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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

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Fecha
2024-04-24
Radicado
76001233300020190017801
Número interno
69895
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
Actor
SARIT CANDELO BANDERAS MENOR DE EDAD, MANUELA ALEJANDRA MONTOYA SALAZAR, JAIRO CANDELO BANGUERO, SANDRA MILENA SALAZAR MEJIA
Demandado
NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Lo que dijo la Sala

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, la parte actora argumentó que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial eran patrimonialmente responsables del daño antijurídico, toda vez que no existían pruebas para sustentar la solicitud de captura en contra de Jairo Cándelo Banguero e imponerle posteriormente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y alteración de resultados electorales.… Por ello, y teniendo en cuenta que se declarará de oficio la caducidad de la acción frente al daño alegado producto de la presunta privación injusta por el delito de alteración de resultados electorales, a continuación se analizará, exclusivamente, si la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 328
  • Ley 906 de 2004, arts. 169, 287 y 296

También resuelve

  • ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?
  • ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…
  • ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COHECHO POR DAR U OFRECER DELITOS CONTRA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ALTERACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL ORDEN DE CAPTURA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL DAÑO ANTIJURÍDICO CAPTURA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO INFERENCIA CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CAUSACIÓN DEL DAÑO NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO LIMITACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RAMA JUDICIAL SOLICITUD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONDENA PENAL ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CAUSAS DEL DAÑO DAÑO CAUSADO POR HECHO ADMINISTRATIVO OMISIÓN ADMINISTRATIVA DAÑO CAUSADO POR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD SENTENCIA ABSOLUTORIA LIBERTAD DEL PROCESADO PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA INTERÉS GENERAL PLAZO MEDIO DE CONTROL PLAZO RAZONABLE PLAZO PERENTORIO PLAZO PRECLUSIVO IMPRORROGABILIDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL ORDEN PÚBLICO EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN DERECHO DE ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CONCEPTO DE IMPUTACIÓN IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN FÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO REPARACIÓN DEL DAÑO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FALLA DEL SERVICIO RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL DAÑO ESPECIAL INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ERROR JURISDICCIONAL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DERECHO A LA LIBERTAD RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO INEXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ANTIJURICIDAD DEL DAÑO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EXISTENCIA DEL DAÑO TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO MEDIDA CAUTELAR CONDUCTA PUNIBLE DOLO CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA ORDEN DE DETENCIÓN ORDENAMIENTO JURÍDICO INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA PUNIBLE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO SENTENCIA PENAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA PROCESO PENAL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA INFERENCIA LÓGICA ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO HECHO PROPOSICIÓN JURÍDICA PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO ACCIÓN PENAL INVESTIGACIÓN DEL DELITO PROCESADO SISTEMA PENAL ACUSATORIO INVESTIGACIÓN ACUSACIÓN DECISIÓN DEL PROCESO PENAL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS JUEZ PENAL PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL ETAPAS DEL PROCESO PENAL UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL VÍCTIMA DIRECTA PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD CÓNYUGE COMPAÑERO PERMANENTE PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD VÍCTIMA INDIRECTA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL TOPES DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PERJUICIO MORAL TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PRISIÓN DOMICILIARIA CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DERECHO AL DEBIDO PROCESO TOPES MÁXIMOS DEL PERJUICIO MORAL CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN DAÑO FISIOLÓGICO RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA NÚCLEO FAMILIAR MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO MEDIDAS DE SATISFACCIÓN REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO LUCRO CESANTE CONCEPTO DE LUCRO CESANTE DAÑO RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE EXISTENCIA DE PERJUICIOS CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS RECURSO DE APELACIÓN LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO SEGUNDA INSTANCIA CUANTÍA DEL PROCESO PROCESO DECLARATIVO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia
Titulación de la relatoría 43.412 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / COHECHO POR DAR U OFRECER / DELITOS CONTRA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA / ALTERACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL / ORDEN DE CAPTURA / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / CAPTURA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / INFERENCIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAUSACIÓN DEL DAÑO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / LIMITACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO Problema jurídico: ¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Respuesta al problema jurídico: Si En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, la parte actora argumentó que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial eran patrimonialmente responsables del daño antijurídico, toda vez que no existían pruebas para sustentar la solicitud de captura en contra de Jairo Cándelo Banguero e imponerle posteriormente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y alteración de resultados electorales. […] Por ello, y teniendo en cuenta que se declarará de oficio la caducidad de la acción frente al daño alegado producto de la presunta privación injusta por el delito de alteración de resultados electorales, a continuación se analizará, exclusivamente, si la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto [el actor] por el delito de cohecho por dar u ofrecer. […] [L]a captura […] cumplió con los requisitos previstos en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, toda vez que la orden que impartió para ello el Juez de Control de Garantías señaló los delitos y las razones por las cuales era requerido judicialmente. Además, desde que el procesado fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional hasta que el Juez de Control de Garantías adelantó la diligencia de legalización de captura, no transcurrieron más de treinta y seis (36) horas. […] [S]e observa que la medida de aseguramiento impuesta el 1° de julio de 2012 no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, toda vez que no existía una inferencia razonable para concluir, de forma preliminar, que [el actor] podía ser coautor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y/o de alteración de resultados electorales. […] En virtud de lo anterior, se concluye que la medida cautelar no fue legalmente impuesta, pues no cumplió con las exigencias mínimas dispuestas en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, lo que a la postre tornó la detención [del actor] en injusta y le causó un daño antijurídico […]. […] En este orden de ideas, en cuanto a la conducta de la Fiscalía General de la Nación, se advierte que el daño antijurídico causado a los demandantes con la imposición de la medida de aseguramiento en contra [del actor] le es imputable a dicha entidad, puesto que su actuación no se ajustó a las prerrogativas constitucionales y legales que rigen los actos de investigación que están a su cargo, dado que solicitó la imposición de medida de aseguramiento en contra del procesado, sin el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 287 y 306 de la Ley 906 de 2004. […] A su vez, se advierte que la Rama Judicial también contribuyó fáctica y jurídicamente en la causación del daño antijurídico, pues impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra [del actor] a pesar de que no existían razones que justificaran la necesidad de limitar el derecho de locomoción del procesado, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 […]. Esta actuación contraria a la ley procesal ocasionó el daño antijurídico padecido por [el actor], pues fue privado de la libertad de forma injusta. Según lo expuesto, se evidencia que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial incurrieron en una falla del servicio y son patrimonialmente responsables del daño antijurídico padecido por los demandantes […]. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el daño como elemento esencial sin el cual no es posible declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, rad. 16516, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2012, rad. 24633, C. P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2020, rad. 50264, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico(E). FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 169, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 287, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 296, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 306, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 308, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 309, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 310 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / SOLICITUD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONDENA PENAL / COHECHO POR DAR U OFRECER / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 24 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […] La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la institución que solicitó ante el Juez de Control de Garantías decretar medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra [el actor] y la segunda fue quien le impuso medida de aseguramiento, lo condenó por el delito de cohecho por dar u ofrecer y, posteriormente, lo absolvió por in dubio pro reo. NOTA DE RELATORÍA: La legitimación en la causa como un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 2012, rad. 24677, C. P. Enrique Gil Botero. Sobre la familia que en algunos casos se extiende a las personas que conforman una relación paternal y/o de hermandad, fuera de las relaciones de consanguinidad o las legales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 2020, rad. 54148, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la representación judicial de la Nación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de septiembre de 2013, rad. 20420, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73 MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSAS DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR HECHO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO CAUSADO POR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / SENTENCIA ABSOLUTORIA / LIBERTAD DEL PROCESADO / LIMITACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN Problema jurídico: ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente por un hecho imputable a la administración de justicia. […] El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la pretensión de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el momento desde el cual se contabiliza el término de caducidad del medio de control en casos en los que se alega privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 49898, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, rad. 48130, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, rad. 49206, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, rad. 54716, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / INTERÉS GENERAL / PLAZO / MEDIO DE CONTROL / PLAZO RAZONABLE / PLAZO PERENTORIO / PLAZO PRECLUSIVO / IMPRORROGABILIDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL / ORDEN PÚBLICO / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción? Respuesta al problema jurídico: Si [C]on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la oportunidad para pronunciarse respecto al fenómeno de la caducidad de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, rad. 21093, C. P. Hernán Andrade Rincón. Sobre el concepto del instituto jurídico procesal de la caducidad, cita: Corte Constitucional, sentencia del 22 de mayo de 2022, C-394/02, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre el derecho al acceso a la administración de justicia, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre el fenecimiento del derecho de acceso a la administración de justicia por dejar transcurrir lo plazos fijados por la ley, cita: Corte Constitucional, sentencia del 14 de octubre de 1998, C-574/98, M. P. Antonio Barrera Carbonell. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / CONCEPTO DE IMPUTACIÓN / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REPARACIÓN DEL DAÑO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / FALLA DEL SERVICIO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / DAÑO ESPECIAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Problema jurídico: ¿Verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de daño antijurídico y las situaciones en las que se configura, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, rad. 11945, C. P. María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 1999, rad. 11499, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero de 2000, rad. 10867, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sobre el concepto de la imputación del daño, cita: Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 18 de mayo de 2017, rad. 36386, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Está en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar? Respuesta al problema jurídico: Si En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó en la Ley 270 de 1996 la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios […]. La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad. […] Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el título de imputación aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación del 5 de julio de 2018, SU-072/18, M. P. José Fernando Reyes Cuartas. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DERECHO A LA LIBERTAD / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE / ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Problema jurídico: ¿En el examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales? Respuesta al problema jurídico: Si Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración. Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo 90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto. En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la inexistencia de fundamento para favorecer un régimen objetivo de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23354, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el análisis de la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, cita: Corte Constitucional, sentencia del 5 de febrero de 1996, C-037/96, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68 MEDIDA CAUTELAR / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONDUCTA PUNIBLE / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / ORDEN DE DETENCIÓN / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ESPECIAL / FALLA DEL SERVICIO / ORDENAMIENTO JURÍDICO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA PUNIBLE / ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / SENTENCIA PENAL / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PROCESO PENAL / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Problema jurídico: ¿En el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad. Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo. Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las circunstancias en las que se aplica el régimen subjetivo de falla del servicio en casos de privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación del 5 de julio de 2018, SU-072/18, M. P. José Fernando Reyes Cuartas. INFERENCIA / INFERENCIA LÓGICA / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / HECHO / PROPOSICIÓN JURÍDICA / PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO / ACCIÓN PENAL / INVESTIGACIÓN DEL DELITO / PROCESADO Problema jurídico: ¿La inferencia razonable se puede dar a partir de una manifestación general, vaga gaseosa o ilógica? Respuesta al problema jurídico: No Es menester destacar que el juicio que permite arribar a la existencia de una inferencia razonable debe darse a partir de elementos materiales probatorios, hechos, proposiciones o principios, que bien sean generales o particulares, deben ser concretos, al punto que permitan individualizar a la persona que es sujeto de la acción penal frente al delito por el cual es investigada. La inferencia razonable, además, no se puede dar a partir de una manifestación general, vaga gaseosa o ilógica que impida dar un mínimo asomo de certeza de que la persona frente a la cual se adelanta la acción penal realmente pudo cometer el ilícito por el cual es procesada. PROCESO PENAL / SISTEMA PENAL ACUSATORIO / INVESTIGACIÓN / ACUSACIÓN / DECISIÓN DEL PROCESO PENAL / PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS / JUEZ PENAL / PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL / ETAPAS DEL PROCESO PENAL / CAPTURA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / SENTENCIA PENAL Problema jurídico: ¿El proceso penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004 comporta un modelo adversarial en el que se encuentran separadas las funciones de investigación o acusación de aquellas de carácter decisorio? Respuesta al problema jurídico: Si Al respecto, es menester recordar que el proceso penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004 comporta un modelo adversarial en el que se encuentran separadas las funciones de investigación o acusación de aquellas de carácter decisorio, que además trajo consigo el principio de igualdad de armas, donde las partes cuentan con las mismas herramientas para acudir ante el juez, quien es el encargado de propender por la aplicación de la justicia material y por la defensa de los derechos y garantías fundamentales de las partes e intervinientes. Además, este procedimiento se compone de varias etapas y estas a su vez de distintas actuaciones procesales como son, entre otras, la captura, la imposición de la medida de aseguramiento (acto introductorio) y el proferimiento de la sentencia (acto decisorio). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el papel del juez en el proceso penal de propender por la aplicación de la justicia material y por la defensa de los derechos y garantías fundamentales de las partes e intervinientes, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de mayo de 2016, rad. 48387, M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández. UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / VÍCTIMA DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL / PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD / CÓNYUGE / COMPAÑERO PERMANENTE / PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / VÍCTIMA INDIRECTA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TOPES DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL / TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PRISIÓN DOMICILIARIA / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / TOPES MÁXIMOS DEL PERJUICIO MORAL / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN Problema jurídico: ¿Hay lugar a reconocer perjuicios a quienes han sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta los topes de indemnización establecidos para la víctima directa? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n sentencia del 29 de noviembre de 2021, la Sección Tercera de esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) para la víctima directa, la prueba de la privación de la libertad constituye presunción de la causación del perjuicio moral; ii) frente a los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido y cónyuge, compañero o compañera permanente, la prueba de tales calidades constituye presunción del perjuicio moral ocasionado por la privación de la libertad de la víctima; y iii) en relación con las demás víctimas indirectas, el perjuicio moral no está acreditado por su vínculo familiar con la víctima, per se, sino que el juez debe determinar si el demandante cumplió la carga de la prueba para acreditar un perjuicio moral indemnizable, ocasionado por la privación de la libertad de la víctima y su vínculo afectivo con estos. Asimismo, se señaló que había lugar a reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta los topes de indemnización establecidos para la víctima directa. En ese sentido, i) para los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente, debe reconocerse el cincuenta por ciento (50%) de lo que le corresponda a la víctima directa, y ii) a los demás demandantes que acrediten la causación de los perjuicios morales, el treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa […]. Sumado a ello, dicha sentencia señaló que por cada día adicional de privación injusta de la libertad al último mes transcurrido, la liquidación se realizaría tomando una fracción equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por 30 días. Igualmente, estableció que en casos de detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos por la víctima directa se disminuirá en un 50%. Adicionalmente, en esta sentencia se señaló que en relación con las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 hasta el 29 de noviembre de 2021, en las cuales el juez advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudencia existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá el fallador hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso. Finalmente, indicó que en relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia tendría aplicación inmediata. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, rad. 46681, C. P. Martín Bermúdez Muñoz. DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / DAÑO FISIOLÓGICO / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / VÍCTIMA DIRECTA / NÚCLEO FAMILIAR / MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / MEDIDAS DE SATISFACCIÓN / REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO / LUCRO CESANTE / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / DAÑO / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / EXISTENCIA DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, debe ser cierto y existente? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e advierte que el “daño a la vida de relación o daño fisiológico” reclamado por los demandantes, en la nueva categoría de perjuicio reconocida por la jurisprudencia, se ajusta al concepto de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que establece la compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, o mediante una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la víctima directa, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral del daño. […] En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados. Asimismo, la Corporación ha considerado que todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, debe ser cierto y existente, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda económica a su familia y que, como consecuencia del daño dejó de percibir el salario con el cual proveía para su propia subsistencia y la de su familia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de perjuicios por la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, rad. 26251, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, rad. 28804, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, rad. 32988, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre el reconocimiento de honorarios a los profesionales del derecho, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, rad. 44572, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre los presupuestos para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2006, rad. 17256, C. P. María Elena Giraldo Gómez. CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / PROCESO DECLARATIVO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora prosperó en su contra? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se condenará en costas a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora prosperó en su contra. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en segunda instancia, se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. A su turno, el Acuerdo 10554 de 2016 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina que en los procesos declarativos en general en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 6 SMLMV. No obstante, comoquiera que la parte vencedora no desplegó ninguna actuación en segunda instancia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de la parte demandada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causación de las agencias en derecho en segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201900178011100103