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DAÑO CAUSADO POR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

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Consejo de Estado Providencia

El actor en su demanda pretendió el pago del 1,99203% del valor de venta de cada lote que dice le correspondía

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020100028002 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿A través de la reparación directa es posible perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas? No
El contratista no puede perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas, a través de la acción de reparación directa, ya que esta vía está diseñada para remediar daños derivados de hechos, omisiones o operaciones administrativas, no para resolver controversias contractuales privadas. La fuente del daño determina la acción procedente, y las normas que regulan las condiciones para el ejercicio de cada acción son de orden público, por lo que no están al arbitrio del interesado. La Sala revoca la decisión de primera instancia para declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones, lo que implica que los actores deben acudir a los mecanismos contractuales y judiciales privados para resolver sus controversias.síntesis automática
También resuelve: ¿El actor puede escoger libremente la acción procedente para reclamar un daño, sin tener en cuenta la fuente de este? ¿Hay lugar a condenar en costas cuando la conducta de las partes evidencia una actuación caprichosa, arbitraria o temeraria?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA