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¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, en tanto se acreditó en el proceso las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede solicitar la revocación de la sentencia de primera instancia para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, ya que no se acreditaron causales de nulidad del pliego de condiciones, y se demostró que el proceso de selección se basó en un estudio técnico que no fue desvirtuado. El pliego de condiciones tiene una doble naturaleza jurídica: es un acto administrativo general que rige el proceso de selección y, una vez celebrado el contrato, se convierte en el marco jurídico del negocio jurídico. Además, solo los actos administrativos de carácter definitivo, como el pliego de condiciones, el acto administrativo de adjudicación y el que declara desierto el proceso, son susceptibles de control judicial, mientras que los actos de trámite, como el que ordena la apertura del proceso de selección, no lo son. Esta decisión reitera y confirma la jurisprudencia existente, lo que implica que las partes deben acreditar claramente las causales de nulidad en el proceso para que puedan ser consideradas por la jurisdicción.síntesis automática
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión?¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve:¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición…¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término…¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 76001233300020240056301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial? Sí
El contratista puede solicitar medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva y evitar el riesgo de inejecución del fallo. Estas medidas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, siempre que tengan relación directa con las pretensiones formuladas en la demanda. La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es un instrumento cautelar temporal y accesorio que busca evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos mientras se decide sobre su constitucionalidad o legalidad, siempre que se advierta una clara vulneración a las normas superiores. Esta jurisprudencia reitera y confirma la importancia de estas medidas cautelares en la protección de los derechos sustanciales y en la efectividad del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda?¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria…¿Las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento del acto administrativo que impiden su ejecutoriedad y, su ocurrencia no afecta la validez de este?
¿Al existir un acto administrativo mediante el cual la administración manifestó su voluntad de extinguir la relación contractual y realizar el respectivo cruce de cuentas con el contratista, acto que se presume legal, no puede emitirse una sentencia en la que se afirme que fue la entidad contratante quien incumplió el contrato? Sí
El contratista no puede obtener una sentencia que declare la incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal si ésta ha emitido un acto administrativo legal que liquida unilateralmente la relación contractual y realiza el cruce de cuentas correspondiente, ya que mientras este acto esté vigente, no es procedente emitir una sentencia que declare la responsabilidad del contratante. La Sala modificó la sentencia apelada y se inhibió de estudiar de fondo las pretensiones de la demanda debido a que el contratista no impugnó la legalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente la orden de compra, lo que hace imposible determinar si la entidad incumplió el contrato y debe pagar al contratista el valor de los bienes no recibidos e indemnizar los perjuicios causados. Esta decisión reitera la importancia de impugnar la legalidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente contratos estatales para poder estudiar de fondo las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Se solicitó que se ordenara a la Policía recibir los toldillos y pagar el valor de los bienes más la indemnización de los perjuicios causados?¿Debido a que no se impugnó la legalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente la orden de compra, es imposible estudiar de fondo las súplicas de la demanda?¿Cuando se pretenda la declaración de incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante y exista un acto de liquidación unilateral, este acto debe ser demandado…
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
Las partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.… Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma…
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante…¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de alguna de las pretensiones de la demanda, y, en particular, de la declaratoria de nulidad absoluta y la ineficacia de pleno de derecho de las renuncias contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 en las que se señalaba que el contratista renunciaba a cualquier reclamación económica o que no generaría costos para el IDU? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para declarar la nulidad absoluta o la ineficacia de pleno derecho de las renuncias económicas contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017, ya que dichas pretensiones fueron presentadas después de los dos años siguientes al perfeccionamiento de los actos contractuales y fuera de la vigencia del contrato, lo que opera la caducidad del medio de control. Además, la administración no incurrió en un acto administrativo contractual al negar la reclamación económica del contratista, pues esta comunicación no tiene la naturaleza de un acto administrativo unilateral que cree, modifique o extinga derechos u obligaciones. Asimismo, el incumplimiento contractual del IDU no fue acreditado, ya que los riesgos durante la ejecución fueron previstos y mitigados por las partes, y el principio de non adimpleti contractus impide declarar el incumplimiento del IDU cuando el contratista incumple en aspectos como el desembolso del anticipo o la facturación oportuna. Por último, no se acredita un desequilibrio económico grave del contrato, ya que los hechos y alegaciones de la demanda se basan en el incumplimiento del contratista y los riesgos imprevistos tuvieron soporte presupuestal en el contrato. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la caducidad del medio de control y la naturaleza de las comunicaciones durante la ejecución contractual, y limitan las posibilidades de declarar incumplimientos y desequilibrios económicos en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del oficio con radicado DTP 20202250740641 del 5 de octubre de 2020 por medio del cual el IDU negó la reclamación económica presentada por el contratista?¿Debe declararse el incumplimiento contractual del Instituto de Desarrollo Urbano por la exigencia de una nueva alternativa de factibilidad, las observaciones al componente de tránsito y transporte…¿Se encuentran acreditados los presupuestos para declarar el desequilibrio económico del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 y reconocer los sobrecostos reclamados por el contratista?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020180026701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad declaró la caducidad del contrato, cuya consecuencia jurídica fue darlo por terminado y se ordenó la liquidación de este negocio jurídico? Sí
El contratista debe liquidar el contrato de obra pública dentro del plazo de cuatro meses desde su terminación, y si no lo hace, la entidad puede liquidarlo unilateralmente en los dos meses siguientes, con la consiguiente declaración de caducidad del contrato y el inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la liquidación unilateral. La teoría de los actos encadenados implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse después de la liquidación del contrato, no desde la terminación del mismo, y la Sala revoca la decisión que rechazó la demanda de reconvención, considerando que la presentación de esta fue oportuna, ya que se realizó dentro del plazo de caducidad calculado desde la fecha límite para la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿En el acto que se declaró la caducidad del contrato se ordenó su liquidación para que la misma se realizara con posterioridad?¿Ante la ausencia de una liquidación unilateral o bilateral era necesario contabilizar a partir de la fecha de terminación del contrato?
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo…¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones…¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, es competente para conocer del proceso y del recurso de apelación, conforme a los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, dado que los actos fueron expedidos por la Aerocivil y la cuantía superaba 500 SMLMV? Sí
El juez contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de actos administrativos expedidos por entidades públicas como la Aerocivil en relación con contratos estatales, según el artículo 104 del CPACA. En este proceso sobre las Resoluciones No. 01310 y 02933 de 2019 vinculadas al contrato No. 14000165-OK, la jurisdicción asumió el conocimiento del asunto. Asimismo, el Consejo de Estado desata el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para solicitar la nulidad de las Resoluciones 01310 de 2019 y 2933 de 2019…¿La Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Aerocivil estaban legitimados para intervenir como parte activa y pasiva en la demanda por la declaratoria del siniestro…¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversial contractuales cuando el demandante presentó la demanda una vez vencido el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del…