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¿Si el medio de control de controversias contractuales se dirige a obtener que se declare la existencia del acuerdo de voluntades este se debe promover a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a los motivos que le sirven de causa? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la pretensión que busca declarar la existencia de un acuerdo de voluntades y el pago de las prestaciones ejecutadas debe promoverse dentro de los dos años siguientes a los motivos que le sirven de causa. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la regla general de caducidad aplica cuando la demanda pretende el reconocimiento de la existencia del contrato, porque el término corre desde su perfeccionamiento y ejecución. Segunda, la demanda que se dirige a obtener la declaración de existencia del acuerdo sigue el mismo término que la acción por cumplimiento de sus obligaciones. En el caso, la demanda se presentó dentro del término de dos años contados desde el perfeccionamiento y la ejecución de las prestaciones, y la providencia confirma la sentencia apelada. En la práctica, quien pretenda la existencia de un contrato no formalizado debe contar el término desde su perfeccionamiento o desde la ejecución de la prestación, según cuál sea el motivo que sirve de causa.síntesis automática
También resuelve:¿Mediante el medio de control de reparación directa se puede reclamar el pago de ejecuciones sin respaldo contractual?¿La suspensión del término de caducidad de que trata el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 opera desde que se presenta la solicitud de conciliación hasta que se expiden las constancias de…¿Si se pretende la declaración de existencia del negocio jurídico, resulta inaplicable el plazo de liquidación para efectos de la contabilización de la caducidad?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 68001233300020240019501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador…¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
¿El juez se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su contestación? Sí
El juez de segunda instancia está atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo ventilado en la demanda y su contestación, conforme al principio de congruencia, y no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto de apelación, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. La Sala reitera que la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 104 del CPACA y en la vocación de doble instancia del proceso, y que la adecuación del medio de control y la procedencia de las pretensiones deben ser analizadas en función de las circunstancias ventiladas en el recurso de apelación, lo que implica que el juez no puede excederse en su análisis. Esto limita la capacidad del juez para revisar aspectos no ventilados en el recurso de apelación y reafirma la importancia de la congruencia en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia deberá establecer si el tribunal de primera instancia adecuó inapropiadamente las pretensiones en el medio de control de reparación directa?¿Los medios de control se eligen en virtud de las pretensiones que se presenten en sede judicial?¿Ante un escenario de enriquecimiento y empobrecimiento patrimonial sin causa, el camino procesal idóneo es la reparación directa?
¿Cuándo el perjuicio patrimonial que sufre una entidad proviene de una acción u omisión de otra entidad y pretende ser reparada por el dinero pagado en la condena de la sentencia, debe demandar a la entidad que causó el daño en ejercicio del medio de control de reparación directa en los estrictos términos del inciso segundo del artículo 86 del CCA y no a los servidores de la entidad que causó el daño en repetición? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra los servidores de una entidad estatal que causaron un daño, cuando el perjuicio proviene de una actuación administrativa de dicha entidad, en lugar de demandar a la entidad misma mediante la acción de reparación directa conforme al inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. La entidad demandante debe dirigirse a la entidad que originó el daño, ya que la acción de repetición no es idónea en estos casos, y la responsabilidad es institucional, no personal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de utilizar el medio de control adecuado para reclamar indemnización de perjuicios causados por entidades estatales.síntesis automática
¿Con la expedición de los actos 11900-2014-6884 del 29 de diciembre de 2014, 10200-2014-1137 del 30 de diciembre de ese año y 11900-2015-0454 del 4 de febrero de 2015, la demandada desconoció el principio de buena fe y, por consiguiente, incurrió en responsabilidad precontractual? Sí
El contratista no puede reclamar responsabilidad precontractual por la terminación de una invitación pública, ya que la entidad estatal actuó conforme a los términos inicialmente establecidos y conocidos por el contratista, cumpliendo así con el principio de buena fe. La Sala reitera que la responsabilidad precontractual no se activa cuando la entidad cumple con los deberes inherentes a la buena fe contractual. Además, el Consejo de Estado determina que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo excepciones legales, por lo que la terminación de la invitación pública no constituye un acto administrativo susceptible de nulidad. En consecuencia, el medio de control adecuado es la reparación directa, conforme al artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, al no tratarse de un acto administrativo sino de actuaciones negociales precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo? Sí
El contratista o la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, en ausencia de norma legal específica sobre la jurisdicción competente para resolver controversias, debe acudir a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, establecida en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo (anteriormente en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo), para determinar la jurisdicción competente. Esta regla se aplica salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, y reconoce que los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, con las excepciones que la ley determine. Además, las controversias relativas a estos actos precontractuales, que no son actos administrativos, deben tramitarse a través de la acción de reparación directa, y el juez de conocimiento resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado el medio de control que corresponda, garantizando así el derecho de acceso a la administración de justicia. Esta sentencia unifica la jurisprudencia y establece una regla clara para resolver el vacío normativo existente en la materia.síntesis automática
También resuelve:¿Ha existido línea unívoca en la jurisprudencia en relación con el el conocimiento, o no, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo e controversias de naturaleza contractual o…¿La cláusula general de competencia, vigente para la época del caso concreto, era el artículo 82 del CCA?¿La corporación ha tenido una postura uniforme sobre la determinación de la naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por entidades que tienen regímenes de contratación exceptuados…
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
El apelante en un proceso de controversias contractuales tiene la carga de sustentar su recurso mediante argumentos dirigidos a rebatir las conclusiones y la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, pues si se limita a reiterar lo expuesto en la demanda o formula un cargo nuevo incongruente con la base de la decisión impugnada, el juez de segunda instancia no puede suponer las razones de inconformidad y debe confirmar el fallo. En el ámbito sustancial de los contratos de prestación de servicios de salud, las liquidaciones bilaterales constituyen negocios jurídicos en los que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, realizan un cruce de cuentas sobre las obligaciones ejecutadas. Por tanto, el contratista no puede pretender posteriormente el cobro de facturas que dejó de radicar oportunamente bajo un trámite conocido ni excusarse en hechos sobrevinientes cuando omitió revisar sus cuentas pendientes pese al requerimiento previo a la etapa liquidatoria.síntesis automática
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿La propuesta de la demandante fue indebidamente rechazada y el Contrato debió adjudicársele a ella? Sí
La entidad estatal que se encuentra legalmente sujeta al régimen jurídico de derecho privado en sus diferentes y complejos procesos de contratación administrativa se somete estrictamente y de manera formal a las normas del Código de Comercio y nunca al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, constituyendo formalmente los pliegos de condiciones o términos de referencia una oferta irrevocable de contrato que obliga indefectiblemente a la adjudicación formal a favor del proponente que presente la mejor oferta económica, demuestre solvencia financiera, jurídica y cumpla rigurosamente todos los requisitos habilitantes exigidos, generando plena responsabilidad precontractual indemnizable en caso de rechazo injustificado, arbitrario y antijurídico de la respectiva propuesta presentada oportunamente dentro del proceso de selección contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Por tratarse de un proceso de selección de una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿El medio de control de reparación directa fue interpuesto dentro del término establecido en la ley?¿El incumplimiento de la obligación por parte de la entidad estatal, al abrir la convocatoria pública y no respetar las condiciones obligatorias y vinculantes establecidas en los términos de…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
¿El recurso de apelación atacó el razonamiento de la primera instancia para denegar la pretensión de nulidad del contrato? No
El recurso de apelación no puede atacar la decisión de primera instancia para denegar la pretensión de nulidad del contrato si no presenta cargos específicos que desestimen el razonamiento del juez de primera instancia. En este caso, el demandante carecía de legitimación en la causa por activa para solicitar la nulidad del contrato, ya que la falta de capacidad no generaba nulidad absoluta sino relativa, y el recurso de apelación no presentó argumentos que cuestionaran este razonamiento. La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, negando las pretensiones de la demanda debido a la falta de argumentación en el recurso de apelación. Esta decisión reitera la importancia de que los cargos planteados en el recurso de apelación sean específicos y ataquen directamente los fundamentos de hecho y derecho de la decisión recurrida, lo que limita la competencia del juez de segunda instancia a resolver el caso de fondo.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida?¿Desconoció el tribunal de primera instancia el medio procesal idóneo al resolver lo relacionado con la fase precontractual desde el ángulo del medio de control de reparación directa?¿Incurrió el a quo en una imprecisión al sostener que Gensa S.A. E.S.P. dio estricto cumplimiento a la decisión proferida en el marco del incidente de desacato de la acción de tutela?
¿Resulta procedente adecuar el medio de control presentado como controversias contractuales al de reparación directa, debido a que, la compañía de seguros al no ser parte del contrato estatal no esta habilitada para ejercer dicho medio de control y lo que cuestiona es la omisión en el actuar de la administración con ocación de un acto administrativo frente al que no se cuestiona su legalidad? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales cuando no es parte del contrato estatal, ya que la cesión de créditos o la subrogación no convierten al cesionario o subrogataria en parte del acuerdo de voluntades. La compañía de seguros, en su calidad de cesionaria o subrogataria, debe agotar la reclamación previa a la administración y, en caso de negativa, recurrir a la nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, si la administración responde favorablemente a la reclamación, como en este caso, el medio de control adecuado es la reparación directa, ya que la controversia no se refiere a la legalidad del contrato sino a la omisión en el actuar de la administración frente a un acto administrativo favorable. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las aseguradoras que no son partes del contrato estatal puedan ejercer la reparación directa cuando la administración reconoce sus derechos pero no los cumple.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia analizar cargos nuevos cuando estos modifican la causa petendi?¿La aseguradora tenía derecho al reconocimiento de los saldos derivados del contrato del cual adujo ser subrogataria de los créditos…¿Debe reconocerse a la aseguradora como indemnización de perjuicios, el pago de los saldos pendientes de pagar del contrato, actualizados con el IPC?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en virtud de la naturaleza FONTUR como patrimonio autónomo conformado por capital público? Sí
Cuando un patrimonio autónomo de naturaleza pública, conformado con capital público y que ejerce funciones de la misma naturaleza, adopta decisiones dentro de un procedimiento de selección, sus actuaciones pueden ser controvertidas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en razón del criterio orgánico del artículo 104 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en dos razones: el patrimonio carece de personería jurídica pero administra recursos públicos provenientes de una contribución parafiscal, de un impuesto y de asignaciones del presupuesto general, y está sujeto a las directrices del ministerio sectorial. En el caso, la adjudicación de una invitación abierta adoptada por ese patrimonio fue controvertida, y el Consejo de Estado asumió la competencia en segunda instancia porque la mayor cuantía de la demanda superaba los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A. El documento cita conceptos y sentencias sobre la capacidad de los patrimonios autónomos para ser parte, pero no señala que reitere o unifique precedente; la consecuencia práctica es que la competencia se determina por la naturaleza pública del capital y no por la personería jurídica del administrador.síntesis automática
También resuelve:¿El acto de adjudicación en los contratos regulados por el derecho privado tiene la naturaleza de acto administrativo?¿El medio de control de reparación directa es el idóneo para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado?¿FONTUR como patrimonio autónomo se encuentra legitimada en la causa por pasiva al proferir el acto del cual se deriva el daño por el que se demanda?
¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? Sí
El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley?¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?
¿Los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos solo tienen naturaleza de acto administrativo cuando existe habilitación legal expresa? Sí
El contratista no puede promover el medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos precontractuales de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo salvo que exista habilitación legal expresa, como establece la Ley 142 de 1994. La jurisprudencia unificada de la corporación sostiene que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado y no por el EGCAP, por lo que el medio adecuado para analizar cualquier controversia derivada de estos actos es el de reparación directa. Esto implica que el contratista debe utilizar el medio de control de reparación directa para reclamar responsabilidad precontractual y no el de controversias contractuales, ya que este último es inaplicable a los actos privados y a las etapas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales promovido por la parte actora, considerando que los cuestionamientos formulados se circunscriben a la etapa precontractual y que el…¿Puede configurarse responsabilidad precontractual por parte de una entidad estatal sometida a un régimen exceptuado de contratación cuando defrauda las expectativas legítimas de un proponente…¿Puede una invitación a presentar propuestas ser considerada jurídicamente como una oferta mercantil irrevocable, en los términos del artículo 846 del Código de Comercio…
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
¿La entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional, aun cuando existían documentos que acreditaban el origen nacional de los servicios ofertados? Sí
El juez determina que la entidad estatal incurre en indebida evaluación de propuestas cuando omite otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional a pesar de existir documentos que acreditan el origen de los servicios ofertados. En el presente proceso, al verificarse la falta de correcta valoración del Anexo 15 y de los elementos probatorios presentados por el actor, la Sala revoca la decisión absolutoria de primera instancia y ampara los derechos del proponente afectado bajo la prevalencia del derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad al evaluar de forma errónea la propuesta del actor, evitó la aplicación de los criterios sucesivos y excluyentes de desempate previstos en el pliego y en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del…¿Puede el juez examinar la responsabilidad por pérdida de oportunidad en la etapa precontractual cuando las pretensiones se presentan mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del…¿Puede la pérdida de oportunidad en la etapa precontractual configurarse como un daño indemnizable cuando la Administración, mediante actos u omisiones en el proceso de selección…
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta?¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación de un daño causado por un hecho imputable a la administración de justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal establecido, lo cual garantiza la seguridad jurídica y protege el interés general. La caducidad del medio de control implica que si el plazo para presentar la demanda vence sin que el interesado la haya elevado, se extingue el derecho de acción, consolidando las situaciones pendientes de solución. En casos de responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la inoperancia del medio de control por caducidad solo opera si se demuestra que la presentación de la demanda fue defectuosa o tardía, reiterando la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los plazos legales para ejercer el derecho de acción.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de…¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho…
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La entidad estatal que adelanta una solicitud privada de ofertas para un proceso de selección contractual formula una invitación a ofertar que no constituye una oferta vinculante en los términos del Código de Comercio, por lo que la posterior revocatoria directa de un acto de adjudicación inicial basada en la corrección de errores en la evaluación económica no vulnera derechos adquiridos cuando el proponente se allana a dicha actuación de buena fe. En estos procedimientos administrativos de contratación regidos por manuales internos, el aspirante que renuncia expresamente a suscribir el contrato consolida una conducta que excluye la nulidad absoluta del procedimiento, al no haberse perfeccionado negocio jurídico alguno ni configurarse vicios del consentimiento que desvirtúen la legalidad de la actuación administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado…¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes…¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…
¿Para que opere la figura del enriquecimiento sin causa, se ha entendido que el desplazamiento patrimonial no puede tener fuente en un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito? Sí
El operador jurídico requiere para la procedencia de la figura del enriquecimiento sin causa que el desplazamiento patrimonial carezca de fuente contractual, cuasicontractual, delictiva o cuasidelictiva, estableciendo su carácter subsidiario y autónomo frente a otras herramientas jurídicas. En el presente asunto, la providencia examinó la naturaleza de las prestaciones discutidas y la aplicación de las reglas jurisprudenciales sobre la materia, destacando que solo hay lugar al enriquecimiento sin causa una vez se descarte que el deterioro patrimonial tiene origen contractual o extracontractual, debiendo encauzarse la controversia a través del medio de control de reparación directa conforme a los criterios expuestos en la decisión de unificación.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión proferida reprochó la ausencia de documento escrito para ubicar la reclamación en el enriquecimiento sin causa…
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