada por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento en que las resoluciones que liquidaban unilateralmente el contrato y su confirmatoria cobraron firmeza, la acción contractual ya no estaba disponible para debatirlas?¿El término de dos años para demandar bajo el medio de control de controversias contractuales se extendió hasta el 3 de septiembre de 2010?¿El conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato?
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
¿El acto de declaratoria de incumplimiento y efectividad de la póliza de cumplimiento se fundamentó en una estipulación contractual que en realidad contenía una cláusula penal? Sí
El contratista puede impugnar la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de la póliza de cumplimiento si la entidad estatal fundamentó su decisión en una cláusula contractual que, a pesar de denominarse de "multas", en realidad establecía una sanción por incumplimiento contractual, conforme a la interpretación del contenido del pacto y no a su denominación. La entidad no puede exonerarse del pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las facturas, incluso si estas fueron presentadas tardíamente o fuera del plazo del contrato, ya que el contrato no establece reglas que permitan tal exoneración ni que el pago tardío no genere intereses de mora. Esta decisión reitera la importancia de interpretar las cláusulas contractuales según su contenido y no según su denominación, y subraya que la mora del contratante no exonera al contratista de sus obligaciones de pago dentro del plazo estipulado, con las consecuencias legales correspondientes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la falta de pago de los…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado, por el no pago de las facturas presentadas con posterioridad a la firmeza de la liquidación…
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contratista?¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante…¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
¿Tiene un consorcio la capacidad para ser parte en un proceso judicial en el que se controvierte la adjudicación de un contrato estatal, pese a que el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación del contrato a otro proponente? Sí
El consorcio tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial que controvierte la adjudicación de un contrato estatal, incluso si el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación a otro proponente. La Sala ha determinado que, pese a la disposición del acuerdo consorcial que limita su vigencia hasta la adjudicación a otro proponente, el consorcio aún cuenta con capacidad para comparecer en el trámite, en virtud de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013. Esto se debe a que cada uno de los integrantes del consorcio concurrió directamente al proceso con la alegada afectación de su derecho a ser contratista del Estado, lo cual refuerza la posibilidad de adoptar una decisión de fondo en el sub lite.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de las pretensiones acumuladas de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de adjudicación y de nulidad del contrato estatal…¿Se limita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados en los recursos de apelación, sin que resulte viable examinar nuevamente los aspectos desfavorables de la…¿La falta de firmeza de la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) de uno de los integrantes de la unión temporal adjudicataria al cierre del proceso de selección constituye una causal de…
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020240004500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral?¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia?¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional? Sí
Las demandas de repetición interpuestas contra los representantes de las entidades del orden nacional se conocen en única instancia por el Consejo de Estado, y la caducidad de esa acción se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye esa competencia cuando se demanda a representantes de entidades nacionales. Segunda, la universidad en cuyo nombre actuó el demandado tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el acuerdo de su consejo superior. Tercera, el régimen de caducidad de la repetición está regulado de manera íntegra en el CPACA, por lo que no admite integración normativa en los términos del artículo 306. En consecuencia, la Subsección computa el término sin aplicar el artículo 94 del CGP. El documento reitera el criterio sobre la norma aplicable a la caducidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa…¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos…¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y…
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
Las partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.… Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma…
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
¿El acto administrativo de improbación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la Empresa de Energía para amparar la inversión de su proyecto energético, se encuentra viciado por el cargo de falsa motivación? No
La motivación de la decisión tomada por el Comité se fundamentó en que el proyecto no cumplía con la finalidad establecida en la Ley 963 de 2005, por dos razones: (i) la ejecución del proyecto ya se encontraba en un 73,66%, evidenciando que la inversión no fue determinada o motivada por la norma, sino que fue realizada por Z.F. Celsia asumiendo los riesgos inherentes a la misma y (ii) que el régimen tarifario del sector previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 garantizaba la recuperación de las inversiones realizadas en este sector.… La Sala observa que la única pretensión económica de la parte demandante es el pago del mayor valor asumido por el impuesto al patrimonio.
También resuelve:¿Es competente la Sala para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y…¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que improbó la solicitud de suscripción del contrato?¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde que el acto precontractual demandado cobró firmeza?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía de la pretensión supera el equivalente a 500 S.M.L.M.V., lo que confiere al proceso la vocación de doble instancia. La caducidad de la acción de controversias contractuales opera frente a la declaratoria de nulidad relativa de una póliza de seguros si la entidad aseguradora no interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal que la declaró caduca, y el término de caducidad para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que afectan la póliza debe contarse a partir del acto que aprueba la liquidación del contrato, según lo dispone el Código Contencioso Administrativo. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, lo que implica que las entidades aseguradoras deben ser conscientes de los plazos y requisitos para ejercer acciones contra actos administrativos que afectan sus pólizas de cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Frente a la pretensión consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, operó la caducidad de la acción?¿El término de caducidad con que cuenta la aseguradora para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de seguros…¿Pueden las partes modificar la causa petendi a través del recurso de apelación?
¿La demanda contra el acto que declaró desierto el proceso de selección se presentó en tiempo? Sí
Cuando se demanda el acto administrativo que declara desierto un proceso de selección antes de celebrarse el contrato, la acción es la de nulidad y restablecimiento del derecho y el término de caducidad es de treinta días contados desde la notificación del acto. La regla se sostiene en tres razones: los actos de declaratoria de desierto se expiden en la fase de formación del contrato, por lo que el término del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo se extiende a sus pretensiones de nulidad; la firmeza del acto se produce al vencerse la ejecutoria sin recursos; y la resolución posterior que corrige errores materiales tiene efectos retroactivos y se incorpora al acto original, por lo que no reinicia la caducidad. En el caso, el acto se notificó en julio de 2001 y la demanda se presentó en agosto siguiente, dentro del término, por lo que se revocó la sentencia que había declarado la caducidad. El documento reitera la jurisprudencia sobre estos actos; la consecuencia práctica es que la corrección de errores materiales no altera el cómputo de la caducidad del acto principal.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia del expediente 58.643 constituye cosa juzgada relativa, solo en lo referente a la validez de la resolución demandada por cuenta de que el INVIAS sí fundamentó o motivó la declaratoria…¿La Resolución n.° 003634 de 29 de junio de 2001 del INVIAS, que declaró desierto el concurso de méritos para la administración del mantenimiento vial de la red de carretera nacional en diferentes…¿Procede reconocer el restablecimiento del derecho debido a la nulidad del acto que declaró desierto el concurso de méritos adelantado por el INVIAS para el mantenimiento de la malla víal nacional…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores?¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una…¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?