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ACCIÓN PENAL

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Consejo de Estado Providencia

El medio de control de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios originados en hechos, omisiones u operaciones administrativas estatales distintas a contratos o actos.

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300920150042901 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? Sí
El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción? ¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley? ¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.

Sentencia — Sentencia 2026-10-08 Sección Primera CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Rad. 85001233300020240006301 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve: ¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso… ¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Debe advertirse que la figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando la encuentre probada.

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233100020100001102 ACCION CONTRACTUAL
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Sí
La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.síntesis automática
También resuelve: ¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23

Sentencia — Sentencia 2026-02-05 Sección Primera GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Rad. 85001233300020240010501 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
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Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia.

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020110036101 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine? ¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
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Consejo de Estado Providencia

La repetición es asunto de expresa previsión constitucional

Sentencia — Sentencia 2022-08-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233100020080035601 ACCION DE REPETICION
¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía? Sí
Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistió en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía. La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.síntesis automática
También resuelve: ¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas… ¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado? ¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa…
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 63001233300020200042101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato? Sí
El contratista puede aplicar el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la liquidación bilateral del contrato cuando no se haya estipulado un plazo específico, dado que este plazo es aplicable a contratos estatales sujetos a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato después de este plazo, y el término de caducidad del medio de control se suspende si la entidad presenta una solicitud de conciliación prejudicial, incluso si no está obligada a hacerlo. La Sala establece que el juez no está sujeto al término de caducidad cuando declara de oficio la nulidad del contrato, y que no se configura la cosa juzgada respecto de la validez del contrato si en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin pronunciamiento de fondo. Además, la Sala matiza la regla según la cual el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato sin que estén acreditados plenamente los elementos probatorios de la causal invocada, estableciendo que esta facultad no puede ejercerse sin un sustento probatorio adecuado.síntesis automática
También resuelve: ¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad… ¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal? ¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional.

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170096201 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación de un daño causado por un hecho imputable a la administración de justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal establecido, lo cual garantiza la seguridad jurídica y protege el interés general. La caducidad del medio de control implica que si el plazo para presentar la demanda vence sin que el interesado la haya elevado, se extingue el derecho de acción, consolidando las situaciones pendientes de solución. En casos de responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la inoperancia del medio de control por caducidad solo opera si se demuestra que la presentación de la demanda fue defectuosa o tardía, reiterando la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los plazos legales para ejercer el derecho de acción.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de… ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho…
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Consejo de Estado Providencia

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal sustancial distinto de la representación judicial que habilita para obtener sentencia de fondo.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020230018201 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal distinto de la representación judicial, cuya ausencia impide proferir sentencia de fondo? Sí
La legitimatio ad causam constituye la condición procesal para discutir el objeto de la litis y obtener sentencia de fondo, vinculando a los sujetos con la relación jurídica sustancial que se debate y con las pretensiones o excepciones formuladas. Este presupuesto difiere de la legitimación procesal o habilitación para comparecer en juicio. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado y los procesos contencioso administrativos, la acreditación de los supuestos de hecho de la demanda se rige por las reglas probatorias previstas en las normas procesales aplicables.síntesis automática
También resuelve: ¿Es necesario analizar la representación judicial para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Rama Judicial y de la Nación – Fiscalía General de la Nación… ¿Debía el análisis de responsabilidad circunscribirse a la pérdida de oportunidad respecto de la cancelación de registros espurios sin supeditar su prosperidad a los presupuestos del error… ¿Debe diferenciarse el incidente de cancelación de registros fraudulentos de la acción civil ejercida dentro del proceso penal, en cuanto a su finalidad…
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos

Salvamento voto Unificación — SALVAMENTO DE VOTO 2013-09-25 Sección Tercera (Subsección C) Rad. 05001233100020010079901 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Para conceder indemnizaciones más altas cuando la naturaleza del caso lo amerite, el criterio rector para determinar la flexibilización del tope indemnizatorio ha de estar en la intensidad e índole del daño antijurídico? Sí
En el caso sub exámine la Sala ha encontrado procedente el incremento del monto de la condena por perjuicios morales, frente a daños antijurídicos derivados [de] graves violaciones a los derechos humanos y ante el deber de la reparación integral. Se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos, y dado el límite de mil salarios, contemplado en el art. 97 del Código Penal vigente, para la reparación del daño dentro del proceso penal. En su motivación, la Sala ha sido enfática en señalar que la posibilidad de extender la aplicación de la norma en cita se limita estrictamente a aquellos casos en los que el perjuicio alegado se deriva del delito y que el tope indemnizatorio señalado no se puede entender, de ninguna manera, como una imposición de reconocer exactamente mil salarios mínimos en tales casos.
También resuelve: ¿La Constitución de 1991 claramente se alejó de la concepción punitiva o subjetiva de la responsabilidad estatal para establecer un régimen centrado en el daño antijurídico? ¿La acción penal y la acción de reparación directa, al perseguir objetivos distintos, tienen diversos baremos de certeza y exigencias de individualización? ¿El fallo parece desconocer que el daño antijurídico puede perfectamente provenir de actuaciones que no constituyen delito y que, no por ello, implican un perjuicio menor para el afectado?