Titulación de la relatoría 53.928 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REPARACIÓN DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del CPACA. En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PLAZO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. (…)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell; sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Así mismo, consultar, Consejo de Estado, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 51252, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006. exp.6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres y sentencia del 30 de enero de 2013.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DAÑO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / SENTENCIA ABSOLUTORIA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / DERECHO A LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta que aunque no obra sello o constancia de ejecutoria de la providencia del 6 de marzo de 2015, mediante la cual el Juzgado 2º Penal del Circuito de Buga precluyó la investigación penal seguida en contra de (...) lo cierto es que entre la fecha en que se profirió aquella y la que se presentó la demanda, esto es, el 18 de febrero de 2016, no transcurrieron más de dos (2) años. Además, se evidencia que se cumplió con el requisito de procedibilidad, pues los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de junio de 2015, la cual se declaró fallida el 14 de agosto de 2015.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13622, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 49898, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 48130, C.P. Carlos Alberto Zambrano y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 49206, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 54716, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / PRUEBA DEL NACIMIENTO / COMPAÑERO PERMANENTE / NACIÓN / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / ORDEN DE CAPTURA / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual, se configura falta de legitimación en la causa por activa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la (víctima), (…) (hijo), (…) (hijo), (…) (hijo), (…) (madre), (…) (padre), (…) (hermana(…) (hermano), (…) (hermano(…) (hermano) y (…) (hermana), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 2008-00063 y los demás conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento. (…) [la señora] quien alega ser compañera permanente de (…), no está legitimada en la causa por activa, pues, aunque el derecho de acción se ejerció invocando tal calidad, lo cierto es que no acreditó tener un vínculo familiar con la víctima o tener la calidad de tercera perjudicada. (…) La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, pues la primera fue la institución que solicitó ante el Juez de Control de Garantías adelantar diligencia de formulación de imputación contra (…) y lo acusó de ser autor de los hechos punibles, y la segunda fue quien lo condenó, libró orden de captura en su contra y, posteriormente, precluyó la investigación penal.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, exp. 24677, C.P. Enrique Gil Botero.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo integralmente. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros . Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 1999, exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 27 de enero de 2000, exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / SINDICADO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FALLA DEL SERVICIO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA
Problema jurídico:
¿Puede el juez administrativo en aplicación del principio iura novit curia definir el régimen de responsabilidad patrimonial y el título de imputación aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, realizando un análisis riguroso de los medios de prueba que reposen en el proceso y dependiendo de las particularidades del asunto bajo litigio?
Respuesta al problema jurídico: Si
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, (…) en su artículo 65 (…). La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad. En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, [se establece] el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 (…). Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste. Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración. Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo 90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto. En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute. En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad. Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo. Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes y sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 201, exp. .23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68
IMPROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL / PROCESO JUDICIAL / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIOS / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuándo existe improbación del acuerdo de conciliación frente a una o todas las partes de la litis, el proceso judicial debe continuar?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ebe recordarse que según el artículo 105 de la Ley 446 de 1998 incorporado en el artículo 67 de Decreto 1818 de 1998, en los que sólo concilia una de las partes, el proceso debe continuar respecto de quienes no llegaron a un acuerdo y será el juez quien determine la responsabilidad que le corresponde. Así pues, (…) se analizará exclusivamente si la Rama Judicial es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto (…) [la víctima].
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de octubre de 2018, exp. 42231, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 67, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 105
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RECUENTO JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico:
¿Debe otorgarse valor probatorio a las copias simples aportadas al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[La Sala otorga valor probatorio a las pruebas documentales presentadas en copia simple y aportadas al proceso].
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO / RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿Para verificar si existe responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario analizar de forma ordenada los elementos que la conforman, es decir, el daño antijurídico y su imputación frente al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre este aspecto, ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Así mismo, consultar, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968, M.P. Antonio Moreno Velilla.
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / SINDICADO / PROCESO PENAL / REPARACIÓN DEL DAÑO / ORDEN DE CAPTURA / INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESADO / ERROR EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES / ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / FALLA DEL SERVICIO / EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INVESTIGACIÓN PENAL / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / HOMICIDIO CULPOSO / LESIONES PERSONALES CULPOSAS / DERECHO A LA LIBERTAD / DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN / SISTEMA PENAL ACUSATORIO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RECUENTO JURISPRUDENCIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / FALSEDAD PERSONAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA / FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por falla del servicio por parte de la Rama Judicial al haberse omitido la obligación de identificar e individualizar al sindicado dentro del proceso penal, ocasionándose un daño antijurídico al demandante susceptible de reparación, puesto que, se le capturó y privó de su libertad por la supuesta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, sin que el mismo haya sido el autor de tales infracciones penales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la limitación del derecho a la libertad de (…), por cuanto fue capturado y privado de su libertad, en virtud de una sentencia condenatoria, a pesar de que no haber cometido delito alguno. En efecto, se evidencia que la detención de (…) obedeció a un error de identificación e individualización del autor de los hechos punibles ocurridos el 16 de marzo de 2008, dado que ese día una persona se identificó con su nombre y número de cédula, pero las autoridades no cumplieron con la obligación de constatar que la información suministrada fuera cierta, para establecer su verdadera identidad e individualizarlo, como era su deber. Ello llevó a que se adelantara un proceso penal contra una persona inocente, que no había sido autor ni participe de delito alguno. Así, fue solo hasta después de que el injustamente procesado fue capturado (…) que se logró establecer que había existido un error en la individualización de la persona que había cometido los delitos por los que había sido condenado, pues se determinó que no había sido (…) quien había estado presente el día de los hechos. De conformidad con lo anterior, se concluye, que esta omisión en el deber de individualización en la que se incurrió, implica que la detención de (…) no se ajustó al ordenamiento jurídico, ya que era un presupuesto ineludible que la restricción de la libertad fuera impuesta sobre la persona que, presuntamente, había cometido los delitos investigados, situación que no ocurrió en este caso. Así las cosas, se evidencia que el daño tiene el carácter de antijuridico, pues se trata de la afectación de un derecho protegido por el ordenamiento jurídico cuya lesión no encuentra justificación legal. Al efecto, se tiene que la libertad de locomoción es un derecho inherente e inalienable de la persona y se constituye en presupuesto esencial para la realización de los demás derechos, de donde la vulneración de tal postulado y los daños que con ello se generen resultan antijurídicos.(…) Al respecto, es menester recordar que el proceso penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004 comporta un modelo adversarial en el que se encuentran separadas las funciones de investigación o acusación de aquellas de carácter decisorio, que además trajo consigo el principio de igualdad de armas, donde las partes cuentan con las mismas herramientas para acudir ante el juez, quien es el encargado de propender por la aplicación de la justicia material y por la defensa de los derechos y garantías fundamentales de las partes e intervinientes. Además, este procedimiento se compone de varias de etapas y estas a su vez de distintas actuaciones procesales como son, entre otras, la captura, la imposición de la medida de aseguramiento (acto introductorio) y el proferimiento de la sentencia (acto decisorio). (…) Del (…) recuento jurisprudencial y del estudio detallado del material probatorio que reposa en el expediente, se evidencia que el daño antijurídico es imputable fáctica y jurídicamente a la Rama Judicial, pues el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí adelantó las diligencias de formulación de imputación y acusación, y por su parte el Juzgado 1º Penal del Circuito de Buga profirió la sentencia condenatoria del 1º de marzo de 2011 e igualmente expidió una orden de captura en contra de (…), sin haber realizado su cabal identificación e individualización de manera que se pudiera establecer la verdadera identidad de la persona que había cometido los ilícitos penales investigados (…). Además, se advierte que dichas autoridades judiciales no declararon de oficio la nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaban el debido proceso y el derecho a la defensa del procesado, nulidad que, por cierto, estaba ampliamente acreditada dentro del proceso, lo que a la postre conllevó la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del demandante. Así pues, se observa que la privación de la libertad a la que fue sometido (….) se derivó con certeza de la omisión en la identificación e individualización del procesado, que se produjo como consecuencia de la suplantación de identidad por parte de (…), cuya correcta identidad no fue verificada por la entidad demandada en las instancias judiciales y oportunidades procesales pertinentes, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 139, 297, 298 y 457 de la Ley 906 de 2004. A la sazón, llama la atención el hecho que tanto al Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, como al Juzgado 1º Penal del Circuito de Buga, les bastara con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación para adelantar el trámite judicial en contra del procesado, sin que hubieran ejecutado alguna otra actividad probatoria pertinente y necesaria para establecer con certeza que esa persona era en realidad el autor material de los delitos investigados. Resulta evidente que la autoridad judicial encargada de proferir el acto decisorio en el proceso penal acogió la identificación e individualización del procesado realizada por la Fiscalía General de la Nación, sin que hubiera hecho el más mínimo esfuerzo de análisis y constatación de esos datos, teniendo en cuenta que, por tratarse de la comisión de conductas ilícita, los investigados en muchas oportunidades tienden a mentir u ocultar su verdadera identidad, aunado a que como lo que estaba en juego era el derecho fundamental de la libertad de una persona, ello exige, desde todo punto de vista, la corroboración y certeza de que quien deba ser objeto de privación de la libertad sea la misma persona que cometió la conducta punible. En ese sentido, la privación de la libertad de (…) ocurrió como consecuencia de una falla en el servicio, sustentada en la omisión de sus deberes de individualizar y de establecer la verdadera identidad de la persona sindicada, procesada, imputada, condenada y capturada, tanto a instancia de la Fiscalía General de la Nación como de la Rama Judicial, quienes debieron practicar y valorar las pruebas idóneas, suficientes y pertinentes para ello, situación que no ocurrió en este caso, de manera que el fundamento de la imputación radica en la indebida identificación e individualización del sujeto activo del hecho punible. Por demás, para la Sala no son de recibo los argumentos de defensa expuestos por la Rama Judicial en la contestación de la demanda y en su recurso de apelación, cuando alega que el daño alegado por los accionantes devino exclusivamente de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pues los jueces no son vicarios de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y deben advertir las irregularidades provenientes de la fase investigativa que incidan de manera sustancial en la decisión judicial que ha de adoptarse. Así las cosas, se concluye que el daño alegado tiene el carácter de antijurídico y es imputable a la Rama Judicial a título de falla en el servicio, al devenir de una actuación de la Administración no ajustada a derecho, en tanto la privación de la libertad que sufrió (…) obedeció a un error de identificación e individualización en el que dicha entidad contribuyó, al condenar y expidir (sic) una orden de captura en contra de una persona que no había cometido ninguna conducta punible, desconociendo las normas procesales, así como las garantías constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico prevé para este procedimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto de 1 de marzo de 2013, exp. 4819; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de mayo de 2016, exp. 43837 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 4 de agosto de 2016, exp. 86973. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia T-653-14, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 297, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 298, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 457, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 139
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Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad que sufrió la víctima y en aplicación de los parámetros de la sentencia de unificación que profirió la Sección Tercera del Consejo de Estado para esta clase de eventos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes. A su turno, la sentencia apelada condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, a pagar por concepto de perjuicios morales, 100 SMLMV a (…) y 15 SMLMV a (…). Ahora bien, en sentencia del 29 de noviembre de 2021, la Sección Tercera de esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) para la víctima directa, la prueba de la privación de la libertad constituye presunción de la causación del perjuicio moral; ii) frente a los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido y cónyuge, compañero o compañera permanente, la prueba de tales calidades constituye presunción del perjuicio moral ocasionado por la privación de la libertad de la víctima; y iii) en relación con las demás víctimas indirectas, el perjuicio moral no está acreditado por su vínculo familiar con la víctima, per se, sino que el juez debe determinar si el demandante cumplió la carga de la prueba para acreditar un perjuicio moral indemnizable, ocasionado por la privación de la libertad de la víctima y su vínculo afectivo con estos. Asimismo, se señaló que había lugar a reconocer los perjuicios a quienes habían sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta los topes de indemnización establecidos para la víctima directa. En ese sentido, i) para los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente, debe reconocerse el cincuenta por ciento (50%) de lo que le corresponda a la víctima directa, y ii) a los demás demandantes que acrediten la causación de los perjuicios morales, el treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa (…). Sumado a ello, dicha sentencia señaló que por cada día adicional de privación injusta de la libertad al último mes transcurrido, la liquidación se realizaría tomando una fracción equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por 30 días. Igualmente, estableció que en casos de detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos por la víctima directa se disminuirá en un 50%. Adicionalmente, en esta sentencia se manifestó que en relación con las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 hasta el 29 de noviembre de 2021, en las cuales el juez advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudencia existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá el fallador hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso. Finalmente, indicó que en relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia tendría aplicación inmediata. Ahora bien, como en el caso sub examine la demanda se presentó el 18 de febrero de 2016 , es dable aplicar los topes máximos establecidos para el reconocimiento de los perjuicios morales, y la forma de calcularlos, establecidos en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 (…) En este orden de ideas, se encuentra acreditado que (…) fue la víctima directa de la privación injusta de la libertad y que es padre de (…); hijo de (…) y (…); y hermano de (…). Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el perjuicio moral padecido por (…) y su núcleo familiar durante el tiempo en el que permaneció privado de la libertad de forma injusta, esto es, desde el 23 de abril de 2011, cuando fue capturado por agentes de la Policía Nacional (…) hasta el 23 de marzo de 2013, cuando quedó en libertad (…), para un total de 23 meses. De conformidad con lo anterior y debido a que el procesado estuvo detenido en detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos por la víctima directa se disminuirá en un 50%. Por ello, la Sala reconoce por concepto de perjuicios morales, 50 SMLMV a (…), 25 SMLMV para cada una de las siguientes personas, (…) y (…) y 15 SMLMV para cada una de las personas que se nombran a continuación, (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2021, exp. 46681, C.P. Martín Gonzalo Bermúdez.
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / PRESUNCIÓN DEL LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / ACTIVIDAD ECONÓMICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / BALANCE GENERAL CERTIFICADO / CERTIFICACIÓN PROVENIENTE DE PERSONA NATURAL / ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SALARIO MÍNIMO LEGAL / APELANTE ÚNICO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento del lucro cesante a favor del demandante con ocasión de la privación injusta de la libertad que sufrió el mismo, en cuanto se demostró que desarrollaba una actividad económica lícita y en aplicación del principio de la non reformatio in pejus?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por otro lado, en la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar, por lucro cesante, la suma de $103.500.000 a (…). A su vez, en la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, a pagar por este concepto la suma de $25.162.105,00 a (…). Sobre este particular, es menester poner de presente que por lucro cesante se entiende la ganancia frustrada o el provecho económico que dejó de reportarse y que de no producirse el daño habría ingresado al patrimonio de la víctima. Frente al lucro cesante, en los eventos de privación injusta de la libertad, la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse para unificar los criterios sobre la acreditación de su existencia y cuantía, el periodo indemnizable, el ingreso base de la liquidación y el periodo adicional por reubicación laboral, entre otros. (…) [E]stá probado que existió una privación injustificada de la libertad de (…) por un lapso de 23 meses, esto es, desde el 23 de abril de 2011 hasta el 23 de marzo de 2013. Igualmente, se observa que en el plenario obra el balance general del patrimonio de (…), correspondiente a los años 2009, 2010 y del período comprendido entre el 1° al 31 de marzo de 2011, elaborado por el contador público (…). Asimismo, se evidencia que se aportó al expediente una certificación del 1 de octubre de 2009, expedida por el citado contador, en la cual se consigna que (…), ejercía la actividad independiente de confección de prendas de vestir desde el año 2008. Adicionalmente, se allegó certificado de matrícula de persona natural del 21 de octubre de 2014, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual indica que (…) era propietario del establecimiento de comercio (…) con matrícula mercantil No. 01553998 del 21 de diciembre de 2005 cuyo objeto es la confección de prendas de vestir. Finalmente, obra en el expediente certificación laboral del 21 de octubre de 2014, suscrita por (…), quien indica ser el Gerente de la empresa (…) en la que certifica que (…) prestó sus servicios como confeccionista satélite de vestidos para caballero desde el 15 de enero de 2006 hasta abril de 2011. En suma, se encuentra probado que (…) desarrollaba una actividad económica lícita. Sin embargo, se advierte que no se acreditó el monto devengado por la actividad económica que éste desarrollaba, puesto que las pruebas atrás descritas por sí solas no constituyen prueba suficiente para acreditar el ingreso devengado. Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el lucro cesante padecido por (…) durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, esto es, desde el 23 de abril de 2011 hasta el 23 de marzo de 2013, por 23 meses, con base en el salario mínimo mensual legal vigente. Así las cosas, se liquidará el lucro cesante con base en el salario mínimo mensual legal vigente (…) S= $31.556.644,51 (…). Así pues, se advierte que la Sala reconocerá por lucro cesante la suma de $31.556.644,51 a (…), pues se evidencia que la actualización de la condena impuesta por el a quo a las entidades demandadas por este concepto, resulta superior al monto de la condena que aquí se impone. Lo anterior, en aplicación del principio de la non reformatio in pejus, pues no se puede desmejorar la situación de la entidad demandada, que obra como única apelante. Por demás, es menester precisar que como el proceso terminó frente a la Nación – Fiscalía General de la Nación, entidad que concilió obligándose al pago del 70% del 50% de la codena impuesta en primera instancia, la Nación – Rama Judicial deberá asumir el pago del 50% de lo reconocido por perjuicios morales y lucro cesante en esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA (…)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140
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Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con las normas (…) en la parte resolutiva se condenará en costas a la Rama Judicial, toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en segunda instancia, se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. A su turno, el Acuerdo 2222 de 200384 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó que en los procesos ordinarios en segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta el 5% del valor de las pretensiones. No obstante, comoquiera la parte vencedora no desplegó ninguna actuación en segunda instancia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de la parte demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021,exp. 51034. C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366