Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000232600020080015802ACCION CONTRACTUAL
¿Debe confirmarse la denegación del reconocimiento de intereses moratorios cuando dicho asunto no fue objeto del debate procesal ni fue planteado en las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de intereses moratorios cuando este asunto no fue debatido ni planteado en las pretensiones iniciales de la demanda, ya que tal proceder sería contraproducente para los derechos constitucionales del debido proceso, defensa y contradicción, lo que implica la confirmación de la denegación de dichos intereses. En otro caso, la entidad estatal no debe reconocer la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación, dado que no se aportaron pruebas suficientes para acreditar la debida ejecución del contrato ni los resultados de la liquidación y reversión de los bienes afectos, lo que lleva a confirmar la decisión del tribunal. Finalmente, la entidad debe reconocer a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir, ya que la primera instancia determinó la cantidad de dichas utilidades y su actualización, lo que implica una indemnización por concepto de lucro cesante.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación?¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir?
¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato ante la falta de acreditación del contratista del cumplimiento de la obligación contractual? Sí
El contratista no puede evitar la declaratoria de incumplimiento del contrato al no acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ya que la carga de la prueba recae sobre él para demostrar el cumplimiento de las mismas. Además, la falta de expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras no exime al contratista de su responsabilidad si la demora en solicitarla fue por su cuenta. En caso de incumplimiento, la entidad estatal tiene derecho a la restitución de los dineros aportados para la ejecución del contrato, especialmente si el contratista no demuestra la inversión de dichos fondos en la destinación específica pactada. Asimismo, aunque las entidades sin ánimo de lucro no pueden deducir intereses por la no ejecución del contrato, el reconocimiento del lucro cesante no está excluido en estos casos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, reforzando la importancia de la acreditación del cumplimiento contractual y la responsabilidad del contratista en la correcta gestión de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura el incumplimiento ante la no expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras por la demora de la parte contractual en solicitarlas?¿Ante el incumplimiento de la entidad en la ejecución del contrato procede la restitución de los dineros aportados para la ejecución de este?¿Procede el reconocimiento del lucro cesante por la no ejecución de un contrato en el caso de entidades sin animo de lucro?
Sentencia — Sentencia2022-09-12Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020220013900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los recursos de anulación contra laudos arbitrales que resolvieron conflictos originados en contratos estatales? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, los recursos de anulación contra laudos arbitrales que resolvieron conflictos originados en contratos estatales, conforme a la Ley 1563 de 2012. El laudo debe proferirse en derecho si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales. El recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, y la causal de anulación de laudo arbitral consistente en fallo extra petita no se configuró en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo deberá proferirse en derecho si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación…¿El recurso extraordinario de anulación puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia?¿Se configuró la causal de anulación de laudo arbitral consistente en fallo extra petita?
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado?¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
¿Queda el juez relevado del estudio de fondo del recurso de apelación, cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato, con fundamento en dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso? Sí
El juez de segunda instancia queda relevado del estudio de fondo del recurso de apelación cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato con dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración, y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso, lo que implica que la decisión de primera instancia mantiene su validez. Además, la nulidad del acto de terminación unilateral no garantiza automáticamente el reconocimiento de perjuicios, los cuales deben estar acreditados y demostrarse que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado. Asimismo, no procede la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de los socios de la sociedad demandante cuando la demanda fue presentada por la sociedad como persona jurídica autónoma. Finalmente, el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado no procede cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó que se hubiera superado ese valor.síntesis automática
También resuelve:¿Los perjuicios por el acto de terminación unilateral del contrato que se declara nulo deben estar acreditados, así como, el hecho de que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado…¿Resulta procedente la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los socios que integraban la sociedad demandante cuando quien hizo parte del litigio fue la sociedad…¿Procede el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron por la entidad en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó…
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
¿Se configuró la causal de anulación prevista en el numeral 9.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 de decisión infra petita? No
El contratista no puede configurar la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por decisión infra petita, ya que el Tribunal de Arbitraje resolvió las pretensiones expresamente solicitadas en la demanda y no omitió pronunciarse sobre ellas. El laudo arbitral, basado en la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas pertinentes, resolvió adecuadamente las pretensiones de la demanda, sin variar la causa petendi ni realizar una nueva valoración de las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que el Tribunal de Arbitraje debe pronunciarse sobre lo solicitado en la demanda para evitar la configuración de la causal de anulación por decisión infra petita.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció acerca de lo expresamente solicitado en las pretensiones?¿El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC violó el derecho al debido proceso de la empresa certificadora, comoquiera que no motivó su decisión?¿El Panel Arbitral desde un primer momento estimó que a título indemnizatorio, únicamente habría lugar a reconocer el lucro cesante?
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
También resuelve:¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple?¿La liquidación de los contratos estatales es un acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones…¿La Administración cuenta con competencia temporal para liquidar el contrato, hasta dos años después al incumplimiento de la obligación de liquidar?
¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Sí
Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.síntesis automática
También resuelve:¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la…¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270…¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales? Sí
Las entidades estatales descentralizadas sometidas al régimen de empresa industrial y comercial se sujetan a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando celebran contratos relacionados con actividades de interés general ajenas al mercado competitivo. El proceso de selección adelantado para contratar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo persigue cometidos estatales esenciales. Por consiguiente, la actuación contractual debe regirse por la normativa pública de contratación para garantizar la libre competencia y el cumplimiento de los fines del Estado, apartándose del régimen privado cuando el objeto contractual compromete bienes y servicios de uso público.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales…¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente…¿El tiempo durante el cual el director del proyecto participó en la etapa precontractual del contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol podía computarse como experiencia específica para efectos de…
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato estatal y de ocurrencia del siniestro, cuando se observa que la liquidación unilateral del contrato se realizó por fuera de los términos establecidos par tal efecto? Sí
Cuando el contrato requiere liquidación y la liquidación bilateral se practica después del término pactado o supletorio, el conteo de la caducidad inicia al día siguiente de la firma del acta bilateral, según la regla de unificación de la Sección Tercera, y esa regla no alcanza al acto de liquidación unilateral expedido de forma extemporánea cuando el demandante impugna precisamente ese acto. La regla de unificación se refiere a la liquidación bilateral y no precisa el efecto de la liquidación unilateral fuera de término, por lo que el caso escapa a ella. Además, el contrato de obra fijó 240 días de ejecución desde el acta de inicio, de modo que el cuatrimestre de liquidación bilateral corrió desde el vencimiento de ese plazo. En el caso, la Sala concluyó que la demanda fue presentada en tiempo y revocó la decisión que había declarado la caducidad. La providencia matiza la regla de unificación en lo relativo al acto de liquidación unilateral extemporáneo. Su consecuencia práctica es que el demandante debe verificar la fecha en que se expidió el acto que impugna antes de calcular el término de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la demanda incoada para solicitar la nulidad de los actos que liquidaron de forma unilateral el contrato estatal…¿El elemento relativo a la competencia, como requisito esencial que constituye y determina la validez de toda manifestación unilateral de la Administración…¿La declaratoria de incumplimiento encaminada a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria podrá realizarse luego de expirar el plazo contractual?
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
¿La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria? Sí
Cuando el concesionario asume la gestión predial bajo un contrato de promesa de compraventa, la responsabilidad por las pretensiones insatisfechas y las que aún no se han decidido corresponde al concesionario, aun cuando existan acuerdos posteriores y pagos con cargo al fondo de contingencias. La regla se apoya en tres razones. Primera, los otrosíes suscritos después del 50% del pago sirvieron de base a la declaratoria de la contingencia predial y al desembolso del saldo, pero no alteraron la forma de satisfacer las obligaciones derivadas de la promesa. Segunda, la finalidad de esos acuerdos fue cumplir negocios atrasados por falta de pago, y no pagar los perjuicios causados por el incumplimiento del concesionario. Tercera, las partes declararon la paz y salvo por todo concepto, incluidos los perjuicios presentes y futuros de la gestión predial, de modo que esa responsabilidad quedó radicada exclusivamente en el concesionario. Por ello el recurso de apelación del concesionario se consideró infundado y la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la suscripción de la escritura pública y el pago del saldo adeudado como precio del inmueble, aspectos de la condena de primera instancia?¿Según lo estipulado en el contrato de concesión la concesionaria adquirió todas las obligaciones relacionadas con la gestión de adquisición predial?¿Es posible atribuirle responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve:¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado…¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso…¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?