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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2021-12-07Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 88001233300020200001201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
[D]eterminar si la medida cautelar de urgencia solicitada por la parte actora es procedente, para lo cual se revisará si se cumplieron los requisitos dispuestos en el CPACA. Sí
El contratista no puede obtener una medida cautelar de urgencia en el proceso contencioso administrativo si no cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPACA), entre los que se incluye la necesidad de que la medida tenga relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda y que no se refiera a actuaciones o actos administrativos que no han sido objeto de impugnación. La Sala determina que la medida cautelar solicitada no guarda relación con el objeto de la demanda y que su decretación implicaría emitir un juicio de valor sobre actuaciones no discutidas en el proceso, por lo que reitera la importancia de que las medidas cautelares estén en congruencia con el objeto del litigio y las pretensiones del demandante, evitando así la emisión de pronunciamientos sobre asuntos que no son materia del proceso.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-06Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 05001233300020230076502LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe inoperancia del termino de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en cuanto la Unidad Nacional de Protección decretó la suspensión de los plazos en relación con la liquidación de sus contratos, por lo cual, no puede rechazarse la demanda? No
Con ocasión de la pandemia originada por la propagación del Covid-19, se expidió el Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020, en el cual se dispuso que la contabilización de los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal se suspendería de forma general para todos los casos desde el 16 de marzo de 2020, y se reanudaría a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesara la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura -1° de julio de 2020.… Además, a raíz del aislamiento obligatorio preventivo ordenado por el Gobierno Nacional, se profirió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en cuyo artículo 6° se estableció que las autoridades podían suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, suspensión que podría ser parcial o total…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-06Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 85001233300020240005101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar de suspensión provisional estipulada en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA puede ser aplicada frente a la exigibilidad de un débito contenido en un contrato estatal, como lo expone la recurrente? No
El contratista no puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional estipulada en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA para evitar la exigibilidad de un débito contenido en un contrato estatal, ya que esta medida solo aplica a procedimientos o actuaciones administrativas y no a contratos en sí, cuyo objeto y finalidad es impedir transitoriamente el adelantamiento de la actuación administrativa hasta que el juez contencioso administrativo adopte una decisión. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre el alcance de la suspensión provisional, limitándola a situaciones que involucren procedimientos o actuaciones administrativas, no contratos, lo que implica que los contratistas no podrán usar esta medida para suspender efectos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso de apelación le fue desfavorable?
¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Sí
El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó?
¿Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato? Sí
La entidad estatal que, durante la ejecución de un contrato, acepta y paga las facturas emitidas por el contratista no puede liquidar unilateralmente el contrato para recalcularlas y desconocer los efectos legales y convencionales del pago, pues debe reprochar los cobros en las etapas previas a la liquidación o acudir al juez si estima que hubo un pago de lo no debido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, las reglas negociales reconocieron la posibilidad de discrepancias sobre los montos facturados y previeron mecanismos para resolverlas, incluida la intervención de terceros, de modo que la entidad debía activarlos en lugar de limitarse a pagar. Segundo, si consideraba que el contratista incumplió los términos del contrato, debió buscar esa declaración en las etapas previas a la liquidación. Tercero, si su conclusión era que se efectuó un pago de lo no debido, debió acudir al juez para que así lo declarara. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara probado el cargo de nulidad de los actos de liquidación unilateral; en la práctica, la entidad que no reprocha las facturas oportunamente pierde la vía de la liquidación unilateral para revisarlas.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio y Codensa, se trató de un contrato administrativo, en el que el primero se obligó a pagar las facturas por el servicio de energía eléctrica destinada…¿Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el domiciliario de energía eléctrica, entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven reflejadas, principalmente…¿El legislador estableció mecanismos de protección y defensa a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, para equilibrar la relación negocial entre el suscriptor y la empresa de…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-05-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020150125001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en…¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario…¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2025-11-18Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 41001333300820240037301LEY 1437 REPETICION
¿Debe aplicarse el criterio del domicilio del demandado para definir la competencia territorial en el medio de control de repetición, según lo dispuesto en el artículo 156 del CPACA modificado por la Ley 2080 de 2021? Sí
El conflicto se propuso entre el Juzgado 8 Administrativo de Neiva y el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá. Este Despacho le asignará la competencia a este último, toda vez que, en atención a los documentos aportados por el Ejército Nacional, el demandado tiene su domicilio en Bogotá. En efecto, este caso se rige por lo previsto en el numeral 11 del artículo 156 del CPACA, modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente respecto a la competencia por razón del territorio:… Lo anterior, dado que la demanda se radicó el 29 de junio de 2023, y la Ley 2080 de 2021 empezó a regir el 25 de enero de 2022, respecto a las normas que modificaron la competencia.
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
Encuentra la Sala que no le asiste razón a la parte actora toda vez que, contrario a lo afirmado en el recurso, la declaratoria de incumplimiento fue realizada antes del vencimiento del plazo para liquidar el contrato, y, por ende, no fue proferida sin competencia temporal.… La Sala puntualiza que incluso en los contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, la declaratoria de incumplimiento era procedente una vez se vencieran los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, siempre que aquel trámite se surtiera antes del vencimiento del término de caducidad o antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, tal como sucedió en el presente caso, lo que descarta la falta de competencia temporal aducida.
También resuelve:¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-19Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020220053201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda es presentada por fuera del término legal, pese a la suspensión general de términos ordenada por la emergencia sanitaria del año 2020? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término legal, incluso durante la emergencia sanitaria del año 2020, ya que el Decreto 564 de 2020 solo suspendió la contabilización de términos que ya estaban en curso, no amplió plazos legales específicos como el de caducidad. En este caso, el término de caducidad para la demanda comenzó a correr el 1° de julio de 2020, luego de la suspensión de términos judiciales, y la presentación de la demanda el 22 de septiembre de 2022, fuera del plazo legal, no permite aplicar los principios pro actione y pro damato. La entidad demandada no decretó la suspensión de plazos para la liquidación de contratos, por lo que el término de caducidad no se alteró. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir rigurosamente con los plazos legales, incluso en situaciones de emergencia, y subraya la importancia de la autonomía de las entidades para determinar cómo operan las suspensiones de términos en sus procedimientos.síntesis automática
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
¿La Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio? Sí
La Sala revocará la sentencia impugnada, pues advierte que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado bajo la Resolución 475 del 7 de mayo de 2010, fue decidido a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 la que, como se pasa a demostrar, sí constituyó una decisión de fondo. A tal conclusión se arriba, al considerar: (i) Que el procedimiento administrativo concluye cuando se resuelven los recursos interpuestos. (ii) Que verificada la secuencia razonada y coherente de análisis del procedimiento administrativo adelantado, la Resolución 1658 de diciembre de 2011 resolvió el recurso de reposición contra la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión, la que, por su alcance y contenido exhibe que se trató de una decisión definitiva de tal actuación.
¿La parte actora se encuentra legitimada en la causa por activa para reclamar la existencia del contrato de distribución, su prórroga y para reclamar la declaración de incumplimiento? No
Cuando el demandante comparece en nombre propio y como representante legal de una sociedad extinta, sin acreditar la existencia, la representación ni la conformación de la compañía, carece de legitimación en la causa por activa para reclamar la existencia y prórroga del contrato, y la declaración de incumplimiento. La regla se sostiene en tres razones: la legitimación por activa exige ser parte del contrato o actuar en nombre de quien lo es, y el demandante debe probarlo con documentos idóneos; la prueba de la representación de la sociedad no fue aportada en ninguna de las instancias, y las pruebas decretadas en primera instancia no se dirigieron a acreditarla; y la sociedad que se afirma extinta no puede ser representada sin probar su existencia y representación. En el caso, la sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el representante de una sociedad extinta debe acreditar la existencia, la representación y su calidad para comparecer.síntesis automática
También resuelve:¿La persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien se encuentra habilitada por la ley para actuar procesalmente?¿Salvo que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-28Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020180061502LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez decretar la exhibición de documentos solicitados por la parte demandante cuando estos pudieron obtenerse directamente, mediante derecho de petición o a través de la plataforma pública correspondiente? No
El juez no puede decretar la exhibición de documentos solicitados por la parte demandante cuando estos pudieron obtenerse directamente mediante derecho de petición o a través de la plataforma SECOP, ya que la parte demandante debía tener en sus archivos los documentos requeridos o haberlos solicitado a la entidad demandada antes de presentar la demanda, y no acreditó la imposibilidad de conseguirlos. Además, la incorporación de documentos presentados con memoriales posteriores al cierre de la oportunidad probatoria no es procedente si la parte demandante no los solicitó en la reforma de la demanda, ya que la última oportunidad para solicitar pruebas es en la reforma de la demanda o en la contestación de las excepciones. Esta decisión confirma la negativa del decreto de la prueba y la negación de la incorporación de pruebas extemporáneas, reiterando la importancia de cumplir con los plazos y oportunidades probatorias establecidas en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente incorporar documentos presentados con memoriales posteriores al cierre de la oportunidad probatoria si la parte demandante no requirió su aporte en la reforma de la demanda?¿La negativa del juez a incorporar documentos relacionados con la ejecución contractual, aportados por fuera del término legal…
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos?¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-29Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000233600020160183402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar solicitada reúne los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA? No
El contratista no obtiene una medida cautelar solicitada si no demuestra que resulta más gravoso para el interés público negar la medida que suspender los efectos y obligaciones de un contrato cuya existencia y validez están en disputa, y que sin la medida se causará un perjuicio irremediable. En este caso, la parte demandante no acreditó estos requisitos, por lo que la medida cautelar fue negada. Además, la Sala reitera que la suspensión de un contrato requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas, y que los actos jurídicos precontractuales y contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos salvo que la ley disponga lo contrario. Estas reglas implican que los jueces no tienen competencia para suspender unilateralmente un contrato, salvo en casos excepcionales donde no exista otra posibilidad de conjurar la situación que dé lugar a su adopción.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión provisional sólo procede contra actos administrativos, es decir, frente a declaraciones unilaterales que se expidan en ejercicio de una función administrativa para producir efectos…¿Los actos jurídicos precontractuales y los contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios son actos administrativos?¿Para suspender el contrato o sus obligaciones se requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-17Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 70001233300020240006601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de las Resoluciones 103 y 136 de 2013 expedidas por Metro Sabanas S.A.S.? Sí
El juez decreta la suspensión provisional de un acto administrativo cuando se demuestra que este vulnera las normas superiores invocadas y concurren los requisitos legales pertinentes para tal fin. En el caso bajo examen, la Sala revoca la decisión del tribunal y decreta la suspensión provisional de las Resoluciones 103 de 2023 y 136 de 2023, expedidas por Metrosabanas, mediante las cuales declaró el siniestro de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y confirmó dicha decisión, debido a que operó la prescripción ordinaria y se afectó el derecho de audiencia y defensa de la aseguradora al no ser vinculada previamente al procedimiento administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede suspender los efectos de un acto administrativo de trámite?¿La suspensión del acto administrativo procede cuando la violación de la ley surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio…¿Operó la prescripción ordinaria del contrato de seguros?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
¿La omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación formulada contra una funcionaria constituye un vicio de forma que invalida los actos administrativos expedidos? No
El contratista no puede invalidar los actos administrativos basándose en la omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación, ya que la entidad estatal detalló las razones por las cuales se adoptó la decisión y no se extralimitó u omitió sus funciones, además de que la recusación fue resuelta posteriormente. La entidad administrativa no está obligada a tramitar reiterativamente recusaciones con fundamentos sustancialmente similares, según el artículo 19 del CPACA, lo que no vulnera el procedimiento administrativo. Asimismo, la elaboración de un informe de presunto incumplimiento por parte de un contratista, dirigido al supervisor del contrato, no vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales o altere el sentido de la decisión. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo que no toda irregularidad en el trámite administrativo configura una causal de nulidad, sino que debe ser jurídicamente relevante y afectar derechos fundamentales o el sentido de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La reiteración sustancial de los fundamentos de una recusación exime a la entidad administrativa de tramitarla conforme al artículo 12 del CPACA?¿Vulnera el procedimiento administrativo la autoridad que se remite a respuestas anteriores cuando enfrenta recusaciones reiterativas ya resueltas?¿Vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio el hecho de que el informe de presunto incumplimiento haya sido elaborado por un contratista y no directamente por el supervisor del contrato?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación en segunda instancia en casos de controversias contractuales por su cuantía, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, y también por la naturaleza de la controversia que involucra a entidades públicas, según el artículo 82 del mismo código. Además, una sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal a través de su sucursal en Colombia, aunque esta carezca de personería jurídica, tiene legitimación en la causa por activa, siempre y cuando se acredite la representación legal de la matriz, como lo establece el artículo 87 del CCA y el artículo 471 del Código de Comercio. En cuanto al cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, este debe iniciarse el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado, tal como lo dispone el artículo 136 del CCA y la Ley 446 de 1998, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro del plazo de dos años desde esa fecha.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene legitimación en la causa por activa la sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal mediante su sucursal en Colombia, siendo esta última carente de personería jurídica?¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales desde el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado?¿El Departamento de Bolívar vulneró el debido proceso del contratista en el procedimiento que derivó en la sanción impuesta?